Categoría: El Mundo

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró su preocupación por la eliminación del programa de verificación de datos («fact-checking») en Estados Unidos por parte de Meta, anunciado el 7 de enero.

La medida que será aplicada para las redes sociales de la compañía (Facebook, Instagram y WhatsApp) y que será reemplazada por un sistema de «notas comunitarias» representa, según la SIP, abrir el camino a la desinformación.

«La diseminación maliciosa o deliberada de desinformación por parte de actores estatales o privados afecta la confianza pública y menoscaba procesos democráticos. Además de las responsabilidades de quienes emitan, distribuyan, amplifiquen o moneticen estos mensajes, se requiere adoptar políticas de alfabetización noticiosa y digital sobre el impacto de las tecnologías», señaló la SIP en su portal.

Esta transición llega acompañada de una carga política, la cual aumenta en Estados Unidos por los procesos electorales, como la reciente campaña electoral que dejó a Donald Trump como presidente electo de dicho país.

El gigante de las redes sociales anunció el martes que cesaría el programa en Estados Unidos, un giro en sus políticas de moderación de contenido que se alinea con las prioridades del próximo presidente estadounidense, Donald Trump.

«Vamos a eliminar a los fact-checkers (verificadores de contenido) para reemplazarlos por notas comunitarias similares a las de X (antes Twitter), empezando en Estados Unidos», escribió en las redes el fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg.

Zuckerberg dijo que «los verificadores de hechos han sido demasiado parciales políticamente y destruyeron más confianza de la que han creado, especialmente en Estados Unidos».

Esa tarea será reemplazada «por notas comunitarias similares a las de X», añadió.

Para la SIP este cambio que delegará a usuarios anónimos la validación de la información «debilita los esfuerzos necesarios para combatir la propagación de noticias falsas, un problema que tiene impacto directo en la distorsión del debate público y, en consecuencia, afecta profundamente la calidad del sistema democrático».

El programa de fact-checkers es empleado por medios de comunicación para validar la información que permite que la verificación de los «contenidos se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos».

La decisión de Meta se suma a otras previas de la misma empresa en las que desjerarquizó o penalizó los contenidos periodísticos generados por medios profesionales, el principal antídoto contra la desinformación.

«Entre los temas clave que aborda esta nueva versión destacan la inteligencia artificial; la opacidad de los algoritmos, que puede fomentar la polarización y la difusión de desinformación, minando así el debate público; las disrupciones comerciales generadas por las grandes empresas tecnológicas, que concentran el mercado de la publicidad, y el derecho de propiedad intelectual, cuyo respeto es fundamental para la viabilidad económica del periodismo», aseguró la SIP.

El Gobierno de Nicaragua, liderado por el presidente Daniel Ortega, canceló este miércoles otras 15 ONG, entre ellas Save the Children, en el marco de la campaña represiva que comenzó en el país centroamericano tras las protestas antigubernamentales de 2018.

El decreto, publicado en el diario oficial ‘La Gaceta’, resalta que Save the Children International, activa desde 2011, fue clausurada por «disolución voluntaria por acuerdo de la junta directiva por culminar su cartera de proyectos en Nicaragua».

Otras diez organizaciones han sido canceladas por los mismos motivos, muchas de ellas religiosas. De igual forma, cinco fundaciones y asociaciones han cerrado por no informar sobre sus estados financieros por largos periodos de tiempo.

Este tipo de medidas son frecuentes desde las protestas de 2018. El Gobierno ha privado de nacionalidad a disidentes, expulsado del país a embajadores y clausurado miles de ONG nacionales e internacionales, así como medios de comunicación y organizaciones religiosas alegando irregularidades administrativas.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al Nashif, aseguró en diciembre que en el país impera un «clima represivo» ante las últimas reformas constitucionales impulsadas por el presidente Ortega, que han generado «miedo» entre los nicaragüenses, incluyendo aquellos que están exiliados.

«La situación de los Derechos Humanos en Nicaragua ha seguido deteriorándose. Impera un grave clima represivo. En los últimos meses, las reformas han tenido como objetivo concentrar más poder en la Presidencia y criminalizar las voces disidentes», resaltó.

La enmienda a la Constitución impulsada por Ortega amplía el mandato presidencial de cinco a seis años y elimina la prohibición sobre la censura de la prensa en la Carta Magna. Asimismo, establece que todos los derechos fundamentales pueden suspenderse durante un estado de emergencia y rebaja las condiciones para que el Gobierno pueda utilizar al Ejército por motivos de «seguridad».

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia entregó este miércoles al gobierno de Panamá las actas que, según afirma, demuestran su victoria en las elecciones presidenciales de Venezuela celebradas el pasado 28 de julio. La ceremonia tuvo lugar en la capital panameña, a dos días de la investidura de Nicolás Maduro.

«Son esas actas mi verdadera banda tricolor presidencial», declaró González Urrutia durante su intervención, donde firmó un documento de entrega junto al canciller panameño, Javier Martínez-Acha. En el evento, las actas, que representan el 85 % de las papeletas en poder de la oposición, fueron expuestas en mesas para su verificación.

Según el opositor, los documentos invalidan el resultado oficial que dio un 52 % de los votos a Maduro. «Esas actas que ustedes pueden apreciar en este escenario son la fuente de mi legitimidad de origen como nuevo gobernante de Venezuela», sostuvo González Urrutia.

El documento firmado certifica que, con el 85.18 % de las actas recabadas, Nicolás Maduro obtuvo 3,385,155 votos frente a los 7,433,584 registrados a favor de González Urrutia. No obstante, el gobierno chavista ha desestimado estas evidencias.

El acto contó con la presencia de seis cancilleres latinoamericanos y de una decena de expresidentes, quienes respaldaron el traslado y custodia de las actas al Banco Nacional de Panamá, donde permanecerán bajo resguardo. María Corina Machado, líder opositora en la clandestinidad, aseguró en redes sociales que estas «regresarán a Venezuela muy pronto».

El canciller panameño expresó el compromiso de su país en esta misión: «Nos sentimos muy honrados de custodiar la soberanía del pueblo venezolano».

González Urrutia, quien realiza una gira internacional, ya ha visitado Argentina, Uruguay y Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Joe Biden, miembros del Congreso y representantes del equipo del próximo mandatario Donald Trump.

La Policía de Estados Unidos indicó que el autor de la explosión que tuvo lugar a principios de enero en un vehículo situado frente al hotel del presidente electo, Donald Trump, en la ciudad de Las Vegas u003cstrongu003eutilizó la inteligencia artificial para planificar la deflagración.u003c/strongu003ennEl hombre, identificado como Matthew Livelsberger, un militar que padecía síndrome de estrés postraumático, falleció el día de Año Nuevo dentro del coche, un Cibertruck de Tesla. Ahora, la Policía ha indicado que Liverlsberger, de 37 años, recurrió a ChatGPT para obtener información sobre cómo colocar el explosivo.nnAsimismo, solicitó también datos sobre cuestiones técnicas y legales para hacerse con los materiales y lograr su cometido, según informaciones recogidas por medios de comunicación estadounidenses.nn»Sabemos que la inteligencia artificial cambiaría las cosas para nosotros en algún momento», ha aseverado el sheriff del condado de Clark, Kevin McMahill, que ha aseverado que se trata del u003cstrongu003e»primer caso en el que un individuo utiliza ChatGPT para construir este tipo de artefactou003c/strongu003e».nnLivelsberger era miembro en activo de las Fuerzas Especiales del Ejército y, según las investigaciones, u003cstrongu003ese quitó la vida de un disparo en la cabeza instantes antes de que explotaran los fuegos artificiales y los cilindros de gas que llevaba en el vehículou003c/strongu003e, una detonación hirió a siete personas.nnEl militar dejó una nota en la que declaraba lo que iba a hacer como u003cstrongu003e»una llamada de aviso a todos los camaradas, veteranos y estadounidensesu003c/strongu003e» y denunciaba a las élites del poder como un grupo de u003cstrongu003edebiluchos e irresponsables que solo buscan enriquecerseu003c/strongu003e.nnServía en el Ejército desde 2006 y llevaba a sus espaldas una larga carrera de misiones en el extranjero, con dos despliegues en Afganistán y misiones en Ucrania, Tayikistán, Georgia y República Democrática del Congo. Había regresado recientemente de una misión en el extranjero en Alemania y estaba de baja cuando murió, informa la cadena pública estadounidense PBS.

Groenlandia ha sido históricamente un territorio de interés estratégico tanto por su magnitud –es la mayor isla del mundo– como por su ubicación, a medio camino entre los océanos Atlántico y Ártico. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, lo tiene ahora de nuevo en su punto de mira, con amenazas incluso de movimientos militares como herramienta de presión.

La colonización de Groenlandia se remonta al siglo X, con una ocupación nórdica que no terminó de resolverse del todo hasta el siglo XIX, cuando la isla ya quedó bajo control de Dinamarca. Desde 1979, goza de autonomía con respecto a la metrópoli y en 2008 Copenhage renunció a la mayor parte de las competencias, con la salvedad de ámbitos clave para la seguridad como política exterior o Defensa.

En la actualidad, apenas 55.000 personas viven en Groenlandia y sus intereses están representados directamente por dos diputados en el Parlamento central danés, tal como ocurre con las islas Feroe. Sin embargo, el sentir mayoritario entre la población groenlandesa pasa por seguir rompiendo lazos con Copenhague, una carta que está ya contemplada.

Desde 2009, Groenlandia tiene derecho a declarar su independencia mediante referéndum, una aspiración agitada de nuevo en estas últimas semanas por el primer ministro local, Mute Egede.

«Groenlandia no está en venta», coinciden tanto Egede como la jefa del Gobierno central de Dinamarca, Mette Frederiksen, que han salido al paso desde diciembre de las aspiraciones soberanistas resucitadas en las últimas semanas por Trump, que ya sondeó esta posibilidad durante su primera mandato presidencial y ahora ha elevado la apuesta.

Estados Unidos ya compró Alaska en 1867, fecha en la que el entonces presidente, Andrew Johnson, llegó a plantearse adquirir también Groenlandia. Y no fue la única vez, puesto que hace casi ocho décadas la Administración de Harry S. Truman hizo una oferta formal para quedarse con la isla a cambio de 100 millones de dólares en oro, tal como trascendió posteriormente.

Trump no ha dicho cuánto estaría dispuesto a pagar ahora, pero sí que ha hecho público su interés, apelando a temas de seguridad nacional para reclamar Groenlandia –también el canal de Panamá–. El magnate republicano alude a los movimientos de barcos rusos y chinos en las inmediaciones.

Estados Unidos ya cuenta con presencia militar, en virtud de una alianza con Canadá que se remonta a 1958, en plena Guerra Fría, y que lleva por nombre Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD, por sus siglas en inglés). Cuenta con varias instalaciones, incluidas bases militares, con el objetivo de recabar información de Inteligencia y contener potenciales amenazas.

Sin embargo, el progresivo deshielo del Ártico y la consiguiente apertura de nuevas rutas de navegación acrecientan el interés económico y político en esta zona, rica además en recursos naturales como el petróleo y el gas y también en minerales raros, claves por ejemplo para la fabricación de productos tecnológicos.

El canciller de Panamá, Javier Martínez Acha, calificó este miércoles al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como un «tirano» y un «candidato vencido», al tiempo que exigió que entregue el poder al opositor Edmundo González Urrutia, a quien Panamá reconoce como presidente electo.

Martínez-Acha hizo estas declaraciones durante una reunión de cancilleres latinoamericanos celebrada en Ciudad de Panamá, que contó con la presencia de González Urrutia y varios exmandatarios de la región. «El señor Maduro es un candidato derrotado. «El señor Maduro es un candidato vencido. El señor Maduro tiene que ser un buen demócrata y pasar a la oposición», afirmó el canciller, quien tildó a Maduro de «dictador».

El evento se llevó a cabo bajo la sombra de tensiones en Venezuela, donde se prevé la investidura de Maduro para un nuevo mandato el viernes, «pese a las denuncias de fraude electoral.» En su discurso inaugural, Martínez-Acha subrayó: «Venezuela le habló alto y claro al dictador, no nos vas a arrebatar el derecho a la libertad y a la democracia».

A la reunión también asistieron cancilleres de Costa Rica, Ecuador, Perú y Guatemala, junto a figuras políticas como los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón, Laura Chinchilla, Andrés Pastrana, Jorge Quiroga, y los panameños Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Valladares, quienes manifestaron su apoyo a González Urrutia.

Por su parte, González Urrutia reiteró su intención de regresar a Venezuela para asumir la presidencia el viernes, pese a las advertencias del ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, quien advirtió que será detenido si pisa suelo venezolano. Mientras tanto, los expresidentes buscan coordinar un vuelo para acompañar al opositor en su retorno.

El Parlamento venezolano, controlado por el oficialismo, declaró como personas no gratas a los nueve exmandatarios que respaldan a González Urrutia.

Cuatro personas han sido condenadas a penas que oscilan entre 10 y 24 años de prisión por el asesinato de Samuel Luiz, «un joven auxiliar de enfermería brasileño, ocurrido en julio de 2021.» El crimen, perpetrado en La Coruña, Galicia, generó indignación en España y condenas desde altos niveles del Gobierno.

El principal implicado, Diego M.M., «recibió la condena más alta de 24 años debido a la agravante de discriminación por orientación sexual.» Según el tribunal, «el ataque comenzó tras acusar a Luiz de grabarlo con un teléfono móvil.» «Deja de grabar, a ver si te voy a matar, maricón», le gritó antes de iniciar la agresión, según consta en la sentencia.

Los otros participantes, Alejandro F.G. y Kaio A.S.C., fueron sentenciados a «20 y 20 años» y medio respectivamente, mientras que Alejandro M.R. recibió 10 años como cómplice por evitar que Luiz escapara o fuera ayudado. La novia de Diego M.M. fue absuelta tras no encontrarse pruebas de su participación.

El tribunal destacó la «crueldad» y «falta de empatía» de los agresores, quienes dejaron a Luiz gravemente herido en una rotonda. La sentencia obliga además a los acusados a indemnizar a la familia de la víctima con 303,284 euros, y los condenados permanecerán en prisión hasta que la sentencia sea definitiva.

Joe Biden cree que podría haber ganado la reelección si se hubiera mantenido en la carrera por la Casa Blanca, según una entrevista publicada el miércoles, pero reconoce que no está seguro de que hubiera cumplido otro mandato completo.

USA Today le preguntó al demócrata de 82 años, que dejará el cargo el 20 de enero, si cree que la victoria sobre el republicano Donald Trump era una perspectiva realista el pasado noviembre.

«Creo que sí», contestó él, citando un sondeo que no ha especificado.

Pero «tampoco buscaba ser presidente cuando tuviera 85 años, 86 años. Y por eso hablé de pasar el testigo», afirmó Biden. «Pero no lo sé. ¿Quién demonios lo sabe? Hasta ahora, todo va bien. Pero, ¿quién sabe cómo estaré cuando tenga 86 años?»

Biden, el presidente estadounidense de más edad de la historia, se ha visto sometido a una enorme presión de su propio partido, que se cuestionaba sobre sus aptitudes a raíz de su desastroso debate televisivo contra Trump, en el que el demócrata perdió el hilo de lo que decía varias veces y se mostró confundido.

Ha concedido menos entrevistas y ruedas de prensa que ningún otro presidente desde Ronald Reagan, y USA Today era el único medio impreso programado para un cara a cara antes de que Biden abandonara el cargo.

Cuando le preguntaron qué lamenta de los últimos cuatro años, Biden no mencionó el debate ni su decisión de romper la promesa de ser un presidente de un solo mandato y un «puente» para la próxima generación.

Por el contrario, se quejó de la desinformación y las falsedades difundidas por Trump y otros sobre los dos atentados de Año Nuevo en Nueva Orleans y Las Vegas, y del ritmo de los proyectos de infraestructuras.

«Creo que nos habría ido mucho mejor si hubiéramos sido capaces de poner en marcha más rápidamente algunos de estos proyectos», dijo.

Ante la posibilidad de indultos preventivos para quienes puedan estar en el punto de mira del líder republicano cuando vuelva al poder, Biden confirmó que lo está considerando pero aún no ha tomado una decisión.

Contó haber dicho a Trump durante su reunión en el Despacho Oval poco después de las elecciones que no persiga a quienes considera sus enemigos porque, según él, «intentar ajustar cuentas» le perjudica.

El republicano le escuchó pero no le contestó, explicó Biden.

En cuanto a su legado, el demócrata dijo que quiere ser recordado por tener un plan para restaurar la economía tras la pandemia y restablecer el liderazgo global estadounidense. «Y espero que (la historia) registre que lo hice con honestidad e integridad, que dije lo que pensaba».

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que Estados Unidos debería llamarse «América mexicana», en respuesta a la propuesta del mandatario electo estadounidense, Donald Trump, de renombrar el Golfo de México como «Golfo de América».

«Obviamente el Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas. ¿Por qué no le llamamos América Mexicana (a Estados Unidos)?, ¿se oye bonito, no?», dijo la mandataria mexicana en su habitual rueda de prensa frente a un mapamundi del siglo XVII en el que la región América del Norte aparece con ese nombre.

«Él habló del nombre, nosotros también hablamos del nombre», añadió.

Pese a ello, Sheinbaum dijo que «va a haber buena relación con el presidente Trump. ¿En qué me baso?, en que hubo buena relación con el presidente (Andrés Manuel) López Obrador (2018-2024)».

El martes, Trump dijo en rueda de prensa que le gustaría cambiar el nombre del Golfo de México por el de «Golfo de América» ​​en cuanto asuma la presidencia de Estados Unidos, el próximo 20 de enero.

«Le vamos a cambiar el nombre al Golfo de México por el Golfo de América, que tiene un lindo sonido. Es lo apropiado. Y México tiene que parar de dejar entrar a millones de personas a nuestro país», dijo.

Trump aseguró también el martes que México está dirigido por los cárteles del narcotráfico. En respuesta, Sheinbaum dijo que en el país «gobierna el pueblo».

«Le malinformaron, con todo respeto, al presidente Trump, porque yo creo que le informó que en México todavía gobernaba Felipe Calderón (2006-2012) y (Genaro) García Luna», dijo la presidenta en referencia al expresidente que ordenó operaciones militares contra los cárteles y su entonces secretario de Seguridad Pública, actualmente preso en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

«En México gobierna el pueblo», añadió la mandataria en su habitual rueda de prensa matutina.

Antes de asumir el poder, Trump se ha centrado en sus baterías en México. El magnate amenazó con imponer aranceles del 25 % a su socio comercial si no frenaba la entrada de migrantes indocumentados y de drogas a su país.

Trump también ha anunciado que designará a los cárteles mexicanos como terroristas, una medida que ya había barajado en su anterior mandato (2017-2021), pero que archivó a pedido del entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien aceptó cooperar en seguridad aunque rechace una posible presencia militar estadounidense en su territorio.

Sheinbaum ha rechazado esa medida bajo el mismo argumento de López Obrador de evitar una incursión extranjera que atente contra la soberanía del país.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, acusó este miércoles al multimillonario Elon Musk de azuzar «el odio» y avisó del regreso del fascismo, durante un discurso de conmemoración del 50º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

Sin identificar por su nombre al propietario de la red social X, Sánchez dijo que «el hombre más rico del planeta» encabeza una «internacional reaccionaria» que «ataca abiertamente a nuestras instituciones, azuza el odio y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania en las próximas elecciones».

«Todo esto es un problema, es un reto, es un desafío que deberíamos interpelarnos a todos los que creemos en la democracia», aseguró el dirigente socialista en el Museo Reina Sofía de Madrid, que alberga el «Guernica» de Pablo Picasso, un símbolo antifranquista.

«Los regímenes autocráticos están avanzando en medio mundo», avisó Sánchez, y «el fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa».

Sánchez aconsejó combatir «las ‘fake news’, porque las mentiras y también la desinformación son la principal arma de los enemigos de la democracia».

Musk, gran aliado del presidente electo estadounidense Donald Trump, generó malestar en toda Europa con sus recientes ataques incendiarios a dirigentes del continente como el laborista británico Keir Starmer o el socialdemócrata alemán Olaf Scholz, y con su apoyo a partidos de extrema derecha.

Además, Musk expresó su apoyo al partido alemán de ultraderecha AfD, antes de las elecciones anticipadas en Alemania, el 23 de febrero.

Este miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, instó a Bruselas a responder con «la mayor firmeza» a las injerencias en «el espacio europeo», en particular a las de Musk.

«Recordar la historia»

Sánchez también respondió a la oposición de derechas, que le reprocha haber improvisado la conmemoración del aniversario de la muerte de Franco por urgencias políticas.

«No hace falta ser de una determinada ideología, ni de izquierdas, ni de centro, ni de derechas, para mirar con tristeza, con enorme tristeza y también con terror, los años oscuros del franquismo y temer que ese retroceso se repita», sentenció.

Hay que recordar «la historia, porque olvidar los errores del pasado es el primer paso para que estos se repitan de nuevo», mantuvo Sánchez.

Franco gobernó España desde el fin de la Guerra Civil, en 1939, hasta su muerte por causas naturales, a los 82 años, el 20 de noviembre de 1975.

La muerte del dictador la recordaban solamente sus partidarios, con misas y visitas al Valle de los Caídos, el mausoleo que se hizo construir para sus restos, hasta que fue exhumado por iniciativa de Sánchez en 2019.

En cambio, sí se conmemora la aprobación de la Constitución con un día festivo, el 6 de diciembre.

Sin el rey ni la oposición

Al acto de este miércoles no asistieron el rey Felipe VI, por problemas de agenda según el gobierno, ni el líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo, del Partido Popular (PP), fue a visitar las localidades de Valencia que sufrieron las inundaciones del 29 de octubre. «Sánchez, con Franco. Feijóo, con los valencianos», afirmó el PP en un comunicado.

El líder de la oposición demostró que los actos son propios de «un Gobierno que en su desesperación mira constantemente al pasado», en alusión a los problemas que atraviesa Sánchez por los casos judiciales que afectan a su entorno.

Los socialistas replican a Feijóo señalando los orígenes de su partido, fundado en 1976 bajo el nombre de Alianza Popular por un antiguo ministro de Franco, Manuel Fraga Iribarne, que colaboró ​​en el proceso de democratización.

En el aire está también la duda del papel que jugará Juan Carlos I en la efeméride. El rey emérito, que abdicó en 2014 y fue a vivir a Emiratos Árabes Unidos en 2020 huyendo de los escándalos, sustituyó a Franco como jefe de Estado y pilotó la transición a la democracia.