Categoría: El Mundo

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, defendió este jueves no ir al funeral del papa Francisco ante las críticas de analistas y opositores que cuestionan su ausencia a pesar de representar al segundo país con más católicos del mundo.

“No voy a ir a las ceremonias del papa Francisco y viene toda una crítica de por qué no voy. ¿Qué hubiera pasado si dijera que voy? Pues lo mismo, hubiera habido una crítica tremenda: ¿Dónde está la separación Iglesia-Estado? ¿Por qué está yendo a los funerales del papa Francisco?”, declaró la mandataria en su conferencia diaria.

La gobernante mexicana desestimó las críticas desatadas en redes sociales tras su decisión el martes de enviar a su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el mayor cargo del gabinete, al funeral de Francisco el sábado en la plaza de San Pedro pese a que México tiene 98 millones de católicos, solo detrás de Brasil.

Su ausencia se volvió tendencia en X, donde analistas como Alberto Tavira lo consideraron un «mensaje de ingratitud innecesario para México», mientras que la periodista Dolia Estévez lo vio como una «falta de sensibilidad y empatía».

La presidenta Claudia Sheinbaum no irá al funeral del Papa Francisco, pero sí movió cielo, mar y tierra para reunirse con S.S. en la campaña rumbo a la presidencia de México en 2024.

El mensaje de ingratitud me parece innecesario para México, el segundo país con más… pic.twitter.com/UpVAcbmEo2

— Alberto Tavira (@betotavira) April 22, 2025

Otros críticos cuestionaron la decisión de Sheinbaum porque el pontífice la recibió en febrero de 2024, antes de comenzar su campaña hacia las elecciones presidenciales del 2 junio.

«Hay personas que sencillamente no nos quieren y cualquier cosa que hagamos, de todas maneras, va a haber crítica», respondió la presidenta ante los señalamientos.

Sheinbaum ha evitado pronunciarse sobre el rumbo que debería tomar la Iglesia católica ahora y ha reivindicado la laicidad del Estado, aunque sí ha reconocido a Francisco por su «pensamiento humanista, muy progresista» y «su crítica al neoliberalismo y al consumismo».

La inasistencia de la presidenta de México resalta también porque alrededor de 50 jefes de Estado o de Gobierno y 10 reyes asistirán el próximo sábado al funeral, según confirmó este jueves la Santa Sede.

Entre los confirmados están el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el de Argentina, Javier Milei, país natal del pontífice; el de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; el de Francia, Emmanuel Macron y el de Ucrania, Volódimir Zelenski.

La jueza estadounidense de distrito,

Stephanie Gallagher, giró una orden el miércoles para que el Gobierno estadounidense que preside Donald Trump, facilite el regreso de un inmigrante venezolano de 20 años de edad, a quien se le conoce como “Cristian”, quien fue deportado a El Salvador en una expulsión que violó un acuerdo judicial previo.

Según el medio estadounidense ABC News, que recibió el reporte de la orden del juez, “Cristian”, llegó a El Salvador el pasado sábado 15 de marzo junto con tres aviones llenos de presuntos pandilleros miembros del Tren de Aragua al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT).

“Cristian” formó parte de una demanda colectiva de un grupo de personas hacia el gobierno estadounidense, quienes en 2019 pidieron que se resolviera sus solicitudes de asilo mientras permanecían en Estados Unidos.

De acuerdo a los abogados de los demandantes, el gobierno de Donald Trump, violó el acuerdo de conciliación del que habían llegado en 2024, reportó la cadena de noticias estadounidense.

Stephanie Gallagher, también hizo referencia al caso Kilmar Ábrego, y aseguró para ABC News que «al igual que la jueza (Paula) Xinis en el caso de Abrego García, este tribunal ordenará a los acusados ​​que faciliten el regreso de Cristian a los Estados Unidos para que pueda recibir el proceso al que tenía derecho según el acuerdo conciliatorio vinculante de las partes».

El juez Gallagher aseguró que para que Cristian pueda regresar a Estados Unidos, los acusados deben actuar con transparencia y presentar una solicitud “de buena fe” ante el gobierno salvadoreño, además de entregar al joven a las autoridades estadounidenses para que sea trasladado mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) resuelve su caso de asilo.

Gallagher también fue contundente al calificar la deportación como un “incumplimiento de contrato”.

El estado de Texas ejecutó el miércoles con inyección letal a Moisés Sandoval Mendoza, de 41 años, por el secuestro, abuso sexual y asesinato de una compañera de secundaria en 2004, informó la Fiscalía del condado de Collin.

De acuerdo al portal digital, Zanat, Sandoval Mendoza es de origen mexicano, y fue el tercer prisionero ejecutado en Texas en lo que va del año, fue declarado muerto a las 6:40 de la tarde del miércoles (hora local).

Sandoval Mendoza fue condenado a muerte por el asesinato de Rachelle O’Neil Tolleson, de 20 años, en mayo de 2024.

Según la acusación, el mexicano sacó de su vivienda a la joven, que cuidaba a su hija de cinco meses, la llevó a un campo, abusó de ella y después la estranguló y la apuñaló hasta la muerte. Luego, trasladó el cuerpo de Tolleson a un lugar remoto y lo quemó.

El bebé fue encontrado con vida un día después por la familia de la joven. El cuerpo de la víctima fue hallado hasta seis días después de su desaparición.

Sandoval Mendoza confesó el asesinato pero siempre dijo que no abusó de la joven, argumentando que ella se fue con él por su propia voluntad.

El mexicano llevó a los investigadores al lugar donde arrojó el cuerpo de la joven y los ayudó a encontrar otras pruebas físicas que lo vincularon con el crimen.

La defensa del mexicano presentó varias apelaciones advirtiendo que la Fiscalía del condado de Collin utilizó un falso testimonio para convencer al jurado de que lo sentenciaran a la pena capital por su comportamiento violento.

En este sentido, el fiscal del condado de Collin, Greg Willis, dijo este miércoles en un comunicado que “desde el principio, no hubo duda alguna sobre su culpabilidad”.

Explicó que el detective que le tomó la declaración afirmó que Sandoval Mendoza no mostró ningún remordimiento; “incluso parecía orgulloso de lo que había hecho”.

El procurador aseguró que durante los últimos veinte años, la condena y sentencia han sido revisadas exhaustivamente por múltiples tribunales, tanto estatales como federales.

“Cada uno confirmó lo que el jurado decidió: que las pruebas eran abrumadoras y que la sentencia era justa. Esta noche, finalmente se hizo justicia”, agregó Willis.

Últimas palabras antes de morir

De acuerdo con el medio estadounidense Univisión, las últimas palabras de Sandoval Mendoza antes de su ejecución fueron «siento haberles robado la vida de Rachelle», dijo el mexicano dirigiéndose a los padres, dos hermanos, un primo y un tío quienes observaban desde una habitación contigua.

Además, los reportes afirman que Sandoval Mendoza continuó suplicando el perdón hacia los familiares de la víctima «Lo siento. Sé que nada de lo que pueda decir o hacer lo compensará. Quiero que sepan que soy sincero. Les pido disculpas».

Luego, se dirigió brevemente en español a su esposa, su hermana y dos amigos que, según el medio estadounidense, lo observaban desde otra sala de testigos a través de una ventana..

Se oyeron dos fuertes jadeos al comienzo de la inyección, seguidos de unos diez ronquidos. Luego, cesó todo movimiento y fue declarado muerto 19 minutos después, de acuerdo a Univisión.

Unas 61.000 personas han accedido a la basílica de San Pedro para dar su ultimo adiós al papa Francisco hasta las 1:00 de la tarde, hora local de este jueves, cuando se cumple la segunda jornada de exposición del féretro, desde que se abrió el velatorio este miércoles a las 11:00 hora local, informó la oficina de prensa del Vaticano.

La Santa Sede, dada la alta afluencia de fieles, decidió ampliar la apertura al público de la basílica, que permaneció abierta esta madrugada hasta las 5:30 horas y cerró sólo para permitir la reorganización y las tareas de limpieza y volvió abrir a las 7:00 horas.

Durante la noche, desde la medianoche hora local hasta las 5.30 (3.30 GMT), fueron 13,000 las personas que rindieron homenaje al pontífice.

El flujo de público que desfila delante del féretro de Francisco es constante y a primera hora de la mañana había miles de personas esperando en distintas filas que se extendían hasta zonas aledañas al Vaticano, en medio de un estricto control de la Policía y la Protección Civil.

A pesar de que este miércoles, en la primera jornada de exposición, la hora prevista de cierre era la medianoche, se decidió dejar la basílica vaticana abierta para permitir que los fieles que habían hecho hasta 3 horas de fila pudieran entrar para homenajear al pontífice argentino, que falleció este lunes a los 88 años.

Este viernes, la basílica cerrará a los fieles a las 7:00 de la noche para la ceremonia del cierre del féretro antes del funeral del sábado.

Francisco yace dentro de un féretro de madera, sin el tradicional catafalco, en una plataforma casi a ras del suelo, como él había indicado y situado en el altar de la Confesión frente a la tumba de San Pedro a los pies del baldaquino de Bernini.

El sábado, tras el funeral, su cuerpo será llevado a la basílica romana de Santa María La Mayor para ser enterrado en una capilla, tal y como el pontífice argentino dispuso en vida por ser muy devoto de la Virgen que custodia, la «Salus populi romani».

El presidente estadounidense, Donald Trump,

firmó este miércoles una orden ejecutiva para transformar el proceso de control de calidad de las universidades, así como otras cinco órdenes dirigidas al sistema educativo del país.

La acreditación universitaria garantiza que una universidad pueda acceder a ayuda financiera y representa una importante fuente de ingresos para las instituciones, pero el Gobierno Trump ha advertido que el proceso está impactado por “ideología progresista”.

En ese sentido, la secretaria del Departamento de Educación de EE. UU., Linda McMahon, dijo en un comunicado que el sistema de acreditación de la educación superior estadounidense “está descompuesto” y la orden ejecutiva le permitirá crear un mercado competitivo basado en el mérito.

La medida se da una semana después de que el Gobierno Trump congelará $2.,200 millones de dólares a la Universidad de Harvard por incurrir presuntamente en conductas antisemitas, lo que ha desembocado en una batalla legal.

A esto se suma, que Trump firmó hoy una orden dirigida a reforzar la ley que exige a las universidades divulgar las donaciones extranjeras.

“Creemos que ciertas universidades, como Harvard, han violado esta ley sistemáticamente, y no se ha aplicado eficazmente”, dijo Will Scharf, secretario de personal de la Casa Blanca, al entregar la orden al mandatario para su firma.

Sobre esta orden, McMahon advirtió que “seguirá la pista del dinero y frenará la infiltración extranjera difamatoria”.

Otra de las órdenes está dirigida a promover la colaboración del sector privado con las universidades históricamente negras (HBCU) para que cumplan con su labor de manera “más eficaz y eficiente posible”.

El fomento del uso de la inteligencia artificial en las aulas escolares y de la disciplina en las escuelas primarias y secundarias completan las iniciativas firmadas por el presidente estadounidense.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron este miércoles a un exviceministro del Gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024) por el asesinato el pasado 5 de abril del jefe del departamento legal del Congreso.

La Policía Nacional Civil guatemalteca detalló mediante sus canales oficiales de comunicación que el detenido es Carlos Fernando García Rubio, de 39 años, quien fungió como viceministro de Gobernación (Interior) en 2021.

De acuerdo a las autoridades, el exfuncionario asesinó en la madrugada del pasado 5 de abril, con arma de fuego, al jefe del departamento legal del Congreso guatemalteco, Hansel Ernesto Szarata Valdéz.

García Rubio fue durante 2021 el viceministro de Prevención de la Violencia y del Delito en el Ministerio de Interior, en el Gobierno de Giammattei.

«Esta detención se desarrolla como resultado de un análisis forense de video, donde se establece la participación de una persona en el hecho criminal, por lo que se individualiza y posteriormente se sugiere al Ministerio Público la orden de aprehensión», aseveró la policía guatemalteca.

La detención fue «en cumplimiento a una orden emitida por un juzgado» bajo el delito de homicidio, precisó la misma fuente.

Szarata Valdez fue asesinado en la madrugada del 5 de abril en las afueras de un centro comercial en el este de la Ciudad de Guatemala.

La captura de García Rubio tuvo lugar esta noche en un municipio al oeste de la capital del país centroamericano, específicamente en Mixco, perteneciente al departamento (provincia) de Guatemala.

Giammattei y varios de sus funcionarios fueron sancionados por Estados Unidos en enero de 2024, al finalizar su Gobierno, bajo señalamientos de diversos actos de corrupción.

Durante los primeros dos meses de 2025, la Policía Nacional Civil guatemalteca registró 504 homicidios, los cuales representan un aumento del 31 % en comparación a los reportados en 2024 durante el mismo periodo de tiempo.

El cardenal nicaragüense y arzobispo de Managua, Leopoldo José Brenes Solórzano, viajó este miércoles a Roma para participar en el cónclave que se celebrará en el Vaticano para elegir al sucesor del papa Francisco.

Brenes, uno de los dos cardenales centroamericanos que tiene derecho a voto de un total de 135 cardenales que conforman el cónclave, explicó que como cardenal de la Iglesia católica tiene la obligación de participar, tanto en las exequias del papa Francisco, como también en el cónclave.

«Los invito a que nos acompañen con la oración para que el Espíritu Santo ilumine a todo el colegio cardenalicio para escoger a aquella persona que Él quiere que dirija los destinos y la marcha de esta Iglesia que peregrina por el mundo», exhortó Brenes a través de un audio divulgado por la Arquidiócesis de Managua.

También pidió «de todo corazón que sigan orando por el santo padre por su feliz descanso» y, de igual forma, que lo hagan «para que yo pueda cumplir la misión que la Iglesia me pide en este momento como cardenal».

Cuando fue consultado por periodistas en Managua si existen probabilidades de que sea elegido un papa centroamericano, entre los dos cardenales que formarán parte del cónclave que entrará en la capilla Sixtina para elegir al sucesor de Francisco, Brenes respondió: «No, pero mejor que busquen por otro lado, estoy tranquilo aquí en Nicaragua, trabajando con nuestra gente, viviendo en nuestra cercanía y también viviendo tranquilo en el barrio de Altagracia».

Tras su último consistorio, el colegio cardenalicio quedó compuesto por 252 purpurados, 135 de ellos menores de 80 años y por tanto electores, con lo que se estableció un nuevo récord, y será el más concurrido de la historia, ya que las normas decretan que sean 120 purpurados.

Habrá 24 cardenales latinoamericanos posibles electores, aún lejos de los 55 europeos, pero aunque los italianos siguen siendo el grupo más numeroso de un futuro cónclave, su peso relativo ha disminuido con el paso de los años: eran 28 sobre los 115 que en 2013 eligieron a Jorge Bergoglio y ahora serán 18 sobre 141.

Autoridades de Inmigración en colaboración con la policía estatal de Florida han desarrollado un operativo a gran escala dirigido a detener esta semana a unos 800 indocumentados que residen en ese estado, según informó este miércoles el periódico Miami Herald.

El operativo, que comenzó el lunes pasado y se extenderá hasta el sábado, representa el primer esfuerzo coordinado de control migratorio de agentes del Departamento de Seguridad Interna (DHS) con la policía de Florida.

Las redadas se estarían llevando a cabo en los condados de Miami-Dade y Broward, y en las ciudades de Tampa, Orlando, Jacksonville, Stuart, Tallahassee y Fort Myers, según documentos citados por el rotativo.

Las autoridades migratorias se han enfocando en detener a «delincuentes o infractores de inmigración» con órdenes de deportación finales.

Florida, con el gobernador Ron DeSantis a la cabeza, se ha convertido en uno de los principales socios del Gobierno del presidente Donald Trump y su plan de deportaciones masivas.

En febrero pasado, DeSantis firmó dos amplias leyes que endurecen las condiciones de los inmigrantes irregulares y facilitan en este estado la aplicación de la agenda migratoria del mandatario estadounidense.

Las iniciativas establecen penas más severas para los inmigrantes indocumentados que cometen delitos, requisitos de aplicación de la ley más estrictos para los funcionarios locales y cambios en el controvertido programa estatal de transporte de migrantes.

Florida ha dado a su policía poder para cuestionar el estatus legal de los residentes. Sin embargo, esta medida ha generado críticas por el perfil racial que puede generar.

Un ejemplo de esto fue el arresto la semana pasada de Juan Carlos López Gómez, de 20 años, un ciudadano estadounidense al que un agente de la Patrulla de Caminos de la Florida arrestó por supuestamente ser indocumentado.

El joven fue detenido cuando viajaba como pasajero en un vehículo que ingresó al estado desde Georgia.

López Gómez tuvo que presentarse frente a un juez y no fue liberado sino hasta que su madre presentó su certificado de nacimiento.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció ele miércoles que acusó a un presunto miembro de alto rango del Tren de Aragua (TdA) por cargos de terrorismo y narcotráfico, lo que marca el primer caso contra un sospechoso desde que se designó a esa banda criminal como terrorista.

José Enrique Martínez Flores, también conocido como «Chuqui», de 24 años, fue acusado en una corte del Distrito Sur de Texas (SDTX) de cinco cargos federales, que incluyen conspirar para proporcionar y brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.

El joven, nacido en Venezuela, también está acusado de conspiración para traficar droga en Colombia con la intención de distribuirla en Estados Unidos.

Martínez Flores fue arrestado el pasado 31 de marzo en Colombia en cumplimiento de una orden de arresto expedida por Estados Unidos.

La acusación asegura que Martínez Flores es un alto líder del Tren de Aragua en Bogotá y forma parte del círculo íntimo de sus altos mandos.

Actualmente, el sospechoso se encuentra detenido en Colombia a la espera de los procedimientos legales para su envío a EE.UU.

Sobre este caso, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo en un comunicado que los cargos presentados contra Martínez Flores representan “un punto de inflexión” en cómo la justicia estadounidense procesará y desmantelará a la banda nacida en una cárcel venezolana.

“TdA no es una pandilla callejera; es una organización terrorista altamente estructurada”, subrayó Bondi.

En febrero pasado el Departamento de Estado designó a TdA, junto a seis carteles mexicanos y la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), como organización terrorista extranjera, lo que le permite a EE.UU. una serie de herramientas legales, económicas y militares en contra de personas o empresas que colaboren de alguna manera con ellos.

De ser declarado culpable, Martínez Flores enfrenta una pena máxima de cadena perpetua y una multa de $10 millones.

Las autoridades migratorias de Costa Rica anunciaron este miércoles el otorgamiento de una categoría especial humanitaria para los migrantes de diversas nacionalidades que llegaron hace dos meses deportados por Estados Unidos, lo que les permite movilizarse libremente fuera del centro migratorio en el que se encuentran.

El director general de Migración, Omer Badilla, dijo desde el pasado lunes rige una categoría especial humanitaria que «regulariza» la situación migratoria de las personas deportadas por Estados Unidos que permanecen desde febrero pasado en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), ubicado en el sur del país cerca de la frontera con Panamá.

«Eso significa que estas personas tienen libertad de movimiento en el territorio nacional. Es una resolución muy positiva porque le genera mayor confianza para permanecer en Costa Rica. Esta es una prueba y un compromiso para garantizar con mayor efectividad los derechos de las personas migrantes y que puedan sentirse con más comodidad en Costa Rica», declaró Badilla.

Las autoridades han negado reiteradamente que los migrantes deportados por Estados Unidos se encuentren detenidos en Costa Rica, aunque sí han reconocido que para proteger la seguridad de estas personas se les habían limitado sus movimientos.

Los datos de la Dirección General de Migración indican que permanecen en el CATEM un total de 85 migrantes de nacionalidad afgana, angoleña, armenia, azerbaiyana, china, congoleña, georgiana, india, kazaja, nepalí, rusa, turca y uzbeca, quienes se beneficiarán de la categoría migratoria especial humanitaria.

Además, 16 ciudadanos chinos solicitaron refugio y salieron del sitio, mientras que al menos 84 retornaron a sus países de manera voluntaria. Otros salieron del centro.

«La resolución también se orienta en no forzar a ninguna de estas personas a retornar a sus países de origen porque sienten algún temor fundado en su seguridad e integridad física. Costa Rica va a seguir garantizando los derechos de estas personas», afirmó Badilla.

En febrero pasado Costa Rica recibió dos vuelos de migrantes deportados desde Estados Unidos, en los cuales viajaron 200 personas -entre ellas 81 menores de edad- originarios de Nepal, China, Rusia, India, Congo, Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán, Turquía, Uzbekistán y Vietnam.

El Gobierno costarricense ha informado que el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos proporciona los fondos a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la ayuda humanitaria y atención a estas personas.

El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, ha explicado que la recepción de los 200 migrantes responde a un acuerdo con Estados Unidos y a la tradición costarricense de brindar ayuda humanitaria, y que el país serviría como puente para que estas personas fueran enviadas a sus países de origen o a un tercero.

Diputados y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, han criticado las condiciones en que viven los migrantes en el CATEM, e incluso un grupo de abogados anunció que presentó una denuncia ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU.

El Gobierno costarricense ha insistido en que no existen violaciones a los derechos humanos de estas personas y que están recibiendo servicios médicos, alimentarios, hospedaje y traducción.