Colombia y Venezuela se consolidan como los países más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos, según un informe presentado este martes por Amnistía Internacional en Bogotá.
El organismo advirtió que en Colombia la violencia está marcada por el conflicto armado, mientras que en Venezuela persiste un patrón de represión estatal que limita gravemente las libertades civiles.
“Colombia y Venezuela son países de especial preocupación: son los dos países más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos. Colombia sigue sumida en una crisis de violencia causada en gran parte por el conflicto armado, mientras que en Venezuela persiste un patrón de represión estatal que restringe gravemente el espacio cívico”, señaló la organización.
Amnistía Internacional expresó inquietud por la política de ‘paz total’ impulsada por el presidente Gustavo Petro, al considerar que las garantías para las víctimas en términos de verdad, justicia, reparación y no repetición aún no están claras.
Esta estrategia busca acuerdos o sometimientos a la justicia de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, principales actores del conflicto.
El informe destaca que una quinta parte de la población colombiana, más de nueve millones de personas, es víctima del conflicto armado, con miles de nuevos afectados en 2025, principalmente en comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.
Además, el programa Somos Defensores registró 165 asesinatos de líderes sociales en 2025, el nivel más alto de violencia letal contra defensores de derechos humanos durante el actual gobierno.
En el caso de Venezuela, la directora de Amnistía Internacional en ese país, Nastassja Rojas, denunció la existencia de un sistema estructurado de violaciones a derechos humanos.
“En el caso de Venezuela, se habla de los cuerpos de seguridad, del sistema judicial, del Ministerio Público y de un paquete de leyes restrictivas que silencian y castigan la disidencia”, afirmó.
El informe documenta que en 2025 hubo 806 detenciones arbitrarias, con más de 400 personas aún privadas de libertad, además de 63 casos de desapariciones forzadas.
La organización también denunció ataques a periodistas, detenciones de manifestantes y persecución a activistas, lo que genera un impacto generalizado en la sociedad.
Uno de los casos señalados es el del defensor Yendri Velásquez, quien tras huir de Venezuela fue atacado a tiros en Bogotá, evidenciando la falta de protección para quienes defienden los derechos humanos.
