La Fiscalía General de la República (FGR) apeló, el pasado viernes, la segunda absolución del caso Santa Marta, donde ocho exguerrilleros habían sido exonerados del delito de homicidio en perjuicio de una mujer, durante el conflicto armado.
Según la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta, Victoria, Cabañas, el Ministerio Público Fiscal pidió a la Cámara de lo Penal de San Vicente que revoque el fallo y ordene repetir el juicio, por tercera vez.
“La Fiscalía presentó la apelación el viernes pasado, (13 de febrero) era el último día hábil durante el plazo, que son 10 días después de recibida la sentencia”, manifestó ayer el líder de ADES, Alfredo Leiva, en conferencia de prensa.
Según Leiva, la apelación fiscal no posee argumentos jurídicos para revocar el fallo, sino inconformidades. “No están satisfechos con la resolución de los jueces sin plantear mayores argumentos jurídicos que sustenten la apelación, entonces nosotros consideramos que más que buscar hacer justicia lo que tratan es con su estrategia de dilatar el proceso”, añadió.
A través de un comunicado, la asociación señaló que consideran que se trata de una manera de retardar la justicia y mantener el caso, cuando el gobierno salvadoreño firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos, que permitiría a las empresas de ese país del norte, la extracción de “minerales críticos” y “tierras raras”.
“Esto es una clara señal de que la amenaza de la minería metálica se aproxima rápidamente, poniendo en grave peligro el agua, la salud de la población y la existencia misma del país”, añade el comunicado.
El Tribunal de Sentencia de San Vicente exoneró a los ocho procesados por homicidio el 24 de septiembre de 2025, levantó las órdenes de captura y absolvió de forma unánime por falta de pruebas a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Alejandro Laínez García, mientras que a los otros cuatro Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, y Arturo Serrano Ascencio, fueron absueltos por mayoría dado que hubo dudas en el tribunal, los jueces dijeron sobre ellos que hubo vinculación pero las pruebas no lograr quebrantar la hipótesis de la Fiscalía.
El Ministerio Público acusó a los ocho del asesinado a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran miembros de la Resistencia Nacional, durante el conflicto armado salvadoreño.
Durante la etapa de vista pública, el Ministerio Público presentó la declaración de un testigo protegido de nombre clave «Soriano», quien habría señalado la participación de los procesados en el secuestro, tortura y asesinato de la mujer en un campamento guerrillero en la Hacienda Guayabal, en Santa Marta.
No obstante, los jueces resolvieron que las pruebas presentadas en el juicio fueron «insuficientes» para establecer la responsabilidad de los ocho acusados, motivo por el que fueron absueltos y ordenaron levantar las órdenes de captura tras ser declarados imputados en rebeldía por no presentarse al inicio del juicio.
