La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó hoy el dictamen favorable 165 para reformar la Ley integral del sistema de pensiones con el fin de que las pensiones de Navidad se cancelen desde el 20 de octubre hasta el quinto día hábil de diciembre.
Así mismo, aprobó el dictamen favorable 166 para reformar el decreto 140 del 6 de noviembre de 1997 que regula los descuentos que se realizan a los aguinaldos de trabajadores obligados para garantizar el pago pensiones alimenticias adicionales de diciembre. La reforma busca que el pago de estas pensiones alimenticias se realicen desde el 20 de octubre hasta el primer día de diciembre.
Los dictámenes fueron explicados por el técnico de la Comisión. «La Ley integral de pensiones en el artículo 97 reconoce el derecho del afiliado en condición de retiro a una pensión de Navidad equivalente a la mitad de la pensión en curso pagadera los primeros cinco días hábiles del mes de diciembre y que, además, en el artículo 153 de la citada ley, menciona que los pensionados del sistema de pensiones público también tendrán un beneficio adicional anual en el mes de diciembre de cada año con un límite al sueldo anual complementario otorgado por el gobierno central para dichos empleados», leyó.
Continuó diciendo que se solicitó que las medidas «han sido positivas para los pensionados» y «para la economía», por lo que requieren que la reforma sea definitiva.
El decreto 440 aprobado el pasado 29 de octubre por la Asamblea Legislativa, que adelantó el pago de las pensiones de Navidad, fue transitorio y solo aplicó para el año 2025; luego de este decreto, tanto el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) y las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) pagaron las pensiones de Navidad el 31 de octubre de 2025.
Con la reforma permanente, los plazos para pagar ambas obligaciones podrán ser canceladas desde el 20 de octubre de cada año.
Para el pago de aguinaldos, sí se aprobó una reforma permanente, con lo cual el Gobierno argumentó que tenía excedentes y que por ello pagaba el 24 de octubre los aguinaldos a los empleados públicos luego de una reforma al Código de Trabajo y a la Ley de compensación económica por servicios prestados en el sector público, que regula las bonificaciones en el Estado.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes un dictamen favorable para incorporar $359 millones a 15 instituciones, provenientes de deuda y también de impuestos, en la Ley general del presupuesto del Estado 2025.
El dictamen favorable fue aprobado de manera unánime por los diputados presentes en la reunión.
La subdirectora general de presupuesto, Laura Michelle Arce, explicó hoy a la Comisión que los $359 millones “son necesidades que han surgido durante la ejecución del presupuesto, es decir que esto no estaban programadas”. Mencionó en la mayoría de casos que los fondos se destinarán a «fortalecimiento institucional» relacionados a los fines de cada institución.
Educación recibirá $116 millones que serían destinados al «fortalecimiento institucional para reducir brecha en acceso a recursos tecnológicos y plataformas educativas».
Obras Públicas, que recibirá $57.5 millones, servirán para continuar con la ejecución de «proyectos de infraestructura pública, para movilidad y logística».
Seguridad Pública y Justicia recibirá $48.5 millones para «garantizar seguridad», un «desempeño policial eficaz y sistema penitenciario integral», y para fortalecer la ciberseguridad en el sector público.
Turismo recibirá $4.13 millones nuevos, que los ocupará para desarrollar eventos de la estrategia «ancla» es decir, Surf City y «otras actividades de fin de año».
El Ministerio de Cultura también destinará el dinero para para la «organización de eventos culturales y remodelación teatral» y para el «inventario de libros» de la Biblioteca Nacional El Salvador (BINAES).
¿De dónde provienen los fondos? Un total de $150 millones, de una colocación de títulos autorizada el 22 de mayo de 2024 por hasta $1,500 millones –el resto de la emisión ya fue incorporado al presupuesto 2024– y $209.93 millones, de excedentes de ingresos del Estado.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dictaminó el lunes una reforma a las leyes de los presupuestos de las elecciones 2024, nacional y voto en el extranjero, con el fin de establecer como fecha límite de liquidación presupuestaria el 31 de diciembre de 2025 luego de que el plazo original, hasta el 31 de diciembre de 2024, no se cumpliera.
El dictamen fue emitido luego de la visita de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Soriano, quien aseguró que en septiembre de 2024 los presupuestos “no habían sido ni conciliados por la anterior gestión” y que aún mantienen deudas con proveedores. El actual TSE pagó $16,919,751 a INDRA la empresa para voto en el extranjero.
Además, hubo un reintegro de fondos a un partido político por $88,035 liquidado hasta mayo de 2025; y se recuperaron el pago de impuestos de IVA y renta a la empresa que está a cargo de la auditoría en el exterior un total de $660,000.
La gestión del TSE dirigida por Soriano terminó de pagar a la empresa española INDRA, que administró el voto electrónico de los salvadoreños en el extranjero, a la cual la anterior administración había realizado únicamente el adelanto, según Soriano.
Según el TSE, de un presupuesto para voto nacional de $70 millones, se han ejecutado $58 millones y hay un saldo pendiente de $11,705,815; y del presupuesto para el sufragio en el exterior, $59 millones, hay $32 ejecutados y $27 millones de saldo. “El saldo pendiente de ambos presupuestos por ejecutar asciende a $38,743,867”, afirmó la presidenta del TSE.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este lunes que aún está intentando «cuadrar» el presupuesto destinado a la organización de las elecciones nacionales y en el extranjero de 2024.
El TSE tenía como fecha límite para liquidar el presupuesto el 31 de diciembre de 2024; sin embargo, no se realizó según las autoridades actuales del órgano electoral.
“Nos encontramos con que no habían sido ni conciliados los presupuestos por la anterior gestión, tampoco habían sido cancelados proveedores, personal que trabajó en las pasadas elecciones… ¿Por qué no se liquidó?, habían pagos, por ejemplo el pago a Indra se lo tuvimos que liquidar nosotros, también hay personas que no se les ha pagado», afirmó este lunes la presidenta del TSE, Roxana Soriano, quien llegó este lunes a la Comisión de Hacienda a la Asamblea Legislativa a solicitar que se modifique la fecha límite de liquidación al 31 de diciembre de 2025 en ambas leyes de presupuestos, nacional y en el extranjero.
Soriano, quien en el pasado fue precandidata a diputada de Nuevas Ideas partido del cual se desafilió, fue electa presidenta del TSE el 26 de septiembre de 2024.
“La cuadratura de los presupuestos no los dejaron hechos, hemos tenido que preparar nosotros para que cuadre todo y hemos estado trabajando con Hacienda para hacerles ver la necesidad de que estos presupuestos se nos otorgue una ampliación para poder liquidarlos”. Roxana Soriano, magistrada presidenta del TSE.
Según la funcionaria, durante la gestión actual del TSE, pagaron a la empresa española Indra, quien administró el voto electrónico en el extranjero, una deuda que se tenía de $16,919,751, que «tampoco se había cancelado». «El 68 % del contrato lo cubrimos en nuestra gestión», indicó.
También, detalló que cancelaron un total de $11 millones a un «tercero contratado»; según la presentación, este pago se hizo a una empresa «que desarrolló e implementó el sistema de votación en el extranjero».
«Hicimos un proceso de verificación, a ellos únicamente se les había dado el adelanto y todo lo demás nos tocó a nosotros hacer un análisis», afirmó.
Los números del actual TSE también incluyen un «reintegro de fondos a un partido político –que no detalló– por $88,035 liquidado hasta mayo de 2025».
Además, detalló que a la empresa a cargo de la auditoría del voto en el exterior no se le había cobrado ni IVA ni Impuesto sobre la Renta, por lo que tuvieron que negociar para recuperar $660,000.
“Verificamos que no se le había contemplado el pago de impuestos de IVA y renta a la empresa que está a cargo de la auditoría en el exterior y después de ciertas negociaciones con ellos logramos recuperar $660,000 que fueron depositados al Fondo General de la Nación”.
Entre las deudas pendientes que aún tiene el TSE sobre las elecciones de 2024, mencionó $92,887.50 con la Dirección General de Correos y $99,105 a las personas que trabajaron en las elecciones de 2024.
Pagos pendientes y saldos del presupuesto de las elecciones 2024 según TSE. / Presentación del TSE en Comisión de Hacienda.
El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel “El Chino” Flores, sostuvo este lunes que la creación de la aplicación “DoctorSV” es el camino a la “privatización” de la salud en El Salvador.
“Es sencillo, es para privatizar la salud. ¿Adónde va comprar la medicina?, vaya a comprar, el gobierno paga, privada”, indicó.
Según Flores, el gobierno ha instaurado el servicio de telemedicina “porque no hay especialistas en los hospitales que han inaugurado, lo que hay son consultorios” y, afirmó, “para evitar la vergüenza de que la gente llegue y no se encuentren medicamentos y especialistas, les dicen ‘llame por teléfono” en un servicio donde no se sabe “si de verdad son médicos o no”, criticó.
Flores aseveró que este modelo “se trata de despidos” de especialistas y médicos y además según el dirigente esta es la consumación de la unión del sistema de salud del Ministerio de Salud Pública (Minsal) y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que se financia de las cotizaciones del sector privado y de los trabajadores cotizantes al mismo.
“Ya hubo fusión Seguro y Minsal (Ministerio de Salud), lo que siempre negaron ahora está completamente finiquitado”, indicó.
La aplicación DoctorSV surgió de la aplicación que se lanzó como prueba piloto llamada “Dr. ISSS”.
Ambos proyectos fueron financiados por un préstamo de $77 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF), de los cuales el Gobierno ya ejecutó $24.2 millones y ha solicitado un refuerzo de $11.097 millones.
El proceso de consulta médica en esta aplicación es una videollamada.
El medicamento se puede reclamar en una farmacia privada. En el programa piloto Dr. ISSS en línea, se dispensaba medicamentos a través de Farmacias Económicas.
En la oferta de compra del servicio de medicamentos, el Gobierno dijo que con este programa buscaba “beneficiar a más de cuatro millones de salvadoreños” ya que un “60 % de la población” no tiene acceso a servicios de salud. En esa ocasión, la lista de medicamentos que adquirieron para este programa piloto contenía 120 tipos diferentes, entre estos amoxicilina, fluconazol, diclofenaco, atorvastatina, clotrimazol, irbesartan, ibuprofeno, psylium, loratadina, metocarbamol, omeprazol, penicilina, orfenadrina, metronidazol, tramadol, simeticona y salbutamol.
El Gobierno lanzó el 13 de noviembre la app Doctor SV con uso de inteligencia artificial proveída por Google como apoyo al médico, para lo cual tendrán acceso a la información médica del paciente, y servicio de medicamentos y laboratorios.
El servicio está habilitado para pacientes de 18 a 40 años, ya sea afiliados o no al ISSS.
El presidente del Colegio Médico, Iván Solano, aseguró que el programa tiene beneficios como la atención de enfermedades comunes y leves que pueden atenderse de esta forma, algo que «desconcentra la asistencia o disminuye la consulta» pero también tiene sus desventajas ya que El Salvador tiene una brecha digital del 23 %, personas sin internet.
La organización Acción Ciudadana (AC) cree que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) podría estar interfiriendo en la circunscripción del voto para la Asamblea Legislativa cuando incentiva en su campaña en redes sociales a los salvadoreños en el exterior a que cambien su dirección al exterior en su Documento Único de Identidad (DUI), porque así su voto se circunscribirá al departamento de San Salvador.
En las elecciones de 2024, un total de 242,110 salvadoreños emitieron voto remoto por internet desde el exterior y 89,646 emitieron voto electrónico presencial en 81 centros de votación con máquinas de votación distribuidas en diferentes países del mundo.
El TSE está incentivando a los salvadoreños que viven en el extranjero a que actualicen su Documento Único de Identidad (DUI) con su dirección del exterior para que sea registrada de esa manera en el padrón electoral, destacando que tendrán ventajas al poder votar de manera remota por internet si modifican el domicilio de esa manera.
Sin embargo, si un salvadoreño que reside en el exterior cambia su dirección hacia el extranjero, su voto en la elección de Asamblea Legislativa se asigna a la circunscripción de San Salvador.
La campaña podría buscar, según Acción Ciudadana, «concentrar el voto a Nuevas Ideas en San Salvador para que ganen todos los diputados de San Salvador» o «puede ser que están tratando de simplificar el proceso» con el fin de aliviar la logística y aglomeraciones en los consulados en Estados Unidos.
Los salvadoreños residentes en el exterior que tiene su DUI con domicilio en El Salvador pueden votar electrónicamente de manera presencial en máquinas de votación, su voto es asignado al departamento respectivo del domicilio según su DUI.
«El Tribunal no tendría que estar haciendo este llamado, no tendría que estar teniendo injerencia en el sufragio del ciudadano, esta es una injerencia en el sufragio del ciudadano, adonde va a estar efecto su voto, eso es lo que está haciendo el Tribunal», indicó la organización sobre la campaña de actualización del DUI con dirección en el extranjero.
La organización, que se especializa en investigaciones electorales, cree que «están llamando a la trashumancia electoral», es decir, un traslado de votantes.
“Actualiza tu DUI con tu dirección del extranjero y voto más fácil desde donde te encuentres”, indica el TSE en Instagram.
Según el Código Electoral, si el salvadoreño reside en el extranjero y su domicilio según su DUI es fuera del territorio nacional, el voto de asigna a la circunscripción de San Salvador. Si el salvadoreño reside en el extranjero y su domicilio según su DUI es dentro del territorio nacional, el voto de asigna a la circunscripción del domicilio contenido en dicho documento. Y, si el salvadoreño reside en el extranjero y vota con su pasaporte, el voto de asigna a la circunscripción de San Salvador.
Según el artículo 14 de la Ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero, el voto remoto por internet puede ser ejercido por los salvadoreños con “domicilio en dicho documento sea en el extranjero”.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que no existe inconstitucionalidad en dos disposiciones de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal que permiten exigir el pago de salarios caídos al funcionario que notificó un despido ilegal.
La Sala determinó que no existe inconstitucionalidad en el artículo 75 incisos 5º y 7º de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal por la supuesta vulneración al derecho de la propiedad en relación a la frase: “o del funcionario de nivel de dirección que notificó el despido de forma ilegal”.
La Sala indicó que la disposición “solo es aplicable a los funcionarios de nivel de dirección que incurran en una notificación ilegal” y descarta la posibilidad de que se aplique de manera “automática”.
Según la Sala, la posibilidad de dictar una acción ejecutiva contra el funcionario que notificó el despido “deberá entenderse” en los casos relacionados a las “atribuciones propias del cargo de los funcionarios de nivel de dirección, dejando fuera los casos en que un servidor actúe como mero ejecutor” de la notificación, y en casos considerados ilegales por falta de competencia o cuando la notificación viola “un derecho fundamental”.
El inciso quinto del artículo 75 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal establece que si se declara la nulidad del despido del empleados municipal, el juez ordenará la restitución y pago de salarios «por cuenta» de miembros del concejo, alcalde o «del funcionario de nivel de dirección que notificó el despido de forma ilegal». El inciso séptimo habilita al empleado a tomar acción ejecutiva contra el funcionario que le notificó ilegalmente el despido, además de alcalde y concejales.
La demanda de inconstitucionalidad se originó desde el año 2023 de resoluciones judiciales de inaplicabilidad por parte de la Cámara Primera de lo Laboral de 11 despidos. Una demanda fue interpuesta contra el jefe de la Unidad de Servicios Municipales de Chalchuapa, quien notificó un despido.
Los magistrados que suscribieron la sentencia fueron los magistrados propietarios Henry Alexander Mejía, Elsy Dueñas Lovos, Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahún Martínez y el suplente Ramón Iván García.
La abogada experta en migración, Cynthia Grande, dijo en entrevista a Diario El Mundo que el reciente nombramiento de jueces sin experiencia migratoria en los Estados Unidos puede ser perjudicial para los migrantes, por lo que insistió en que deben estos deben buscar asesoría especializada.
Grande, fundadora de The Grande Law Firm, una firma legal especializada en inmigración radicada en Los Ángeles, hizo un “llamado urgente a mantenerse informados, preparados y asesorados”, ya que cree que los “riesgos legales se han ampliado recientemente” para las personas migrantes en los Estados Unidos.
Ella cree que las redadas contra migrantes latinoamericanos en los Estados Unidos no van a parar.
¿Qué cambios ha notado desde septiembre en materia de migración en Estados Unidos?
Ha crecido la lista de ciudades donde Inmigración está buscando a personas, se está ciudades como Chicago, Idaho, los estados más pequeños, se está viendo que ha habido detenciones regularmente.
Otro cambio es que han contratado nuevos jueces de cortes de inmigración, muchos de estos jueces son personas que no han trabajando inmigración, vamos a ver cómo impacta las decisiones en las cortes de inmigración.
Lo otro es que es más común que, cuando a alguien le niegan un caso de inmigración por su propia cuenta, están refiriendo los casos de inmigración.
¿Cree que esta tendencia no va a parar?
No, no va a parar pronto. Va a seguir.
¿Cómo cree que puede influir esta nueva contratación de nuevos jueces de inmigración que menciona?
Va a depender. Las leyes de inmigración son bien complicadas y, cuando personas empiezan a aprender de las leyes, muchas veces toman las decisiones sin necesariamente entender, aunque tal vez entiendan cómo trabajan las leyes en Corte de Inmigración, estas son diferentes a las leyes administrativas de inmigración.
Puede darse la situación de que tomen una decisión porque piensan que la persona en corte tiene otra opción bajo leyes de inmigración administrativas, pero en realidad, no, porque muchas veces no tiene las opciones que tienen a nivel alto, lo que termina pasando es que personas terminan con órdenes de deportaciones.
¿Por qué se dieron estos nombramientos de jueces que no tienen experiencia en migración?
Es la posición de la administración del presidente que tenemos ahorita. Ellos quieren personas con experiencia militar que se encarguen de estos casos.
¿Esto podría ser perjudicial para los migrantes?
Lo que se ha visto en el pasado es que, cuando los jueces de inmigración no tienen mucha experiencia dentro de la rama de migración, los que terminan perjudicados son los inmigrantes que están en la Corte, eso se ha visto en el pasado y se me imagina que va a continuar.
Los encuentros fronterizos de centroamericanos en EE.UU. han disminuido. / vichinterlang vía iStock, imagen de archivo.
¿Qué recomendaciones deben tomar los migrantes en las redes sociales?
Es importante saber cuáles son las cuentas que dan la información verdadera, algo que se está viendo con programas de IA, estoy recibiendo más llamadas de personas que dicen que ‘están pasando esta ley en el Congreso que va a dar la residencia a todas las personas que están en EEUU’ y, cuando mandan el video, se nota es que es la Inteligencia Artificial que ha creado el video.
¿Y qué recomendaciones daría a los migrantes en el manejo de sus propias redes sociales ante el monitoreo que realizan las autoridades?
Donde se ve que están monitoreando cuentas es para personas que están aplicando para visas de turistas temporales, por ejemplo, visas de estudiantes, se están enfocando en las cosas que uno está diciendo políticamente. Por eso es importante, las redes sociales es un reflejo de uno como persona. Tomando el caso que, si uno no quiere que un empleador vea ciertas cosas en sus redes sociales, se tiene que tomar en cuenta en caso que quiera visitar en los Estados Unidos, o estudiar o trabajar, no tener cosas en sus redes sociales que pueda causar que sea considerado que uno no viene aquí simplemente para estudiar o visitar, sino que tiene otras razones.
¿Cuál es la recomendación más importante que le daría un migrante sobre una posible detención?
Que ya haya consultado con anticipación con un abogado que lo pueda asistir, para que pueda saber cuáles son las opciones. Es importante con anticipación porque así evita que su familia tenga que andar llamando en último momento.
Cynthia Grande, abogada. / Imagen de video.
¿Cuáles son las opciones en general que tendría un migrante detenido, según los casos usted ha visto?
Depende de la situación. Si uno tiene esposo o esposa o hijos que son ciudadanos americanos o padres residentes o ciudadanos y han vivido en los Estados Unidos por 10 años o más se, puede meter una aplicación para parar la deportación.
Hay veces, dependiendo si uno ha sufrido abuso de un esposo o esposa, o hijos, puede calificar para parar la deportación.
Si uno tiene miedo de regresar a su país, se puede aplicar para asilo, aunque eso definitivamente está siendo más difícil.
Dependiendo el tiempo que uno ha estado aquí en los Estados Unidos y la forma que entraron, puede estar fuera de detención mientras que el caso esté pendiente. Pero todo depende de la situación de cada persona.
¿Qué recomendación haría a las familias de los migrantes?
Todavía estoy viendo que están trabajando personas que no son abogados para asistirlos en sus procesos migratorios, como notarios, aquí en los Estados Unidos no es lo mismo que en El Salvador, no tienen la experiencia dentro de la rama de inmigración para dar consejos. Lo que termina pasando es que esas personas que le llenan los papeles no entienden los cambios y hacen que las cosas sean peor. No estamos en los mismos tiempos, ahora es importante que hablen con abogados de inmigración, que tengan experiencia en esa rama.
Los alcaldes del área metropolitana de San Salvador, conformada por 28 distritos, podrán solicitar al Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (Coamss) la exoneración de tarifas por la prestación de servicios de su oficina de planificación para proyectos municipales o comunitarios.
La nueva regulación “Disposiciones especiales aplicables a determinados proyectos tramitados ante la Oficina de Planificación del Area Metropolitana de San Salvador-Opamss” está vigente desde el viernes 14 de noviembre, luego de su publicación en el Diario Oficial del 6 de noviembre, aunque fue aprobada el 27 de agosto.
Las disposiciones aprobadas por el Coamss establecen que los proyectos no estarán sujetos al pago de tarifas por los servicios de la Opamss, si son ejecutados con fondos propios de las municipalidades del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), o si son promovidos por instituciones sin fines de lucro o con fines comunitarios solicitados por la municipalidad o proyectos gubernamentales o privados que apoyen a poblaciones vulnerables en salud, educación, deporte, cultura, turismo, espacio público, vivienda prioritaria y desarrollo humano.
Los alcaldes podrán solicitar al Coamss la exención de los pagos, en aplicación de las disposiciones.
Luego de recibir la solicitud del alcalde, el Coamss emitirá un acuerdo e instruirá su cumplimiento a la Opamss.
Sin embargo, las disposiciones que eximen el pago de tarifas a estas entidades vencen el 30 de abril de 2027.
El AMSS está conformado por 7 municipios y sus 28 distritos: San Salvador Centro (San Salvador, Ayutuxtepeque, Mejicanos, Cuscatancingo, Ciudad Delgado), San Salvador Oeste (Apopa, Nejapa), San Salvador Este (Ilopango, San Martín, Soyapango, Tonacatepeque), San Salvador Sur (San Marcos, Panchimalco, Rosario de Mora, Santiago Texacuangos, Santo Tomás), La Libertad Este (Antiguo Cuscatán, Huizúcar, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva, Zaragoza), La Libertad Costa (Chiltiupán, Jicalapa, La Libertad, Tamanique y Teotepeque) y La Libertad Sur (Santa Tecla y Comasagua).
El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, nombró al coronel Darío Salvador Hernández Vega en el cargo de director vicepresidente del Consejo Directivo del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA), en sustitución del teniente coronel Wilmar Alberto Gómez Torres.
El nombramiento fue aprobado a través del acuerdo 250 del 25 de octubre de 2025, que fue publicado en el Diario Oficial del 6 de noviembre de 2025.
El coronel Darío Hernández Vega ha ocupado el cargo de director de Comunicaciones y Protocolo, ingresó a la Fuerza Armada el 31 de enero de 1987 y ha sido piloto aviador del Escuadrón de Reconocimiento Aéreo y jefe de Administración y Auxiliar del Departamento A-II del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador (EMGFA), según su currículum publicado en el Portal de Transparencia.
Por otra parte, el teniente coronel Gómez Torres fue comandante de sección en el Centro de Estudiantes del Conservatorio «Manuel de Falla» (CEMFA), BIRI Atlacatl; auxiliar de departamento III Operaciones en el Comando de Fuerzas Especiales (CFE) y Estado Mayor Presidencial (EMP); y jefe del Departamento IV Logística en el EMP. También, ocupó el cargo de jefe de seguridad del CEFAFA.
Una reciente reforma a la Ley del CEFAFA permitirá que el centro farmacéutico fabrique medicamentos y done infraestructura para la atención médica de los miembros de la Fuerza Armada. CEFAFA se financia de las cotizaciones de sus afiliados en situación activa, aportaciones del Estado y de la comercialización de sus productos al público.
Actualmente, el director presidente del CEFAFA es el coronel Roberto García Ochoa, según el Portal de Transparencia Fiscal.
