Categoría: Economía

Aunque este año se ha vivido lo peor de las temperaturas y las sequías por el fenómeno de El Niño, el impacto económico se materializaría con claridad en 2027, advirtió un estudio de la consultora Deloitte Econosignal.

Una de las conclusiones del informe señala que El Niño pasaría de representar un riesgo climático en 2026 a ejercer presión sobre los costos de las empresas y las economías centroamericanas en 2027.

El impacto, advierte el estudio, sería a través de los costos en energía, alimentos y logística.

Daniel González, responsable de Análisis Económico para Centroamérica, Panamá y República Dominicana de Deloitte, señaló que El Niño no solo representa un riesgo por la falta de lluvia, sino por cómo esa menor disponibilidad se puede trasladar en mayores costos para producir, transportar o abastecerse.

«En 2026 todavía existe una ventana para prepararse, pero nuestro análisis identifica que parte importante de esas presiones podría hacerse más visible durante 2027», añadió.

González señaló que los riesgos varían por organizaciones. Para algunas, continuó la explicación, el impacto vendrá por energía, y para otras por las materias agrícolas y los costos en la cadena logística.

Riesgos económicos

Según el informe, el impacto tiene distintos matices en las economías centroamericanas. Para El Salvador, encontró que combina riesgos por sequía, agroalimentos y energía, los cuales se podrían trasladar a la economía.

Esto cambia en Guatemala, donde un nivel crítico de riesgo radica en agricultura y alimentos debido a su mayor exposición en el Corredor Seco, y en Costa Rica el peligro se deriva del impacto de la sequía en la generación hidroeléctrica.

Panamá muestra riesgos por el estrés hídrico en el Canal, la mayor vía marítima de la región y motor de la economía de ese país. La firma recuerda que el 5 % del comercio mundial pasa por esta infraestructura.

«Si baja el nivel, algunos buques podrían tener que transportar menos carga o enfrentar restricciones para cruzar. Esto puede alterar los tiempos de entrega y elevar los costos de transporte para empresas que compran o venden productos a través de esta ruta, incluso si operan en otros países», añade el informe.

El impacto en la generación eléctrica es más evidente. Con la reducción en la generación hidroeléctrica, se incrementó la participación de las centrales térmicas, que dependen del petróleo.

La consultora destaca que el precio mayorista de electricidad en El Salvador pasó de $85.28 por megavatio hora (MWh) en enero de 2026 a situarse en $135.89 en abril de 2026, equivalente a un incremento de 59 %.

El Niño ha ocasionado en El Salvador cuatro períodos de sequía, que se traducen en pérdidas agrícolas y menor producción de energía hidroeléctrica. Esta crisis se ha combinado con los altos precios del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente.

El reconocimiento de $2,300 millones en intereses devengados no pagados del sistema de pensiones disparará la deuda pública de El Salvador en 5.6 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) de 2027, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El informe del último examen al programa del FMI señala que la deuda bruta del Sector Público No Financiero (SPNF) se proyecta en 85 % del PIB en 2026, un descenso frente a la tasa de 87.6 % reportada en 2025.

Sin embargo, se anticipa un pico a 89.2 % en 2027 debido a un aumento temporal por el reconocimiento de los intereses no pagados y acumulados al fondo de pensiones tras el vencimiento del período de gracia.

El Gobierno y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) concretaron en abril de 2023 un canje de deuda, que reestructuró los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) a un plazo de 50 años con una tasa de interés del 7 % y se suspendió el pago de intereses y amortizaciones de dichos títulos durante cuatro años, el cual finaliza en abril de 2027.

Los intereses devengados no pagados a las AFP alcanzaron una suma de $2,300 millones en cuatro años. Según el FMI, al vencer el período de gracia, el Gobierno reconocerá oficialmente estas obligaciones y emitirá un nuevo certificado de reconocimiento con un plazo de 46 años entregado a las AFP, cuyos recursos se utilizarán para capitalizar la mayor parte de esas obligaciones.

De esa manera, el reconocimiento oficial de esas obligaciones provocará un incremento de 5.25 a 5.6 puntos porcentuales del PIB de la deuda total.

Sin este ajuste contable, el FMI estima que la deuda neta pública caería a 76.6 % del PIB y se situaría por debajo de la meta del 80 % del PIB antes de 2030.

Después del pico de 2027, añade el FMI, se espera que la trayectoria de la deuda pública reanude la trayectoria descendente.

La esencia del programa del FMI radica en ordenar las finanzas públicas salvadoreñas, que se caracterizan por un alto nivel de endeudamiento, alto costo de intereses y déficit. Para eso, el Gobierno se comprometió con el FMI a realizar un ajuste fiscal de 3.5 puntos del PIB en tres años, con metas clave para reducir la deuda.

El Ministerio de Hacienda había estimado que la deuda bruta del SPNF con pensiones pasará de 88.8 % a 87.7 % entre 2025 y 2026, para seguir en 86.4 % en 2027, hasta lograr llegar a 80 % en 2030.

«Una consolidación fiscal sostenida sigue siendo esencial para situar la deuda pública en una firme trayectoria descendente y garantizar el cumplimiento de la meta de deuda», indicó el FMI.

El multilateral con sede en Washington añadió que el Gobierno publicará en enero de 2027 una nueva Estrategia de Gestión de Deuda a Mediano Plazo y un plan anual de endeudamiento para mejorar el perfil de vencimientos, que le permita también volver al mercado de capitales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la inflación en la economía salvadoreña cierre en una tasa de 2.7 % en 2026, en un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente y los efectos del fenómeno de El Niño.

La proyección de 2026 es nueve veces más alta que la tasa de 0.3 % que reportó al cierre de 2025 y, según el FMI, se desacelerará en 2027 a un 2.1 %.

A través de su informe de la segunda y la tercera revisión del programa de Servicio Ampliado del Fondo (SAF), publicado el 1 de octubre, el FMI señala que un episodio moderado o fuerte de El Niño eleva el Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta 1.2 % en los seis meses siguientes del choque.

Dicho impacto se concentra en el rubro de alimentos, cuyos precios aumentan hasta un 2.5 % medio año después del inicio del fenómeno, que ha provocado cuatro períodos de sequías que han dejado pérdidas en el cultivo de granos básicos.

El FMI señaló que el impacto de El Niño en la actividad económica agregada es modesto bajo la consideración de que la agricultura representa 5 % del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, el fenómeno deja a su paso mayores presiones en los sistemas eléctricos y exacerba la vulnerabilidad de los agricultores de subsistencia.

Debido a menores lluvias, la generación hidroeléctrica disminuyó de un promedio habitual de 27.6 % a 10.6 % en junio de 2026. Esto derivó en un mayor uso de energía térmica, que depende de derivados del petróleo.

Según el FMI, los costos de generación eléctrica se han elevado en un estimado de 0.6 % del PIB.

Primeros impactos

Los salvadoreños han resentido a lo largo del año incrementos constantes en los precios, sobre todo de la canasta básica alimentaria y el transporte. De esa manera, la inflación inició en enero de 2026 con una tasa de 0.65 %, pero en agosto iba por 3.19 %, según el Banco Central de Reserva (BCR).

La inflación de agosto es la más alta desde julio de 2023.

Por sector, el BCR reporta que la mayor inflación se ubica en transporte, de 8.23 %, un resultado que responde directamente al incremento en los precios de los combustibles en medio de la ola de violencia en Medio Oriente.

Ya que el crudo es la materia prima más apreciada y está vinculado a toda la economía, los precios en general han subido. Uno de los impactos más duros para los salvadoreños es la canasta básica alimentaria urbana, que en agosto se colocó en $264.73, su segundo precio más alto en 25 años.

La semana pasada, Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Grupo Cibest, señaló que la inflación en El Salvador entraría en una senda de desaceleración a partir de mediados de 2027 a merced de una disipación del conflicto en Medio Oriente y al cese de los efectos del fenómeno climático de El Niño.

«Las dinámicas de inflación que hemos visto nos arrojan un escenario de nuevamente desinflación desde mediados del próximo año», señaló.

Para el cierre de 2026, Grupo Cibest prevé que la tasa inflacionaria de la economía salvadoreña ronde una franja de 2.5 %, similar a la tasa que pronostica el FMI.

La Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA) anunció el domingo una veda de camarón marino para proteger la especie y garantizar el desarrollo económico de las zonas costeras del país.

La prohibición se aplica a la captura, transporte y comercialización de camarones desde el 1 de octubre hasta el 14 de noviembre, y busca proteger la reproducción durante estos meses.

Durante la veda, está permitido consumir camarón de acuicultura o proveniente de inventarios autorizados.

Sin embargo, durante la veda, no se restringe la comercialización ni el consumo siempre que el producto provenga de reservas que mantienen comercios y restaurantes que deberán presentar un formulario de control de inventario ante la ASEA, antes Cendepesca.

Las autoridades pesqueras también informaron que harán inspecciones en embarcaciones, plantas o establecimientos de procesamiento de productos pesqueros y acuícolas, centros de acopio, mercados y otros locales de comercialización de camarón marino.

El director de la Defensoría del Consumidor de El Salvador, Ricardo Salazar, desplegó este domingo equipos de inspección a diferentes puntos de consumo, comercio y lugares turísticos para verificar la calidad de los productos y alimentos que están siendo vendidos a salvadoreños y también a hondureños que visitan El Salvador durante la Semana Morazánica.

El operativo se desarrollará del 3 al 11 de octubre de 2026.

En lo que va del año, han decomisado más de 3,400 productos vencidos en unos 225 procesos de verificación realizados de más de 2,000 verificaciones realizadas durante el año.

Detalló que realizan inspecciones a productos empacados, embotellados y comida rápida a nivel nacional cuyo estado podría representar un riesgo para los consumidores y turistas.

Salazar aseguró que, con los productos vencidos, se activan procedimientos de sanción hasta los 500 salarios mínimos. «No permitiremos abusos que atenten contra la salud y el bolsillo de los salvadoreños ni de los turistas que nos visitan en esta temporada de vacaciones», aseveró.

La Defensoría constata fechas de caducidad de productos alimenticios, verifica si no hay cobros indebidos, precios superiores a los ofertados, o publicidad engañosa o falsa. Además, verifica que cumplan la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito, que prohíbe recargos por pagos con tarjeta.

Para interponer denuncias, la Defensoría puso a disposición el número de WhatsApp 7844-1482, el número de teléfono 910, el sitio enlinea.defensoria.gob.sv y los Centros de Solución de Controversias (CSC).

La inversión extranjera directa (IED) neta recibida por la economía salvadoreña procedente de Estados Unidos creció 60.5 % interanual en el segundo trimestre de 2026 y llegó a su saldo más alto desde finales de 2018, según el Banco Central de Reserva (BCR).

En el segundo trimestre, El Salvador captó un flujo de $144.41 millones en IED desde Estados Unidos y se colocó como el principal destino de origen.

Esta cifra representó un aumento de $54.48 millones en relación con los $89.93 millones registrados en igual período de 2025.

Además, según el histórico del BCR, se trata del saldo más alto desde el cuarto trimestre de 2018, cuando en ese período se registraron $164.35 millones.

La inversión extranjera estadounidense captada en el segundo trimestre ya superó al total recibido en 2025, que llegó a $96.62 millones. Sin embargo, en los siguientes meses puede revertirse la tendencia si hay más salidas de capital que ingresos.

En 2024, el saldo total de la inversión estadounidense sumó $258.56 millones.

Esto contrasta con el saldo global de inversión extranjera que captó El Salvador durante el segundo trimestre, que llegó a solo $9.77 millones. Esto representó un desplome de 92 % frente a los $120.68 millones de igual período.

¿Por qué sucede? Aunque la inversión extranjera de EE. UU. mostró un crecimiento, hubo más salida de capital en otros destinos clave para la economía salvadoreña, por lo cual la cifra se diluye. En ocasiones, la IED neta queda en negativa, es decir, que se registran más egresos de dinero que ingresos al país.

El Salvador retrocedió en el Índice Mundial de Innovación 2026, elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y se colocó en la posición 100 de 139 economías analizadas.

El informe revela que la economía sufrió un retroceso frente a la posición que tenía en la edición de 2025, en el peldaño 98, y regresa a niveles de 2022, cuando también estuvo en el puesto 100.

El Salvador ocupa el puesto 13 entre 21 economías de América Latina y el Caribe. Solo de Centroamérica, es el tercero, superado por Costa Rica, que se ubica en el puesto 70 de la escala mundial, y Panamá, en el 89. Después se encuentran Honduras (116), Guatemala (120) y Nicaragua (124).

Cada año, la OMPI publica una actualización del Índice Mundial de Innovación, que utiliza cerca de 80 indicadores para evaluar el desempeño de las economías en materia de innovación. Este instrumento revisa los avances en investigación y desarrollo (I+D), comercio de alta tecnología, empleo cualificado y concesión de licencias de propiedad intelectual, por ejemplo.

A nivel mundial, el país con mayor innovación es Suiza, seguido de Suecia y Estados Unidos. En la lista continúan Corea del Sur, Singapur, Reino Unido, Países Bajos, Finlandia, Dinamarca y China.

Radiografía de El Salvador

Para cada país, la OMPI hace una revisión de los 80 indicadores distribuidos en pilares: instituciones, capital humano e investigación, infraestructura, sofisticación de mercado, sofisticación de negocios, conocimiento y tecnología, y creación de productos.

De estos pilares, el informe de 2026 revela que El Salvador mostró mejora en sofisticación de negocios e infraestructura, mantuvo igual desempeño en conocimiento y tecnología, y en el resto hubo un retroceso.

De esa manera, en el pilar de instituciones, El Salvador se colocó en el puesto 94 este año, dos escalones atrás del 92 que ocupó en el reporte de 2025. Dentro de este hubo retrocesos en los indicadores de eficiencia del gobierno (pasó del puesto 68 al 86) y Estado de derecho (88 a 103), aunque hubo mejoras en estabilidad operativa para las empresas (89 a 86), igualdad regulatoria (92 a 85) y política para emprendimientos (52 a 45).

También retrocedió en el pilar de capital humano e investigación, al pasar del puesto 122 al 123 en los últimos dos años. Ese retroceso se debe a indicadores de investigación, pues hubo mejoras en gasto de educación (105 a 97), años de escolaridad (103 a 101), resultados de PISA (79 a 76), entre otros.

En sofisticación del mercado pasó del 87 al 93. De acuerdo con el informe, el indicador de crédito mostró un retroceso (69 a 80) por desmejora en financiamiento para empresas emergentes, aunque hubo más recursos para el crédito doméstico y el sector privado.

Bajo ese mismo pilar, el informe encontró un retroceso en los indicadores vinculados a comercio, diversificación y mercado de escala, que revisa aspectos como tipo arancelario, diversificación de la industria y escala del mercado interno.

La desmejora en el informe de El Salvador también procede del pilar de creación de productos, que en 2025 ocupó el puesto 73 y este año se posicionó en el 83. La OMPI evalúa áreas como marcas registradas por origen, diseños industriales por origen, comercio de servicios creativos, largometrajes, mercado de entretenimiento, entre otros aspectos.

Mejora en infraestructura y negocios

El informe de la OMPI encontró un salto en infraestructura, que pasó del puesto 113 en el informe de 2025 a ocupar el 99 en 2026, un ascenso de 14 puestos. Este avance se debe a mejoras en la infraestructura general, sobre todo en logística y gasto público en obras de este tipo, así como avances en sostenibilidad, como reducción de uso de energía térmica.

También hubo un avance en el pilar de sofisticación de negocios de 22 escalones, al pasar del 122 al 100 en el índice. Esta mejora procede, según el reporte, de indicadores vinculados a empleo intensivo en conocimiento, mujeres empleadas con títulos de posgrado, gasto en I+D de las empresas, comercio de alta tecnología, servicios TIC, inversión extranjera, talento investigador, entre otros.

Este impulso responde principalmente al subpilar de trabajadores del conocimiento, donde El Salvador escala hasta la posición 67 global. Además, destaca la proporción de I+D financiada por el sector empresarial, ubicándose en el puesto 38 a nivel mundial.

La OMPI señaló que El Salvador no mostró cambios en la evaluación del pilar de conocimiento y tecnología, que se mantiene en el peldaño 104 del índice global. En este campo se evalúan indicadores de patentes, artículos científicos, crecimiento de la productividad, manufactura de alta tecnología, ingresos por propiedad intelectual, complejidad, entre otros.

El Gobierno de Honduras anunció el sábado una medida temporal para congelar el precio del diésel durante 30 días con un subsidio de 44 centavos de dólar por galón (3,8 litros) para evitar trasladar el alza al consumidor, además mantiene su apoyo a la gasolina regular y al gas doméstico en un contexto de subidas por la guerra en el Medio Oriente y protestas sociales.

El secretario de Energía hondureño, Eduardo Oviedo, dijo a los periodistas que la medida, que entrará en vigor el lunes y se mantendrá por los próximos 30 días, tiene como propósito “reducir el impacto de los incrementos internacionales en los combustibles en la economía de los hondureños”.

“Durante este periodo, el Gobierno asumirá doce lempiras (44 centavos de dólar) por cada galón de diésel, monto equivalente al Aporte para la Conservación del Patrimonio Vial (ACPV) evitando que este costo sea trasladado directamente al consumidor”, subrayó Oviedo.

Agregó que la medida busca contener el impacto que un incremento en el precio del diésel pueda generar en el transporte público y de carga; la distribución de alimentos e insumos, la agricultura y otras actividades productivas.

Además, según señaló Oviedo, el Gobierno “mantiene el refuerzo del apoyo económico temporal del 70 % para la gasolina regular, y durante el mes de octubre un apoyo económico de 54 lempiras (dos dólares) por cilindro de gas licuado de petróleo de uso doméstico, como parte de las acciones implementadas para reducir el impacto de las variaciones internacionales en los combustibles en el bolsillo de las familias hondureñas”.

La estructura de precios de los combustibles cambia todas las semanas en Honduras, pero a partir del próximo lunes solamente el diésel no tendrá incremento durante un mes.

El coste actual del galón de diésel en Honduras es de 5,68 dólares. Pero el galón de gasolina sufrirá el lunes un incremento de doce centavos de dólar, por lo que su coste se elevará a (5,80 dólares), según la nueva escala de precios anunciada el viernes por la Secretaría de Energía.

La gasolina regular tendrá un alza de nueve centavos de dólar, para un coste de 5,10 dólares el galón. El queroseno, el más castigado con el nuevo incremento, 18 centavos de dólar, costará 5,31 dólares. Y ña bombona de gas licuado para uso doméstico, de 25 libras (11,3 kilos), se mantiene estable en 9,24 dólares.

Algunos sectores sociales del país, entre ellos los transportistas de carga y los operadores del servicio de autobuses urbanos e interurbanos, han comenzado a protestar en las calles por el alza de los combustibles.

El Gobierno ha respondido que los precios de los derivados del petróleo están determinados por el mercado internacional y que la situación se ha vuelto cada vez más compleja debido a la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán.

Una coalición de estados liderados por California presentaron este viernes una demanda contra el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump por la derogación de las normas federales sobre el consumo de combustible en los vehículos.

La demanda, presentada por el fiscal general de California, Rob Bonta, junto a un grupo de veintiséis estados, condados y ciudades del país, alegó que la nueva normativa debilita los requisitos de ahorro de combustible para automóviles y camionetas ligeras.

El cambio introducido por Trump reduce el requisito de eficiencia de combustible a vehículos proyectado a 2031 de 34.9 millas por galón (6.7 litros a los 100 kilómetros), en vez de los 50.4 millas por galón (4.7 litros a los 100 kilómetros), y que fue promulgado durante el mandato del demócrata Joe Biden.

«El cambio normativo deroga las protecciones contra las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de las centrales eléctricas de carbón, petróleo y gas, vigentes durante la administración Biden», indicó la Fiscalía de California en un comunicado.

Mientras funcionarios federales defendieron la medida como una forma de dar impulso a la industria automotriz en EE.UU. y reducir los costos iniciales de compra para los consumidores, los demandantes consideran que el cambio viola las normativas medioambientales y anula los ahorros a largo plazo en combustible.

Este incremento coincide con la escalada de precios de los combustibles en Estados Unidos, disparados a raíz del conflicto con Irán que interrumpió el suministro mundial de petróleo desde febrero.

Entre los firmantes se encuentran los estados de Arizona, Colorado, Conneticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin.

Esta es al menos una de las tres impugnaciones legales presentadas esta semana contra las nuevas normas del Departamento de Transporte de EE.UU., así como a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras.

Dos de estas demandas fueron presentadas por grupos ambientalistas sin fines de lucro que cuestionaron al Gobierno por incumplir con el requisito de niveles «máximos factibles» de control de contaminación establecido por el Congreso estadounidense.