Categoría: El Mundo

  • Consejo de la ONU extiende investigación sobre crímenes de guerra en Ucrania

    Consejo de la ONU extiende investigación sobre crímenes de guerra en Ucrania

    El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes la prórroga por un año de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, creada para examinar posibles violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

    Con 25 votos a favor, 18 abstenciones y cuatro en contra (Burundi, China, Etiopía y Sudán), la resolución insta a Rusia a detener de inmediato los abusos y violaciones en territorio ucraniano. Asimismo, exige la retirada «rápida y verificable» de las tropas rusas de Ucrania.

    El documento también demanda el fin de los traslados forzosos y la deportación ilegal de civiles, incluidos niños, hacia Rusia y Bielorrusia, así como la suspensión de las ejecuciones de prisioneros de guerra y civiles. Además, condena el reclutamiento forzado de habitantes en zonas ocupadas por el ejército ruso.

    La resolución reafirma «su sólido compromiso con la soberanía, la independencia política, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente».

    Entre los países que apoyaron la medida están España, Francia, Alemania, Japón, Suiza y Países Bajos. Mientras tanto, Brasil, Cuba, Sudáfrica y Colombia optaron por la abstención.

  • Una semana del terremoto de 7.7 en Birmania: más de 3,100 muertos y 17 millones de afectados

    Una semana del terremoto de 7.7 en Birmania: más de 3,100 muertos y 17 millones de afectados

    Los equipos de rescate continúan trabajando, con pocas esperanza ya de encontrar supervivientes entre la devastación, cuando este viernes se cumple una semana del terremoto de magnitud 7.7 en Birmania (Myanmar) y se contabilizan más de 3,100 muertos, 17 millones de afectados y 21,000 viviendas destruidas o dañadas.

    Un potente terremoto y 300 réplicas

    El temblor golpeó el viernes a las 12:50 hora local y a 10 kilómetros de profundidad en la región de Sagaing, en el centro-norte del país, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, sigla en inglés), que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

    El epicentro se localizó unos 17 kilómetros al noroeste de Mandalay, la segunda ciudad de Birmania, y a 14 kilómetros de la ciudad de Sagaing.

    Unos 10 minutos más tarde, otro seísmo de magnitud 6.7 sacudió a 10 kilómetros de profundidad con el epicentro 19 kilómetros al sur de Sagaing.

    Desde entonces, se han producido al menos 300 réplicas, incluidas 10 de magnitudes entre 5 y 5.9 de acuerdo con el Departamento de Meteorología tailandés.

    Victimas y personas afectadas

    El terremoto en Birmania ha dejado 3,145 muertos, 4,589 heridos y 221 desaparecidos, según los últimos datos ofrecidos por la junta militar que tomó el poder en el golpe de Estado de 2021.

    Además, hay unos 17 millones de personas afectadas, incluidos 9 millones especialmente damnificados cerca del epicentro, en 57 municipios, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, siglas en inglés).

    La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que los supervivientes se enfrentan a un alto riesgo de brotes de cólera, una enfermedad bacteriológica causada por deficientes sistemas de saneamiento y falta de agua potable.

    Daños y ciudades más afectadas

    El seísmo, por el que seis regiones fueron declaradas en emergencia, causó el colapso o daños parciales en al menos 21,783 viviendas, 805 edificios de oficinas, 1,690 pagodas, 1,041 escuelas, 921 monasterios y conventos, 312 edificios religiosos, 48 hospitales y clínicas y 18 hectáreas de cultivos, según los datos de la junta.

    Solo en Mandalay, una de las ciudades más afectadas por el terremoto con 1,5 millones de habitantes, alrededor de 9,000 personas sin hogar se han asentado en albergues improvisados o refugios temporales establecidos por organizaciones humanitarias.

    Otras ciudades gravemente golpeadas son Naipyidó y Sagaing, esta segunda destruida en un 70 %, según la Cruz Roja.

    Ayuda y equipos de rescate

    Al menos 1,485 rescatistas de 15 países: China, India, Rusia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Laos, Bielorrusia, Turquía, Bután, Filipinas, Bangladés e Indonesia, se han desplegado en las zonas afectadas por el terremoto.

    Los pedidos de ayuda internacional por parte de una decena de organizaciones humanitarias para apoyar a las víctimas del seísmo superan los 160 millones de dólares (145 millones de euros).

    La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) lleva la batuta con un llamamiento para recabar unos $113 millones. La Organización Internacional de Migraciones (OIM) espera por su parte reunir $17 millones, mientras que la OMS ha dicho que requiere 8 millones.

    Impacto a 1,000 kilómetros en Bangkok

    El impacto del terremoto se sintió a miles de kilómetros en países como Tailandia, China e India.

    En Bangkok, situado unos 1,000 kilómetros al sureste del epicentro, murieron 22 personas, incluidas 15 en un edificio en obras que se derrumbó con unos 300 trabajadores.

    Las autoridades tienen pocas esperanzas de encontrar con vida a los 79 desaparecidos que continúan bajo los escombros.

  • La Justicia de Israel pone bajo arresto domiciliario a dos asesores de Netanyahu investigados

    La Justicia de Israel pone bajo arresto domiciliario a dos asesores de Netanyahu investigados

    Un tribunal de Israel rechazó este viernes la solicitud de la Policía y decidió poner bajo arresto domiciliario a dos asesores del primer ministro,

    Benjamin Netanyahu, investigados por entregar presuntamente información favorable a Qatar a varios medios de comunicación de Israel en el marco de un entramado conocido como escándalo «Catargate».

    Yonatan Urich y Eli Feldstein tendrán que someterse a dicha medida cautelar al menos hasta el próximo 22 de abril mientras avanzan las pesquisas y a pesar de que la corte rechazó la petición de las fuerzas de seguridad, que buscaban alargar su detención.

    Ninguno de los dos podrá ahora contactar con terceros vinculados al caso, lo que incluye a Netanyahu, durante un periodo de 60 días. También tienen prohibido salir del país en los próximos dos meses, según informaciones del diario «The Times of Israel».

    El juez Menachem Mizrahi arremetió además contra los investigadores de la Policía, a los que acusó de utilizar el caso para investigar a los asesores por la presunta filtración de documentos clasificados de la oficina del primer ministro, otro caso en el que Feldstein se había visto también involucrado.

    Feldstein, que lleva bajo arresto domiciliario desde diciembre de 2024, fue imputado a su vez junto al reservista del Ejército Ari Rosenfeld, que también fue acusado de «transferir información clasificada» obtenida cuando trabajaba para la Inteligencia militar israelí.

    Ambos fueron acusados de filtrar estas informaciones para influir en la opinión pública en relación con el proceso de negociación para lograr la liberación de los rehenes, unas acciones con las que buscaban favorecer los intereses del primer ministro israelí.

  • Congresista republicana pide intervenir en Honduras para evitar un «fraude» electoral

    Congresista republicana pide intervenir en Honduras para evitar un «fraude» electoral

    La congresista republicana

    María Elvira Salazar solicitó este jueves al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que garantice que las elecciones presidenciales de Honduras del próximo 30 de noviembre sean «libres y justas» porque, en su opinión, hay «un alto riesgo de fraude».

    «Si fracasamos a la hora de actuar, puede que tengamos que añadir un cuarto régimen rebelde a la troika comunista de Cuba, Venezuela y Nicaragua», afirmó la congresista en la misiva.

    Salazar, de origen cubano, aseguró que la presidenta hondureña, Xiomara Castro, y su esposo, el exmandatario Manuel Zelaya, han sumido al país en el «caos» y que tienen un estilo de gobernar similar al del expresidente venezolano Hugo Chávez.

    «Asegúrese de que las elecciones en Honduras se desarrollen de manera limpia y transparente, y sobre todo, no deje que las roben. La estabilidad del continente depende de ello», le pidió a Rubio, el primer secretario de Estado latino de la historia.

    Las primarias del pasado 9 de marzo, cuyos resultados oficiales se conocerán a más tardar el 8 de abril, se desarrollaron entre varias irregularidades, como la llegada tardía del material electoral en algunos centros de votación en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

    El Gobierno de Estados Unidos instó la semana pasada a los involucrados en las elecciones primarias «a actuar con responsabilidad y a respetar el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las Fuerzas Armadas mientras se finaliza el conteo de votos».

  • Juez contempla declarar al Gobierno Trump en desacato por envío de migrantes a El Salvador

    Juez contempla declarar al Gobierno Trump en desacato por envío de migrantes a El Salvador

    Un juez federal en

    Washington D.C. abrió este jueves la posibilidad de declarar al Gobierno de Trump en desacato por haber enviado a más de 200 migrantes,

    en su mayoría venezolanos, a una megacárcel en El Salvador.

    Durante una audiencia esta tarde, el juez James Boasberg se mostró escéptico ante los argumentos del abogado del Gobierno y señaló incluso que es posible que la Administración haya actuado «de mala fe» para acelerar los vuelos y evitar el escrutinio judicial.

    «Si realmente hubieran creído que todo lo que hicieron ese día fue legal y podía sobrevivir a una demanda, no creo que hubieran actuado de la manera que lo hicieron», indicó Boasberg.

    Trump invocó el pasado 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para deportar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, que surgió en cárceles venezolanas.

    Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes en la que el incluso el presidente Donald Trump sugirió llevar a un juicio político al juez Boasberg.

    En la audiencia, el juez increpó al abogado del Gobierno sobre la sucesión de eventos del día en que despegaron los vuelos e indicó que la Administración decidió acelerar la expulsión de los migrantes para evitar que los tribunales se interpusieran.

    «Estuvieron dispuestos a hacer esto lo más rápido posible para evitar una orden judicial y arriesgaron subir a personas a esos aviones que no deberían estar ahí», insistió el juez.

    Decenas de familiares de los migrantes, ahora detenidos e incomunicados en la mega prisión CECOT, notoria por denuncias de abusos a los derechos humanos, han señalado que sus seres queridos no tienen récord criminal y han defendido que están siendo encarcelados injustamente.

    El abogado del Gobierno indicó no tener conocimiento sobre los funcionarios que tomaron, en últimas, la decisión de seguir adelante con los vuelos pese a que la organización ACLU había presentado ya una demanda y el letrado defendió que la Administración actuó dentro de la legalidad.

    El juez Boasberg aclaró que no espera tomar una decisión sobre este caso esta semana y llamó a las partes a una nueva audiencia el próximo martes.

    El caso, enmarcado en la agresiva política migratoria del Gobierno Trump, que ha asegurado que la banda criminal transnacional Tren de Aragua está «invadiendo» el país, está haciendo que se cuestione la separación de poderes en EE.UU.

  • Aterriza en Venezuela segundo avión estadounidense en una semana con migrantes deportados

    Aterriza en Venezuela segundo avión estadounidense en una semana con migrantes deportados

    Otro grupo de migrantes venezolanos retornó este viernes a su país en un avión estadounidense, el segundo tras el que aterrizó en la nación caribeña el domingo, como parte de los acuerdos entre Caracas y Washington para recibir a deportados, un vuelo que se suma a los dos de la estatal Conviasa que llegaron el jueves.

    La aeronave aterrizó en el aeropuerto Simón Bolívar, ubicado en la localidad costera de Maiquetía y que da servicio a Caracas, con 208 personas, entre ellas 2 niños, 30 mujeres y 176 hombres, dijo el ministro de Transporte, Ramón Velásquez, en una transmisión de la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

    El funcionario indicó que en el estudio hecho por las autoridades migratorias venezolanas han «detectado» que en el vuelo llegan «algunas personas con antecedentes», sin dar mayores detalles.

    «Todos ellos, apenas lleguen a ser verificados, estarán siendo direccionados de acuerdo a la condición con la cual están llegando», sostuvo Velásquez, quien prometió que los retornados recibirán un «trato humanitario».

    Además, anticipó que esperan dar, «más adelante, un parte más preciso de la condición en la cual vienen» estos repatriados.

    Se trata del tercer vuelo con migrantes que llega a suelo venezolano en menos de 24 horas, después de los dos aviones de la estatal Conviasa, uno procedente de Honduras y otro de México, que transportaron este jueves a 198 y 313 personas, respectivamente, según informaron las autoridades locales.

    Este segundo avión estadounidense llegó al país caribeño después de que Washington notificara a los socios de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, entre ellos la española Repsol, que sus permisos para exportar crudo y derivados del país caribeño quedaban cancelados.

    El régimen de Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato el pasado 10 de enero tras su cuestionada reelección, insistió en que cualquier sanción será «enfrentada, controlada y superada».

    Además, el chavismo exigió al Gobierno de El Salvador que libere a los más de 200 venezolanos que están en una cárcel, después de que Estados Unidos los deportara y vinculara con la banda transnacional Tren de Aragua, que nació en un centro penitenciario de Venezuela y que el Gobierno de Donald Trump considera organización terrorista.

    Con estos venezolanos, suman 719 los repatriados en menos de 24 horas.

    En total, 2,190 venezolanos han retornado a su país desde el pasado febrero, como parte, según Caracas, de una nueva fase del programa gubernamental de repatriación Vuelta a la Patria, creado en 2018, y en coordinación con EE.UU. y otros países, como México y Honduras.

  • Noboa y González están en empate técnico a 10 días de votación en Ecuador, según encuesta

    Noboa y González están en empate técnico a 10 días de votación en Ecuador, según encuesta

    El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, y la candidata del correísmo, Luisa González, están en empate técnico a diez días de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, según una encuesta publicada este jueves, que le da una pequeña ventaja a González de entre 0,4 y 0,5 puntos.

    El sondeo de la firma Comunicaliza da un 50,3 % de votos válidos para González frente a un 49,7 % para Noboa, con un margen de error en el sondeo del 1,42 %.

    En votos emitidos, la candidata de la Revolución Ciudadana (RC), el partido que tiene como líder al expresidente Rafael Correa (2007-2017) obtiene el 41,5 %, y el candidato y líder de Acción Democrática Nacional (ADN) recibe 41,1 %, mientras que los votos blancos y nulos son un 8 % y los indecisos todavía se sitúan en 9,5 %.

    La encuesta se realizó entre el 2 y 3 de abril a través de internet a 4.763 personas mayores de 16 años de las veinticuatro provincias del país, con un margen de error del 1,42 % y un nivel de confianza del 95 %.

    Desde este viernes ya no pueden publicarse nuevas encuestas hasta una vez finalizada la votación que tendrá lugar el domingo 13 de abril, de acuerdo a la normativa electoral ecuatoriana, que solo permite difundir sondeos hasta diez días antes del sufragio.

    En la primera vuelta, celebrada el 9 de febrero, Noboa obtuvo el 44,15 % de los votos válidos y González recibió el 44 %, con una diferencia entre ambos de menos de 17.000 votos.

    Los dos finalistas de la contienda presidencial aglutinaron más del 88 % de los votos válidos, lo que reflejó una gran división y polarización en Ecuador entre estos dos candidatos, dentro de una papeleta donde había otras catorce opciones.

    Al término de la primera vuelta, tanto Noboa como González denunciaron, sin aportar pruebas, presuntas irregularidades que no fueron respaldadas por las misiones internacionales de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes concluyeron que no había indicios que invitaran a pensar en un fraude.

    Para este balotaje, el actual mandatario ha anticipado que reconocerá una eventual derrota si no hay sospecha alguna de fraude, mientras que González ha acusado al Consejo Nacional Electoral (CNE) de estar al servicio de Noboa y ha anticipado que movilizarán a sus simpatizantes para reclamar que abren 44.000 urnas si hace falta.

  • Expertos de la ONU identifican a 54 allegados a Daniel Ortega como responsables de graves violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua

    Expertos de la ONU identifican a 54 allegados a Daniel Ortega como responsables de graves violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua

    Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha publicado este jueves un contundente informe que identifica a 54 funcionarios, militares y miembros del partido gobernante de Nicaragua como responsables de «graves violaciones de Derechos Humanos, abusos y crímenes» cometidos en el país centroamericano.

    «Este informe expone la anatomía de un sistema de gobierno que ha instrumentalizado todos los poderes del Estado contra su propio pueblo», ha resaltado el presidente del grupo de expertos, Jan-Michael Simon, en un comunicado publicado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

    El documento detalla la estructura, las cadenas de mando y las responsabilidades individuales que desempeñaron estas personas en «detenciones arbitrarias; torturas; ejecuciones extrajudiciales; persecución tanto a la sociedad civil como a los medios; campañas para quitar la nacionalidad y confiscación de la propiedad privada».

    En la lista se encuentran el comandante en jefe del Ejército Nacional, Julio César Avilés; el viceministro de Interior, Luis Cañas; la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido; el presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar; la procuradora general de la República, Wendy Morales; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, o el asesor de seguridad e Inteligencia de la Presidencia, Néstor Moncada, entre otros –además de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo–

    Una de las expertas del grupo, Ariela Peralta, ha explicado que en el informe, de 234 páginas, se detalla todo un «sistema de represión estrechamente coordinado que se extiende desde la Presidencia» que ostenta el presidente Daniel Ortega «hasta los funcionarios locales».

    «Estos no son incidentes aleatorios ni aislados, sino que forman parte de una política de Estado deliberada y bien orquestada, ejecutada por actores identificables a través de cadenas de mando definidas».
    Ariela Peralta, experta ONU

    Para elaborar el informe, el grupo de expertos de la ONU ha llevado a cabo más de 1.600 entrevistas con víctimas, testigos, perpetradores y otras fuentes de información. Asimismo, ha analizado más de 8.400 documentos oficiales y confidenciales.

    Entre los temas que trata el documento se encuentra la reforma constitucional aprobada por el Parlamento en enero y que permite a Ortega arrogarse más poderes. La lista de los 54 nombres fue compartida en un primer momento de forma confidencial con el Gobierno de Nicaragua, que se ha negado a cooperar con el grupo de expertos.

  • El Tribunal Constitucional surcoreano destituye definitivamente a Yoon por su ley marcial

    El Tribunal Constitucional surcoreano destituye definitivamente a Yoon por su ley marcial

    El Tribunal Constitucional de Corea del Sur aprobó este viernes, de manera unánime, la destitución definitiva del presidente Yoon Suk-yeol, por su controvertida declaración de ley marcial, con lo que el país deberá celebrar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días.

    El fallo fue adoptado con el voto a favor de los ocho jueces del máximo tribunal surcoreano. Para que la destitución fuera ratificada, se requería el respaldo de al menos seis de los ocho magistrados que componen la instancia.

    Yoon permanecía suspendido de sus funciones desde hace más de 100 días después de que la Asamblea Nacional aprobara una moción para su destitución tras su declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre.

    El tribunal concluyó que Yoon violó la Constitución al declarar la ley marcial el 3 de diciembre y al enviar al Ejército al Parlamento para impedir que los legisladores anularan el decreto. El mandatario ha negado todos los cargos.

    El fallo, leído por el presidente interino del tribunal, Moon Hyung-bae, tiene efecto inmediato y es irrevocable, por lo que Yoon queda apartado del cargo formalmente y el país deberá celebrar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de dos meses.

    «La crisis política no justifica las acciones tomadas. La situación en la Asamblea Nacional en ese momento no justificaba el ejercicio de poderes nacionales de emergencia», señaló Moon durante la lectura del veredicto.

    En su argumentación, el tribunal subrayó que el presidente incurrió en una violación sustancial de la ley al impedir el ejercicio de las funciones legislativas. También concluyó que Yoon infringió disposiciones constitucionales al violar el derecho de los legisladores a deliberar y votar, así como su inmunidad parlamentaria.

    Agregó que el presidente utilizó fuerzas armadas con fines políticos, lo que constituyó una grave transgresión de la neutralidad política del Ejército y de su deber como comandante en jefe.

    El proceso ha estado marcado por una fuerte polarización social y política, con protestas masivas en todo el país y encuestas que mostraban alrededor del 60 % de apoyo ciudadano a la destitución.

    El principal partido opositor celebró la decisión como una «victoria del pueblo», mientras que el partido oficialista declaró que «acepta humildemente» el veredicto del tribunal.

    El presidente interino Han Duck-soo aseguró que el Gobierno trabajará para garantizar una transición de liderazgo sin contratiempos hasta la elección del nuevo jefe de Estado, prometiendo que no habrá vacíos en áreas clave como la seguridad nacional y la política exterior durante el periodo de interinidad.

  • Demandan al estado de Florida por ley estatal que penaliza el ingreso de indocumentados

    Demandan al estado de Florida por ley estatal que penaliza el ingreso de indocumentados

    Grupos de defensa de los inmigrantes presentaron una demanda contra el estado de Florida (EE.UU.) por una ley estatal recientemente aprobada que autoriza el arresto de indocumentados, que a sabiendas ingresaron de forma indocumentada al país, y establece sanciones penales contra los infractores.

    La querella presentada el miércoles en un tribunal federal del Distrito Sur de Florida impugna la autoridad del estado para aprobar la ley SB 4-C, que en parte criminaliza a los indocumentados que entran o reingresan a Florida, alegando que es inconstitucional, informó este jueves la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

    La demanda argumenta que la ley estatal viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, ya que la aplicación de las leyes migratorias es de responsabilidad federal.

    Promulgada el pasado 13 de febrero por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, la SB 4C criminaliza a los inmigrantes y penaliza a los mayores de 18 años con encarcelamiento obligatorio por «ingreso ilegal» o «reingreso ilegal» al estado de Florida de extranjeros que, sabiendo que no tenían permiso para entrar al país, lo hicieron.

    La medida pone en la mira incluso a personas que buscan un alivio migratorio como el asilo, que les permita permanecer legalmente en el país.

    “Esta ley despoja de poder al gobierno federal y se lo otorga a funcionarios estatales sin capacitación ni autoridad en inmigración, amenazando con separar familias y detener a personas con todo el derecho legal de estar aquí”, declaró Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la ACLU de Florida en un comunicado.

    ACLU de Florida, el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y Americans for Immigrant Justice presentaron la querella legal en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, la Coalición de Inmigrantes de Florida e inmigrantes afectados, entre ellos residentes del estado de larga data con procesos migratorios pendientes o con familiares ciudadanos estadounidenses que dependen de ellos para su cuidado.

    “La SB 4C de Florida no solo es inconstitucional, sino también cruel y peligrosa”, subrayó Jackson.

    Los demandantes han solicitado al tribunal que impida la aplicación de la ley “para evitar una mayor devastación” en las comunidades inmigrantes en Florida, señaló Hannah Steinberg, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.