Redacción HCloud

Categoría: El Mundo

  • Irán confirma la pausa de ataques de EE.UU. pero dice que no significa un alto el fuego

    Irán confirma la pausa de ataques de EE.UU. pero dice que no significa un alto el fuego

    Irán confirmó este lunes la ausencia de nuevos ataques estadounidenses desde el viernes, después de 13 jornadas consecutivas de bombardeos, aunque afirmó que «no se puede llamar un alto el fuego» a la situación actual, y negó que esté entablando negociaciones con Estados Unidos para poner fin al conflicto.

    «Lo que existe actualmente no se puede llamar un alto el fuego. El hecho de que en los últimos días la situación haya sido más tranquila es resultado de la gestión y la estrategia de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, que siempre permanecen vigilantes y atentas», afirmó en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei.

    Bagaei advirtió al mismo tiempo de que «cualquier acción que Estados Unidos emprenda será respondida con una respuesta recíproca y contundente» por parte de Teherán, «como hemos visto durante estas dos o tres últimas semanas».

    Asimismo, Bagaei rechazó los informes que apuntaban a que Irán habría propuesto a Estados Unidos retomar las negociaciones, en respuesta a una pregunta al respecto.

    «No tenemos actualmente ninguna negociación con Estados Unidos. Las conversaciones que mantenemos y que en ocasiones pueden ser interpretadas de diferentes maneras son las que tenemos con Omán, y están centradas en establecer las medidas necesarias en relación con el estrecho de Ormuz», sostuvo.

    El portavoz de la diplomacia iraní también rechazó los informes publicados por medios paquistaníes y árabes sobre un supuesto acuerdo para una tregua de diez días.

    «No presten demasiada atención a estas especulaciones de los medios», afirmó Bagaei, aunque señaló que puede haber intercambio de mensajes con Washington a través de países mediadores como Pakistán y Catar.

    Irán vive el cuarto día de relativa calma tras la escalada de ataques cruzados con Estados Unidos registrada a principios de julio, después de que Teherán atacara buques comerciales en el estrecho de Ormuz en respuesta a la apertura, con apoyo estadounidense, de una ruta alternativa de tránsito impulsada por Omán.

    Teherán insiste en que los barcos solo podrán atravesar el estrecho utilizando la ruta especificada por las autoridades iraníes.

    Washington respondió a las acciones iraníes en Ormuz con nuevos bombardeos contra la República Islámica, tras dar por terminado el memorando de entendimiento alcanzado a mediados de junio para reducir la escalada.

    Teherán respondió con lanzamientos de misiles y drones contra objetivos estadounidenses en varios países árabes de Oriente Medio.

    Además, la República Islámica declaró el 12 de julio un nuevo bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos restableció dos días después el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en la zona.

  • Rebajan petición de cárcel contra esposa de presidente español

    Rebajan petición de cárcel contra esposa de presidente español

    La acusación popular en el caso contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, redujo la pena de prisión que solicita para ella, al pasar de 24 a 13 años, de cara al juicio que se celebrará con un jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de patrimonio público.

    En el nuevo escrito presentado este lunes, la acusación modificó su petición inicial y ahora solicita dos años de prisión por el delito de tráfico de influencias, tres años por un delito continuado de malversación de patrimonio público y otros ocho años por un delito de malversación no continuado.

    La causa judicial investiga la gestión de una cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. Según la acusación popular, Gómez asumió esa responsabilidad «sin que conste proceso de selección ni la titulación que habilitara su nombramiento».

    Respecto a Cristina Álvarez, asesora de Gómez, la acusación también rebajó la solicitud de condena, que pasó de 22 a seis años de prisión. Además, sostiene que incurrió en un delito de malversación por el presunto «destino a usos privados» del trabajo desempeñado por la asesora, cuyo salario era financiado con recursos públicos.

    El escrito fue presentado por las acusaciones populares, encabezadas por la asociación Hazte Oír, después de que el juez les notificara la resolución de la Audiencia de Madrid que avaló que Begoña Gómez sea juzgada con un jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación.

    La acusación también solicitó la comparecencia de cerca de un centenar de testigos durante el juicio, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar relevante «la utilización de la Moncloa -sede de la Presidencia del Gobierno y residencia del jefe del Ejecutivo- como ámbito relacional del proyecto» impulsado por Gómez. Asimismo, pidió que declare el actual ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

    El pasado 16 de julio, el juez resolvió enviar a juicio a la esposa del jefe del Ejecutivo español por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de patrimonio público. En esa misma resolución archivó las investigaciones relacionadas con los supuestos delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios.

    Además, la autoridad judicial dejó sin efecto las medidas cautelares que pesaban sobre Gómez, entre ellas la prohibición de salir de España, la entrega del pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días ante el juzgado. Como consecuencia de esa decisión, la esposa del presidente recuperará su pasaporte mientras continúa el proceso judicial.

     

  • Honduras pone a prueba su justicia con el regreso del expresidente Juan Orlando Hernández

    Honduras pone a prueba su justicia con el regreso del expresidente Juan Orlando Hernández

    El regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), indultado en Estados Unidos de una condena a 45 años de cárcel por narcotráfico, representa una «prueba de fuego» para la justicia hondureña, que deberá procesarlo, por presunto fraude y lavado de activos, bajo el escrutinio sobre su independencia.

    Hernández, de 57 años, arribó el domingo a su país, de donde fue extraditado en 2022 a EE.UU., que lo juzgó y condenó en 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico, una sentencia que quedó sin efecto tras el indulto concedido el 1 de diciembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump.

    Su regreso fue posible luego de que un juez hondureño suspendiera provisionalmente la orden de captura y la alerta roja internacional en su contra, tras aceptar su comparecencia voluntaria para la audiencia de imputación del próximo 3 de agosto por el caso ‘Pandora II’, en el que ya fue sobreseído el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014).

    El exmandatario pidió el domingo, ante una masa de seguidores que fueron a recibirlo, que el proceso judicial que enfrentará en Honduras no sea politizado y que se aplique «la ley como corresponde».

    Una prueba de fuego

    Según la acusación, Hernández, quien también presidió el Parlamento hondureño entre 2010 y 2014, y otros implicados habrían conformado entre 2010 y 2013 una red de corrupción que desvió más de 288 millones de lempiras (unos 10,7 millones de dólares) a favor de dos fundaciones.

    Para el analista Kenneth Madrid, el retorno del exgobernante representa una «prueba de fuego» para el Poder Judicial y la Fiscalía, que deberán demostrar que pueden actuar con independencia frente a la figura de quien gobernó Honduras de 2014 a 2022.

    «Eso va a ser elemental para que ese caso se pueda desarrollar con la independencia, con la imparcialidad o la transparencia que el Poder Judicial ha pregonado que tiene», afirmó Madrid a EFE.

    El especialista consideró que el expediente debe avanzar hasta un juicio oral y público que permita determinar si existen elementos suficientes para una condena o una absolución.

    La credibilidad del proceso

    Por su parte, el analista Miguel Cálix coincidió con Madrid, aunque advirtió -en declaraciones a EFE- que «el Poder Judicial de Honduras, que está altamente partidizado, no ha sido hasta el día de hoy muy eficiente o efectivo en judicializar altas figuras como presidentes».

    En procesos anteriores contra altos funcionarios no siempre fue posible acreditar responsabilidades penales por corrupción, por lo que, a juicio de Cálix, la credibilidad del proceso dependerá de la solidez de las pruebas que presente la Fiscalía.

    Los analistas coinciden en que la figura política de Hernández se ha visto erosionada tras el juicio en EE.UU., las denuncias de corrupción y su cuestionada reelección presidencial en 2017, pese a que la Constitución hondureña no la permite.

    Por ello, consideran que el gobernante Partido Nacional evitará «arroparlo» para no comprometer la recuperación electoral lograda en los comicios de 2025, que dieron como ganador a Nasry ‘Tito’ Asfura.

    Considerado por aliados y adversarios como un dirigente pragmático, estratega y de carácter firme, Hernández proyectó durante sus dos mandatos una imagen de cercanía y carisma ante la población, una percepción que quedó reflejada este domingo en los actos públicos en los que participó tras regresar al país.

    El desafío para las instituciones

    Más allá de las implicaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil y opositores sostienen que el proceso judicial será una prueba para las instituciones hondureñas y su capacidad de demostrar que la justicia se aplica en igualdad de condiciones.

    La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, afirmó -esta semana- que el retorno del exmandatario representa una oportunidad para demostrar que «nadie está por encima de la ley».

    Castellanos señaló que Hernández tiene derecho al debido proceso, pero cuestionó el supuesto trato diferenciado hacia integrantes de la clase política y recordó las denuncias de corrupción presentadas por el organismo durante los dos mandatos del expresidente.

  • De la Espriella cerrará 14 embajadas al asumir presidencia colombiana

    De la Espriella cerrará 14 embajadas al asumir presidencia colombiana

    El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo que, al iniciar su mandato el próximo 7 de agosto, pondrá en marcha una profunda reorganización del servicio diplomático colombiano que contempla el cierre de al menos 14 embajadas y cerca de 15 consulados, con el objetivo de reducir costos y hacer más eficiente la representación del país en el exterior.

    Durante una alocución difundida en sus redes sociales, el próximo mandatario detalló que en una primera fase dejarán de operar las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal y Sudáfrica. También informó que suspenderá la apertura de la misión diplomática de Colombia en Palestina.

    De la Espriella aclaró que el cierre de esas sedes diplomáticas no implicará una ruptura de relaciones con la mayoría de los países involucrados. Sin embargo, hizo una excepción con Cuba y Nicaragua, al asegurar que «no habrá vínculo alguno con tiranías».

    El presidente electo explicó que los colombianos residentes en los países donde dejarán de funcionar las embajadas continuarán recibiendo atención consular mediante representaciones concurrentes desde otras misiones diplomáticas de la región. Según afirmó, la medida permitirá optimizar el funcionamiento del servicio exterior.

    Como parte de la reorganización, también confirmó la reapertura de la Embajada de Colombia en Israel, la cual funcionará en Jerusalén, una promesa que realizó durante su campaña presidencial. Además, anunció la apertura de una misión diplomática en Nigeria para fortalecer la presencia colombiana en el continente africano.

    El futuro gobernante también adelantó que fusionará algunas representaciones diplomáticas que, a su juicio, cumplen funciones similares. Entre ellas mencionó las embajadas de Colombia en Francia y ante la Unesco, ambas en París, así como las representaciones en Italia y ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma, para que un solo embajador represente al país en ambas instancias.

    Asimismo, informó que durante los primeros 100 días de su administración ordenará una auditoría técnica al resto de las misiones diplomáticas colombianas con el propósito de evaluar cuáles deben mantenerse y cuáles podrían ser objeto de nuevas modificaciones dentro de la reforma del servicio exterior.

    El mandatario electo sostuvo que los recursos obtenidos con la reducción de la estructura diplomática serán destinados a fortalecer áreas prioritarias del Estado. «Cada peso que ahorremos en burocracia será un peso que podremos invertir en seguridad, salud, educación, infraestructura y, sobre todo, oportunidades para los más pobres», afirmó. Agregó que la política exterior de su Gobierno estará enfocada en atraer inversión, abrir nuevos mercados y defender los intereses de Colombia en el ámbito internacional.

     

  • El hijo de cabecilla del cártel de Cali busca dejar atrás el legado a 30 años de su fin

    El hijo de cabecilla del cártel de Cali busca dejar atrás el legado a 30 años de su fin

    Treinta años después del desmantelamiento del cartel de Cali, Miguel Andrés Rodríguez Moreno, hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los fundadores de la organización narcotraficante, asegura que ha dedicado su vida a construir una identidad propia y dejar atrás el peso que representa su apellido.

    A sus 49 años, Rodríguez Moreno afirma que nunca integró la estructura criminal y que desarrolló su carrera como abogado y consultor empresarial. Además, creó el pódcast «Punto de Quiebre», un espacio dedicado a compartir historias de personas que lograron reconstruir sus vidas después de atravesar momentos difíciles.

    Su padre, de 82 años, cumple una condena en una prisión de Estados Unidos, mientras que su tío, Gilberto Rodríguez Orejuela, falleció en 2022 mientras permanecía recluido en ese país. Ambos lideraron el cartel de Cali, considerado una de las organizaciones dedicadas al narcotráfico más poderosas de las décadas de 1980 y 1990.

    Rodríguez Moreno recordó que el 6 de agosto de 1995, cuando tenía 17 años, se enteró de la captura de su padre tras varios meses de permanecer oculto para evitar a las autoridades.

    «Lo primero que se me vino a la mente fue: ‘A mi papá lo mataron’. Cuando me dijeron que lo habían capturado descansé, porque para mí fue volver a reencontrarme con él, aunque fuera en una cárcel», relató.

    El abogado explicó que durante su infancia tanto él como sus hermanos crecieron alejados de las actividades ilícitas de su padre y que su madre procuró mantenerlos al margen de esa realidad. «Éramos unas personas en una cúpula de cristal», expresó al recordar que desconocían el alcance de las operaciones del cartel.

    Paradójicamente, aseguró que la captura fortaleció la relación con su padre. Durante los años en que Miguel Rodríguez Orejuela permaneció preso en Colombia, antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2005, ambos tuvieron la oportunidad de convivir más que cuando el exjefe del cartel permanecía en libertad.

    «Cuando estuvo en la cárcel fue donde realmente nos conocimos. Compartíamos mucho más que cuando estaba libre», afirmó.

    Actualmente, Rodríguez Moreno mantiene contacto telefónico con su padre, aunque explicó que no puede visitarlo porque no posee una visa para ingresar a Estados Unidos. Señaló que el exlíder del cartel presenta algunos problemas de memoria propios de su edad, pero considera que su estado de salud corresponde al de una persona de su generación.

    Al cumplirse tres décadas de la caída del cartel de Cali, Miguel Andrés Rodríguez Moreno insiste en que no desea pronunciarse sobre el funcionamiento de la organización ni sobre el narcotráfico actual. «Me he desligado de algo porque tengo muy claro mi amor propio y mi conciencia tranquila de que nunca participé en un acto criminal», concluyó.

     

  • Fujimori llega a la Presidencia de Perú tras ganar las elecciones en su cuarto intento

    Fujimori llega a la Presidencia de Perú tras ganar las elecciones en su cuarto intento

    Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, asumirá la Presidencia de Perú tras ganar las elecciones en su cuarto intento, poniendo fin a una trayectoria política marcada por tres derrotas consecutivas en segunda vuelta, investigaciones judiciales y una profunda división dentro de su propia familia.

    A sus 51 años, la dirigente del fujimorismo ocupará el cargo que ejerció su padre entre 1990 y 2000, después de perder anteriormente las elecciones frente a Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Pedro Castillo en 2021. En los dos últimos procesos fue derrotada por diferencias cercanas a 40,000 votos.

    En esta ocasión, Fujimori venció por un margen inferior a 50,000 votos a Roberto Sánchez, candidato respaldado por el expresidente Pedro Castillo, lo que permitirá el regreso del fujimorismo al poder después de casi 26 años de la salida de Alberto Fujimori, quien renunció a la Presidencia desde Japón en medio de un escándalo de corrupción.

    Con este triunfo, Keiko Fujimori también se convierte en la primera mujer elegida por voto popular como presidenta de Perú. Su incursión en la política comenzó a los 19 años, cuando asumió el papel de primera dama tras el divorcio de sus padres, mientras cursaba estudios de Administración de Empresas en Estados Unidos.

    En 2005 regresó a Perú y un año después fue la congresista más votada del país. Desde entonces tomó el liderazgo del movimiento fundado por su padre y encabezó las principales campañas presidenciales del fujimorismo, consolidándose como la figura más representativa de ese sector político.

    Su carrera también estuvo marcada por momentos difíciles. Durante las investigaciones del caso relacionado con presuntos aportes irregulares a campañas electorales, permaneció cerca de un año y medio en prisión preventiva mientras la Fiscalía la investigaba por supuesto lavado de dinero vinculado a donaciones de la constructora brasileña Odebrecht. Posteriormente recuperó su libertad tras una resolución del Tribunal Constitucional.

    En las elecciones de 2026, Fujimori centró su campaña en las promesas de imponer «orden» y «mano dura» para combatir el crimen organizado, una de las principales preocupaciones de los peruanos. Entre sus propuestas figura reforzar la seguridad pública y enfrentar a las organizaciones criminales con una estrategia inspirada en la política aplicada durante el Gobierno de su padre contra los grupos subversivos.

    Aunque sus simpatizantes consideran que su llegada al poder representa una nueva etapa para el país, sus críticos la responsabilizan de parte de la inestabilidad política que vivió Perú durante la última década, período en el que el país tuvo ocho presidentes. Fujimori rechaza esas acusaciones y sostiene que nunca gobernó desde el Congreso ni dirigió administraciones desde el Legislativo.

     

  • Trump pausa ataques a Irán por advertencias del Pentágono

    Trump pausa ataques a Irán por advertencias del Pentágono

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió este fin de semana los ataques contra Irán luego de recibir advertencias de altos mandos militares y de su vicepresidente, J.D. Vance, sobre los riesgos de prolongar la ofensiva, entre ellos un posible agotamiento de las reservas de municiones.

    Según un reporte publicado por The New York Times, la decisión se produjo después de que el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, alertara a Trump de que una escalada del conflicto podría reducir de forma significativa la capacidad defensiva de Estados Unidos, especialmente por el consumo de interceptores de misiles.

    De acuerdo con CNN, esas preocupaciones también fueron planteadas por el vicepresidente J.D. Vance durante una reunión del gabinete celebrada el pasado viernes en la Casa Blanca, donde Trump analizó la posibilidad de ordenar un «ataque masivo» contra Irán, mientras funcionarios estadounidenses mantenían conversaciones con representantes iraníes.

    A esas versiones se sumó un informe del medio Axios, que aseguró que el mandatario instruyó a las Fuerzas Armadas a no ejecutar nuevos bombardeos el viernes, tras casi dos semanas de ataques continuos, con el propósito de «dar mayor espacio a la diplomacia».

    En respuesta a esas publicaciones, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mike Waltz, sostuvo que el presidente mantiene abiertas todas las opciones frente al conflicto y rechazó las versiones sobre un supuesto racionamiento de armamento en el Pentágono.

    «El Ejército de EE.UU., y esto lo he verificado por todos los medios posibles, cuenta con todo lo necesario para ejecutar esta campaña con la eficacia necesaria. Y solo tengo que decirles que las personas que están filtrando esta tontería merecen estar en la cárcel», afirmó Waltz durante una entrevista con NBC.

    La información surge dos semanas después de que Estados Unidos reanudara la ofensiva militar contra Irán, luego de que Trump diera por finalizado el memorando de entendimiento firmado en junio para suspender temporalmente las hostilidades, iniciadas el 28 de febrero.

    Hasta el momento, el Ejército estadounidense no ha informado sobre nuevos ataques durante las últimas dos noches, lo que refuerza las versiones de una pausa en las operaciones militares mientras continúan los contactos diplomáticos entre ambas partes.

     

  • Migración de EEUU prepara operativo para deportación masiva de migrantes haitianos tras el fin del TPS

    Migración de EEUU prepara operativo para deportación masiva de migrantes haitianos tras el fin del TPS

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) prepara un operativo para incrementar los arrestos y las deportaciones de migrantes haitianos cuando pierdan la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS), informó este domingo la cadena CBS, con base en documentos internos y fuentes de la agencia.

    Según el reporte, los operativos se concentrarán en Ohio, donde residen importantes comunidades haitianas, incluida la ciudad de Springfield, y contemplan el traslado de los detenidos en vuelos de deportación hacia Haití, país que enfrenta una grave crisis política, social y de seguridad.

    La medida podría afectar a más de 300,000 haitianos que actualmente están amparados por el TPS, un programa humanitario que les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

    El mes pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó a la administración del presidente Donald Trump poner fin a esa protección para ciudadanos de Haití y Siria, una decisión que comenzará a aplicarse en los tribunales inferiores esta semana.

    De acuerdo con CBS, quienes pierdan el TPS también perderán la autorización para trabajar y podrán ser detenidos por ICE para iniciar el proceso de deportación. No obstante, quienes no tengan una orden previa de expulsión conservarán, por regla general, el derecho a comparecer ante un juez de inmigración antes de ser deportados.

    La política migratoria del Gobierno de Trump ha tenido como uno de sus principales ejes el incremento de las deportaciones y de los operativos migratorios desde su regreso a la Casa Blanca, con un aumento de las acciones ejecutadas por ICE en diferentes estados del país.

    La ciudad de Springfield adquirió notoriedad durante la campaña presidencial de 2024, después de que Trump difundiera afirmaciones falsas sobre inmigrantes haitianos, declaraciones que posteriormente fueron desmentidas, pero que provocaron amenazas y ataques contra esa comunidad.

    Al inicio del segundo mandato de Trump, alrededor de 1.3 millones de personas procedentes de 17 países estaban protegidas por el TPS. Desde entonces, su administración ha eliminado o intentado eliminar ese beneficio para 13 de esos países, una decisión que podría afectar a cerca de un millón de beneficiarios. En junio, el Tribunal Supremo también permitió avanzar con la revocación del TPS para unos 330,000 haitianos y 6,000 ciudadanos sirios mientras continúan otros procesos judiciales.

     

  • Venezolanos demandan a aerolíneas por vuelos al Cecot salvadoreño

    Venezolanos demandan a aerolíneas por vuelos al Cecot salvadoreño

    Un grupo de hombres venezolanos deportados a El Salvador por la administración del presidente estadounidense Donald Trump presentó una demanda federal contra las empresas de aviación CSI Aviation y GlobalX, a las que señala de participar en su traslado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y de violar sus derechos civiles.

    La demanda fue presentada el 17 de julio ante un tribunal federal en Washington D. C. y sostiene que ambas compañías incurrieron en detención ilegal, negligencia, daño emocional intencional y otras violaciones por su participación en los tres vuelos que trasladaron a más de 230 venezolanos hacia la prisión de máxima seguridad salvadoreña.

    Según el documento judicial, el 15 de marzo del año pasado Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a cientos de inmigrantes venezolanos, a quienes su administración vinculó con la organización criminal Tren de Aragua, aunque, de acuerdo con la demanda, esas acusaciones nunca fueron demostradas.

    Los demandantes aseguran que GlobalX, por instrucciones de CSI Aviation, movilizó tres aeronaves desde un aeropuerto de Texas para ejecutar las deportaciones. Afirman que, una vez iniciados los vuelos, un juez federal ordenó su regreso, pero tanto el Gobierno estadounidense como las compañías ignoraron esa resolución y continuaron el viaje hasta El Salvador.

    La acción judicial también sostiene que las empresas conocían las condiciones del Cecot y, aun así, colaboraron con el traslado de los deportados. Los demandantes argumentan que, sin la participación de ambas compañías, el envío de los venezolanos al penal no habría sido posible.

    Los tres principales demandantes permanecieron durante cuatro meses en el Cecot y afirman haber sufrido lesiones físicas y secuelas psicológicas, algo que el gobierno salvadoreño ha negado.

    El proceso judicial cita además informes de organizaciones de derechos humanos que documentan denuncias de malos tratos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas durante el tiempo que los venezolanos permanecieron recluidos. En julio de 2025, el grupo fue devuelto a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros entre los gobiernos involucrados.

    La demanda también expone que CSI Aviation mantiene contratos millonarios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para coordinar vuelos de deportación y que el juez federal James Boasberg, quien conoció el caso original relacionado con los traslados al Cecot, será el encargado de determinar si todos los venezolanos deportados podrán incorporarse a la acción colectiva.