El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado tiene programado instalar la audiencia única abierta del 7 al 11 de septiembre próximo en contra de 11 procesados acusados de actos de terrorismo.
La diligencia judicial se retomará luego de ser suspendida el pasado 11 de agosto por problemas técnicos en la conexión por videollamada con el centro penal.
El proceso penal iniciará bajo los cuestionamientos de la defensa técnica debido a la exclusión del principal testigo de la Fiscalía General de la República (FGR), y en medio de una serie de correspondencias diplomáticas enviadas por parlamentarios del Parlamento Federal Alemán dirigidas al órgano judicial y al Ejecutivo salvadoreño.
Durante una conferencia de prensa de organizaciones sociales y la defensa, se señaló que la FGR no incorporó en su lista final de testigos a la persona que, de acuerdo con la acusación inicial de mayo de 2024, alertó a las autoridades policiales sobre la supuesta planificación de atentados terroristas durante la toma de posesión presidencial.
Representantes del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes) y la defensa técnica indicaron que la persona denunciante nunca fue plenamente acreditada ni identificada en las actas policiales.
Al respecto, los defensores afirmaron que al carecer de un testigo de cargo acreditado, la acusación carece de elementos probatorios de fundamentación directa.
De acuerdo con lo expuesto a partir de publicaciones periodísticas y el expediente del caso, la prueba de la FGR se fundamentará principalmente en las declaraciones de una veintena de agentes de la Policía Nacional Civil que ejecutaron los arrestos y cuatro peritos tecnológicos asignados para analizar dispositivos telefónicos y bitácoras.
Por su parte, la jueza del caso desestimó la declaración de 10 testigos de descargo que habían sido presentados por los abogados de los procesados.
Pronunciamiento parlamentario desde Alemania
La inminencia de la audiencia ha provocado pronunciamientos de miembros del Bundestag (Parlamento Federal Alemán), quienes remitieron cartas tanto a la jueza encargada del proceso como al presidente de la República, Nayib Bukele.
El Dr. Gregor Gysi, portavoz parlamentario alemán, dirigió una nota a la Jueza 3 manifestando su preocupación en calidad de padrino de Atilio Montalvo, bajo el amparo del programa internacional de protección a defensores de derechos humanos. Gysi solicitó formalmente que el estado de salud de Montalvo sea debidamente tomado en cuenta y que el juicio garantice el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.
De igual manera, la diputada federal alemana Gökay Akbulut envió una carta al mandatario salvadoreño donde instó al Estado a garantizar una evaluación objetiva e independiente del expediente dada la gravedad de los cargos y la supuesta escasez de pruebas. Otras legisladoras de Alemania, como Nicole Gohlke, Violeta Bock, Isabel Bandre y Charlotte Nehauser, remitieron correspondencias de similares términos a la sede judicial, notificando a las respectivas sedes diplomáticas de ambos países.
Rafael Paz Narváez, representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), informó que más de 30 organizaciones internacionales en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Suiza, Alemania y México se han solidarizado con los excombatientes detenidos.
El grupo de acusados está compuesto por José Santos Melara, Atilio Montalvo, Julio Alfonso Mira, José Eliseo Segura, Wilfredo Paredes, Carlos Mejía, Roberto Antonio Esquivel, Eliseo Alvarado Guevara, José Ismael Santos, Orlando Cartagena y el comunicador social de Chalatenango, Luis Alberto Menjívar. Todos permanecen en prisión preventiva desde su captura el 30 de mayo de 2024, con excepción de Montalvo, quien goza de arresto domiciliario temporal por encontrarse en estado crítico de salud.
Mextli Montalvo, hija del exdirigente, detalló que su padre padece insuficiencia cardíaca crónica, diabetes y secuelas de un accidente cerebrovascular, mientras que familiares de Santos Melara reiteraron que este sufre de hipertensión y diabetes crónica, enfermedades cuyo tratamiento con dosis de insulina es provisto por su familia en el penal de Santa Ana.
Finalmente, representantes del BRP confirmaron una convocatoria a marcha para el próximo 15 de septiembre. La manifestación civil iniciará en las inmediaciones del Hospital Rosales en San Salvador y mantendrá entre sus demandas la exigencia de libertad y de un proceso justo para los procesados en este caso.
