Autor: Yolanda Magaña

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno aprobó este jueves la transferencia de un inmueble ubicado en el Barrio de San Jacinto, en el distrito de San Salvador, de una extensión de 335.09 metros cuadrados a favor del municipio de San Salvador Centro.

La diputada Ana Figuera, presidenta de la Comisión, pidió no leer el decreto “por tener descripciones técnicas del inmueble” y solo leer el dictamen. Todos estuvieron de acuerdo con Figueroa en no leer el decreto que sería aprobado.

En el inmueble se encuentra el parque Rafael J. Rivera, cuya donación fue solicitada por la municipalidad de San Salvador Centro para “garantizar la conservación del mencionado parque”.

La celebración de la Comisión no fue suspendida este jueves. El dictamen podría ser aprobado en la sesión plenaria del martes próximo.

Valorado en $21,700

El dictamen fue leído por el diputado Boris Platero, quien comentó que “en redes sociales” le preguntaron dónde se encuentra el lote.

“Es subiendo del centro, los que pasan por la Plaza El Trovador, sube a la avenida Ramón Belloso, hay un pequeño cruce a la derecha, por ahí hay una esquinita, es pequeña pero es de gran importancia. Todo espacio que sirva para el sano esparcimiento va a ser de gran ayuda para la población”, explicó.

El inmueble está ubicado a partir de la intersección de Calle Bolívar y Calle Barrundia, y fue valorado en $21,700 el 3 de mayo de 2021.

“Es oportuno que comiencen a trabajar en estos espacios”

“Es muy oportuno que nuestras alcaldías comiencen a trabajar en estos espacios de sano esparcimiento para nuestros niños y esta es precisamente la finalidad”, dijo la diputada, presidenta de la Comisión.

El diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), aseguró que “esta es una esquinita que va a poder servir para los niños de San Jacinto”. “Niños y niñas de San Jacinto”, expresó.

“Es poco pero a los niños y niñas les va a servir, y el alcalde Mario Durán que tiene la voluntad de poder adecuarles el parque a los niños”, añadió el legislador aliado de Nuevas Ideas.

Por su parte, el diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, relató que esta semana salió a correr “en el Surf City” y algunas personas le comentaron que “habían sido víctimas en su tiempo de las pandillas”. “Ahora estamos trabajando de la mano, el gobierno con las alcaldías y esperemos que nuestros alcaldes también aporten eso, se sumen”, aseveró.

La transferencia fue aprobada el 26 de agosto pasado por el Consejo de Ministros y estará exenta de pagos registrales e IVA.

La Comisión de Hacienda recibió esta semana una solicitud del Ministerio de Hacienda para incorporar $11,097,000 de deuda al presupuesto del Hospital Nacional El Salvador para el “Programa para la implementación de un sistema de telemedicina en El Salvador”, cuya plataforma lanzada por el Gobierno fue suspendida recientemente.

Los fondos provienen del préstamo de $77 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el “Programa para la implementación de un sistema de telemedicina en El Salvador” de los cuales se programaron $35.7 millones para el año 2025, de los cuales se han ejecutado $24.2 millones.

Los $11 millones se destinarán a la contratación de médicos, administrativos, operadores y desarrolladores de Telemedicina, almacenamiento en la nube y ampliación de conectividad en la red, consultorías sobre protocolos clínicos y logísticos “para la operación masiva del programa”.

También se usarían para compra de mobiliario y equipo informático, y una auditoría externa.

La aplicación móvil “Dr. ISSS en línea” permitía a los pacientes pasar consultas médicas a través de videollamadas y recibir recetas para retirar los medicamentos en farmacias privadas. Actualmente la aplicación móvil ya no está disponible para descarga.

En noviembre de 2024, el Hospital El Salvador contrató la dispensa de medicamentos a través de una red de farmacias, así como servicios de exámenes de laboratorios, para un programa piloto de Telemedicina mediante un convenio entre dicho hospital y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

El objetivo del programa Telemedicina era “beneficiar a más de cuatro millones de salvadoreños”, ya que un “60 % de la población” no tienen acceso a servicios de salud.

La lista de medicamentos que adquirieron para este programa piloto contenía 120 tipos diferentes, entre estos amoxicilina, fluconazol, diclofenaco, atorvastatina, clotrimazol, irbesartan, ibuprofeno, psylium, loratadaina, metocarbamol, omeprazol, penicilina, orfenadrina, metronidazol, tramadol, simeticona, salbutamol.

La Asamblea Legislativa recibió este 5 de noviembre la solicitud del Ministerio de Hacienda para que lo autorice a suscribir un nuevo préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $170 millones, fondos con los cuales se construirían los mercados de los distritos de Santa Tecla y La Libertad, y se rehabilitarían los espacios públicos cercanos.

Según la propuesta del préstamo, el programa se ejecutaría en cinco años, con desembolsos del 2 %, 25 %, 31 %, 29 % y 13 %, respectivamente.

La ejecución del préstamo implicaría la formación de los comerciantes en ambos mercados. Según la propuesta documentada por el BID, son 2,342 comerciantes censados en Santa Tecla y 736 en el mercado de La Libertad.

Con el nuevo préstamo, son 18 créditos que suman $2,162 millones que han llegado a la Asamblea este año y que están en diferentes fases de aprobación: $1,992 millones ya fueron autorizados para suscripción de los respectivos contratos de préstamo y de esos $1,735 millones ya fueron firmados y aprobados o ratificados por el Legislativo.

Este nuevo crédito por $170 millones que ingresó el miércoles financiará el proyecto “Programa integral de regeneración urbana y revitalización sostenible de los mercados municipales en Santa Tecla y La Libertad”. Los fondos serán ejecutados por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).

En marzo pasado, un incendio en el mercado central de Santa Tecla, en el municipio de La Libertad Sur, provocó daños en 25 comercios.

Obras, mobiliario y rehabilitación de espacios

Un total de $152 millones serían destinados al diseño y ejecución de «obras de alto impacto» en las «centralidades urbanas» de Santa Tecla y La Libertad, el desarrollo integral de los mercados con servicios como centros de atención infantil, áreas de enfermería y espacios recreativos y religiosos.

También se destinaría parte de estos fondos al mobiliario y la infraestructura de los locales comerciales, con un sistema «Edge Advance» que garantice ahorro energético y uso racional del agua.

El crédito también promete rehabilitar «espacios públicos en el entorno de los mercados» como «calles, parques, plazas y áreas verdes».

Formación a vendedores y un instrumento para el cobro

Un 4.5 % del financiamiento, equivalente a $7.7 millones, se dirigirá a la formación empresarial de los comerciantes de los mercados.

Según el anuncio general de adquisiciones, serán capacitados en planificación, gestión financiera, contabilidad, compras, marketing, negociación y educación financiera.

En este componente se menciona, según la propuesta de préstamo, la compra de refrigeradoras, estufas y vitrinas con refrigeración, cuyo pago se haría mediante un «sistema de alquiler de los locales comerciales».

El componente también promete un «plan de marketing estratégico para reposicionar los mercados municipales».

Cobro por el uso de espacios y administración

Otros $5.3 millones servirían para mejorar «las capacidades de las instituciones encargadas de la operatividad» y para el «mantenimiento y seguimiento» de las condiciones de los mercados.

Dentro de este componente, se considera la «elaboración de instrumentos normativos para el cobro por el uso del espacio público y otros servicios no tributarios» y de reglamentos relacionados a la plusvalía del lugar.

El cuarto componente del programa lo constituyen $5 millones destinados a la administración del programa y gastos contingentes.

Proyectos piloto

El proyecto incluiría un proyecto piloto de gestión de residuos sólidos orgánicos en mercados municipales, una contratación por $115,000.

Así mismo, se prevé un proyecto piloto de digitalización de pagos para promover la formalización de los comerciantes, una contratación prevista por $100,000.

El ministro de Hacienda, Jerson Posada, pidió esta semana a la Asamblea Legislativa modificar nuevamente la ley de presupuesto de 2025 para incorporar $150 millones de dos préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) «con la finalidad de atender prioridades estratégicas del gobierno, transferencias varias, entre otras» indica la carta que suscribe.

Los $150 millones, según el proyecto remitido por Hacienda, serán transferidos a «las diferentes líneas de trabajo de la unidad presupuestaria 13 Obligaciones generales del Estado».

El uso de los préstamos para «prioridades y transferencias varias» también es aseverado por el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, quien le remitió el proyecto de reforma al presupuesto al ministro.

El proyecto de decreto argumenta que «los recursos de los contratos de préstamos podrán utilizarse para atender prioridades estratégicas del Gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal».

Los fondos provienen de dos préstamos de la CAF originalmente destinados a programas de educación y salud:

1. El préstamo CFA-12634 por $75 millones para financiar el «Programa sectorial de apoyo al fortalecimiento integral de la educación en El Salvador».

2. El préstamo CFA-012668 por $75 millones para financiar el «Programa sectorial de apoyo a la gestión integral para una salud de calidad en El Salvador».

Sin embargo, en la pieza de correspondencia los funcionarios no explican cuál será el destino específico de los fondos.

Cuando el CAF aprobó la operación CFA-012634, se detalló que el proyecto tenía tres objetivos de desarrollo sostenible, educación de calidad, fin de la pobreza y reducción de las desigualdades, y objetivos específicos como la rehabilitación o construcción de centros educativos y el desarrollo de capacidades de docentes.

Sin embargo, la operación se define como SWAp y otorga recursos de «libre disponibilidad y rápido desembolso»

El proyecto de salud se planteaba por objetivos «la ampliación de hospitales y unidades de salud, especialmente en zonas rurales y de alta vulnerabilidad», el fortalecimiento del primer nivel de atención, la expansión de la salud digital, telesalud y la mejora de las respuestas del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Sin embargo, este crédito también tiene fondos de «libre disponibilidad». Según la CAF, estas operaciones «no poseen indicadores de aportes al desarrollo».

Las operaciones SWAP son las siglas en inglés de «Enfoque Sectorial Amplio» y, según la CAF, permiten «atender políticas sectoriales amplias», no necesariamente vinculados a una obra o sector concreto, y que reconocen inversiones o gastos realizados.

El 29 de octubre pasado, la Asamblea incorporó $250 millones del Banco Mundial provenientes del préstamo 9854-SV para «Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador», dinero que fue inyectado a obligaciones generales del Estado en el presupuesto del Ministerio de Hacienda.

Hacienda no ha detallado, en documento público, el destino final de dichos fondos.

Después de esa fecha, a solicitud de Hacienda, la Asamblea reorientó $113.2 millones a 13 instituciones públicas distintas a Hacienda, pero dicho Ministerio afirmó que el origen de los fondos eran «asignaciones disponibles». No aseveró que provenían de ingresos tributarios ni tampoco un préstamo.

Hasta el 5 de noviembre, los $250 millones del préstamo 9854-SV del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) no están incluidos expresamente mediante decreto de reforma presupuestaria.

Tanto ese préstamo como los dos préstamos del CAF por $75 millones para educación y salud de calidad tenían un artículo 2, así: «Los recursos del Contrato de Préstamo serán destinados para atender prioridades estratégicas del Gobierno, Obligaciones Generales del Estado, Transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal».

Con 57 votos, de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la incorporación al presupuesto de 2025 de los primeros $7 millones de un préstamo de $100 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para un proyecto de «Modernización del sistema educativo de El Salvador».

Los primeros $7,015,995 de los $100 millones del préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) aprobado en agosto de 2025 servirán para la compra de equipos tecnológicos, servicio de almacenamiento en la nube, plataformas para aulas digitales, servicios de internet e instalación de plataformas de aprendizaje.

Según el Ministerio de Hacienda, con estos fondos también se financiará un sistema de administración financiera y administrativa de los recursos del préstamo que también les permitiría «identificar necesidades de los centros educativos» y monitorear los avances del rendimiento de cada estudiantes y los planes de estudio.

El préstamo se pagará en 18 años con un periodo de gracia de 4.5 años; deberá pagar $50,000 contra el primer desembolso y una comisión de 0.35 % anual a partir de dos meses de vigencia del contrato de préstamo y una comisión de financiamiento de 0.85 %.

El préstamo para «Modernización del sistema educativo de El Salvador» fue aprobado mediante el Decreto 380 del 13 de agosto de 2025, y en general se destinará también a capacitación docente y construir o mejorar centros escolares aún no intervenidos, tecnologías con Inteligencia Artificial, y preparación en áreas de lectura, escritura, matemáticas y ciencias, así como un programa piloto de transporte escolar.

Hacienda también detalló que este préstamo promete ampliar la cobertura del plan de Alimentación Escolar, que dijo actualmente cubre de 100 a 125 días de alimentación y se ampliaría a «200 días” para cubrir «al menos el 25 % del requerimiento de calorías diarias” de los alumnos.

La Asamblea Legislativa ha incorporado más de $500 millones provenientes de préstamos al presupuesto general del Estado 2025, $250 millones provienen de un crédito del Banco Mundial para sostenibilidad fiscal, fondos que fueron incorporados al rubro de obligaciones generales del presupuesto del Ministerio de Hacienda.

El resto de préstamos se han destinado al programa Surf City fase I, mejora de atención de salud, infraestructura de datos, agua y saneamiento, sistema penitenciario, transporte, emergencias, Aeropuerto Internacional del Pacífico, cable submarino y salud inteligente.

La Asamblea Legislativa recibió este miércoles una solicitud del ministro de Hacienda, Jerson Posada, para que lo autorice a emitir títulos valores de crédito por hasta $344 millones a ser colocados en el mercado nacional o internacional.

“Para que sean destinados a atender prioridades estratégicas del Gobierno, así como para apoyar necesidades en sectores sociales, ambientales y/o económicos, entre otros”, indicó la carta recibida hoy por el Legislativo y que pasó a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

El ministro realizó la petición con instrucciones del presidente de la República realizadas mediante el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz.

El considerando segundo del proyecto de decreto indica que buscan “atender diferentes y emergentes obligaciones generales del Estado” y “la posibilidad de llevar a cabo operaciones de manejo de pasivos orientadas a mejorar el perfil de la deuda y administrar los riesgos asociados al portafolio de la misma”.

Según el artículo 2, los fondos de los títulos valores también “podrán destinarse en el transcurso del presente o de los siguientes ejercicios fiscales para atender prioridades estratégicas del Gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuentes de liquidez, transferencias varias o para apoyar necesidades en sectores sociales, ambientales y/o económicos”.

Durante este año, la Asamblea ha autorizado $1,992 millones en préstamos y ha avalado garantías crediticias estatales por $900.1 millones para nuevas deudas. Este miércoles, recibió la solicitud del décimo octavo préstamo del año por $170 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para revitalizar mercados municipales.

De estos préstamos, al presupuesto general del Estado 2025 solamente ha ingresado uno íntegro por $250 millones del Banco Mundial para “Políticas de desarrollo para la sostenibilidad fiscal y la resiliencia de El Salvador”.

De un total de $1,044 millones incorporados a lo largo del año al presupuesto 2025, un total de $571.5 millones provienen de préstamos, $80 millones de títulos valores, $348.8 millones de “asignaciones disponibles” y $38.7 millones de recursos propios, entre otros, según los mismos decretos legislativos.

El abogado Miguel Ángel Cardoza, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aseguró este miércoles que los jueces electorales deberán valorar si se cumplen las condiciones del artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos junto a otros factores para evaluar la cancelación de los partidos Arena o FMLN a raíz de las condenas a exdirigentes relacionadas a

Consultado sobre el tema en la entrevista Diálogo 21, Cardoza detalló que el artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos plantea las causales de cancelación de un partido político y “una de ellas es cuando el partido participa en un fraude que se hace en beneficio propio y se establece legalmente”.

“En este caso fuimos testigos de un proceso en instancia penal que determina una condena a personas específicas que eventualmente participaban en representación, ese es un tema que hay que establecerlo, o no de los partidos políticos, y el ente responsable, de acuerdo a la Ley de partidos políticos, es el Tribunal Supremo Electoral”, indicó.

Según Cardoza, el TSE puede conocer estos casos de oficio o a petición de parte, o incluso no descartó que el TSE realice este análisis “cuando estén presentando candidatos” y sea vea “obligado a analizar y ver si inscribe o no” a los candidatos de dichos partidos.

El exmagistrado agregó que el TSE, además de verificar si se cumplen las condiciones del artículo 47, debe tomar en cuenta otras condiciones y “ponderar” “qué pesa más”.

“Aquí vemos que hay una sentencia judicial que lo establece legalmente, ya hay una verdad jurídica. Segundo, hay que establecer ese nexo causal entre el partido político y la persona, o se hace extensiva la investigación de la Fiscalía o probablemente en los documentos del proceso penal están establecidas esas circunstancias, eso lo tiene que analizar el Tribunal”, indicó.

“También como juez electoral no puede pasar por alto los análisis de carácter político, esa aplicación de derecho electoral. Tendrá que ver precedentes constitucionales porque ya la Sala de lo Constitucional se refirió a eso, eso habría que evaluarlo, tendría que evaluar los mismos precedentes del Tribunal”, fueron sus palabras.

“Tiene obligación de analizar todo el contexto”, indicó.

El exmagistrado recordó que el TSE decidió con tres votos no cancelar al partido Cambio Democrático (CD), inaplican el artículo 47 y lo mandan a consulta a la Sala, “bajo argumentaciones de carácter político, de valoraciones de la pluralidad”.

“El juez va a tener que ponderar y ver qué es lo que pesa más”, concluyó.

En el mismo programa, el exdiputado Guillermo Gallegos sostuvo que “procede inmediatamente” la cancelación de ambos partidos “por fraude electoral”.

La decisión requiere cuatro votos.

El 30 de septiembre, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt a 18 años de prisión; al exministro de Seguridad Benito Lara a 28 años de cárcel por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas vinculados a negociaciones con pandillas entre 2014 y 2015, además del exministro de Gobernación Arístides Valencia, a 28 años de cárcel; al periodista Paolo Lüers recibió una condena de 18 años de cárcel; y Wilson Alvarado fue condenado a 18 años en prisión.

Arena y FMLN perdieron su fuerza electoral desde 2019 cuando entre ambos perdieron más de 1.7 millón de votos de su caudal entre ambos; en 2024 perdieron otros 860,000. Luego de que también se redujeran diputados y se modificara la fórmula de escaños, en 2024, Arena se redujo a dos diputados de la Asamblea Legislativa y el FMLN a un escaño en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzó una campaña para incentivar a los salvadoreños que viven en el extranjero a que actualicen su Documento Único de Identidad (DUI) con su dirección del exterior para que sea registrada de esa manera en el padrón electoral.

El último día para que el cambio de dirección sea incluido en el Registro Electoral de las elecciones 2027 es el 27 de febrero de 2026.

Si un salvadoreño que reside en el exterior cambia su dirección hacia el extranjero, puede votar de manera remota por internet pero el voto de la elección de Asamblea Legislativa se asigna a la circunscripción de San Salvador.

“Actualiza tu DUI con tu dirección del extranjero y voto más fácil desde donde te encuentres”, indicó el TSE en un anuncio publicitario en Instagram.

Un salvadoreño que reside en el exterior puede actualizar la dirección en un centro de servicios del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) o en el consulado más cercano.

“Tienes hasta el 27 de febrero de 2026 para modificar tu domicilio”, recordó la institución electoral.

De la dirección de los salvadoreños en el exterior registrada en sus Documentos Únicos de Identidad (DUI) depende dónde se asignará su voto en las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa.

¿Cómo se asigna el voto de un salvadoreño en el exterior en la elección de Asamblea Legislativa?

Con dirección exterior, a San Salvador:

Si el salvadoreño reside en el extranjero y su domicilio según su DUI es fuera del territorio nacional, el voto de asigna a la circunscripción de San Salvador.

Con dirección nacional, al departamento de su DUI:

Si el salvadoreño reside en el extranjero y su domicilio según su DUI es dentro del territorio nacional, el voto de asigna a la circunscripción del domicilio contenido en dicho documento.

Con pasaporte, a San Salvador:

Si el salvadoreño reside en el extranjero y vota con su pasaporte, el voto de asigna a la circunscripción de San Salvador.

Voto remoto: el artículo 14

Según el artículo 14 de la Ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero, el voto remoto por internet puede ser ejercido por los salvadoreños con “domicilio en dicho documento sea en el extranjero”.

En las elecciones de 2024, un total de 242,110 salvadoreños emitieron voto remoto por internet desde el exterior y 89,646 emitieron voto electrónico presencial en 81 centros de votación con máquinas de votación distribuidas en diferentes países del mundo, todo a un costo de $32 millones. Los resultados de las auditorías de la empresa CGTS Corp. y del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey (TEC) no se han publicado.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, viajó a Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, en donde asistió a un encuentro con representantes del sector empresarial latino y autoridades locales.

Ulloa conversó sobre los proyectos del gobierno para impulsar la inversión en El Salvador y aseguró que El Salvador avanza hacia una etapa de crecimiento y la “llegada de capital extranjero en diversos sectores productivos”.

Según el funcionario, la diáspora salvadoreña desempeña un “papel fundamental” para fortalecer lazos económicos y abrir oportunidades de inversión, así como las alianzas con “cámaras empresariales en el exterior”, como la Cámara Latina de Comercio.

La Cámara Latina de Comercio de Nevada le entregó un reconocimiento por la celebración del “Día del Salvadoreño en el exterior”.

En el encuentro participó la cónsul general de El Salvador en Las Vegas, Silvia Romero.

Durante su visita a Las Vegas, el funcionario también participó en el evento “Noche VGK: herencia hispana” organizado por Golden Knights.

“Es un día muy especial para nuestra diáspora, es la primera vez que se celebra el Día del Salvadoreño en Las Vegas”, expresó. A este acto también asistió la cónsul Silvia Romero.

En el “Plan Operativo 2025” de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), actualizado en octubre, la Cancillería salvadoreña tiene como objetivo concretar «fondos de cooperación no reembolsable y financiamiento para el desarrollo» por al menos un total de $178 millones.

La suscripción de instrumentos de cooperación financiera no reembolsable está programada a realizarse desde marzo a diciembre según el programa del plan operativo; y la gestión de acuerdos de cooperación financiera no reembolsable están programados de marzo a noviembre.

Además, durante marzo, junio, septiembre y diciembre, ha proyectado la asistencia a convenciones sobre financiamiento para el desarrollo.

Según el sitio web, el plan operativo de la ESCO, una oficina que recientemente pasó de Presidencia de la República al Ministerio de Relaciones Exteriores, fue creado el 29 de julio y está actualizado hasta el 22 de octubre de 2025.

Una versión marcada como «no vigente» del documento planteaba como objetivo «concretar» cooperación y financiamiento para el desarrollo por $200 millones.

El plan operativo además proyecta concretar al menos 30 alianzas estratégicas de cooperación bajo la modalidad Sur-Sur, triangular, multilateral, regional, descentralizada o alianzas multifactor; recibir al menos 280 becas de socios y 40 donativos en especie, financieros, asistencia humanitaria o en servicios.

Durante los últimos 20 años, Cancillería de El Salvador dice haber concretado cooperación no reembolsable por $4,751.3 millones en sus memorias de labores, un total de $1,077.3 millones desde junio de 2019. En el último periodo oficialmente registrado en la memoria de labores de junio de 2024 a mayo de 2025 la cooperación no reembolsable concretada sumó $158 millones.

Según la vicecanciller Adriana Mira y la directora de la ESCO, Karla de Palma, todos los diferentes marcos de cooperación, incluso la que El Salvador otorga y recibe, además de cooperación técnica, reembolsable y no reembolsable, sumaría $1,630 millones.

Con España: «Están claros de que la prioridad es el crecimiento»

La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, detalló ayer en una entrevista a la Telecorporación Salvadoreña que han tenido pláticas sobre cooperación con España, Catar y Argentina.

Aseguró que recientemente se reunió en España con el director de la Agencia Estatal Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Antón Leis García, y conversaron sobre el esquema de cooperación que definieron desde 2023 y que finalizará en 2026; para que empiece la negociación “con los siguientes cinco años”.

Según el marco de asociación país El Salvador-España 2023-2026, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española para el periodo 2023-2026 dedicada a El Salvador sería de un aproximado de 110.25 millones de euros ($117 millones), de los cuales 67.18 millones serían donación y 43.07, crédito reembolsable.

“Ahí hemos hablado de varias áreas, pero ellos están claros de que ahorita el enfoque o la prioridad es el crecimiento económico y todas las áreas que esto involucra”, reveló.

Entre estas áreas posibles de cooperación mencionó el fortalecimiento en la capacidad turística, empleabilidad y fortalecimiento institucional.

“Estamos ya trabajando con ellos”, subrayó.

Con Catar y Argentina: educación y vuelos

Mencionó como “otro buen ejemplo” la cooperación con Catar con el cual trabaja un proyecto denominado “Una segunda oportunidad para enrolarse en escuelas” con Unicef y el Ministerio de Educación, que busca dar acceso a jóvenes “que no la tienen tan fácil en las escuelas”.

Con Argentina, detalló que en septiembre se firmó un memorando de entendimiento con la Autoridad de Aviación Civil de ese país para habilitar, antes de finalizar este año, los vuelos directos entre Buenos Aires y El Salvador. “Sí. Ojalá. Digo ojalá porque los dos gobiernos están trabajando para que la plataforma se facilite para el sector privado. Ya estamos en conversaciones con algunas empresas que pueden prestar este servicio”, indicó.