Desde el pasado 1 de junio, en el inicio del mes del maestro, dos profesoras fueron despedidas verbalmente de su trabajo en La Paz, denunció este miércoles Bases Magisteriales.
Las profesoras Adis Azucena Cañas y Carmen Elizabeth Ramos, ambas del Centro Escolar Cantón San Sebastián en La Paz, fueron convocadas a las 7:30 a.m. por la directora departamental, Vanessa Morazán. Según los testimonios, se les informó de manera verbal que, por una supuesta reestructuración y modernización, sus plazas ya no eran necesarias y debían retirarse ese mismo día.
La profesora Ramos, con 15 años de trayectoria intachable, relató durante una conferencia de prensa que el despido tuvo un tono «sarcástico», se le mostró un rótulo prohibiéndole tomar fotos o grabar, y no se le entregó ningún documento formal que justificara la decisión o sus supuestas faltas. Un caso similar ocurrió días antes con Alexander Castro, director interino del Centro Escolar Cantón El Morro, a quien le notificaron su cese mostrándole una hoja sin firmas ni sellos legibles.
Bases Magisteriales calificó estas acciones de «arbitrarias, ilegales e inconstitucionales». La principal ilegalidad radica, según el sindicato, en que el Ministerio está utilizando la «supresión de plazas» para evadir el debido proceso estipulado en el artículo 30 de la Ley de la Carrera Docente, el cual garantiza la estabilidad en el cargo.
La normativa exige que, para despedir a un docente, este debe ser vencido en un juicio ante la Junta de la Carrera Docente. Al saltarse este paso, los directores departamentales se están atribuyendo el papel de jueces, violentando el derecho de audiencia y defensa, indicó un comunicado de Bases Magisteriales.
Además, el sindicato señala que, según el artículo 131 de la Constitución, la facultad de crear o suprimir plazas recae exclusivamente en la Asamblea Legislativa. La falta de lógica de la medida se evidencia en casos como el de Alexander Castro: el sindicato cuestiona cómo una escuela puede funcionar si se «suprime» la plaza de su director y representante legal.
Ante la falta de documentación entregada a los maestros, la Procuraduría General de la República tomó cartas en el asunto. A través de oficios emitidos el 3 de junio de 2026, la Oficina Especializada en Procedimientos Administrativos Disciplinarios de los Servidores Públicos le exigió formalmente a la directora departamental de La Paz que rinda cuentas sobre el estado laboral de las docentes afectadas.
La PGR ha solicitado a las autoridades de Educación que demuestren «si existe un acuerdo, resolución o cualquier otro acto administrativo que ordene la supresión de la plaza», y que remitan una copia certificada del mismo. Además, exigen conocer el monto exacto y la fecha proyectada para hacer efectivo el pago de la indemnización prometida a las maestras.
Estos casos recientes destapan una crisis sistémica más profunda. Según estimaciones de Bases Magisteriales, entre 40 y 60 docentes han buscado ayuda del sindicato tras ser despedidos bajo este mismo patrón de opacidad desde el año pasado, mientras que la actual ministra de Educación mantiene un silencio absoluto y se ha negado a reunirse con las asociaciones gremiales
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