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El subsecretario general de Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Tom Fletcher, anunció este miércoles que El Salvador es uno de los 11 países que recibirán parte de los $50 millones del Fondo Central de Respuesta a Emergencias para ayudar a contrarrestar los efectos del fenómeno de El Niño, que han alcanzado al país centroamericano.

Según la rueda de prensa, estos fondos también llegará a países como Chad, Etiopía, Somalia y Sudán del Sur.

«He dado instrucciones a nuestros coordinadores humanitarios para que utilicen nuestros fondos humanitarios mancomunados para prepararse. Además, hemos ajustado nuestro plan humanitario global a esta nueva realidad. En la práctica, esto significa hacer llegar dinero en efectivo a las familias antes de que se produzca el impacto», indicó Fletcher en la conferencia ocurrida este miércoles.

Fletcher indicó que Centroamérica necesita asistencia para subsistir y que el dinero debe llegar a ayudar a los agricultores para proteger la tierra y el ganado, trasladar suministros a un lugar seguro, evitar la pérdida de las cosechas y como fin último, evitar que la gente abandone sus hogares. «Sería un fracaso extraordinario prever esta crisis, escuchar las predicciones de los expertos y, aun así, desaprovechar la oportunidad de proteger a las personas que se encuentran en su camino.

Por ello, rindo homenaje a la labor de la OMM y a nuestros colegas de todo el ámbito humanitario», añadió el subsecretario quien también llamó a los países y bancos de desarrollo e instituciones financieras internacionales a destinar fondos para evitar el daño. La organización no explicó cuánto donará a El Salvador específicamente.

Este miércoles, la ONU dio una conferencia de prensa donde alertaron de un incremento de temperaturas «sin precedentes» de hasta 3.8 grados.

A inicios de este mes, el Centro de Predicciones Climáticas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) precisó que se elevó a más del 83 % la probabilidad de que El Niño se mantenga en una categoría de fuerte a muy fuerte en el trimestre de enero a marzo de 2027.

A su vez sostuvo una gran posibilidad de que este evento sea de una magnitud histórica durante octubre a diciembre de 2026, superando los registros de 1950.

En el país, el director general de Protección Civil, Luis Amaya, advirtió que el mayor impacto de El Niño se sentirá en 2027, mientras que el meteorólogo y coordinador de la subunidad ambiental, Danilo Ramírez, señaló que El Niño persistirá hasta abril de 2027 y afectará de manera directa el establecimiento del invierno del próximo año.  Durante 2026, El Salvador ya tuvo cuatro sequías que afectaron las siembras.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia anunció que este jueves, 22 de octubre, habrá una interrupción del servicio de agua potable en el distrito de San Juan Opico, La Libertad, por parte de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

Según la dependencia de la Presidencia, la interrupción del servicio de agua se debe a trabajos de mantenimiento de la compañía eléctrica, entre las 8:15 de la mañana y las 4:45 de la tarde.

Ante esta falta de agua, la secretaría sugirió a los habitantes del distrito que será afectado a «tomar las previsiones necesarias ante las afectaciones en la distribución de agua potable».

En una ilustración indicaron que el servicio será restablecido, cuando los trabajos de mantenimiento eléctrico terminen.

ANDA tiene a disposición el centro de llamadas 915, en el cual, se pueden reportar falta de agua o solicitar pipas.

 

La Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia, a través de la cuenta de los Centros Judiciales de El Salvador, han difundido nueve condenas de cadena perpetua hasta este 20 de octubre, de las 13 reveladas por el fiscal general, Rodolfo Delgado, este jueves.

Según un recuento hecho por EL MUNDO, la primera condena fue en contra de Carlos Arturo Herrera Castro, quien fue condenado a la perpetuidad por el Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador, con sede en Santa Tecla, por el homicidio agravado y robo en contra de Alexis López Córdova, un hecho ocurrido el 18 de mayo de 2026 en el cantón Teosinte, Arcatao, Chalatenango.

El relato de los Centros Judiciales indica que el condenado agredió con piedras a López Córdova, a quien le causó lesiones de gravedad en la cabeza y en el rostro, que le llevaron a la muerte; el condenado estaba ebrio, y después de la agresión le quitó el dinero en efectivo que la víctima portaba.

La Fiscalía relató en el juicio que hubo testigos que vieron el robo del dinero y que, incluso, ofreció $10 para que no informaran del hecho.

El segundo caso documentado es en contra de dos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) identificados como Josué Germain González Mejía y Giovanni Andrés Hernández, quienes fueron condenados por el delito de organizaciones terroristas; ellos fueron condenados junto a otros 26 corredores de clica y 69 homeboys (miembros) de la pandillas. La Fiscalía no explicó en qué fecha se cometió el delito.

El comunicado señaló que todos integraban la clica denominada Modelos Locos Salvatruchos, que operaba en la plaza El Trovador, del barrio San Jacinto y Modelo, de San Salvador, también la clica Gangster Locos Salvatruchos, que operaba en los alrededores de Fenadesal y la clica Iberias Locos Salvatruchos, que operaba en la comunidad Iberia. Estas clicas pertenecían al programa Centrales de la MS-13.

La cuarta pena perpetua impuesta fue en contra de Eduardo Mauricio Urbina García de 39 años de edad, por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su vecina, una mujer de 32 años quien solo fue identificada con las iniciales de su nombre J.C.R.C. a quien le provocó heridas profundas en el tórax y en el cuello. Este crimen ocurrió el 3 de agosto de 2026.

El hombre tenía interés en la víctima, quien lo había rechazado y esto molestó al condenado a cadena perpetua. Horas después Urbina se entregó en la Policía Nacional Civil y confesó el hecho.

El siguiente caso condenado fue en contra de otros cinco pandilleros de la MS-13 identificados como Josué Odir Granados Zapata, Edwin Omar Nájera Ventura, Carlos Humberto Velásquez Blanco, Eliú Ismael Pineda Portillo y Celso Alvarado Gálvez, quienes fueron condenados por su pertenencia a la organización terrorista, denominada La Mirada Loca Sureños 13, que operaba en San Miguel. En este caso tampoco se precisó la fecha del cometimiento del delito. Esta condena fue difundida el reciente martes 20 de octubre.

Ayer, ante los diputados de la Asamblea Legislativa, el fiscal general Rodolfo Delgado reveló: “Las penas que se han obtenido en el marco de las disposiciones que regulan el régimen de excepción, el 79% de los condenados recibió penas entre los 15 y los 45 años de prisión, 62 imputados han recibido penas mayores a los 75 años y a 13 ya se les impuso la pena de prisión perpetua, la cual desde el mes de marzo se encuentra vigente en nuestro país”, dijo Delgado ante los legisladores.

La cadena perpetua fue ratificada por la Asamblea Legislativa el 26 de marzo de este año tras una reforma al artículo 27 de la Constitución de la República para que la pena perpetua sea aplicada «a los homicidas, violadores y terroristas.

La pena entró en vigencia 30 días después, el 27 de abril de este mismo año, para los delitos de homicidio simple y agravado, feminicidio, violación en sus distintas formas y la pertenencia a organizaciones criminales o terroristas, aplicable para quienes sean condenados por estos delitos, ya sean autores o cómplices, incluyendo personas entre 12 y 18 años de edad. 

Sin embargo, la reforma también establece que los jueces de lo criminal deberán realizar revisiones obligatorias de las penas perpetuas para evaluar la posibilidad de un régimen de libertad controlada.

Unos padres pasaron de ver huir al mayor de sus hijos para salvar su vida tras denunciar a unos pandilleros en El Salvador, a defender la inocencia y exigir al Estado un juicio justo para su otro hijo, detenido en el contexto de un régimen de excepción tras ser acusado de colaborar con las maras o pandillas.

Reynaldo Santos contó a EFE que su hijo Jonathan Santos Castillo fue detenido el 26 de diciembre de 2022 en su casa y que el acta de detención señala que no le encontraron elementos relacionados con las pandillas. Además, no había una orden de captura en su contra, algo que no impidió que la Policía lo encarcelara.

«Está limpio», dijo uno de los agentes antes de detenerlo en «vías de investigación», recordó Reynaldo.

Este arresto se produjo en el marco del régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022, por el cual se suspenden garantías constitucionales y que ha dejado más de 96,000 personas detenidas, acusadas de ser pandilleros o colaboradores de estas bandas.

La medida, que está previsto que la Asamblea Legislativa prorrogue un mes más, goza de amplio respaldo popular, pero organizaciones de derechos humanos han recibido más de 6.400 denuncias de atropellos que trasladaron a instancias internacionales y el propio Gobierno ha admitido la detención de inocentes.

En este marco, el Órgano Legislativo también ha dado luz verde a reformas penales, a solicitud de la Administración del presidente Nayib Bukele, para juzgar a los detenidos en juicios masivos, mientras activistas señalan que estos procesos colectivos no permiten una defensa justa.

Contradicciones

Para Reynaldo Santos todo «es bien contradictorio»: «Fuimos víctimas de grupos delincuenciales y hoy somos víctimas del Gobierno».

Recordó que en 2017, su hijo mayor denunció a miembros de pandillas por intentar obligarlo a prestarles una motocicleta, una decisión que tomó siguiendo las enseñanzas que él mismo había trasladado a sus hijos de «sobrevivir» con honestidad, evitando siempre cualquier vínculo con delincuentes.

«Al día siguiente, le tocó agarrar camino: o se iba o me lo podían matar» y por eso «es complicada la situación de vivir bajo la delincuencia», relató Reynaldo, que procede de la localidad de Soyapango, muy estigmatizada por la violencia de las pandillas.

Así resulta «hasta irónico» que les quieran señalar como colaboradores por vivir «en una zona que siempre ha sido estigmatizada»: «Eso no nos hace a nosotros miembros de estructuras criminales», subrayó Reynaldo, que forma parte del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR).

Son «víctimas» de las pandillas, insiste, pero a su hijo Jonathan «lo ponen como colaborador».

Su situación, sin embargo, parece que podría cambiar tras el reciente anuncio de Bukele de que el Gobierno cuenta con un plan para dar beneficios carcelarios a aproximadamente un 50 % de los colaboradores no habituales de las pandillas detenidos en el contexto del régimen de excepción, lo que alcanzaría a unos 5.000 presos.

Según un gráfico que presentó Bukele con una pirámide invertida sobre la distribución de la población carcelaria relacionada con las pandillas en El Salvador, del total de 96.457 reos, señaló que 42.125 son ‘homeboys’ (miembros plenos de las pandillas), 25.910 son «miembros no brincados» que aspiran a llegar a lo más alto de la escala pandillera, 17.793 son «paros» o colaboradores voluntarios habituales y 10.629 serían colaboradores casuales.

El presidente insistió en que van a «revisar los casos» de esos colaboradores casuales, pero ante cualquier duda sobre la liberación de pandilleros, subrayó: ​»Que quede claro, ningún pandillero va a salir libre. Nunca».

Años sin ver a su hijo

René Campos, hijo de Josefina Elías, está detenido acusado de colaborador.

Josefina no ve a su hijo desde que lo arrestaron en junio de 2023, cuando cursaba una preparación para obtener nuevas licencias de marino mercante, y cree que lo detuvieron por ser de una zona «estigmatizada» en el municipio de Ilopango.

La única «prueba de vida» que tiene de su hijo desde entonces es que cuando va a la cárcel a entregar un paquete con productos de primera necesidad para él, le dicen: «Mire, se cambió de celda; está en el mismo sector, pero hoy está en otra». Esa es la única noticia que tiene desde hace más de tres años de su hijo.

Además, lamenta, en las primeras diligencias que realizó para tratar que lo liberaran, los funcionarios de la Procuraduría General, que se encarga de dar defensa pública, extraviaron sus documentos de arraigo.

“Yo sé que, en nombre de Dios, mi hijo es inocente. Yo soy una madre luchadora, una madre buscadora de justicia, buscadora de la verdad. Mi hijo no se puede defender (…). Pero aquí estoy yo, como mamá, luchando por él”, remarcó.

El distrito de Mercedes Umaña, en el departamento de Usulután, registró un total de 67 sismos desde las 11:11 de la mañana del 20 de octubre hasta las 8:00 de la mañana del 21 de octubre de 2026, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

De acuerdo con el reporte publicado por la institución, en sus redes sociales, solo cinco de los movimientos sísmicos han sido sentidos por la población.

Uno de los temblores de mayor magnitud registrados fue el ocurrido el martes a las 11:23 de la mañana, con una magnitud de 3.6 y una profundidad de apenas un kilómetro; este movimiento tuvo una intensidad IV, en la escala de Mercalli Modificada. Los otros dos movimientos tuvieron magnitudes de 2.9 y 3.2.

El MARN informó sobre el inicio de la actividad sísmica este mismo martes y aseveró que está relacionada con la activación de fallas geológicas en la zona, por lo que mantiene el seguimiento del fenómeno.

Ante este tipo de eventos, se recomienda a la población mantener la calma, identificar zonas seguras dentro de sus viviendas y estar atenta a la información difundida por las instituciones oficiales.

Las autoridades recuerdan la importancia de seguir las indicaciones de Protección Civil y evitar compartir información no verificada sobre la actividad sísmica.