Categoría: El Mundo

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó este domingo el plan de 15 puntos para la Franja de Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y afirmó que sus tropas no se retirarán del enclave palestino hasta que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se haya desarmado por completo.

«Israel rechaza el documento de 15 puntos. Las Fuerzas de Defensa de Israel no realizarán ninguna retirada hasta el desarme de Hamás. Y cuando digo ‘desarme de Hamás’, me refiero tanto a las armas pesadas como las no pesadas: todas las armas», afirmó en un vídeo publicado en redes sociales.

El primer ministro israelí ha afirmado que están dialogando con la parte estadounidense tras rechazar el acuerdo, que había sido aceptado por Hamás y otras milicias palestinas armadas. «Tienen ideas; algunas de ellas nos son aceptables y otras no y sabemos cómo mantenernos firmes ante estas cosas», arguyó.

«La existencia de Israel y la seguridad de todos los ciudadanos de Israel no están sujetas a negociación. Nos mantenemos firmes en estos intereses», expresó, agregando además que sus fuerzas seguirán frustrando las «amenazas» existentes contra Israel y sus ciudadanos.

Asimismo, Netanyahu reiteró que mientras que él sea primer ministro no habrá un Estado palestino. «Ni Gaza ni en Judea y Samaria (Cisjordania). Ni ‘Fatahistán’ ni ‘Hamastán’», ha señalado, en alusión al partido del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y a Hamás.

Esto se produce después de que el director general de la Junta de Paz para Gaza, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, confirmó que el Gobierno de Israel, a través de su gabinete de seguridad encabezado por Netanyahu, había dado ‘luz verde’ a la entrada en Gaza de la Fuerza Internacional de Estabilización, la misión de paz organizada por el propio Trump.

La Guardia Nacional, una fuerza militar de reserva, cumple este 13 de agosto un año desplegada en las calles de Washington D.C. como parte del plan que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció para «combatir la delincuencia» en la ciudad.

Pese a que Trump firmó la orden ejecutiva por una «emergencia de seguridad pública», apelando a una supuestamente elevada tasa de homicidios en la capital estadounidense, los datos de la Policía Metropolitana de D.C. y del gobierno local en agosto de 2025 reflejaban que los delitos violentos habían disminuido un 26 % respecto al mismo periodo de 2024.

Aunque el presidente desplegó a los agentes también en otras ciudades, como Los Ángeles, Chicago o Portland, aquellos operativos fueron desmantelados y, a día de hoy, el de Washington es el único que se mantiene de forma permanente.

Además, y según ha confirmado el Pentágono, la Guardia Nacional continuará patrullando la ciudad hasta el 20 de enero de 2029 “o hasta que el presidente la dé por terminada”.

La medida contó con el rechazo de parte de la ciudadanía, que se manifestó en contra en varias ocasiones (las protestas más masivas se produjeron en septiembre de 2025), pero también ha recibido el apoyo de residentes y comerciantes que valoran la seguridad que transmite la presencia de los agentes.

El Partido Demócrata cuestionó la decisión de Trump al considerar que el despliegue supone un uso abusivo del poder federal y una militarización innecesaria de la capital.

Otras organizaciones, como el Centro Brennan por la Justicia, cuestionan la legalidad de la medida, ya que defienden que «la toma de control federal de la policía de Washington» solo debería aplicarse «para casos muy específicos y por periodos cortos, no para una ‘ocupación’ prolongada de años».

Los datos de violencia en Washington

El director asociado de Seguridad Pública del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, por sus siglas en inglés), Chandler Hall, aseguró en declaraciones a EFE que «la Administración ha intentado llevarse el crédito por el descenso en las tasas de delitos violentos, pero la realidad es que estas disminuciones históricas ya se estaban produciendo en 2023 y 2024, mucho antes de la llegada de las tropas federales».

Hall, que ha dirigido una investigación sobre los datos de violencia tras el despliegue de la Guardia Nacional, afirma que «no han tenido un efecto cuantificable en la reducción de los delitos violentos».

El experto explica que «en 2024, los delitos violentos en Washington D. C. ya se encontraban en su nivel más bajo de los últimos 30 años y la tasa de homicidios en 2025 fue más baja que en ciudades como St. Louis y Baltimore, donde no se ha desplegado la Guardia Nacional».

Insistió en que «no existe evidencia concluyente de que estos despliegues hayan reducido los homicidios, los delitos violentos o la violencia armada más allá de la tendencia a la baja que ya existía antes».

Para Hall, no se trata solo de que no haya una situación de emergencia de seguridad avalada por las estadísticas, sino que ni siquiera hay una percepción ciudadana de riesgo, «en consonancia con la histórica disminución de los delitos violentos, el número de estadounidenses en todo el país que perciben la delincuencia como un problema grave ha disminuido por segundo año consecutivo».

El coste del despliegue

Hall es crítico con los «costes elevadísimos» de la medida y asegura que «el dinero de los contribuyentes se aprovecharía mejor invirtiéndolo en programas de intervención contra la violencia».

El operativo costará 1.400 millones de dólares desde ahora hasta el final de la administración Trump, según información proporcionada al Congreso por el Departamento de Defensa, que ha calculado una media de 2.500 agentes de la Guardia Nacional en Washington hasta enero de 2029.

Mientras continúa el debate político y social sobre la pertinencia del despliegue, los agentes de la Guardia Nacional siguen en Washington y su presencia se ha convertido en una imagen cotidiana: es habitual verlos caminando por las principales calles o apostados en estaciones de metro de la ciudad.

Estados Unidos y Paraguay reforzaron su alianza con la firma de un memorando de entendimiento en materia nuclear civil que permitirá al país suramericano hacer un catastro de uranio y tierras raras, al tiempo que allana el camino al posible uso de pequeños reactores para complementar su sistema eléctrico, que actualmente se alimenta de la generación hídrica.

El acuerdo, rubricado el martes en Washington por el ministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, tiene como objetivo «fortalecer las capacidades del Paraguay en este ámbito con el apoyo de los Estados Unidos», informó el país latinoamericano en un comunicado.

A continuación, los detalles del acuerdo:

Exploración y registro

El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, dijo el jueves durante una entrevista con una radio local que el pacto, inicialmente, tiene como objetivo la exploración y registro de las posibles reservas de uranio del país.

«Es explorar, se habla de exploración», apuntó Alliana, quien acompañó al canciller paraguayo a Washington para la firma del acuerdo.

En 2015, Paraguay inició prospecciones junto a una empresa privada con miras a establecer una planta de extracción de uranio en el departamento de Caazapá (sur), donde se certificó la existencia de un yacimiento de 10 millones de libras del mineral, según informó el Gobierno del entonces presidente Horacio Cartes (2013-2018).

Más recientemente, la empresa estadounidense Uranium Energy Corp invirtió en Paraguay cerca de un millón de dólares para la exploración de titanio y busca trabajar en el futuro en proyectos relacionados con el uranio.

Uso pacífico

Al informar del acuerdo, Paraguay indicó que las partes se comprometieron «con el desarrollo internacional y el uso pacífico de la energía nuclear», al tiempo que reconocieron «el papel que puede desempeñar la misma en la satisfacción de las necesidades energéticas de ambos países».

Esto implica que el país suramericano se comprometió a abandonar el posible fomento de la energía atómica con fines bélicos.

El encargado de negocios de EE.UU. en Asunción, Robert Alter, aseveró el viernes durante una entrevista con una radio local que el pacto contempla «el compartir otra vez mejores prácticas, información sobre la tecnología, todos los requisitos de seguridad, protección y no proliferación» de armas nucleares.

Pequeños reactores

El memorando también abre las puertas a que Paraguay incorpore a su red de energía pequeños reactores nucleares para «asegurar el suministro de electricidad en el futuro», dijo Alter.

En abril pasado, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) suscribieron, de forma telemática, un convenio de cooperación no vinculante para la aplicación de la tecnología de Reactores Modulares Pequeños (SMR, en inglés), con vista a su posible uso a largo plazo en este país, según informó la entidad oficial.

De igual forma, el diplomático señaló que el instrumento persigue «acompañar» a Paraguay para que en el futuro pueda tomar «decisiones informadas» sobre el eventual uso de la energía nuclear de manera pacífica.

Con todo, el vicepresidente paraguayo dijo que el Gobierno no se plantea explotar la energía nuclear en el corto plazo y que el acuerdo se refiere más a la exploración para hallar yacimientos de uranio.

«Con la naturaleza no podemos pelear», reconoce Ana Camposeco, habitante de la aldea La Trinidad, una de las que se encuentra en las faldas del volcán de Fuego de Guatemala, el más activo de Centroamérica, tras regresar, una vez más, a su hogar luego de otra erupción del coloso esta semana.

Esta vez no hay cenizas en La Trinidad. El viento sopló hacia el oeste, en dirección a México, y no al sur, donde están esta aldea y la cercana El Rodeo, entre otras tierras en las que se producen granos y maíz para la subsistencia y que parecen olvidadas por las autoridades, que solo vuelven cuando hay que implementar evacuaciones.

Cada nueva erupción trae a la memoria de los que viven en las faldas del Volcán de Fuego la ocurrida el 3 de junio de 2018, que prácticamente enterró dos pequeñas aldeas con lava y ceniza matando a más de 400 personas.

«Es mejor estar resguardado dos o tres días», comenta a EFE Ana, que el pasado 4 de agosto salió de su casa a las tres de mañana por recomendación de las autoridades, que esta semana dijeron que en total se evacuó de manera preventiva a más de 1.600 personas en los departamentos (provincias) de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez.

El de Fuego, situado en el centro de Guatemala, es uno de los tres volcanes activos — junto con el Santiaguito y el Pacaya, ubicados en el oeste y el sur, respectivamente — de las 37 estructuras volcánicas que existen en el país y se le considera el más peligroso.

Ana ya está de vuelta en La Trinidad, una aldea donde muchas de las casas son de lámina de metal y madera, está rodeada de árboles y en la que se siente el calor clásico de Escuintla, que está situado cerca del océano Pacífico.

Desde la colonia 15 de Octubre, en La Trinidad, Ana explica con la experiencia de haber vivido 26 años en la comunidad, que sus padres fueron obligados a huir a México por el conflicto armado interno (1960-1996) antes de volver a Guatemala y acomodarse en las faldas del volcán.

Junto a Ana, poco más de 160 familias esperan salir eventualmente de las faldas del coloso de 3.763 metros de altitud.

Justamente cuando recuerda que llevan ocho años en una mesa de diálogo con el Gobierno y sin soluciones, habla con más vigor y frunce el ceño.
Una tragedia que lo cambió todo

Emilio Barillas, un hombre de 66 años, lleva toda su vida viviendo en la aldea El Rodeo del departamento de Escuintla, 75 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala y uno de los principales lugares afectados por las explosiones de lava y humo de la erupción de 2018.

«Desde toda la vida el volcán siempre ha hecho grandes erupciones. Pero la gente no le ponía mucha atención. Todo era normal. Pero ahora todo es diferente con lo que sucedió» hace ocho años, explica a EFE Emilio.

Con un hablar pausado, cuenta que vive con sus hijos y sin su esposa, que falleció hace unos años, y que en El Rodeo «poca gente se ha ido» pese a la amenaza constante del volcán.

Emilio es uno de ellos. Prefiere permanecer en su hogar y seguir dedicado a la siembra de maíz y frijol, que muchas veces se ve afectada por la caída de ceniza durante las erupciones porque, explica, ya a su edad las oportunidades de vida son difíciles, incluidas las opciones de migrar.

Roberto Suruy, otro hombre de la tercera edad que vive en El Rodeo, decidió, al igual que Emilio, no evacuar su hogar esta semana por las nuevas erupciones del volcán, ya que, según afirma, al estar a pocos metros de la calle se siente con seguridad para alejarse de una potencial emergencia.

Dicha solución es siempre factible, pero no oculta el riesgo de que se repitan las escenas de 2018, con ríos de lava de varios metros de altura y a más de 50 kilómetros por hora en picada desde el volcán.

Suruy perdió en la erupción de 2018 a su hermana y a una tía por los escombros de lava, y a su esposa, por complicaciones de diabetes al huir del hogar tras las erupciones.

«Ella murió prácticamente del susto», cuenta Suruy al recordar los trágicos eventos que lo dejaron viudo.

Sin embargo, «algunos» de los vecinos «no nos preocupamos tanto. Dormimos tranquilos», comenta Barillas con cierta resignación.

El Departamento de Defensa de EE.UU. dio un plazo de 21 días a la industria de defensa para presentar planes sobre la producción y entrega rápida de armas, incluidas municiones, de acuerdo con un memorando enviado esta semana por la agencia.

El memorando fue enviado el pasado miércoles por el subsecretario de ese departamento, Steve Feinberg, en el que informa que tienen máximo 21 días para presentar planes que permitan «acelerar significativamente los plazos de entrega y/o aumentar la producción de capacidades críticas», de acuerdo con The Washington Post, que tuvo acceso al documento.

Indica además que también pidió a los líderes de la industria de defensa que «propongan inversiones de capital específicas y ampliaciones de instalaciones… para respaldar el compromiso del Departamento con pedidos sostenidos de mayor volumen«.

«Los ciclos de desarrollo que duran años no son aceptables. Debemos acelerar drásticamente nuestros cronogramas y ampliar nuestra capacidad de producción ahora mismo», advirtió Feinberg.

El memorando surge en momentos en que se ha conocido la escasez de armamentos en Oriente Medio, lo que habría provocado un desencuentro entre el presidente Donald Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Trump ha reconocido que EE.UU registra escasez de algunos tipos de armamento, aunque defendió que cuenta con suficiente munición para mantener la guerra con Irán.

De acuerdo con Feinberg, varios programas de armamento son críticos y están bajo consideración para su aceleración o aumento de adquisiciones durante la revisión presupuestaria del año fiscal 2028.

entre estos, el programa de defensa antimisiles «Interceptor de Próxima Generación», el «Sistema Nacional Avanzado de Misiles Superficie-Aire», un sistema móvil de radar de defensa aérea, un sistema avanzado de entrenamiento de pilotos y un sistema espacial para el seguimiento de misiles.

«Colaborar directamente con los líderes de la industria para acelerar la producción no es algo nuevo. Ha sido la clara intención del Presidente y de este Secretario desde el principio”, indicó al diario el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell.

Indicó además que el memorándum de Feinberg «es real» y que «servirá de base para el presupuesto del año fiscal 2028 que se presentará al Congreso para su financiación y es totalmente coherente con nuestro impulso constante para reconstruir la base industrial de defensa», de acuerdo con The Washington Post.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó este sábado que emitió una alerta epidemiológica para instar a los países de América a reforzar la vacunación ante el brote de sarampión, después de que los casos se hayan triplicado respecto al año pasado.

La OPS advirtió -en un comunicado- que el continente americano registra el mayor número de casos de sarampión en más de dos décadas.

En lo que va de año, se han notificado 47.500 casos confirmados de sarampión en dieciséis países y 44 fallecimientos en tres países.

La cifra representa más del triple de los casos registrados en todo 2025, cuando hubo 15.000 casos en quince países y 32 defunciones en tres países.

El 95 % de los casos confirmados se concentra en Guatemala, México, Estados Unidos y Perú, detalló la OPS.

Según una evaluación de la organización, el riesgo para la salud pública asociado al sarampión en las Américas está clasificado como «muy alto».

La OPS alerta del aumento de la mortalidad, la aparición de casos en nuevas áreas debido a los viajes internacionales y los eventos masivos, y el impacto en poblaciones sin acceso a servicios de salud.

El sarampión, una de las enfermedades más contagiosas del mundo, se transmite por el aire o mediante gotas respiratorias cuando una persona enferma tose o las expele.

Entre sus síntomas figuran fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis y erupción cutánea. En algunos casos puede provocar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis, ceguera o incluso la muerte.

La vacunación es la forma más eficaz de prevenir la enfermedad y evitar su propagación.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Ernesto Álvarez, anunció este sábado que promoverá que se realicen «reformas profundas» en el Código Procesal Penal de su país, porque considera que este ha «fracasado» y «no sirve al propósito de la justicia».

Álvarez, quien anteriormente fue primer ministro del gobierno de transición de José Jerí (2025-2026), consideró, en declaraciones difundidas este sábado por su despacho, que es urgente efectuar una «reforma de las reglas jurídicas» y comparó el funcionamiento del sistema de justicia nacional con el de otros países, como Estados Unidos.

El titular de la cartera peruana de Justicia señaló, al respecto, que en la nación norteamericana los jueces pueden determinar casos en minutos, por lo que dijo que ese aspecto debe modificarse con el objetivo de que sea más efectivo en Perú.

«Como hemos visto en algunos casos mediáticos, se dan audiencias que duran varias semanas por una pequeña decisión», cuestionó Álvarez.

Por ese motivo, consideró que es urgente realizar una «reforma de las reglas jurídicas» peruanas y cuestionó la ineficacia de algunos procesos legales que, tras extenderse durante varios meses, no lograron resultados concretos, según dijo.

El ministro, quien también fue presidente del Tribunal Constitucional (TC) en 2012, indicó que ha asumido el cargo como parte del Gobierno de la derechista Keiko Fujimori «nuevamente comprometido con un servicio público».

Álvarez aseguró que con el Gobierno de Fujimori se inicia «una nueva etapa de reconciliación y de búsqueda, básicamente, del entendimiento del consenso» en su país.

«Hoy en día vivimos, no solamente en democracia, sino que vivimos en un estado constitucional de derecho y el lema que aprenden los alumnos en primer año de Derecho es de que no hay zona exenta de la Constitución», remarcó.

El alto funcionario defendió, en ese sentido, que «los valores y principios de la Constitución señalan que la impunidad es una arbitrariedad que no solamente vulnera un proceso judicial determinado, sino que daña y vulnera los derechos fundamentales de todos los peruanos».

Más de 20,000 personas han recibido orden de evacuación en las últimas horas en el oeste de Canadá tras la enorme progresión que ha registrado el incendio declarado el viernes en la región de la Columbia Británica.

El incendio se originó por la tarde, a unos 15 kilómetros al noroeste de Summerland, ubicada en el extremo suroeste del lago Okanagan, a unos 250 kilómetros al este de Vancouver, y lo que parecía un fuego controlado al principio ha acabado por acelerarse: las llamas han devorado solo en tres horas unas 5.000 hectáreas en el valle de Okanagan, una de las principales zonas vinícolas del país.

La superficie quemada por el llamado incendio de Bald Range, según la última actualización de las autoridades del municipio de Summerland, roza ya las 9,500 hectáreas y toda la zona se ha quedado sin electricidad mientras el primer ministro del país, Mark Carney, ha comparecido en redes sociales para ofrecer a las autoridades de la Columbia Británica toda la ayuda posible del Gobierno.

La orden de evacuación afecta a los 12,000 residentes del municipio y a otras 8,000 personas más en el vecino municipio de Peachland y sus alrededores.