Categoría: El Mundo

A tres días de la investidura del dictador Nicolás Maduro, «hombres encapuchados» se llevaron el martes en Caracas al yerno de Edmundo González Urrutia, denunció el opositor desde Washington, donde se encuentra en una gira para recabar apoyos a su reclamo por el poder en Venezuela.

Maduro tiene previsto juramentarse el viernes ante el Parlamento, controlado por el chavismo. La oposición llamó para el jueves a protestas en todo el país, que la líder en la clandestinidad María Corina Machado prometió encabezar.

«Fue secuestrado mi yerno Rafael Tudares», escribió González Urrutia en la red social X. «Rafael se dirigía a la escuela de mis nietos a dejarlos por el inicio a clases, lo interceptaron hombres encapuchados, vestidos de negro, lo montaron en una camioneta» y «se encuentra desaparecido», relató.

Una de sus hijas y su familia se quedaron en Venezuela cuando él decidió pedir asilo en España, donde vive su otra hija.

Hasta ahora las autoridades no se han pronunciado sobre la detención.

Esta mañana fue secuestrado mi yerno Rafael Tudares.

Rafael se dirigía a la escuela de mis nietos de 7 y 6 años, en Caracas, a dejarlos por el inicio a clases, y lo interceptaron hombres encapuchados, vestido de negro, lo montaron en una camioneta color dorado, placa AA54E2C y…

— Edmundo González (@EdmundoGU) Jan 7, 2025 «Transición»

González Urrutia está en Washington desde el domingo, adonde llegó proveniente de Argentina y Uruguay, las dos primeras escalas en una gira internacional que emprendí una semana antes de la investidura del 10 de enero en Venezuela.

Sostuvo el lunes una reunión con el presidente Joe Biden, cuyo gobierno lo reconoce como «presidente electo».

En el encuentro, ambos hablaron de «sus esfuerzos compartidos para restaurar la democracia en Venezuela», según un comunicado.

«La transición en Venezuela ocurrirá durante los últimos días de la administración Biden», dijo González Urrutia según un comunicado de la oposición venezolana, cuando faltan dos semanas para que Donald Trump tome posesión del cargo.

Habló también con Mike Waltz, elegido por Trump como futuro asesor de seguridad de la Casa Blanca, así como con congresistas.

La gira internacional de González Urrutia incluye Panamá y República Dominicana.

Desde ahí, nueve expresidentes latinoamericanos de derecha, miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), buscan coordinar un avían que los lleve a Venezuela.

«No está asegurado todavía», precisó el dirigente venezolano a periodistas en Washington.

«En el aeropuerto los voy a esperar», ironizó por su parte el ministro del Interior, Diosdado Cabello. «¿Van a venir a invadir a Venezuela? ¿Nos van a asustar con eso a nosotros? …Si ponen un pie en Venezuela, van a ser detenidos y puestos a la orden de la justicia».

Ya el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, advirtió que sería tratados como «invasores» si ingresan sin permiso.

Un antecedente: las autoridades venezolanas impidieron el despegue de un avían desde Ciudad de Panamá a Caracas que tenía entre sus pasajeros a expresidentes del grupo IDEA, que querían viajar al país para observar las elecciones presidenciales de julio.

Machado ha dicho que no está prevista una juramentación paralela de González Urrutia fuera del país.

«Edmundo González Urrutia se juramentará el día que corresponda en Venezuela», dijo el lunes en una entrevista a la AFP.

El gobierno de Maduro «tiene los días contados porque esa tiranía va a salir y Venezuela va a ser libre», reiteró el martes en una videoconferencia. «Yo no puedo garantizar el día o la hora, puede ser antes, durante o después del 10 de enero, pero va a pasar».

Machado, que hizo su última aparición pública el 28 de agosto, tiene previsto participar de la movilización en Caracas, cuyo recorrido aun no fue divulgado.

«Es el momento de reivindicar el 28», dijo. «Logramos que todos los ojos del mundo se coloquen en lo que corresponde, que es la verdad, la soberanía popular, el pueblo unido y no en una farsa».

El chavismo convocó a una marcha paralela el jueves en la capital y a otra el viernes para acompañar a Maduro a su juramentación.

«Todo va a estar en santa paz», advirtió Cabello. «Pero fascistas, terroristas, si ustedes se atreven (a irrumpir en el acto de toma de posesión) se van a arrepentir por toda su vida».

El presidente electo de Estados Unidos,» Donald Trump, se negó este martes a descartar una acción militar que le permita tomar el control del Canal de Panamá o de Groenlandia.»

«Puedo decir lo siguiente: los necesitamos por razones de seguridad económica. No me voy a comprometer a eso (a descartar una acción militar. Podría ocurrir que tengamos que hacer algo», declaró a la prensa este martes en su residencia en Mar-a-Lago, sur de Florida.

«Desde que ganamos las elecciones, la percepción de todo el mundo es diferente. Me han llamado personas de otros países. Me han dicho: 'Gracias, gracias'», dijo Trump mientras exponía su programa para los próximos cuatro años.

Eliminar la frontera «artificialmente trazada» entre Estados Unidos y Canadá sería una gran ayuda para la seguridad nacional, añadió el magnate republicano.

Tras el anuncio de la dimisión el lunes del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, Trump estimó que Canadá debería fusionarse con Estados Unidos, comentario que enfureció a su vecino del norte.

Trump declaró en varias ocasiones que le gustaría recuperar el Canal de Panamá, construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914, si no se reducía el precio de los peajes para los barcos estadounidenses.

El martes, volvió a criticar el acuerdo firmado en 1977 por el entonces presidente Jimmy Carter, recientemente fallecido, el cual transfirió el control del canal a Panamá en 1999.

Justo antes de la pasada Navidad, Trump también dijo que «por el bien de la seguridad nacional y la libertad en todo el mundo, Estados Unidos de América cree que la propiedad y el control de Groenlandia es una necesidad absoluta».

Por primera vez en los dos mil años de historia de la Iglesia católica, el papa Francisco nombró a una mujer, Simona Brambilla, al frente de un «ministerio» del Vaticano.

La monja italiana de 59 años fue nombrada prefecta del Dicasterio para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el «ministerio» de la Curia (gobierno vaticano) responsable de las órdenes y congregaciones religiosas.

Francisco eligió como «proprefecto» del dicasterio al español Ángel Fernández Artime, de 65 años, creado cardenal en el Consistorio del 30 de septiembre de 2023.

Sor Brambilla, exsuperiora general en Italia de las Misioneras de la Consolata, era ya la número dos de este dicasterio desde octubre de 2023.

Es «considerada moderada y conciliadora», con una «respetable experiencia como misionera en África y como administradora», comentó la vaticanista Franca Giansoldati en el diario romano Il Messaggero.

Pero, al igual que otros expertos vaticanistas, Giansoldati cuestiona la decisión del papa de nombrar a un cardenal como «pro-prefecto» junto a Brambilla. El Vaticano no ha explicado cuál será el papel del cardenal español.

El término «pro-prefecto» se refiere tradicionalmente a una persona que puede llegar a asumir el papel de prefecto, según el sitio web especializado en religión Cruxnow.com.

Según Franca Giansoldati, los defensores de un mayor espacio para las mujeres en la Iglesia están «perplejos» por este doble nombramiento, ya que temen que el cardenal ostente el poder real y la hermana Brambilla quede reducida a un papel representativo.

En la Iglesia católica hay muchas más mujeres que hombres: 559,228 frente a 128,559, según cifras oficiales del Vaticano de 2024. Pero las mujeres siguen sin poder ser sacerdotes.

Nacida en Monza (norte de Italia), Simona Brambilla fue enfermera antes de ordenarse. Se doctoró en psicología antes de dirigir el Instituto de las Misioneras de la Consolata desde 2011 hasta mayo de 2023.

Según Vatican News, medio oficial del Vaticano, desde la elección de Francisco en 2013, y hasta 2023, el porcentaje de mujeres que ocupan funciones en la Santa Sede y en la administración del Estado del Vaticano pasó de 19,2% a 23,4%.

El papa argentino ya nombró a dos mujeres para altos cargos en los diez años de su pontificado: en 2016, a Barbara Jatta, directora de los Museos Vaticanos, y a sor Raffaella Petrini, secretaria general de la Gobernación en 2022, cargo habitualmente asignado a un obispo.

No obstante, el último Sínodo celebrado a finales de 2024 puso de manifiesto la falta de visibilidad de las mujeres en la Iglesia y su gobierno.

Si bien «las mujeres y los hombres tienen una dignidad igual como miembros del pueblo de Dios», «las mujeres siguen topándose con obstáculos para obtener un mayor reconocimiento» de su papel, constató el documento final de esta asamblea aprobado por el papa.

Asociaciones especialmente activas en Europa y Norteamérica lamentan la marginación de las mujeres por un sistema considerado patriarcal, a pesar de su papel central en las parroquias de todo el mundo.

Al cierre del Sínodo, la cuestión de la ordenación de las mujeres quedó en suspenso, al constatar los participantes que sigue habiendo muchas reticencias, sobre todo en una franja conservadora de la Iglesia y en ciertas regiones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este martes que no se encontraron evidencias de que se produzca fentanilo en su país, en medio de las amenazas del mandatario electo estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles si persiste el tráfico de esta droga.

«Hasta ahora el hecho de que lleguen precursores, porque la mayor parte de los precursores viene de Asia, y que se fabrique aquí en México todo el proceso, no se ha encontrado. Eso no quiere decir que no se siga investigando», sostuvo la mandataria en su habitual rueda de prensa matutina.

Sheinbaum añadió que su gobierno está combatiendo el tráfico de esta droga e hizo referencia a una incautación de más de una tonelada de pastillas de fentanilo a inicios de diciembre pasado en el estado de Sinaloa (noroeste).

Añadió que las autoridades realizan el seguimiento de todos los precursores que entran a México «para la producción de cualquier medicamento» y también a «la entrada de fentanilo para usos médicos».

El gobierno mexicano también lanzó este martes una campaña informativa en medios y en escuelas para evitar el consumo de fentanilo, aunque Sheinbaum recalcó que el uso de esta sustancia «no es un problema» en el país, como sí lo es en Estados Unidos y Canadá.

Trump, quien asumirá el poder el 20 de enero próximo, advirtió que impondrá aranceles de 25 % a las importaciones de México como una forma de presión para detener el tráfico de drogas y el ingreso de migrantes indocumentados a Estados Unidos.

El uso ilícito del fentanilo, un opioide sintético recetado bajo control médico y 50 veces más potente que la heroína, causa drogodependencia seria y es relacionado con decenas de miles de muertes por sobredosis registradas en Estados Unidos.

México es una de las principales rutas de trasiego de esta sustancia y de los componentes para fabricarlas, en su mayoría provenientes de China, que también enfrenta presiones arancelarias de parte de Trump.

Donald Trump dijo que le gustaría cambiarle el nombre al Golfo de México por el de «Golfo de América», en cuanto asuma la presidencia de Estados Unidos dentro de dos semanas.

«Le vamos a cambiar el nombre al Golfo de México por el Golfo de América, que tiene un lindo sonido. Es lo apropiado. Y México tiene que parar de dejar entrar a millones de personas a nuestro país», dijo en una rueda de prensa.

Unos 200 hondureños partieron este martes en caravana hacia Estados Unidos desde la ciudad de San Pedro Sula (noroeste),

pese a las amenazas de Donald Trump de realizar la mayor deportación de migrantes cuando asuma la presidencia en dos semanas.

Con mochilas y algunos alimentos, se reunieron durante la noche en una terminal de transporte en San Pedro Sula, segunda ciudad hondureña situada a 180 kilómetros (km) al norte de Tegucigalpa, y algunos acompañados por niños

emprendieron la caminata de unos 120 km hacia la frontera con Guatemala.

«Es la intención de salir del país y, primero Dios, lleguemos» a Estados Unidos, dijo a la AFP Leticia Alvarado, que llegó a la terminal desde una aldea del caribeño puerto de Tela.

Alvarado agregó que ya había intentado migrar porque «aquí oportunidades de trabajo no hay». «¿Quién vive con cien lempiras (cuatro dólares al día) que pagan en esos comedores?» donde se trabaja como cocinera, citó como ejemplo.

«Hoy en grupo (caravana) de personas y por la compañía (…) no me voy a sentir sola» en el trayecto, expresó.

Los migrantes se quejan de la falta de oportunidades de empleo y de la violencia que desde hace décadas afecta a los hondureños por las pandillas y el narcotráfico.

Jesús Alberto Villanueva reconoció que emigrar «es difícil porque el camino es peligroso, pero eso es lo que toca» porque en Honduras «no hay trabajo» o se «va por una miseria a trabajar».

Villanueva dice que «no se sabe» si Trump va a cumplir sus amenazas contra los migrantes. «Ahí es la suerte de cada quien», comentó.

«Vamos a ver si Dios nos abre una nueva puerta allá en territorio estadounidense», declaró Esaú Cerrato, otro de los migrantes.

Trump hizo de la política migratoria uno de los temas dominantes de su campaña electoral y ha prometido deportaciones masivas en cuanto asuma el gobierno el 20 de enero, aunque sin dar detalles de cómo las ejecutará.

Según las autoridades de Honduras, unos 280.000 hondureños podrían ser deportados.

En 2024 lo fueron más de 37,000.

Cerca de dos millones de hondureños, la mayoría indocumentados, viven en Estados Unidos y ayudan a sostener la economía de Honduras.

Según el gobierno, en 2024 Honduras recibió $9,627.9 millones en remesas familiares, lo que equivale a más del 25 % del PIB.

Los hondureños fueron los primeros en salir en caravanas. En octubre de 2018 partieron unos 1,500 desde San Pedro Sula, y se fueron sumando guatemaltecos, salvadoreños y mexicanos.

Sin embargo, fueron pocas las caravanas que pudieron pasar por Guatemala tras ser reprimidas por la policía.

Investigadores anticorrupción surcoreanos obtuvieron el martes una nueva orden judicial de arresto para el destituido presidente «Yoon Suk Yeol», cuya fallida promulgación de una ley marcial hundió al país en una grave crisis política.

Yoon, un exfiscal, se negó en tres ocasiones a ser interrogado sobre la malograda ley marcial emitida en diciembre y se mantiene encerrado en la residencia oficial, rodeado de cientos de miembros de la guardia presidencial que impidieron su detención.

La nueva orden fue emitida por el mismo tribunal que dictó la primera, vencida el lunes. «La orden de arresto que volvimos a solicitar fue emitida hoy por la tarde», dijo el Cuartel de Investigación Conjunta en un comunicado.

El tribunal de distrito de Seúl Oeste se negó a confirmar este hecho al ser contactado por la AFP.

La Oficina de Investigación de la Corrupción, que lidera la causa contra el presidente, no ha informado de la vigencia de la orden de arresto solicitada después de que expirara la primera de siete días.

Sus agentes intentaron el viernes arrestar a Yoon y accedieron a su residencia en Seúl, pero se toparon con cientos de efectivos de los servicios de seguridad presidencial que impidieron la ejecución de la orden.

Si los investigadores consiguen detener a Yoon, sería el primer presidente en activo de la historia de Corea del Sur en terminar arrestado.

Pero los agentes a cargo de la causa solo dispondrían de 48 horas para interrogarlo. Si quieren prolongar su detención, deberían solicitar una nueva orden.

Yoon es investigado por cargos de «insurrección» y, en caso de ser condenado, se expone a una sentencia de prisión o incluso la pena de muerte.

Su decreto de ley marcial desató la peor crisis política en décadas en Corea del Sur.

Los abogados de Yoon insisten en que la primera orden de arresto fue «ilegítima» y prometieron tomar acciones legales en su contra.

«Una fortaleza»

El jefe de la oficina anticorrupción, Oh Dong-woon, pidió perdón el martes por no haber podido arrestar a Yoon.

«Tengo que expresar mis sinceras disculpas por el fracaso en la ejecución de la orden de arresto debido a las medidas de seguridad tomadas por los servicios presidenciales», dijo a los diputados en la Asamblea Nacional.

Este organismo dedicado a investigar la corrupción de los altos cargos se creó hace menos de cuatro años y dispone de menos de un centenar de efectivos.

«Naturalmente no tienen experiencia previa en arresto, ya no hablamos de algo tan importante como arrestar al presidente», dijo el presidente de la Sociedad Democrática de Abogados, Yun Bok-nam.

En otro frente judicial de esta saga, la Corte Constitucional surcoreana marcó el inicio del juicio de destitución de Yoon para el 14 de enero y podrá celebrarse en ausencia si el presidente suspendido no acude.

El parlamento surcoreano votó para destituir a Yoon de su cargo por la promulgación de la ley marcial y ahora este tribunal debe determinar en un plazo de 180 días si confirma el cese de Yoon como presidente o lo devuelve al cargo.

Los expresidentes Roh Moo-hyun y Park Geun-hye nunca comparecieron a sus juicios de destitución, celebrados respectivamente en 2004 y 2016.

Los medios locales apuntaron que Yoon probablemente aparezca en el primer día del juicio, pero su abogado dijo a la AFP que su asistencia todavía estaba por decidir.

Un diputado de la oposición, Youn Kun-young, denunció que la residencia de Yoon «se estaba convirtiendo en una fortaleza» y aseguró que los guardias estaban instalando alambradas de púas y barricadas con vehículos.

Además, numerosos partidarios del dirigente conservador han acampado en su exterior a pesar de las gélidas temperaturas en el invierno de Seúl.

Más de 5,600 personas murieron el año pasado por la violencia de las pandillas en Haití, un millón más que en 2023, alertó el martes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

«Estas cifras no pueden por sí solas rendir cuentas de los horrores absolutos que se perpetran en Haití, pero muestran la violencia incesante a la que la población está sometida», dijo Volker Türk en un comunicado.

Distintos grupos violentos controlan la mayor parte de la capital de Haití, Puerto Príncipe. El empobrecido país caribeño sufre desde hace décadas una inestabilidad política que ha empeorado en años recientes por el aumento de la fuerza y ​organización de estos grupos.

A pesar de una misión liderada por Kenia y respaldada por Estados Unidos y la ONU, la violencia ha seguido agravándose.

El comunicado de la ONU del martes asegura que en uno de los peores sucesos de 2024, al menos 207 fueron asesinadas a comienzos de diciembre en una masacre organizada por el líder del poderoso grupo Wharf Jeremie en la zona de Cité Soleil de la capital.

Muchas de las víctimas eran personas mayores supuestamente implicadas en prácticas de vudú a las que un líder del clan acusó de envenenar a su niño. Los sospechosos fueron llevados a un «centro de formación» donde muchos fueron descuartizados o quemados una vez asesinados.

La oficina de la ONU documentó el año pasado 315 linchamientos realizados por miembros de estas pandillas o gente presuntamente asociada con ellas, en ocasiones facilitados por oficiales de policía haitianos.

Además, se registraron 281 casos de supuestos ejecuciones sumarias por parte de unidades policiales el año pasado.

«Por mucho tiempo ha quedado claro que la impunidad para las violaciones y los abusos de los derechos humanos, además de la corrupción, continúan siendo prevalentes en Haití, constituyendo algunos de los principales factores de la crisis multidimensional que enfrenta el país, junto a las arraigadas desigualdades económicas y sociales», dijo el responsable de derechos humanos de la ONU.

Türk subrayó que «restaurar el Estado de derecho debe ser una prioridad» y pidió que se garantice a la misión de Kenia «el apoyo logístico y financiero necesario para implementar con éxito su mandato».

El Alto Comisionado también pidió que la policía nacional de Haití, con apoyo internacional, refuerce su vigilancia para que los agentes presuntamente implicados en estos abusos rindan cuentas.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos también lamentó las deportaciones a Haití, insistiendo que «la aguda inseguridad y la resultante crisis de derechos humanos en el país simplemente no permite el regreso seguro, digno y sostenible de los haitianos.»

El primer ministro británico, Keir Starmer, prometió el martes

reforzar la protección de los menores y actuar para prevenir la explotación sexual de niños por bandas de delincuentes, tras varios días de polémica con el multimillonario estadounidense Elon Musk.

En el diario The Sun, el dirigente laborista señaló que su gobierno hará obligatoria la denuncia de la violencia sexual cometida contra los niños, siguiendo las recomendaciones de una investigación pública sobre el tema concluida en 2022.

Musk había criticado el jueves en X la actuación de Starmer, cuando era fiscal general del Estado, en un caso de explotación sexual de más de 1,500 niñas en Inglaterra entre 1997 y 2013, en el que se culpó a las autoridades de no haber tomado medidas.

«En Reino Unido, delitos graves como la violación requieren la aprobación de la fiscalía antes de que la policía pueda acusar a los sospechosos. ¿Quién estaba a cargo del CPS (la fiscalía general del Estado) cuando a las bandas de violadores se les permitía explotar a niñas sin enfrentarse a la justicia? Keir Starmer», escribió el multimillonario estadounidense.

Starmer había denunciado el lunes que «quienes difunden mentiras y desinformación no están interesados en las víctimas sino en sí mismos», reaccionando al comentario de Musk.

El primer ministro laborista, quien fue jefe de la fiscalía en Inglaterra y Gales entre 2008 y 2013, dijo que había actuado en ese momento para garantizar que «los hombres responsables de estos actos despreciables sean llevados ante la justicia, sentados en el banquillo de los acusados y luego puestos tras las rejas».

El dirigente acusó a las «voces de extrema derecha» de «intentar reescribir la historia».

Al final de una amplia investigación pública realizada a lo largo de siete años y finalizada en 2022, «una de las principales recomendaciones fue la obligatoriedad de denunciar la violencia sexual cometida contra los niños. Como primer ministro, lo implementaré», dijo Keir Starmer en The Sun.

Esta medida afectará a los docentes, trabajadores sociales y agentes de policía.

Más de 700 empleados de la cadena de restaurantes de comida rápida McDonald's se sumaron a la denuncia colectiva por acoso contra el grupo estadounidense en Reino Unido, informó este martes la firma que los representa, un año y medio después de una investigación de la BBC sobre el tema.

Estas personas «describieron experiencias de discriminación», en particular relacionadas con la discapacidad, pero también de homofobia, racismo y acoso, señaló el bufete de abogados Leigh Day en un comunicado, según el cual más de 450 restaurantes en Reino Unido están implicados.

La cadena de comida rápida cuenta con más de 170,000 empleados en el país, la mayoría de los cuales son muy jóvenes, incluso adolescentes.

Esta demanda colectiva se inició tras una investigación de la BBC en julio de 2023 mediante testimonios.

El director general de McDonald's en Reino Unido e Irlanda, Alistair Macrow, fue disculpó en ese momento por «fallas claras» en la protección de los empleados.

Macrow agregó que la compañía enfrentaba «una o dos» acusación de acoso sexual por semana de empleados en el Reino Unido.

El director general de la compañía debía ser escuchado el martes por la tarde por los parlamentarios británicos como parte de los trabajos de una futura ley que reforme la legislación laboral.

«Tuve que lidiar con comentarios homófobos de gerentes y miembros del equipo», dijo un exempleado que tenía 19 años en el momento del incidente, citado en la declaración de Leigh Day.

«Mi jefe me dijo que si no podía lidiar con eso, debería renunciar a mi trabajo», agregó.

La BBC citó el martes el caso de un empleado que fue acosado porque sufre de una discapacidad mental y una afección ocular y que tuvo que dejar su trabajo.

«Cualquier incidente de mala conducta y acoso es inaceptable y es objeto de una acción rápida y minuciosa», afirmó el martes un portavoz de McDonald's.

El vocero agregó que ha puesto en marcha un sistema en línea que permite «a los empleados de todos los establecimientos de la empresa expresarse sobre cuestiones de acoso en total confidencialidad».

«Estamos seguros de que estamos tomando medidas significativas e importantes para abordar los comportamientos inaceptables a los que se enfrentan todas las organizaciones. Sabemos que debemos estar constantemente vigilantes», añadió.

El gigante del 'fast-food' ya había sido objeto de persecución en 2019, cuando el Sindicato de Trabajadores de Panadería y Alimentación (BFAWU) afirmó que más de 1.000 empleadas dijeron haber sido víctimas de acoso sexual y maltrato en el lugar de trabajo.