Categoría: Economía

El Salvador figura entre los países latinoamericanos que menos exportan a China, revela un informe publicado esta semana por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Con datos actualizados a 2024, el organismo de Naciones Unidas señala que las exportaciones salvadoreñas al gigante asiático representaron apenas el 1 % del total ese año, un porcentaje compartido con Honduras y Nicaragua, mientras que de Guatemala no se reporta comercio hacia esa nación.

En Centroamérica, solo Costa Rica y Panamá reportan que las exportaciones hacia China representan un 2 % del total, respectivamente.

Sobre esto, el Banco Central de Reserva (BCR) reporta que al cierre de 2025 las exportaciones salvadoreñas a China sumaron $49.99 millones, equivalentes al 0.8 % del total exportado. Además, disminuyeron en $2.82 millones (5.3 %) frente a los $52.81 millones registrados en 2024.

Vistazo regional

Según el reporta de la CEPAL, Centroamérica destina, en promedio, apenas el 1 % de sus exportaciones a China, muy por debajo del 2 % de México y del 23 % de América del Sur.

En este último bloque, la CEPAL señala que Chile es el país que más ha aprovechado sus vínculos comerciales con el gigante asiático, al destinar 36 % de sus exportaciones a ese mercado, seguido de Perú, con 34 %, y Brasil, con 28 %.

La CEPAL agrega que Centroamérica, México y Estados Unidos mantienen vínculos comerciales más estrechos debido a la proximidad geográfica, así como por los flujos de inversión extranjera directa (IED), la migración, el turismo y las remesas.

De esa manera, México dirige más del 80 % de sus exportaciones a Estados Unidos, país con el que conforma la denominada «fábrica de América del Norte».

Esta tendencia también se observa en El Salvador, donde el 34 % de las exportaciones en 2024 tuvo como destino Estados Unidos. Sin embargo, esa participación es superada por Costa Rica y Nicaragua, con 48 % cada uno; Honduras, con 47 %; mientras que en Guatemala representó 32 % y en Panamá 9 %.

La CEPAL añade que, con excepción de Brasil y México, las economías latinoamericanas son relativamente pequeñas a escala mundial. En ese contexto, la apertura comercial las hace más vulnerables a los choques externos y a los cambios en la coyuntura económica, por lo que recomienda diversificar tanto la oferta exportable como los mercados de destino.

Al menos dos de cada 10 micro y pequeñas empresas (mype) enfrentan escasez de mercaderías, revela la última edición del Informe sobre la Dinámica Empresarial MYPE, elaborado por el Observatorio MYPE.

El reporte, correspondiente al segundo trimestre de 2026, señala que el 20 % de las mypes considera la escasez de mercaderías como uno de los principales inhibidores para el desarrollo de su negocio. Esta proporción aumentó tres puntos porcentuales frente al 17 % registrado en el primer trimestre de 2026.

Además, el indicador alcanzó su nivel más alto desde el segundo trimestre de 2025. No obstante, todavía se mantiene por debajo del pico observado en 2024, cuando llegó al 29 % en medio de las tensiones por el abastecimiento del mercado local.

Entre las empresas que reportan este problema, el 53.7 % atribuye la escasez al incremento en los precios de los productos o insumos clave para sus procesos productivos. Otro 33.2 % señala que depende de proveedores con problemas de abastecimiento y un 20.5 % afirma que obtiene sus materias primas de un solo proveedor.

Un año desafiante

Este año ha estado marcado por incrementos en los precios de los combustibles debido al conflicto en Medio Oriente, lo que también ha elevado los costos del transporte internacional, la compra de resinas para la industria del plástico y ha provocado demoras en los despachos, especialmente de mercancías procedentes de Asia.

«La mype muestra resiliencia y capacidad de adaptación en un entorno económico más competitivo. Sin embargo, persisten los retos de impulsar iniciativas de diferenciación, fortalecer la gestión empresarial y promover la inclusión financiera», señala el informe.

Entre los principales obstáculos identificados por las micro y pequeñas empresas también figuran el aumento de la competencia (42 %), la disminución de la demanda (28 %) y las dificultades financieras (28 %).

Pese a este panorama desafiante, el Observatorio MYPE indica que el 52.3 % de los microempresarios mantuvo sin cambios el número de empleados respecto al primer trimestre de 2026. Además, el 27.4 % aseguró que incrementó su planilla, mientras que el 20.2 % reportó una reducción en su personal.

El Gobierno de Costa Rica envió este miércoles a Panamá una propuesta para poner fin a una disputa comercial por la exportación de bienes agropecuarios costarricenses que mantienen ambos países vecinos desde 2019, y que recientemente ha sido motivo de tensión en las relaciones bilaterales.

El Ministerio de Comercio Exterior costarricense (COMEX) detalló que la propuesta va en dos vías: la primera para atender el reclamo de Costa Rica sobre productos cuyo ingreso a Panamá se encuentra bloqueado; y la segunda para responder a las quejas de Panamá acerca de productos de interés suyos.

Costa Rica propone que los dos gobiernos se comprometan a acudir a un arbitraje de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que examine una apelación que Panamá presentó, en febrero de 2025, contra un fallo favoreció a Costa Rica.

«Esto permitiría que la apelación sea efectivamente resuelta, dado que el Órgano ante el que Panamá presentó su apelación no está operativo desde diciembre de 2019. Ambos gobiernos se comprometerían a respetar el resultado de los árbitros internacionales», indicó el COMEX en un comunicado.

La otra parte del plan es que ambos Gobiernos firmen un memorando de entendimiento, mediante el cual Costa Rica se comprometería a «realizar gestiones para atender las solicitudes de exportación que Panamá desee presentar, las cuales se realizarían con el acompañamiento de un organismo internacional para generar la mayor confianza en el procedimiento», explicó el COMEX.

La ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Indiana Trejos viajará la próxima semana a Panamá y se reunirá el martes con su colega de ese país, Julio Moltó, dijo a EFE una fuente del COMEX.

«Estamos proponiendo una alternativa ágil para que muy pronto se restablezca el comercio bilateral. Esto permitiría llevar prosperidad a los productores y más opciones a los consumidores de ambos lados de la frontera y, además, contribuiría a las buenas relaciones que deben imperar entre ambos países», declaró Trejos.

Un caso que ha tensado las relaciones bilaterales

El pasado 15 de mayo, en el marco del Día del Agricultor y a una semana de haber asumido la presidencia, la gobernante de Costa Rica, Laura Fernández, denunció el «bloqueo comercial» de Panamá y ordenó al canciller Manuel Tovar impulsar «acciones internacionales» frente al problema.

Esa declaración tensó los nexos, generalmente cordiales, entre ambos países, y provocó una respuesta del presidente panameño, José Raúl Mulino, quien dijo estar «sorprendido» por el tono de Fernández y anunció la suspensión de venta de energía a Costa Rica como medida de «reciprocidad» diplomática el pasado 21 de mayo.

Costa Rica y Panamá mantienen la disputa por las restricciones impuestas por las autoridades panameñas en 2019 y 2020 a la importación de productos agropecuarios costarricenses como banano, plátano, carne de res, de pollo, de cerdo, fresas, lácteos y piña debido pruebas científicas «insuficientes».

En 2024, un grupo arbitral de la OMC le dio la razón a Costa Rica, pero Panamá presentó una apelación en enero de 2025 ante un órgano que, según Costa Rica, no está operativo desde 2019.

Panamá también ha argumentado que durante años, sus productores y exportadores han enfrentado restricciones sanitarias y comerciales impuestas por las autoridades costarricenses, lo que ha causado afectaciones significativas a empresas, empleos y sectores productivos.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció que los agromercados y la central de abasto permanecerán cerrados el jueves 6 y el viernes 7 de agosto por las vacaciones.

«Regresamos en horario normal a partir del sábado 8 de agosto», informó la institución en una publicación en redes sociales.

El MAG celebró el pasado 10 de julio el segundo aniversario de funcionamiento de esta red de mercados, que hasta esa fecha había atendido a más de 24.5 millones de visitantes.

Según la cartera de Estado, los salvadoreños logran ahorros de hasta un 30 % en la compra de productos de la canasta básica en los 61 agromercados distribuidos a escala nacional.

En junio pasado, la Asamblea Legislativa aprobó incorporar $37 millones al presupuesto del Ministerio de Agricultura para fortalecer la logística de los agromercados.

Más de 2 millones de visitantes, entre nacionales e internacionales, recorrieron los sitios turísticos y parques recreativos del país durante los primeros cuatro días de las vacaciones agostinas, informó este miércoles la ministra de Turismo, Morena Valdez.

“Tenemos la meta de 2.8 millones de visitantes nacionales e internacionales en sitios públicos. Hasta ahora llevamos 2 millones, así que vemos a bien que vamos a lograr esta meta», afirmó la funcionaria durante una conferencia de prensa junto con autoridades de Protección Civil.

Los visitantes han acudido a los 18 parques recreativos administrados por el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), así como a las áreas naturales protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y a parques de diversiones.

Valdez señaló que Silverland es, hasta el momento, el sitio más visitado durante el período vacacional, seguido del Centro Histórico de San Salvador y las playas.

La ministra recordó, además, que el parque temático Sunset Park, ubicado en el Puerto de La Libertad, reabrió el fin de semana tras concluir los trabajos de restauración por los daños que sufrió su infraestructura a inicios de junio debido al paso de la tormenta Cristina.

Para el período vacacional, el Ministerio de Turismo prevé el ingreso de 91,000 visitantes internacionales, entre turistas —quienes pernoctan al menos una noche— y excursionistas, que permanecen en el país solo por un día.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este miércoles en Brasilia que aumentará en un 60 % los recursos destinados a proyectos de seguridad y combate al crimen organizado.

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, dijo que el monto pasará de $2,500 millones a $4,000 millones para los próximos tres años, en respuesta al interés mostrado por los países miembros de la Alianza para la seguridad, la justicia y el desarrollo.

«Dentro del BID vamos a reasignar recursos para la seguridad porque estamos sintiendo la demanda», declaró Goldfajn, en el marco de la Cumbre regional de este grupo de países lanzado por el banco.

El presidente de la institución dijo que ya se había destinado el 60 % de los recursos, es decir alrededor de $1,400 millones, de la meta anterior, anunciada en la reunión del año pasado en Buenos Aires.

Entre los proyectos financiados con ese monto figuran planes de reformas en el sector de la seguridad en Ecuador y Uruguay, así como el refuerzo de la policía del Ministerio Público de Costa Rica.

Además, Goldfajn anunció la instalación del Observatorio regional para el crimen organizado, que buscará organizar y compartir información de forma «transparente» entre los miembros de la Alianza, de la que ahora también formará parte Bolivia, su vigésimo tercer integrante.

El ministro brasileño de Seguridad, Wellington Lima, anfitrión del evento, destacó durante la reunión que hoy en día las facciones buscan «los espacios que existen entre jurisdicciones y fronteras».

«Enfrentar el crimen organizado exige más que instituciones nacionales fuertes; exige instituciones capaces de cooperar», dijo Lima.

En la misma línea, el secretario general de la Interpol, Valdecy Urquiza, dijo que las organizaciones criminales «han evolucionado» y que, por esa razón, las instituciones deben hacerlo también.

Un análisis del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas indica que el fortalecimiento del fenómeno meteorológico de El Niño «agravará significativamente la inseguridad alimentaria en algunos de los países más vulnerables del mundo hasta 2027» y en Latinoamérica y el Caribe «se podrían experimentar uno de los mayores aumentos afectando a más de 16 millones de personas».

Por ello, explicaron este miércoles en un comunicado, la agencia de la ONU «está intensificando sus esfuerzos de preparación y respuesta, ya que los efectos de El Niño ya están afectando a las personas más vulnerables que se encuentran en la primera línea del hambre».

Los análisis más recientes muestran que las perturbaciones provocadas por el cambio climático podrían empeorar significativamente la inseguridad alimentaria en 45 países.

«Latinoamérica y el Caribe podrían experimentar uno de los mayores aumentos en la inseguridad alimentaria, afectando a más de 16 millones de personas y en particular, se prevé que Centroamérica registre el mayor incremento proporcional (83.1%) de todas las regiones analizadas», explicó el informe.

“El Niño representa una grave amenaza para la seguridad alimentaria de millones de personas que ya son vulnerables. Cuanto antes ayudemos a las familias a prepararse para estos desastres climáticos, mayor será nuestra capacidad para salvar vidas y proteger los medios de subsistencia. Las inundaciones y sequías severas pueden llevar rápidamente a las comunidades de la adaptación a una situación de crisis», explicó el director ejecutivo interino del PMA, Carl Skau.

El PMA explicó que «se prevé que El Niño alcance su punto máximo entre septiembre y diciembre de 2026, pero en muchas zonas sus efectos se sentirán durante todo 2027, debido a las repercusiones en los futuros ciclos de cosecha. La sequía, las inundaciones y las temperaturas extremas ya están poniendo en riesgo a las comunidades».

Desde mayo, el PMA ha puesto en marcha planes de acción anticipada en Sudán del Sur, Chad, Mauritania, Uganda, Guatemala y El Salvador, proporcionando más de 14 millones de dólares en ayuda vital para medio millón de personas.

El análisis se centró en 45 países que ya se consideran con inseguridad alimentaria y donde El Niño influirá significativamente en los patrones de lluvia. temperaturas y la ocurrencia de inundaciones y sequías. En estos países, el número total de personas con inseguridad alimentaria aguda (familias que no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias diarias) aumentaría de aproximadamente 225 millones a 274 millones de personas.

Se prevén los mayores impactos en algunas zonas de Centroamérica y el sur de África, así como efectos significativos en el este de África y el sur y sureste de Asia.

La deuda pública total de El Salvador aumentó en más de $1,800 millones al cierre del primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2025, indican estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR).

Esta cifra abarca la deuda del sector público no financiero (SPNF), que incluye Letras del Tesoro (LETES) y pensiones, así como las obligaciones del sector público financiero (bancos públicos). Se trata de uno de los principales indicadores fiscales, ya que un elevado nivel de endeudamiento compromete las finanzas públicas y genera una presión constante por el pago de vencimientos e intereses.

Al cierre de junio pasado, el saldo de la deuda pública alcanzó $34,865.15 millones. Esta cifra aumentó en $1,845.08 millones respecto a los $33,020.07 millones reportados en igual mes de 2025, equivalente a un incremento interanual de 5.58 %.

En la estructura de la deuda, el saldo del SPNF alcanzó $34,179.42 millones, equivalente al 98 % del total, mientras que el sector público financiero sumó $685.73 millones, un 2 %.

¿A qué se debe?

Del saldo del SPNF, el gobierno central concentra $33,001.17 millones; el resto del gobierno general, $303.29 millones; y las empresas públicas no financieras —como CEPA y CEL—, $874.96 millones.

De acuerdo con el BCR, el saldo de las LETES alcanzó $1,401.21 millones en junio. Estos títulos son adquiridos principalmente por bancos y administradoras de fondos de pensiones, y son emitidos por el Ministerio de Hacienda para cubrir necesidades temporales de liquidez. Frente a junio de 2025, el saldo aumentó en $131.78 millones.

En las finanzas públicas, una de las obligaciones que genera mayor presión corresponde a las pensiones. La deuda previsional alcanzó $11,669.85 millones al cierre del primer semestre de 2026, equivalente a $793.04 millones más que los $10,876.81 millones registrados en igual período de 2025.

La deuda pública interna, concentrada principalmente en títulos colocados entre bancos y administradoras de fondos de pensiones, llegó a $19,188.76 millones, un incremento de $525.76 millones frente al primer semestre de 2025.

Por su parte, la deuda externa ascendió a $15,676.49 millones, equivalente a $1,319.32 millones más que un año atrás.

El índice de confianza empresarial de las micro y pequeñas empresas (mypes) aumentó en el segundo trimestre de 2026 y alcanzó su nivel más alto desde que el Observatorio MYPE comenzó a medir este indicador, a mediados de 2020.

El último informe sobre la dinámica empresarial de las mypes, elaborado por el Observatorio MYPE desde el segundo trimestre de 2020, señala que el índice se ubicó en 109.1 puntos, el nivel más alto de la serie de seis años. Además, mostró un incremento de 2.6 puntos frente a los 106.5 registrados en el primer trimestre de 2026.

«Estos resultados apuntan a una mype que continúa mostrando capacidad de adaptación y resiliencia frente a un entorno más competitivo», indicó el Observatorio MYPE.

En el informe, la institución recuerda que el desempeño de la economía salvadoreña se ha acelerado, con una expansión de 4.8 % en el primer trimestre de 2026, según el Banco Central de Reserva (BCR). Esta tasa supera en más del doble el crecimiento promedio de 2.2 % registrado para igual período de los últimos 17 años, un desempeño que podría incidir en las expectativas y la confianza de las micro y pequeñas empresas.

Aunque los resultados sugieren una recuperación progresiva de las mypes, el Observatorio advirtió que deben interpretarse con cautela y que será necesario observar el comportamiento de los próximos trimestres para «confirmar que se trata de un cambio tendencial o de una mejora coyuntural».

El informe señala que para el 45.6 % de los pequeños empresarios la situación de su negocio es favorable, mientras que otro 45.6 % considera que se mantiene igual y un 9.2 % cree que ha empeorado.

Retos

El estudio también matiza que las mypes enfrentan una serie de desafíos. Entre ellos, el 42 % considera que la alta competencia es uno de los principales factores que limita la operación de su negocio. De ese grupo, el 63 % atribuye esta situación a la aparición de nuevos negocios que ofrecen productos o servicios similares.

«Este resultado sugiere que, junto con el buen desempeño, la dinámica empresarial de la MYPE se desarrolla en un entorno que los empresarios perciben cada vez más competitivo, donde la diferenciación es un elemento clave para sostener o mejorar el desempeño alcanzado al cierre de junio de 2026», añadió el Observatorio MYPE.

Además, el 28 % de las micro y pequeñas empresas indicó que enfrenta una disminución en la demanda, atribuida principalmente a cambios en las preferencias de los consumidores (37 %) y a la situación económica del país (28 %). Otro 28 % señaló que enfrenta dificultades financieras debido a la reducción de sus ingresos.