La crisis política y social que atraviesa Bolivia desde hace 15 días escaló este miércoles al plano diplomático e internacional luego de que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz denunciara ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un supuesto intento de desestabilización contra su administración.
Las protestas comenzaron a inicios de mayo por reclamos salariales, escasez y mala calidad de combustibles, además del rechazo a varias reformas impulsadas por el Ejecutivo. Sin embargo, las movilizaciones derivaron posteriormente en exigencias de renuncia contra Paz, quien asumió la presidencia hace apenas seis meses.
Los bloqueos de carreteras y manifestaciones se concentran principalmente en La Paz y El Alto, donde participan sindicatos, campesinos aimaras y sectores afines al expresidente Evo Morales.
Ante el incremento de la tensión, Paz anunció un “reordenamiento” de su gabinete de ministros con el objetivo de hacerlo “más ágil” y cercano a las demandas ciudadanas. Además, informó sobre la creación de un Consejo Económico y Social para discutir las reformas promovidas por su gobierno y responder a las acusaciones de privatización impulsadas por sectores opositores.
La situación humanitaria en La Paz y El Alto se agravó debido a los bloqueos, que mantienen parcialmente aisladas ambas ciudades y han provocado escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal. En mercados populares los precios de productos básicos se duplicaron e incluso triplicaron.
El Gobierno boliviano habilitó un puente aéreo con apoyo de Argentina para trasladar alimentos e insumos básicos hacia las zonas afectadas. Paz también intentó reducir las tensiones con Buenos Aires luego de que Morales denunciara, sin presentar pruebas, el supuesto traslado de militares argentinos hacia Bolivia.
Las protestas se radicalizaron esta semana tras la llegada a La Paz de una marcha de seguidores de Morales procedente del altiplano. El lunes se registraron saqueos, enfrentamientos y ataques contra periodistas y ciudadanos, en la jornada más violenta desde el inicio del conflicto.
El Ejecutivo acusa directamente a Morales de promover las protestas para provocar una “ruptura constitucional” y vincula parte de las movilizaciones con estructuras del narcotráfico, señalamientos que el exmandatario rechaza.
La confrontación también alcanzó el plano judicial y diplomático. El canciller boliviano, Fernando Aramayo, pidió al presidente colombiano, Gustavo Petro, colaborar para que Morales comparezca ante la Justicia por un proceso de trata agravada de personas.
Bolivia expulsó además a la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García, luego de considerar como “injerencistas” declaraciones de Petro, quien calificó las protestas como una “insurrección popular” y aseguró que en Bolivia “hay un pueblo en las calles al que están matando”.
Mientras tanto, Estados Unidos expresó respaldo total al Gobierno boliviano. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington “no permitirá que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente”, mientras el vicesecretario Christopher Landau aseguró que existe “un golpe de Estado en marcha”.
Durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA, Bolivia pidió atención internacional ante una situación que, según el Gobierno, amenaza el orden democrático y compromete derechos fundamentales. Uruguay y República Dominicana también respaldaron al Ejecutivo de Paz y pidieron preservar la institucionalidad democrática.
