Ghislaine Maxwell, cómplice y exnovia de Jeffrey Epstein, planea solicitar de nuevo su salida de prisión y recurrir su condena por tráfico sexual de menores mediante un recurso de habeas corpus, según documentos judiciales, un movimiento que podría retrasar la publicación de nuevos archivos del caso Epstein.
En una carta dirigida al juez Paul Engelmayer, su abogado, David Markus, informó de que presentará en breve la petición para revisar la sentencia de 20 años que cumple en Texas.
El defensor afirmó, además, que Maxwell «no toma una posición» sobre la divulgación de los archivos, pero advirtió de que publicar materiales del gran jurado con «acusaciones no probadas» podría perjudicar gravemente un posible nuevo juicio.
La solicitud llega después de que el Congreso aprobara en noviembre una ley que obliga al Departamento de Justicia a desclasificar los documentos vinculados al caso Epstein y Maxwell, que aún no han sido revelados.
Trump, quien décadas atrás mantuvo una relación de amistad con Epstein, se opuso inicialmente a la publicación de los archivos al considerar que era un intento demócrata de perjudicarlo políticamente, aunque finalmente aprobó la ley y dejó en manos del Departamento de Justicia su implementación.
Maxwell, ciudadana británica, fue condenada en 2022 por reclutar a menores para la red de explotación sexual dirigida por Epstein, quien murió en prisión en 2019.
Ana García, esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, indultó el pasado lunes después de haber sido condenado en 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas, dijo este miércoles a EFE que todavía no han decidido sobre su eventual regreso a Honduras.
«No hemos tomado ninguna decisión al respecto, está tan reciente, vamos a tomarnos el tiempo para meditar muy bien como familia y tomar esas decisiones sabias pensando en el bienestar de Juan Orlando, de nuestros hijos, de todas nuestras familias», indicó García en su residencia en Tegucigalpa.
García mostró en su cuello el anillo de matrimonio de su esposo que porta desde que Hernández fue recluido en una cárcel de los ‘Cobras’, de la Policía Nacional, el día que fue capturado, el 15 de febrero de 2022.
«Estamos todavía decidiendo muchos temas, él acaba de salir, creo que tiene apenas ni 48 horas de haber salido. Entonces, nos hemos tomado las cosas con calma», reiteró.
Indicó además que por no tener visa para viajar a Estados Unidos, desde que su esposo fue solicitado en extradición tras cesar como presidente en enero de 2022, no ha podido verlo, pero que estará «pendiente de algún tipo de comunicación -de Estados Unidos- precisamente para poder hacerlo».
García no quiso indicar en qué lugar de EE.UU. está su esposo, aunque subrayó que tiene la seguridad de que tendrá un momento para reunirse con él.
«Estoy segura de que tendremos en algún momento la oportunidad de reunirnos con él; pronto no sé, no tengo certeza todavía de lo que va a pasar en los próximos días. Lo que sí es que, para mí, el mayor gozo que hoy tengo es mi esposo. Está en libertad y podremos ahora hablar con él sin restricciones, sin limitaciones. Él está en un lugar seguro en el que está bien», recalcó.
Ana García dijo a EFE que todavía no han decidido sobre su eventual regreso a Honduras. EFE
Hernández, quien gobernó durante ocho años (2014-2022) bajo la bandera del Partido Nacional, fue capturado menos de tres semanas después de haber concluido su segundo y polémico mandato, porque en 2017 se reeligió aún cuando la Constitución hondureña no lo permite bajo ninguna modalidad, y en medio de múltiples denuncias de «fraude» de la oposición.
El exgobernante fue extraditado a Estados Unidos en abril del mismo año y en junio de 2024 condenado en Nueva York a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas.
«Lo que más anhelamos es estar en nuestra patria. Esta es nuestra casa, esta es nuestra tierra, pero también debo pensar en que ya mi esposo una vez fue víctima de una persecución política horrible, detestable», dijo García, al recordar el momento en que Hernández fue capturado en su residencia.
«Donald Trump ha hecho justicia»
De regresar a Honduras, se le investigaría por presuntos delitos de corrupción, según ha advertido el fiscal general del Estado, Johel Zelaya.
Sobre el indulto a su marido, García dijo que «como familia nos sentimos sumamente contentos, agradecidos con Dios por este milagro que hizo para formularlo».
También «porque hoy, después de casi cuatro años de que estuviera injustamente detenido y fuera injustamente condenado, el presidente Donald Trump ha hecho justicia y aprovecho para agradecerle al presidente Donald Trump porque estudió este caso a través de sus asesores. Conoció de la información y él concedió este indulto como lo escribió ayer en el documento que ya fue firmado y completo a favor de mi esposo Juan Orlando», agregó.
Fotografía que muestra el anillo de bodas del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y su esposa Ana García este miércoles, en Tegucigalpa (Honduras). Ana dijo a EFE que todavía no han decidido sobre su eventual regreso a Honduras. EFE/ Gustavo Amador
En marzo de 2024, un jurado de la Corte federal del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan) declaró culpable a Hernández de tres cargos de narcotráfico y armas. Fue sentenciado a 45 años de prisión, cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.
Según afirmó hoy su esposa a EFE, el pasado 28 de octubre, cuando él cumplió años, le envió una carta a Trump «a través del correo normal» en la que le pidió que lo indultara, «recordándole la colaboración entre ambos países durante el primer mandato del republicano» como presidente de Estados Unidos.
Según Ana García, el respaldo de Trump al candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, en las elecciones del pasado 30 de noviembre, ha tenido alguna incidencia entre los seguidores de Asfura y otros hondureños del voto independiente, incluso del Partido Liberal, también conservador.
Trump también exhortó a los hondureños a que votaran por Asfura, en contra de la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, a quien tilda de «comunista».
TikTok se convirtió en la principal herramienta de reclutamiento forzado de menores de edad en Colombia por parte de los grupos armados ilegales, con videos que alcanzan las 200.000 visitas y registran más de 76.000 interacciones, reveló un estudio publicado este miércoles por la ONG Vivamos Humanos.
El reclutamiento digital de niños, niñas y adolescentes se lleva a cabo a través de plataformas como TikTok, que es la principal red social para captarlos, así como por Facebook, Telegram, Instagram e incluso aplicaciones de videojuegos como Roblox, dice el estudio de reclutamiento digital ‘El algoritmo en el conflicto armado’.
TikTok fue la única plataforma donde se encontró contenido abiertamente accesible relacionado con las dinámicas de reclutamiento, debido a la difusión «masiva» de los videos en esta aplicación, las «pocas restricciones» en el contenido y la facilidad de búsqueda a través de etiquetas o palabras clave relacionadas con los grupos armados.
El estudio también identificó 40 casos documentados con «evidencia directa» en TikTok, así como 70 cuentas presuntamente relacionadas con estas organizaciones criminales, «inferidas a partir de las interacciones en los comentarios».
La coordinadora de derechos humanos y derecho internacional humanitario (DIH) de la organización, Lina Mejía, afirmó, al presentar el estudio, que identificaron «falencias estructurales graves como la inexistencia de canales de denuncia» para este tipo de casos.
La experta añadió que en muchos casos, aunque el contenido sea reportado, este «continúa reproduciéndose dos o incluso tres veces más».
Los grupos que más utilizan las redes sociales para reclutar menores son las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.
En cuanto a las regiones más afectadas por esta modalidad de reclutamiento, la organización, que no precisó cifras, indicó que la mayoría de casos suceden en zonas de conflicto como los departamentos de Norte de Santander, ubicado en el noreste del país y fronterizo con Venezuela, y Putumayo, Nariño y Cauca, en el suroeste.
Esta modalidad también es utilizada en los departamentos caribeños de Bolívar, Magdalena y Cesar.
Liderazgos perdidos
En la presentación también intervino el expresidente de Colombia Ernesto Samper (1994-1998), fundador de Vivamos Humanos, quien afirmó que «los jóvenes que están reclutando son los que están apareciendo asesinados en los bombardeos» del Gobierno contra los grupos armados.
Por otra parte, la organización apuntó que esta «nueva forma de violencia (el reclutamiento), que opera en silencio», se ha convertido en «uno de los retos humanitarios más urgentes del país».
«La pérdida de jóvenes liderazgos debilita la capacidad organizativa y de autogestión en los territorios, interrumpe procesos comunitarios de resistencia y agrava las vulnerabilidades intergeneracionales», añadió Vivamos Humanos.
El estudio detectó dos modalidades principales de reclutamiento a través de las redes sociales: la primera, mediante ofertas laborales con las que los grupos armados promocionan su actividad, y la segunda, que se desarrolla a través de «engaños y otras formas de captación», como la utilización de correos humanos para efectuar esta «vinculación forzada».
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, al menos 123 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados entre enero y septiembre de este año en Colombia por los grupos armados.
El senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, ha pedido explicaciones al Gobierno del presidente Doanld Trump sobre la detención de por lo menos 40 ciudadanos estadounidenses en las redadas migratorias realizadas en Chicago (Illinois) y alrededores en el operativo Midway Blitz.
En una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, divulgada este miércoles, el legislador, uno de los miembros de mayor rango del Comité Judicial, criticó a la administración por su enfoque en la aplicación de las leyes migratorias y por mentir.
Dijo que su oficina ha documentado «la supuesta detención de por lo menos 40 ciudadanos estadounidenses solo en Illinois, entre finales de agosto y principios de noviembre de 2025».
Noem afirmó recientemente que ningún ciudadano estadounidense ha sido detenido en las redadas realizadas en Chicago por la Operación Midway Blitz.
“Eso es falso”, declaró el senador en una carta de seis páginas dirigida a Noem, en la que exige respuestas sobre las detenciones.
«La inquietante realidad es que muchos ciudadanos estadounidenses han sido atrapados en la redada indiscriminada y violenta de la administración Trump en todo el país», escribió Durbin.
«Agentes armados y enmascarados han arrestado agresivamente a ciudadanos estadounidenses; los han empujado a vehículos sin identificación; los han atacado con pistolas eléctricas, les han dado puñetazos y les han disparado balas de pimienta; y, en algunos casos, los han detenido injustamente en centros de detención migratoria durante días, incluso semanas».
La carta de Durbin cita informes de prensa con ejemplos de ciudadanos detenidos con violencia y obligados a probar su estatus con documentos, para ser dejados en libertad después de días de reclusión en centros migratorios.
“A pesar de que los agentes federales de inmigración están deteniendo ilegalmente a ciudadanos en acciones de control, y aunque la mayoría de los estadounidenses piensa que la represión migratoria del presidente Trump ha ido ‘demasiado lejos’, la administración está redoblando sus estrategias en redes sociales”, escribió Durbin.
“En respuesta a las críticas, los representantes del DHS a menudo han desviado la atención o emitido declaraciones defensivas, engañosas o demostrablemente falsas”, escribió.
Durbin concluyó su carta solicitando, antes del 16 de este mes, registros que muestren el número total de ciudadanos estadounidenses arrestados durante las actividades de control migratorio desde el 20 de enero, imágenes de cámaras corporales relacionadas, denuncias de arrestos injustificados y documentos relacionados con su capacitación y prácticas de registro, entre otros asuntos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles el indulto al congresista demócrata de Texas Henry Cuéllar y a su esposa, Imelda, acusados de recibir sobornos, porque considera que fueron víctimas de una persecución del anterior Gobierno de Joe Biden.
«El ‘Deshonesto’ Joe utilizó al FBI y al Departamento de Justicia para ‘eliminar’ a un miembro de su propio partido después de que el muy respetado congresista Henry Cuéllar se pronunciara valientemente en contra de la política de fronteras abiertas y de la catástrofe fronteriza de Biden», aseguró Trump en su red social, Truth Social.
Cuéllar fue acusado en mayo de 2024 de aceptar 600.000 dólares en sobornos de un banco mexicano, identificado en la prensa como el Banco Azteca, aunque no figura en la acusación oficial, y de una empresa energética controlada por el Gobierno de Azerbaiyán a cambio de utilizar su cargo para beneficiar a dichas entidades.
«Joe ‘el Dormilón’ persiguió al congresista, e incluso a su maravillosa esposa, Imelda, simplemente por decir la VERDAD», escribió Trump tras cargar contra los demócratas y acusarlos de ser una «amenaza total y absoluta para la democracia».
«Por la presente anuncio mi indulto total e incondicional al querido congresista de Texas Henry Cuéllar y a Imelda. Henry, no te conozco, pero esta noche puedes dormir tranquilo: ¡tu pesadilla por fin ha terminado!», apuntó.
En declaraciones a reporteros, Cuéllar dijo que el indulto le tomó por «sorpresa», dio las gracias al presidente y se mostró confiado que ganará la reelección en los comicios de medio mandato de noviembre de 2026.
Este se suma a varios indultos polémicos de Trump, como el de los responsables del asalto al Capitolio; el del excongresista republicano George Santos, encarcelado por fraude; o el del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico.
El mandatario acompañó el mensaje con una carta firmada por las hijas del congresista en la que le pidieron el indulto para sus padres.
En la misiva, agradecieron de antemano a Trump por su «compasión» y por «traer esperanza» a familias como la suya.
Cuéllar, miembro del Congreso desde 2005, forma parte de los demócratas más moderados y durante la pasada Administración cargó contra la política migratoria de Biden y se alineó con posturas más cercanas a las que ahora defiende Trump.
En las elecciones de noviembre de 2024, cuando ya estaba acusado, fue reelegido para el cargo.
A menos de dos semanas del balotaje presidencial en Chile, los candidatos Jeannette Jara, de izquierda, y José Antonio Kast, de derecha radical, protagonizaron este miércoles un debate marcado por fuertes acusaciones sobre gobernabilidad, economía y migración.
Se trata del penúltimo cara a cara antes de los comicios del próximo 14 de diciembre, en los que se definirá al sucesor del actual presidente Gabriel Boric, quien dejará el cargo en marzo y no puede optar a la reelección.
Desde el inicio, la exministra comunista —respaldada por la coalición progresista más amplia del país— defendió los logros del actual gobierno, destacando la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento del salario mínimo y avances en la reforma previsional. “No se gobierna con críticas, sino con propuestas”, reprochó a su contrincante.
Jara cuestionó además la trayectoria legislativa de Kast: “Estuviste 16 años en el Congreso y no sacaste ninguna ley relevante”, espetó.
Por su parte, el líder del Partido Republicano, de ideología ultraconservadora, respondió con dureza: “Chile hoy es más pobre y más violento que cuando ustedes asumieron”, acusó, señalando al oficialismo de ineficiencia.
Migración, economía y casos polémicos
Uno de los momentos más tensos del encuentro ocurrió cuando Jara denunció la presencia en el equipo económico de Kast de un asesor implicado en casos de colusión.
El candidato defendió a su colaborador, José Quiroz, y devolvió el ataque acusando al Gobierno de “proteger a un abusador”, aludiendo a un caso de presunta violación por parte de un exsubsecretario.
El tema migratorio también generó confrontación. Kast fue cuestionado por su propuesta de expulsar a cerca de 340,000 migrantes irregulares, muchos de ellos venezolanos. Ante la falta de relaciones diplomáticas con Caracas, evitó detallar cómo lo haría. “Tienen 90 días para tomar sus cosas, venderlas y salir del país”, advirtió.
El candidato elogió al presidente salvadoreño Nayib Bukele, asegurando que “todos los chilenos hoy votarían por él”.
Kast tampoco aclaró cómo pretende recortar 6,000 millones de dólares sin afectar el gasto social, ni respondió si indultaría a Miguel Krassnoff, exagente de la dictadura de Pinochet condenado por crímenes de lesa humanidad.
Jara concluyó que Kast “evita definirse en temas sensibles por miedo a perder votos”, en referencia a sus posturas conservadoras sobre derechos individuales, ausentes en su discurso de campaña.
Panorama electoral abierto
A pesar de haber obtenido el primer lugar en la primera vuelta del 16 de noviembre con el 26.9 % de los votos, Jara llega debilitada al balotaje, según las encuestas. Kast, quien obtuvo el 23.9 %, ha sumado apoyos clave como el del libertario Johannes Kaiser y la derechista tradicional Evelyn Matthei, consolidando un bloque que ya supera el 50 %.
El próximo presidente asumirá el 11 de marzo y enfrentará un Congreso sin mayorías claras, donde el bloque de derecha y ultraderecha está a solo dos escaños del control absoluto. Los votos del Partido de la Gente (PDG) serán determinantes para la gobernabilidad.
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado responsabilizó este miércoles al gobernante Nicolás Maduro por las consecuencias del despliegue militar estadounidense en el Caribe, que según cifras oficiales ha dejado al menos 80 muertos, en el marco de la operación “Lanza del Sur”.
En declaraciones a la emisora NRK de Noruega, Machado aseguró que el régimen tuvo una salida negociada tras su victoria electoral.
“Todo lo que vemos que ocurre es únicamente responsabilidad de Maduro y su régimen. Cuando ganamos las elecciones por una abrumadora mayoría, le ofrecimos una transición con garantías. Se negaron”, afirmó.
La opositora acusó al Ejecutivo de Caracas de instaurar un “terrorismo de Estado” tanto contra la población venezolana como contra los países vecinos, y respaldó las presiones de Washington como necesarias para lograr una salida política.
“Es hora de que Maduro entienda que debe dimitir”, sentenció, aunque evitó pronunciarse directamente sobre una eventual intervención terrestre de EE.UU.
El gobernante venezolano, Nicolás Maduro.
Machado, quien ganó el Premio Nobel de la Paz 2025, justificó su apoyo a las medidas de presión estadounidenses –incluidos los ataques militares– asegurando que su lucha está centrada en devolver la democracia al país.
“Lucho para traer la paz a mi país, pero hemos aprendido que para tener paz se necesita democracia”, declaró.
A pocos días de la ceremonia de entrega del Nobel en Oslo, la dirigente no ha confirmado su asistencia, debido a las restricciones legales y amenazas por parte del Gobierno de Maduro. La Fiscalía General ha advertido que podría ser considerada fugitiva si abandona el país, dada la existencia de procesos judiciales en su contra.
“Sería el mayor honor de mi vida”, dijo Machado sobre el posible reconocimiento, al tiempo que aseguró que, si logra asistir, regresará a Venezuela. “Quiero asegurar a todos los venezolanos que volveré”, afirmó.
Las autoridades hondureñas reforzaron este miércoles la seguridad en torno al hotel donde se realiza el reconteo de los votos de las elecciones generales a la espera de que finalice el escrutinio que da una ajustada ventaja al candidato Salvador Nasralla sobre Nasry Asfura, y luego de que se registraran pequeñas manifestaciones pacíficas en el país.
Nasralla, del Partido Liberal, sumaba 1.017.429 votos (40,34 %) frente a los 997.873 (39,57 %) de Asfura, aspirante del también conservador Partido Nacional y quien goza del respaldo del presidente de EE.UU., Donald Trump, de acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) con un escrutinio cercano al 80 %.
Decenas de policías, algunos de ellos antimotines, han sido desplegados en los alrededores del céntrico hotel donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha instalado y habilitado una sala exclusiva para la prensa con el objetivo de proyectar en varias pantallas el avance del conteo de votos, que en la víspera fue reactivado tras horas paralizado.
En la mañana de este miércoles, también había estacionado un camión lanza-agua de la Policía Nacional hondureña, según presenció EFE.
El refuerzo policial tiene lugar después de que en la noche del martes un grupo de apoyo a Nasralla llegara hasta los predios de ese hotel portando antorchas y las rojiblancas banderas del Partido Liberal en una manifestación pacífica.
Frente al céntrico hotel en Tegucigalpa, un militante del izquierdista gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), cuya candidata, Rixi Moncada, permanece relegada en un tercer puesto con apenas un 19 % de los votos, comenzó a hacer ayuno dentro de un ataúd en señal de protesta por los resultados preliminares, que considera manipulados.
«Lo que está realizando el Consejo Nacional Electoral a 100 metros de aquí es una farsa. Es la continuación del «hackeo» que le hicieron al TREP (sistema de divulgación de resultados preliminares) que (…) multiplica por siete la cantidad de votos que reciben los partidos de la derecha», dijo a EFE Ruiz Díaz dentro del ataúd colocado sobre una camioneta.
Con la canción ‘El pueblo unido, jamás será vencido’, de la banda chilena Quilapayún de fondo, Díaz denuncia una presunta injerencia de los Estados Unidos sobre las elecciones hondureñas, después de que el presidente Donald Trump diera su apoyo público a Asfura.
«Lo único que están discutiendo es quién de los dos (conservadores) va a ganar», aseguró el militante izquierdista arropado dentro del ataúd con una bandera rojinegra del Partido Libre, y quien se mantendrá en ayuno «el tiempo es suficiente y necesario».
A lo registrado en los alrededores del hotel donde se concentra el CNE, se suma una protesta callejera, anoche, en San Pedro Sula, norte del país, donde un pequeño grupo de individuos causó destrozos en dos establecimientos comerciales y quemaron basura frente a la catedral, a 100 metros de la alcaldía.
Ningún grupo se atribuyó la protesta y el ambiente de este miércoles es de bastante calma en el país, según medios locales de prensa.
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta realizar redadas ni detenciones de inmigrantes durante el Mundial de fútbol de la FIFA, que se celebrará en 2026 y del que Estados Unidos será anfitrión junto a México y Canadá. Así lo afirmó Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la cita deportiva, durante una conferencia de prensa en Washington.
Giuliani, exgolfista e hijo del exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, sostuvo que “el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país”, en referencia a los operativos migratorios que podrían llevarse a cabo durante el torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio. El funcionario enfatizó que el evento buscará conjugar seguridad y hospitalidad. “Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad”, subrayó.
El anuncio se da en un contexto en el que la administración Trump ha endurecido su política migratoria, lo cual ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y grupos de migrantes. Giuliani también fue consultado sobre las restricciones de visado para quienes deseen ingresar a territorio estadounidense durante el Mundial. Al respecto, aclaró que “cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional”.
Como parte de las medidas para facilitar el ingreso legal al país durante el torneo, Giuliani recordó que tanto la FIFA como el presidente Trump anunciaron que los portadores de entradas para partidos podrán obtener una cita con autoridades migratorias para tramitar su visado. Además, destacó que se han reducido los tiempos de espera en consulados de países como Argentina, Brasil y Ecuador, a menos de dos meses. También subrayó que ciudadanos europeos y de Japón están exentos del requisito de visa.
En el caso particular de Haití e Irán, dos de las 19 naciones cuyos ciudadanos tienen prohibido ingresar a Estados Unidos por orden del Gobierno, Giuliani explicó que parte de las delegaciones oficiales han conseguido exenciones para ser admitidas. Sobre los hinchas de estos países, remarcó que la decisión recae en el Departamento de Estado, que es el encargado de autorizar los visados.
La Unión Europea, Portugal y Moldavia fueron este miércoles los primeros en firmar el Convenio sobre Protección del Medio Ambiente a través del Derecho Penal, que sienta las bases para una respuesta penal coherente de los Estados ante los delitos ambientales, incluso cuando tienen una dimensión transnacional.
Así lo informó hoy el Consejo de Europa en un comunicado en el que destacó que se trata de «una iniciativa histórica para la protección del medioambiente mundial», por lo que su secretario general, Alain Berset, instó encarecidamente a todos los demás Estados miembros a rubricar y ratificar el convenio.
«Debemos redoblar nuestros esfuerzos colectivos para proteger el medioambiente y combatir los delitos ambientales que amenazan nuestro futuro», subrayó Berset.
El convenio forma parte de la acción global del Consejo de Europa en materia de medioambiente y pretende ser una respuesta colectiva a la «triple crisis planetaria» del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.
Este nuevo tratado aborda los aspectos penales de los delitos ambientales y proporciona un marco jurídico sólido para combatir los delitos ambientales graves que, hasta ahora, a menudo han quedado impunes o han sido insuficientemente procesados.
Elaborado por los Estados miembros del Consejo de Europa, con la contribución de la Santa Sede, la Unión Europea, las Naciones Unidas, Interpol y la sociedad civil, este nuevo tratado incide en que «la destrucción del medioambiente no solo es un fracaso político, sino que también puede constituir un delito penal que requiere instrumentos jurídicos sólidos y cooperación internacional».
La firma del tratado por parte de la Unión Europea confirma su apoyo a los objetivos de la convención, destacó el Consejo de Europa.
La convención define una amplia gama de delitos ambientales y permite a los Estados enjuiciar a quienes causen intencionalmente desastres ambientales que constituyan ecocidio.
Las disposiciones relativas a la responsabilidad corporativa, las sanciones y la delincuencia organizada reflejan, por su parte, la naturaleza cambiante de los delitos ambientales y sus vínculos con las redes criminales transnacionales.
La convención incluye igualmente un mecanismo de seguimiento para garantizar su aplicación efectiva y la rendición de cuentas.La prioridad inmediata es conseguir diez ratificaciones, de las cuales al menos ocho deben provenir de Estados miembros del Consejo de Europa, el mínimo necesario para que el tratado entre en vigor.
Solo después se podrán desplegar las herramientas jurídicas necesarias para establecer la responsabilidad penal de quienes cometan delitos ambientales.
La lucha contra los delitos ambientales no conoce fronteras, y el convenio también se abrirá a la adhesión de Estados no miembros del Consejo de Europa a su debido tiempo.
«Instamos a los gobiernos a actuar con rapidez para que estas salvaguardias vitales puedan implementarse lo antes posible», enfatizó el secretario general del Consejo de Europa.
