La Asamblea Legislativa ratificó un préstamo de $250 millones del Banco Mundial para sostenibilidad fiscal y otro de $100 millones que se activaría en emergencias, y autorizó la firma de otro contrato de crédito por $60 millones para un proyecto de movilidad urbana.
Los préstamos recibieron los votos de Nuevas Ideas y sus aliados, Partido Demócrata Cristiano y Partido de Concertación Nacional. Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra de los tres; mientras, las diputadas de Arena votaron en contra de dos créditos y se abstuvieron de votar al destinado para emergencias.
Los diputados autorizaron la firma del contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $60 millones para el “Programa de Apoyo al Sistema de Movilidad Urbana del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS)”, que incluye un sistema electrónico de pago, un centro de datos, hacer intervenciones para evitar accidentes en las carreteras a Comalapa y Troncal del Norte, y diseñar un “plan de movilidad sostenible en el Área Metropolitana de San Salvador”.
El préstamo de $250 millones “Políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador” con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) podrá ser usado para prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado que requieren liquidez y transferencias varias. Los diputados autorizaron la firma de este contrato de préstamo el pasado 13 de agosto.
El préstamo de hasta $100 millones para el programa “Políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador con una opción de desarrollo diferido ante catástrofes” también fue autorizado el 13 de agosto.
Todos los préstamos tienen un plazo de pago de 25 años.
Los diputados también ratificaron un contrato de garantía soberana estatal por $400 millones para el Fondo de Conservación Vial (Fovial).
La Asamblea Legislativa reformó este miércoles el presupuesto nacional 2025 e incorporó $6 millones de un préstamo del Banco de Fomento Agropecuario (BFA) al Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario (CDCA), adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para el programa “Fomento de la siembra de alto rendimiento de maíz y frijol”.
La iniciativa tuvo los votos de Nuevas Ideas, sus aliados PDC y PDC, así como los diputados de oposición, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Vamos. Fueron 59 votos a favor de los diputados presentes.
Los $6 millones provienen de un préstamo interno otorgado por el BFA a la entidad estatal.
Los fondos se usarán para “el financiamiento a los productores para que estos puedan adoptar nuevas tecnologías agrícolas” de maíz y frijol, y la “modernización de las cadenas productivas” según Hacienda.
La idea es depender menos de las importaciones de maíz y frijol. El volumen de importación de frijoles creció en un 32.7 % en los primeros tres meses de 2025, de 2.1 millones de kilogramos en 2024, a 2.8 millones de kilogramos en 2025.
El CDCA fue creado en agosto de 2023 para “mantener una reserva estratégica agrícola”. Su patrimonio está conformado también por los financiamientos bancarios o titularizaciones o bonos que emita.
El CDCA es una institución adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). El CDCA tiene un presupuesto de $53 millones, de los cuales ha devengado $2.7 millones.
La Agencia de El Salvador para la Cooperación (ESCO) informó que han sumado un total de $1,631 millones en cooperación extranjera a El Salvador, sin detallar el periodo en el que dicha coooperación fue concretada o fue captada por el país.
“Llevamos a la fecha montos importantes como de $1,631 millones pero no solo es cooperación financiera sino son donativos o las becas o los voluntarios”, respondió este miércoles la directora de la ESCO, Karla de Palma, en el programa Diálogo 21 de Canal 21, ante la pregunta sobre cuánto se ha podido captar a través de la agencia.
La directora de la ESCO detalló que tienen en negociación con España un programa de $116 millones hasta el año 2026; $212 millones con la Unión Europea (UE) y $43 millones con Corea del Sur. Destacó que han reactivado la cooperación con el Gran Ducado de Luxemburgo, con énfasis en la cooperación Sur-Sur y Triángular, que es el intercambio de recursos, conocimientos y tecnología entre países en desarrollo ubicados mayoritariamente en el Sur.
“Ahora nos ven como un referente de cooperación, nos ven como ese referente que les puede transmitir conocimiento”. Karla de Palma, directora de la ESCO.
Al señalar a El Salvador como referente de cooperación, la directora de la ESCO anunció que firmará este miércoles el programa de cooperación técnica y científica con Costa Rica. “Lo importante es que El Salvador va a ofrecer cooperación en temas de cultura pero también tendremos un proyecto muy bonito de Ligas Atléticas Policiales, nos ven como un referente”, subrayó, sobre la firma de este miércoles.
Los fondos de cooperación financiera no reembolsable según el informe de labores del Ministerio de Relaciones Exteriores 2024-2024 son: 10 millones de euros de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo (AICS), $10.54 millones de dos proyectos firmados con el Gran Ducado de Luxemburgo, dos proyectos aprobados que suman $1,615,320 de España sobre capacidades digitales y cambio climático, 18.7 millones de euros de la aprobación del proyecto AGUSTINE por la Unión Europea con contribución de Expertise France, Unesco y Unicef; $1.25 millones del acuerdo firmado con el gobierno de India, y la suscripción del convenio de cooperación técnica por 800 millones de yuanes o $109,125,631.20.
El informe de labores también reporta $696,000 de cooperación financiera no reembolsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y $1.2 millones del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Según la redacción de la memoria de labores, que suele incluir este dato todos los años, esta es cooperación financiera firmada, aprobada o concretada, no necesariamente captada o desembolsada durante el periodo analizado. Además, hay instrumentos jurídicos suscritos de cooperación no financiera, sino cultural, ambiental, de turismo, en educación, además de donaciones de equipo como mamógrafos, kits, arneses, cascos, compresores, así como aportes de consulados, ONG y fundaciones.
Cooperación no reembolsable según el informe de labores de Cancillería.
Durante los últimos años la cooperación financiera no reembolsable concretada ha disminuido según datos de los informes de labores.
La ESCO, que originalmente fue creada como una unidad dentro de la Presidencia de la República en 2020, fue trasladada al Ministerio de Relaciones Exteriores según el decreto ejecutivo 3 firmado por Bukele el 28 de enero de 2025 y vigente desde el 30 de enero cuando se publicó en el Diario Oficial, con el objetivo de «unificar, coordinar y canalizar de forma óptima los recursos que aportan los diferentes actores».
Página 2 de cooperación financiera no reembolsable según el informe de labores de Cancillería.Página 3 del detalle de cooperación financiera no reembolsable de la memoria de labores 2024-2025 de Relaciones Exteriores.
El expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) Carlos Acevedo cree que pese al impulso que ha provocado la mejora de seguridad en el ingreso de turistas a El Salvador, todavía la aguja “macro” en la economía salvadoreña “aún no se ha movido o al menos sensiblemente”.
“La aguja macro no se ha movido, seguimos a la cola de la región”, aseveró, en el programa Diálogo 21, de Canal 21, en referencia a la inversión extranjera directa y crecimiento económico en El Salvador.
El economista señaló que “es indiscutible que la realidad en términos de seguridad es abismalmente diferente” pero el reto “es cómo consolidar eso” para erradicar la pobreza.
El especialista ve efectos positivos en el crecimiento del turismo y en el sector inmobiliario, pero observó que este impulso inmobiliario no es visto positivamente por toda la población, por la gentrificación, el aumento de precios en los inmuebles y la falta de capacidad adquisitiva de los salvadoreños.
“Hay sectores en donde sí se empieza a ver, en turismo. Otro efecto que algunos lo miran como maldición es los bienes raíces, el repunte tampoco se pudo haber dado en un país dominado por las pandillas”, indicó.
Destacó el aumento de la cantidad de turistas respecto a Guatemala y Costa Rica.
Por otra parte, advirtió que hay un aumento de la inversión en educación a 4.4 % del producto interno bruto, pero señaló que “los estudiantes salen por los suelos” en las pruebas académicas como PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes).
“Los estudiantes salvadoreños cuando van a la prueba PISA salen por los suelos, se está invirtiendo más pero la calidad de la educación es mala”, indicó. En la prueba PISA 2022, de un total de 147 países evaluados, El Salvador ocupó el lugar 144 en matemática, 131 en lectura y 137 en ciencias.
La economía salvadoreña tuvo un crecimiento de 2.6 % en el año 2024 según el Banco Central de Reserva (BCR), la tasa más baja que el país ha alcanzado desde la pandemia en 2020. Para 2025, la proyección de crecimiento asciende a 2.4 % según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Más de 1.92 millones de salvadoreños, un total de 27.2 % de la población, están en pobreza monetaria según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2023, 55,097 más que en 2022.
Este jueves 4 de septiembrefinaliza el plazo de 90 días que tienen las personas naturales y jurídicas existentes para solicitar su inscripción en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial creado con la nueva Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador.
La normativa está vigente desde el 7 de junio, ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, el 30 de mayo, y daba un plazo de 90 días, que concluyen al final del día jueves 4 de septiembre.
Gobernación abrió formalmente el plazo de inscripción el 9 de junio.
La Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), la fundación Transparencia, Contraloría y Datos Abiertos (Tracoda) y la Colectiva Feminista confirmaron que han solicitado su inscripción al RAEX pero por el momento continúan esperando la respuesta del RAEX.
Hasta hoy, únicamente las organizaciones Acción Ciudadana y Cristosal informaron, el pasado 1 de septiembre, que su inscripción se ha hecho efectiva en el RAEX.
La AC indicó que cumplieron con la obligación legal pero que mantienen la opinión sobre el carácter autoritario, confiscatorio y restrictivo del espacio cívico, la libertad de asociación y expresión, y el derecho al patrimonio que impone la nueva Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador.
“Hemos sido inscritos en el Registro de Agentes Extranjeros”, anunció la AC en un comunicado, la AC es una organización especializada en analizar financiamiento público y privado de partidos políticos, acceso a la información pública, desempeño de la Fiscalía General de la República.
Los obligados a inscribirse son las personas naturales y jurídicas que realizan actividades en El Salvador financiadas por mandantes extranjeros, que son los financistas y que según la redacción de la nueva ley también son sujetos obligados.
La ley establece un control de las actividades obliga a tributar el 30 % de todas sus donaciones, la obligatoriedad de inscripción y faculta al RAEX de fiscalizar y controlar a los inscritos, así como de eximirles del impuesto.
Formalmente, el Ministerio de Gobernación informó que el plazo vencía el 4 de septiembre.
Fe de errata: Se hizo una corrección a la noticia original que equivocadamente indicaba que el plazo vencía el miércoles 3 de septiembre, cuando la fecha de vencimiento correcta es el jueves 4 de septiembre.
Las entidades que utilicen sistemas de Inteligencia Artificial deberán notificar a las personas en El Salvador cuando sistemas tomen decisiones “sin una revisión humana significativa” pero que les afecten negativamente sus derechos o situación económica.
Los sistemas de IA deberán realizar notificaciones obligatorias cuando las decisiones de IA afecten negativamente los derechos de las personas en salud, servicios financieros como créditos y seguros, empleo, educación, servicios públicos, vivienda y transporte.
Así lo dicta el artículo 24 de las nuevas “Disposiciones relativas a la implementación de la inteligencia artificial y tecnologías” decretadas mediante resolución 0001/2025 de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) y suscritas por su director ejecutivo, Mario José Flamenco Rivas.
Las disposiciones fueron publicadas el 25 de agosto y por tanto están vigentes desde ayer, martes 2 de septiembre.
Notificar a una persona en El Salvador no será obligatorio si el sistema de IA opera para optimizar la publicidad o realizar recomendaciones de contenido o si la divulgación de la decisión de la IA impide la investigación de un fraude o compromete la ciberseguridad o si busca detectar violaciones a términos de servicio.
Tampoco será obligatorio notificar efectos de la IA cuando el sistema se limita a correcciones ortográficas o gramaticales, o características “básicas similares de productividad”.
En la normativa de la Unión Europea (UE), la persona tiene derecho a tener una explicación sobre las decisiones automatizadas que produzcan efectos jurídicos o afcte a personas con impactos negativos en su salud, seguridad o derechos fundamentales.
El derecho a la revisión o explicación de decisiones automatizadas también está presente en regulaciones de IA de Reino Unido, Brasil, Canadá, Estados Unidos. En Canadá, se debe informar a la persona en el momento de decisión y ofrecer una corrección de datos o recurso.
La IA puede utilizarse en plataformas de citas médicas, coberturas, reembolsos, decisiones de promoción o disciplinarias en empleo, aprobación o denegación de préstamos, viviendas, entre otros.
“La notificación deberá ser clara, comprensible e incluir como mínimo la confirmación de que una IA participó en la decisión, una explicación del papel que jugó la IA y un mecanismo para que la persona pueda impugnar la decisión”. Disposiciones para la implementación de la IA en El Salvador.
Un periodo de gracia sin sanciones
Las disposiciones emitidas por el director de la ANIA establecen un periodo de gracia de 12 meses en el cual no habrá sanciones como parte de un “entorno de prueba” para desarrollar IA durante el mismo periodo.
Con la nueva ley de IA, en El Salvador los desarrolladores y operadores de IA deberán registrarse en la ANIA ya sea para beneficiarse de salvaguardas o para decisiones “consecuenciales” de salud, finanzas y seguros como solvencias crediticias, biometrías en espacios públicos, acceso a servicios, empleo y educación.
No están obligados a registrarse los proveedores de servicios nube a terceros, herramientas de desarrollo, actividades de uso personal, entrenamiento o softwares de consumo y productividad.
Los sistemas de IA que ya operen legalmente tienen 12 meses a partir del 2 de septiembre para registrarse.
Una delegación del Fondo de Cooperación Catalana se reunió el martes con el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, para “consolidar su labor en cooperación”, y también con la directora general de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), Karla Majano.
Durante la visita, dada a conocer por la cuenta del Fondo en redes sociales, se reunieron con Alfonso Pérez-Hernández, ministro consejero de negocios de la Embajada de España en El Salvador; y Fernando Rey, coordinador de la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo (AECID) “para intercambiar prioridades y perspectivas en el país”.
La directora de la ESCO recibió al equipo del Departamento de Alianzas Multiactor y Cooperación Descentralizada; en la reunióno se conocieron “la trayectoria del Fondo en El Salvador donde actualmente tenemos activos 10 proyectos”, informó en X.
El Fondo también indicó que han “evaluado la situación actual con el proyecto de aguas compartidas Trifinio” con el alcalde de Chalatenango, Martín Leiva; y el gerente de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, Héctor Alonso Aguirre; además de personal técnico.
En redes sociales la delegación también informó de su visita al Centro Cultural Feminista en donde se reunió con organizaciones feministas y del colectivo LGTBQI «para evaluar la movilización y defensa de derechos frente a la violencia social y de género, en el contexto sociopolítico actual».
Visitem el Centre Cultural Feminista on ens hem reunit amb @cooperaccio i diverses entitats feministes i del col·lectiu LGTBQI per avaluar la mobilització i defensa de drets davant la violència social i de gènere, en el context sociopolític actual pic.twitter.com/hJwKrpICQY
La delegación informó de su visita a INELSA S.A. como contraparte local de apoyo trabajadoras de maquilas «a través de una red de cooperativas solidarias, formaciones y apoyo en derechos laborales».
La más reciente memoria de labores del Ministerio de Relaciones Exteriores expone que durante el periodo junio de 2024 a mayo de 2025 concretaron o acordaron una cooperación que suma $158,170,680 según el listado de cooperantes que expone dicha cartera estatal en el informe oficial.
El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, aseveró ayer que la región centroamericana está “menos que en pañales” y en una situación “negativa” en integración centroamericana.
“Estamos menos que en pañales, estamos en una situación negativa, en este momento, hay que decirlo con honestidad y preocupación, que no es el mejor momento para la integración centroamericana”, indicó en el programa Diálogo 21 del Canal 21.
Ulloa aseguró que el último esfuerzo de integración continúan ocurrió en diciembre de 1991 con la firma del Protocolo de Tegucigalpa que dio vida al Sistema de Integración Centroamericana (Sica).
El vicemandatario advirtió que El Salvador presentó en 2021, en República Dominicana, una propuesta de “reforma integral” del tratado de unión centroamericano para dar “ese salto de calidad” y pasar de la integración a la “unión”. Según el funcionario, esta propuesta replanteaban el papel del Parlamento Centroamericano (Parlacen) con el fin de que este dictara normas comunitarias obligatorias en la región y fortalecía la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).
“Estábamos en un momento importante en los cuales se podía sentir en el ambiente esa necesidad de unirnos, porque ya habíamos tomado conciencia que, como pequeños países, dada uno separado, somos irrelevantes en la comunidad internacional pero unidos la región Sica constituye la cuarta economía en América Latina, solo nos supera México, Brasil y Argentina”, indicó.
Sin embargo, Ulloa observó que no se han puesto de acuerdo para nombrar al secretario general del Sica, mencionó que El Salvador acaba de iniciar su retiro del Parlacen por considerarlo ineficiente y Nicaragua se acaba de retirar de la CCJ.
Según el vicepresidente, cuando ha habido condiciones, ha habido “intereses foráneos que se han encargado de dividirnos”.
Reveló que él ha atendido el tema de la integración centroamericana porque “fue una de las cosas que le pedí” al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien le preguntó en qué área en que quería trabajar. “El presidente es integracionista”, indicó.
La secretaría general del Sica está vacante desde que el abogado nicaragüense Werner Vargas renunció al cargo para el periodo 2022-2026 luego de que fuera propuesto por Nicaragua. El Sica es integrado por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, y como observadores México y Estados Unidos.
La asociación Cristosal publicó este martes un informe que expone testimonios relacionados a tres casos de supuestos cobros ilegales o extorsiones a familiares de privados de libertad para visitar a sus familiares, que les den atención médica o medicamentos.
La organización no gubernamental sostiene las condiciones carcelarias durante el régimen de excepción propician la corrupción.
El primero de los casos es el arresto de Fidel Antonio Zavala Pérez, arrestado el 9 de febrero acusado de estafa y de poseer una empresa fantasma para captar dinero de inversionistas; él poseía la empresa Capital Investments Corporation, S.A. de C.V.
Zavala estuvo en el penal del cantón Cutumay Camones, Metapán, y La Esperanza o Mariona, en San Salvador, en donde según Zavala habiá un sistema de “donaciones” para que los familiares de los detenidos pudieran ingresar a los centros y visitar a sus familiares privados de libertad.
“En Mariona, los reos de confianza, los de amarillo, corría que cobraban $10 por hacer el escrito de la forma legal que el equipo técnico lo pide para que sea considerado”, indicó.
Luego de la elaboración del manuscrito con la voluntad de ofrecer una donación, el equipo técnico analiza la oferta de donación, la autoriza o deniega, y posteriormente el familiar puede ingresar la donación en una visita de 20 minutos a una hora.
El informe incluye un segundo caso de pago directo de particulares a contactos directos de centros penales para obtener beneficios ilegales y pagos de hasta $5,000 o $7,000 a abogados como supuestos “intermediarios” para obtener beneficios como visitas o una eventual liberación.
Cristosal señala que el estudio “no se orienta a realizar generalizaciones concluyentes” sobre la “ocurrencia sistemática de los casos”, pero advierten “un indicio” de condiciones que propician estos actos, mencionando la precarización de las condiciones de internamiento y el régimen de incomunicación.
Por el contrario, el gobierno sostiene que el régimen de excepción ha logrado disminuir los homicidios en El Salvador. Sostiene que durante la gestión de Nayib Bukele, que gobierna por segundo periodo, se suman 1,000 días sin homicidios y cuentan más de 88,000 capturados «terroristas» o pandilleros. Mientras, las organizaciones suman 6,500 denuncias de violaciones de derechos humanos, torturas y 419 muertes de personas privadas de libertad.
La Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) anunció este martes la implementación del nuevo Reglamento a la ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y Tecnologías, señalando que un aspecto clave es la “libertad sin restricciones para creadores y empresas”.
Según la ANIA, desarrolladores, investigadores y empresas salvadoreñas y extranjeras disfrutarán de “total libertad para explorar, modificar e integrar modelos de Inteligencia Artificial”, algoritmos y softwares de código abierto “sin barreras innecesarias”.
En X, dejó claro que no prohibirán “las aplicaciones de alto riesgo” y que, al contrario, ofrecen “salvaguardas para proteger a los innovadores de responsabilidades indebidas” para que los “experimentos” controlados “puedan prosperar sin temor a represalias”.
En su mensaje, la ANIA comparó la nueva regulación con la ley de la Unión Europea (UE) señalando que la normativa europea “impone cargas de cumplimiento que pueden frenar a las empresas emergentes y disuadir la inversión” y que la salvadoreña “minimiza la burocracia, ofrece protecciones para el uso de datos de dominio abierto y exime de investigación no comercial de medidas restrictivas”.
La ANIA es una institución con personalidad jurídica y patrimonio propio creada a través de la Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y Tecnologías, aprobada el 26 de febrero de 2025 y vigente desde el 11 de marzo de 2025. Su director es Mario José Flamenco Rivas, exoficial de la Oficina Nacional del Bitcoin, que es dirigida por Stacy Herbert.
Con la regulación, todos los desarrolladores y operadores de Inteligencia Artificial que no tengan fines comerciales deben inscribirse en el Registro Nacional de Desarrollo, Innovación y Aplicación de IA, con lo que gozarán de “salvaguardas” como evitar medidas judiciales que limiten el uso de datos de dominio abierto para inteligencia artificial generativa o innovaciones legales, o eximir de responsabilidad por errores en actividades experimentales.
Por otra parte, la Ley de tecnologías robóticas, vigente desde el 29 de julio, busca impulsar la robótica en espacios de acceso público, cuidado de personas, transporte de personas o mercancías, e interacción en actividades sociales. Los desarrolladores de tecnología robótica también deberán acatar normas establecidas por la ANIA.
