Los peritajes realizados a teléfonos celulares incautados a pandilleros han revelado cómo la ranfla histórica de la MS-13 autorizaba distintos crímenes, incluidos asesinatos de policías, según las declaraciones de testigos presentadas en el juicio contra 486 cabecillas de la estructura, indicó este lunes la Fiscalía General de la República (FGR) a través de un comunicado.
Durante la audiencia de este lunes, dos testigos de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil expusieron los hallazgos obtenidos del análisis de los dispositivos, en los que, según su testimonio, se evidencia una cadena de mando estricta que operó entre 2012 y 2022.
De acuerdo con uno de los peritos, ningún crimen era ejecutado sin la autorización de los 22 ranfleros históricos.
Las investigaciones indican que los pandilleros identificaban a sus víctimas, tomaban fotografías y las compartían en grupos de comunicación internos, que no revelaron, donde la ranfla, desde centros penales o a través de miembros en libertad, daba «luz verde» a delitos como extorsiones, homicidios, desapariciones y otros.
Entre los casos expuestos en el juicio, los testigos señalaron órdenes directas para asesinar a elementos policiales. Uno de los hechos ocurrió el 3 de noviembre de 2016, cuando un miembro del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPES) de la PNC, fue atacado por pandilleros mientras se encontraba de licencia en un balneario de la hacienda San Cayetano, en el cantón Cutumay Camones, de Santa Ana.
Otro caso corresponde al 16 de noviembre de ese mismo año, cuando un subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC) y su hijo fueron asesinados en San Juan Los Planes, en Quezaltepeque, La Libertad, al salir de su vivienda.
Asimismo, se mencionó el homicidio de un agente policial ocurrido el 17 de octubre de 2017 en Antiguo Cuscatlán, La Libertad, cuando la víctima fue atacada mientras se desplazaba en motocicleta.
Los peritajes también revelaron que las víctimas de homicidios eran enterradas en cementerios clandestinos por orden de la ranfla, con el objetivo de evitar la presencia de autoridades en las zonas donde operaban o de «calentar» la zona.
Además, en los dispositivos analizados se encontró información sobre otros delitos, incluyendo agresiones y homicidios, lo que, según la Fiscalía, refuerza la estructura de control que ejercía la dirigencia de la pandilla sobre sus miembros.
La audiencia única abierta sigue este martes y está a punto de cumplir una semana desde que inició; el juicio masivo procesa a 486 pandilleros de la Mara Salvatrucha, entre estos, a 22 ranfleros o jefes nacionales de la pandilla, a quienes se les imputa los homicidios entre 2012 y 2022, incluyendo los 86 homicidios que propiciaron el régimen de excepción.
