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El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, afirmó este viernes que su Gobierno respeta la decisión de Estados Unidos de no extender el Estatus de Protección Temporal (TPS), sin embargo pidió a Washington conceder tiempo a unos 55.000 hondureños afectados con la medida para que puedan preparar su eventual retorno al país.

«Les he pedido que les den el tiempo a los compatriotas para que puedan prepararse para un retorno al país, que les den esa oportunidad de poder prepararse dado que han estado 30 y 40 años en Estados Unidos, siendo ciudadanos honorables, respetables, que han sido parte de la economía y de la sociedad», explicó Asfura a los periodistas.

El mandatario señaló que su Gobierno realizó las gestiones diplomáticas necesarias para buscar una transición ordenada que permita a unos 55.000 hondureños afectados por el fin del TPS resolver sus asuntos familiares, laborales y patrimoniales antes de un eventual retorno, aunque reconoció que corresponde a Estados Unidos definir su política migratoria.

«Hicimos las solicitudes debidas, pero bueno, las políticas del Gobierno americano en temas de migración y aranceles son políticas firmes que debemos respetar», sostuvo.

Las declaraciones de Asfura se producen un día después de que la canciller hondureña, Mireya Agüero, confirmara que EE.UU. rechazó la petición de Honduras para conceder un período adicional de transición a los beneficiarios del TPS, una medida otorgada a Tegucigalpa en 1999, tras el paso del huracán Mitch, que devastó Centroamérica a finales de 1998 y dejó miles de muertos y una enorme destrucción en el país.

El gobernante señaló que el Gobierno hondureño prepara medidas para facilitar la reintegración económica y social de los retornados, aunque la canciller ha descartado por ahora un retorno masivo inmediato.

Más de un millón de hondureños residen en territorio estadounidense, de los cuales unos 200.000 han adquirido la ciudadanía o cuentan con un estatus migratorio regular, según cifras oficiales.

Veintiocho tripulantes de dos embarcaciones que fueron interceptadas y hundidas por fuerzas estadounidenses en aguas del Pacífico, en coordinación con el Gobierno ecuatoriano, por supuestamente estar vinculados con el grupo criminal Los Choneros, llegaron este viernes a la ciudad portuaria de Manta, en medio del reclamo de sus familiares.

La Armada señaló en un comunicado que nueve personas pertenecientes a la embarcación Conquista II y diecinueve más de la embarcación OM2 llegaron a bordo de una unidad guardacostas de la institución sobre las 15:00 hora local (20:00 GMT).

«Tras su llegada se ejecutaron los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades competentes», dijo la entidad militar sin dar más detalles, aunque medios locales afirmaron que fueron llevados a una unidad policial.

Otras ocho personas del Conquista II estaban aún en camino al puerto a bordo de otra embarcación, agregó la Armada.

Los veintiocho hombres fueron detenidos entre miércoles y jueves por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental de Estados Unidos después de que los militares interceptaron las embarcaciones en las que navegaban.

Según el Comando Sur de EE.UU., supuestamente operaban como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible y apoyaban en operaciones narcotraficantes a Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país andino.

«Esto es producto de una investigación. Son embarcaciones que han sido utilizadas como logística para otras embarcaciones pequeñas que comienzan a amarrarse, que están cargadas de droga, para luego salir hacia puertos mexicanos y luego ir a Estados Unidos. Es un trabajo que se hace con la cooperación internacional», dijo este viernes el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista con el canal Teleamazonas.

Sin embargo, los familiares de estas personas aseguraron que no son narcotraficantes sino pescadores que habían salido a faenar.

«¿Qué quiere el presidente (Daniel Noboa)? ¿Que todo el pueblo pesquero salga a robar porque no hay trabajo? Ese es el único sustento de la familia», dijo a los medios una de las decenas de parientes que llegaron hasta los exteriores de Capitanía del Puerto de Manta en busca de información.

Los familiares se instalaron en la calle con carteles con mensajes como ‘No al atropello contra nuestros pescadores’ o ‘Ellos son inocentes, no son delincuentes’.

Está previsto que este sábado se realice una audiencia de habeas corpus en la que los familiares de los tripulantes del Conquista II esperan que la justicia declare que los pescadores fueron víctimas de desaparición forzada y ordene su liberación si fueron detenidos sin orden judicial o fundamento legal suficiente.

En esa manifestación también estuvieron algunos parientes de los ocho pescadores ecuatorianos desaparecidos desde enero en altamar y que salieron a faenar a bordo del barco Fiorella.

Organizaciones como Amnistía Internacional han pedido que se investigue la presunta participación de EE.UU. en esta desaparición y también en dos ataques más a embarcaciones ecuatorianas registradas en marzo cerca de las Islas Galápagos.

El pasado miércoles se cumplió un año del inicio de la campaña del Ejército de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y frente a las costas latinoamericanas del Pacífico, con un balance de más de 220 muertos, y sin perspectiva de que Washington ponga fin a este operativo en un contexto de cooperación regional cada vez más estrecha en materia de seguridad.

Un juez federal de EE.UU. declaró finalmente nulo el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos pequeños en Massachusetts en 2023, por la falta de un veredicto unánime del jurado, y tras no prosperar una apelación de emergencia de la defensa.

El juez William Sullivan dijo que iba a declarar nulo el proceso en el séptimo día de deliberaciones del jurado en un tribunal de Plymouth, pero antes de emitir la orden dio tiempo al abogado de Clancy, Kevin Reddington, para que hiciera una apelación en el tribunal supremo estatal, que no tuvo éxito.

Reddinton argumentó en una audiencia de emergencia ante la jueza de la instancia superior, Dalila Argaez Wendlandt, que un miembro del jurado no estaba siguiendo las instrucciones de la deliberación y, por tanto, estaba bloqueando un veredicto que hubiera sido unánime, pero la magistrada falló en su contra.

Minutos después, el juez Sullivan reanudó la sesión y declaró el juicio nulo.

La decisión de Sullivan se produjo después de que el jurado de doce personas le expresara esta mañana, por tercera vez en siete días, su incapacidad de ponerse de acuerdo en un veredicto sobre los cargos de Clancy.

«Comunicamos con pesar que no podemos alcanzar una decisión unánime y no vamos a ser capaces de hacerlo», indicó el grupo hoy.

El jurado tenía las opciones de declararla culpable de asesinato en primer o segundo grado, o bien de homicidio involuntario, cargos que implican responsabilidad penal, pero también podía declararla no culpable o absolverla por problemas de salud mental.

Clancy, una antigua enfermera de 36 años, afrontaba tres cargos de asesinato por la muerte por estrangulamiento de sus hijos Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses, el 24 de enero de 2023 en su vivienda de Duxbury (Massachusetts), tras lo que intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada.

La mujer admite que mató a sus hijos, pero se había declarado no culpable de asesinato.

Su defensa argumentó que sufrió un brote psicótico relacionado con la depresión posparto y una inadecuada atención de salud mental, mientras que la Fiscalía la acusaba de haber matado a los niños conscientemente.

Tras la declaración de juicio nulo, se espera que Clancy, sobre la que siguen pesando los cargos de asesinato, vuelva a su internamiento psiquiátrico, en el que lleva desde su detención en 2023.

Se abren ahora tres opciones: que la Fiscalía la encause de nuevo, lo que conduce a una repetición del juicio; que la Fiscalía abandone el caso, o que ambas partes lleguen a un acuerdo.

El juez estableció una audiencia el 29 de septiembre para que las partes aborden el futuro del caso.