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El expresidente hondureño (2014-2022) Juan Orlando Hernández aseguró este jueves a EFE que ni él ni su familia prometieron nada al mandatario estadounidense, Donald Trump, a cambio del indulto que recibió de él en diciembre, que nunca ha hablado con él y que busca la forma de agradecerle.

«Absolutamente (nada), absolutamente», declaró el exmandatario en una de sus primeras entrevistas tras haber abandonado la cárcel después de la condena que recibió en 2024 a 45 años por narcotráfico.

Hernández sostuvo que ni él ni su familia han hablado de forma personal con Trump, quien el año pasado lo indultó al argumentar que el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) le «tendió una trampa», aunque el hondureño sí le envió una carta para solicitarle el perdón y garantizarle su inocencia.

«Yo buscaría una forma, cualquiera que sea, de poderle agradecer de manera personal porque me parece que honró su palabra cuando él dijo, el día que fue inaugurado en su segundo mandato, que nunca más el poder del Estado vuelva a ser usado como arma política para destruir a un oponente. Y, en efecto, eso fue lo que hizo», indicó.

El exmandatario, extraditado por Estados Unidos en 2022, aseguró que consiguió el indulto porque su familia «comenzó a mover en redes» investigaciones de periodistas y figuras como el estratega conservador Roger Stone y el excongresista republicano Matt Gaetz sobre el «montaje» y «cacería de brujas» que padeció Hernández.

Por ello, defendió el perdón ante las críticas de quienes señalan que ello socava el argumento de que la lucha contra el narcotráfico fue la principal motivación de la operación de EE.UU. para capturar el 3 de enero al depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro, quien afronta cargos de «narcoterrorismo».

«Hubo una confabulación entre narcotraficantes y la izquierda radical de Honduras, pero también querían tapar o desviar la atención de los verdaderos socios del régimen de Nicolás Maduro con Honduras, protegiéndose mutuamente», expresó.

La polémica por su exoneración se reavivó hace dos semanas, cuando el portal web ‘Hondurasgate’ reportó supuestos planes de EE.UU. e Israel, con el apoyo de Honduras y de Hernández para desprestigiar a gobiernos progresistas como el de México y Colombia.

Pero Hernández presentó ahora un peritaje de la empresa española Graudio Forensis que señala que los audios sobre él difundidos por ‘Hondurasgate’ están «manipulados», incluso con inteligencia artificial (IA), por lo que negó «categóricamente» ser parte de la supuesta campaña.

Su futuro: amenazas y un proceso judicial en Honduras

El expresidente indicó que le gustaría volver a su país, pero que ha recibido amenazas de criminales que buscan atentar contra él y su familia, además de citar un reporte del FBI sobre «que le pusieron precio» a su vida.

Por otro lado, un juez en Honduras reafirmó en marzo el «carácter vigente» de la orden de aprehensión contra Hernández por el presunto lavado de activos y fraude relacionados con el desvío de más de 62 millones de lempiras ($2.3 millones) mediante grupos civiles, lo que él tacha de «montaje de la izquierda radical».

«Creo que pronto eso puede estar resuelto, pero es incierto (el regreso a Honduras) por el tema de los niveles de riesgos (de las amenazas a su seguridad)», aseveró.

Cuestionado sobre si volvería a la política, Hernández respondió que su mayor prioridad es reencontrarse con su familia, pues hace cuatro años que no la ve porque sus visados quedaron suspendidos por el caso judicial, y que la otra es «contar su verdad», aunque no descartó que su esposa, Ana García, persista en sus aspiraciones.

Por otra parte, evadió responder si también buscaría un indulto para su hermano, el exdiputado Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, quien cumple una cadena perpetua por narcotráfico desde marzo de 2021 en Estados Unidos.

«Yo no puedo hablar mucho de ese caso porque está en proceso. Si le puedo decir algo: de lo que yo revisé, porque mi juicio lo basaron en el de él, no encontré nada que comprobara que él fuera parte de todo lo que dijeron», manifestó.

El Poder Judicial de Perú revisará el próximo 28 de mayo las apelaciones que se han presentado para que se anule una resolución que dispuso el sobreseimiento definitivo del juicio que se seguía contra la actual candidata presidencial Keiko Fujimori por lavado de dinero, a raíz de la financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.

La Corte Superior Nacional informó este miércoles que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional desarrollará la audiencia de manera telemática desde las 10:00 hora local del 28 de mayo.

En esa audiencia se escucharán los argumentos de los recursos presentados por la Fiscalía y la Procuraduría (Abogacía del Estado), así como por el implicado Mark Vito Villanella, el exesposo de Fujimori que sigue siendo procesado por este caso.

Según la resolución, el tribunal declaró «bien concedidos» los recursos de apelación interpuestos después de que el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resolviera el pasado 13 de enero el sobreseimiento definitivo del proceso por lavado de activos y organización criminal que se seguía contra Fujimori y otros altos cargos de su partido, Fuerza Popular.

Ese juzgado de primera instancia ejecutó, de esa manera, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que había ordenado que se archive el proceso por estos delitos contra Fujimori y señaló que solo se debía mantener vigente la imputación de falsedad de declaraciones.

En ese sentido, la Fiscalía y la Procuraduría han pedido la nulidad total de la resolución de primera instancia por presuntos defectos de motivación, por considerar que se originó en una interpretación errónea del fallo del TC que, según su posición, solo dispuso que se dejen sin efecto los actos procesales desde la etapa de investigación preliminar.

Ambas instancias consideran que, por ese motivo, la causa debería retornar a la fase inicial de indagación y no ser archivada definitivamente en la etapa intermedia.
A su turno, la defensa de Villanella apeló la decisión de continuar la investigación en su contra y solicitó que se le comprenda en los efectos de la sentencia del TC y la resolución judicial que ordenó que se archive el caso.

En su resolución, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional enfatizó que todas las partes deberán presentarse a la audiencia virtual «bajo apercibimiento», ya que esta tiene «carácter inaplazable».

La audiencia de apelación se celebrará pocos días antes de que la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) dispute, el próximo 7 de junio, la Presidencia de Perú en una segunda vuelta electoral con el izquierdista Roberto Sánchez, quien participa en estos comicios en representación del encarcelado exmandatario Pedro Castillo (2021-2022).

El hombre de una comunidad tribal de la India que llevó los restos de su hermana a un banco para reclamar unos $230 tiene ahora más de $13,000 en donaciones, además de documentos oficiales y ayudas públicas, casi un mes después de que su caso conmocionara al país.

Jitu Munda, un hombre analfabeto de la comunidad ho del estado oriental de Odisha, reclamaba 19,400 rupias de la cuenta de su hermana Kalara, pero tras el escándalo recibió el pago bancario, asistencia oficial y una nueva cuenta que acumula cerca de 1.1 millones de rupias (unos $13,000) en donaciones.

El caso se viralizó a finales de abril, cuando Munda acudió a una sucursal rural del Indian Overseas Bank con los restos óseos de su hermana para demostrar su muerte y poder acceder a los ahorros que, según dijo, llevaba semanas intentando reclamar sin éxito.

Kalara había fallecido meses antes, pero la ausencia de documentación formal y las exigencias bancarias impidieron a su hermano retirar el dinero. Según la versión de Munda, empleados de la sucursal le pidieron la presencia física de la titular de la cuenta, por lo que decidió abrir la tumba y llevar los restos al banco.

La entidad negó haber solicitado el cadáver y atribuyó el incidente al desconocimiento del hombre sobre los procedimientos legales, aunque una investigación preliminar de las autoridades apuntó después a negligencias por parte de los funcionarios bancarios.

Tras el escándalo, la administración local emitió el certificado de defunción de Kalara en dos días y el banco liberó las 19,402 rupias reclamadas, incluidos intereses, a nombre de los herederos legales.

Las autoridades también entregaron a Munda 30,000 rupias, unos $360, del Fondo de la Cruz Roja, lo incluyeron en programas de asistencia social y actualizaron su documentación de identidad, mientras ciudadanos y organizaciones comenzaron a enviarle donaciones, según el diario India Express.

El ministro regional de Recaudación y Gestión de Desastres, Suresh Pujari, calificó el caso como uno de los incidentes «más vergonzosos» que había presenciado y pidió responsabilidades si se comprobaba una actuación indebida del banco.

Munda vive en una aldea del distrito de Jajpur, en el este de la India, una región con comunidades tribales que a menudo enfrentan barreras de acceso a servicios bancarios, documentos oficiales y ayudas públicas.

Pese al dinero recibido y a las ayudas prometidas, el hombre no ha retirado todavía las donaciones de su nueva cuenta y continúa viviendo de forma precaria, según medios locales.

La tumba de Kalara, abierta por su hermano para recuperar los restos que llevó al banco, fue asegurada ahora con cemento.

Munda, sin embargo, asegura que sigue afectado por haber desenterrado a su hermana, según relató a The Indian Express, cada vez que recuerda lo ocurrido mira hacia la tumba y le pide perdón por no haber dejado su alma en paz. 

El presidente de Taiwán, William Lai, está «dispuesto» a dialogar con el mandatario estadounidense, Donald Trump, un movimiento sin precedentes entre líderes en ejercicio de ambos gobiernos y que podría poner en riesgo la relativa estabilidad de las relaciones entre Washington y Pekín.

«Además de estar comprometido a mantener el ‘statu quo’ estable en el estrecho de Taiwán, el presidente Lai también está dispuesto a entablar conversaciones con el presidente Trump», señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán en un comunicado remitido a EFE.

Los presidentes de Estados Unidos y Taiwán no mantienen comunicaciones directas desde que Washington rompió relaciones diplomáticas con Taipéi y las estableció con Pekín en 1979.

En caso de que se produjera esa conversación, Lai le diría a Trump que el Gobierno taiwanés permanece «calmado» y «confiado» en el mantenimiento del ‘statu quo’ en el Estrecho, y que es China, y no Taiwán, la responsable de «socavar la paz y la estabilidad» en la zona.

El mandatario taiwanés también instaría al líder republicano en continuar las transferencias de armas estadounidenses, ya que estas son «necesarias» para preservar la seguridad de la isla y la estabilidad de la región, y le trasladaría que la República de China (nombre oficial de Taiwán) ya es un «país soberano e independiente».

«Ningún país tiene derecho a anexionar Taiwán. La población taiwanesa busca un estilo de vida libre y democrático, y la democracia y la libertad no deberían ser vistos como provocaciones», afirmaría el líder taiwanés ante Trump, según la Cancillería isleña.

Estas declaraciones se producen después de que Trump manifestara este miércoles que trabajará para abordar el «problema de Taiwán» y reiterara su disposición a dialogar con Lai, algo que ya dejó entrever el viernes pasado al término de su viaje a China, donde se reunió con su homólogo de ese país, Xi Jinping.

«Hablaré con él. Hablo con todo el mundo (…). Tenemos esa situación bien controlada. Tuvimos una gran reunión con el presidente Xi. Fue fantástica y vamos a trabajar en el problema de Taiwán», aseveró Trump.

China considera a la isla como una «parte inalienable» de su territorio y en los últimos años ha redoblado su campaña de presión contra ella para concretar la «reunificación nacional», clave en el objetivo a largo plazo de Xi de lograr el «rejuvenecimiento» de la nación china.

Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín.

En diciembre de 2016, Trump dialogó por teléfono con la entonces presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, cuando era presidente electo, algo que enfureció a China.

Un grupo de diecinueve migrantes mexicanos, entre los que se encontraban tres menores de edad, fueron hallados escondidos en un sistema de drenaje en la frontera entre California y México, informó este miércoles la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, en inglés).

El hallazgo se produjo la noche del pasado 4 de mayo, después que el sistema de vigilancia remota de la Patrulla Fronteriza detectara actividad sospechosa cerca a los túneles de drenaje.

Los agentes migratorios arrestaron a dieciséis adultos y tres menores que viajaban solos para tratar de ingresar a EE.UU. de forma ilegal.

El Equipo de Túneles del Sector San Diego, en la frontera de California, tuvo que despejar el sistema de drenaje y asegurarse de que no estuvieran más personas ocultas en su interior.

Justin De La Torre, jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector San Diego, dijo -en un comunicado- que estos intentos son peligrosos y “con frecuencia” involucran a personas que representan una amenaza para la seguridad pública de EE.UU.

En concreto, las autoridades fronterizas se refieren al arresto de Raudel Carrillo Padilla, de 35 años, e Iván Carrillo-Padilla, de 31, dos hermanos mexicanos previamente deportados tras sus condenas en 2017 por posesión, transporte e intento de venta de metanfetamina en California.

Los detenidos serán deportados o enjuiciados por tratar de reingresar al país después de ser expulsados.

El hallazgo se dio poco antes de que seis inmigrantes perdieran la vida al tratar de ingresar al país en un vagón de carga en Laredo (Texas).

Defensores de los derechos de los inmigrantes han advertido que la campaña de deportaciones masivas de la Administración Trump ha obligado a los inmigrantes a tomar mayores riesgos para intentar ingresar a EE.UU.

El tribunal de Apelación de París condenó este jueves a las compañías Airbus, fabricante del avión, y Air France, operador del vuelo, a 225.000 euros cada una por «homicidio involuntario» por su implicación en el accidente del 1 de junio de 2009 del vuelo Río de Janeiro-París, en el que murieron 228 personas.

Ambas empresas habían sido absuelvas en primera instancia, en una decisión de abril de 2023, lo que había provocado la indignación de los familiares.

Contrariamente a esta decisión en primera instancia, la Fiscalía francesa sí que pidió en apelación penas contra las dos compañías.

En su lectura de la sentencia, la jueza consideró a ambas compañías culpables por no haber hecho lo suficiente para evitar el siniestro, uno de los peores de la historia reciente de la aviación mundial.

La decisión, muy esperada por los familiares, sucede 17 años más tarde del accidente, desencadenado por un fallo en el dispositivo de navegación del aparato, que se congeló. Debido a ello, los pilotos recibieron informaciones de navegación erróneas que terminaron con el avión estrellándose en aguas del Océano Atlántico, a unos 1.000 kilómetros de las costas brasileñas.

Airbus ha sido condenada por no ofrecer un dispositivo con las suficientes garantías de seguridad, mientras que Air France lo fue por no ofrecer la formación necesaria a sus pilotos.

A bordo de este trágico vuelo había una mayoría de franceses (72), brasileños (58) y alemanes (26), aunque también estaban presentes otras 29 nacionalidades. Sus cuerpos tardaron meses en encontrarse y ser rescatados, al igual que las cajas negras.

La instrucción de este proceso fue especialmente tortuosa, pues duró 13 años.