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La Unión Europea invertirá

más de $4 millones en un proyecto que busca mejorar el marco normativo a favor de las mujeres en El Salvador.

El proyecto ha sido denominado Cihuatl Mujeres, con una duración de tres años, y será financiado por la Unión Europea e implementado por Onu Mujeres

En principio sería una revisión de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de las Discrimanción contra las mujeres (LIE) y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia.

“La idea es revisarlas y dotarlas de herramientas para garantizar su continua implementación. Esto va a tocar a todo el Estado: Fiscalía General de la República, Policía, todo, todos van a tener un fortalecimiento y un rol importante. Son $4 millones de euros (más de 4 millones de dólares) que aporta la Unión Europea para este proyecto y Onu mujeres en colaboración con Isdemu van a ejecutarlo”, explicó la Miriam Bandes, jefa de Onu Mujeres en El Salvador.

El martes, la jefa de ONU mujeres, Miriam Bandes, explicó que con $4 millones esperan actualizar la legislación especializada de las mujeres vigentes en El Salvador, en los próximos años. «Vamos a dotar de herramientas para fortalecer el marco normativo», sostuvo. / Video de… pic.twitter.com/15KPBgnKPN

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) January 15, 2025

Al consultarle sobre cuáles debilidades han encontrado en esas normativas, que deben ser fortalecidas, Bandes dijo que “no son debilidades, sino que deben ser actualizadas y garantizar que la implementación sea óptima”.

Según explicaron en la conferencia, el proyecto trabajará directamente con comunidades, instituciones y organizaciones clave para fortalecer las leyes, asegurar su correcta aplicación y brindar a las mujeres salvadoreñas mayores herramientas para vivir sin violencia y con igualdad de oportunidades.

Según la planificación del proyecto, tienen contemplado beneficiar a más de 5,000 mujeres de forma directa y beneficiarias indirectas, más de 3.3 millones de mujeres salvadoreñas.

La diputada Suecy Callejas señaló que Isdemu liderará estas propuestas de reformas a las normativas de las mujeres, y pretenden tomar como base, los cambios hechos en las leyes de niñez y adolescencia. / @Jessmonic pic.twitter.com/H4ZyYzsFHu

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) January 15, 2025

Tres organizaciones de derechos humanos presentaron este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) un escrito para exigir a las autoridades que investiguen sobre el presunto motín, reportado en el penal de Izalco, en Sonsonate, el 8 de enero, que dejó heridos y al menos tres muertos.

El escrito presentado por la Unidad de Defensa de Derechos Comunitarios de El Salvador (Unidech) en conjunto con el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular contiene la firma de más de 20 personas que solicitan información de sus parientes recluidos en dicho penal y saber si fueron víctimas de los hechos.

“En este escrito viene documentado 25 casos donde vienen las firmas de las madres, de las representantes de cada uno de estos casos de los procesados. Con estas 25 firmas lo que estamos haciendo es pedirle al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, que bajo esa competencia que la Fiscalía tiene, esos hechos notorios ya los vimos…puede investigar de oficio sin estar esperando un aviso penal», declaró el abogado de Unidehc, Rudy Joya.

Unidehc en conjunto con Movir y el Bloque de Resistencia presentaron este martes ante la FGR un escrito para exigir que se investigue el presunto amotinamiento reportado en el penal de Izalco, el pasado 8 de enero.

Video: Dania Quehl. pic.twitter.com/MtIsUmmkGY

El vocero de la organización recalcó que las autoridades deberían de ser los encargados de brindar información exacta sobre lo sucedido, y ordenar una investigación para determinar la razón de los sucesos.

Según planteó Joya, entre las posibles razones por las que se pudo haber originado la trifulca están un motín entre los detenidos o una rebelión de los reos que son torturados por los custodios. “Si ese es uno de los motivos, ¿a quien le toca investigar? pues al fiscal”, añadió.

“Entonces, el que no den esa información de que fue lo que pasó claramente en el centro penal de Izalco hace unos días atrás pone en zozobra a las familias sobre qué ha pasado con sus familiares detenidos”, manifestó Joya.

Sandra Cruz, madre de uno de los detenidos dijo que el nombre de su hijo, Roberto Carlos Ascencio Cruz, apareció en publicaciones de redes sociales entre los presuntos lesionados en el penal y que está ingresado en el hospital Zacamil.

Cruz expresó que luego de ver la noticia solicitó información de su hijo a los custodios del penal de Izalco, sin embargo, aseguró que obtuvo una respuesta negativa, donde se le manifestó que no tenían autorización para dar información, misma situación ocurrió en el hospital donde se supone está internado.

“Yo traté la manera de entrar (al hospital), llegué a emergencias y me dijeron que no estaban dando ninguna información y que si no me iba ellos podían llamar a una patrulla para que me llevaran”, dijo la madre de familia.

Ante ello, las organizaciones esperan que la Fiscalía responda con prontitud y les brinde información sobre los hechos y el estado de salud de los detenidos. El pasado 8 de enero, circuló en redes sociales la noticia de que al menos 15 privados de libertad fueron lesionados en un presunto amotinamiento al interior del penal de Izalco.

Muertos

Por otra parte, la abogada de Unidehc, Ivania Cruz, señaló que el lunes presentaron ante el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador un escrito para que se ordene a Centros Penales y Medicina Legal que brinden información sobre Erick Mauricio Umanzor Sánchez, quien presuntamente murió en el motín del centro penitenciario de Izalco, y que está siendo representado legalmente por la organización.

La abogada explicó que la familia recibió llamada que se identificó como un empleado de una funeraria de Sonsonate para informarles que Umanzor era una de las personas fallecidas, y que en la esquela de medicina legal, habían puesto que por su padecimiento de diabetes había muerto, pero que él fue una de las personas muertas que sacaron el 8 de enero pasado, por los disturbios sucedidos.

Ante dicha situación, agregó que la familia del joven, fue al centro penal de Izalco, el sábado 10 de enero del presente año, donde no quisieron brindar ninguna información, asimismo visitó el Hospital Nacional de Sonsonate “Dr. Jorge Mazzini Villacorta”, y le expresaron que ninguna persona con el nombre de Erick Umanzor había sido registrado y por último visitaron Medicina Legal, donde les dijeron que no podían dar información.

Por ello, la organización de derechos humanos exige que el referido Tribunal de Crimen Organizado emita un oficio para que las autoridades de Centros Penales y Medicina Legal confirme la muerte de la persona y de ser así, que entreguen el cuerpo a su familia para su respectiva despedida.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) anunció que este miércoles seguirán los vientos del noroeste «acelerados», que podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora en El Salvador.

«El viento, por la mañana y la noche, estará del noreste y noroeste con velocidades entre los 20 a 30 km/h, con ráfagas de viento entre 30 a 40 km/h, no se descartan ráfagas con velocidades superiores donde el viento se acelere de manera adicional debido a efectos locales», indica el pronóstico.

Estos vientos del noroeste son provocados por altas presiones y una circulación anticiclónica del Golfo de México, indicó un informe especial de la institución. Hasta el momento, han anticipado que los vientos seguirán el día jueves.

Por esta situación, las autoridades piden a la población evitar las quemas agrícolas mientras duren los vientos fuertes, además, hace un llamado a quienes navegan a evaluar las condiciones.

Durante el día, Medio Ambiente que las temperaturas se mantengan cálidas con máximas de hasta 38 grados Celsius en San Miguel y 37 grados en Nueva Concepción, Chalatenango. Ayer, la temperatura más cálida del país fue en este distrito que reportó 36.4 grados Celsius.

Este miércoles en la costa de Acajutla y en La Unión se espera una temperatura máxima de 34 grados Celsius mientras que 33 en La Libertad. También se prevén 32 grados en San Salvador y Santa Ana.

Un pandillero salvadoreño de la Mara Salvatrucha se declaró culpable el martes de siete asesinatos, extorsión y otros delitos relacionados, en hechos ocurridos en Nueva York en 2016, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Jairo Su00e1enz, también conocido como «Funny», es calificado como un miembro de alto rango del capítulo Brentwood/Central Islip de la clica Sailors Locos Salvatruchas Westside (Sailors) de La Mara Salvatrucha, (MS-13).

Su00e1enz admitió su participación en los asesinatos de Michael Johnson el 28 de enero de 2016; el asesinato de Oscar Acosta el 29 de abril de 2016; los asesinatos del 13 de septiembre de 2016 de Kayla Cuevas y Nisa Mickens; el asesinato del 10 de octubre de 2016 de Javier Castillo; el asesinato del 13 de octubre de 2016 de Dewann Stacks; y el asesinato de Esteban Alvarado-Bonilla el 30 de enero de 2017.

El pandillero salvadoreño podría enfrentar hasta 60 años de prisión y una pena mínima de 40 años de prisión bajo los términos de su acuerdo de culpabilidad.

El salvadoreño, originario de El Divisadero, Morazu00e1n, también se declaró culpable de su participación en tres intentos de asesinato, incendio provocado, tru00e1fico de estupefacientes, delitos con armas de fuego y una conspiración para matar a Marcus Bohannon, quien fue asesinado el 5 de septiembre de 2016 por otros miembros del MS-13.

Según el Departamento de Justicia, el procedimiento de declaración de culpabilidad se llevó a cabo ante el juez de distrito de los Estados Unidos Gary R. Marrón. 
»Hoy, Jairo Saenz se declaró culpable de siete asesinatos que solo pueden describirse como bu00e1rbaros, y múltiples actos de violencia de pandillas sin sentido que habían convertido partes de Long Island en una zona de guerra, con miembros de la pandilla MS-13 empuñando armas, machetes, bates y fuego que amenazaron la seguridad de nuestras comunidades», declaró Carolyn Pokorny, fiscal interina de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

«Espero sinceramente que la declaración de culpabilidad de hoy traiga cierta medida de consuelo y cierre a las familias de las víctimas del acusado que continúan llorando la muerte de sus seres queridos», agregó Pokorny.

Según las presentaciones judiciales y las declaraciones hechas durante el procedimiento de declaración de culpabilidad de hoy, Jairo Saenz era un miembro de alto rango del capítulo Brentwood/Central Islip de la clica Sailors del MS-13, una de las clicas mu00e1s poderosas, violentas y bien establecidas de la costa este de los Estados Unidos. En ese momento, era el segundo al mando de su hermano, Alexi Saenz, quien se declaró culpable de los mismos crímenes el 10 de julio de 2024.

Jairo Saenz cometió los siguientes crímenes para mantener y aumentar su membresía y estatus dentro de la pandilla, y para promover la misión del MS-13, según la Fiscalía.

Narcotru00e1fico

Ademu00e1s de los asesinatos, la Fiscalía neoyorquina acusó a los hermanos Su00e1enz de traficar cocaína y marihuana entre abril de 2016 y marzo de 2017, con el fin de financiar las operaciones ilegales de la camarilla de su pandilla.

Con las ventas de droga, las ganancias se entregaron a los hermanos Saenz, para entre otras cosas, la compra de armas de fuego para uso de los miembros de la clica, la transferencia de dinero a los líderes del MS-13 en El Salvador y la compra de narcóticos adicionales para su posterior distribución.

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán condenó a cuatro sujetos de nacionalidad guatemalteca a 10 años de cárcel por el delito de tráfico de cocaína, la cual está valorada en más de $99,000.

“Se les venía acusando de posesión y tenencia con fines de tráfico, ellos estaban acusados haber movilizado cuatro kilos de cocaína y una porción de marihuana, de aproximadamente $100,000”, detalló un fiscal en un video difundido por la Fiscalía General de la República (FGR) en la red social X.

Los sujetos fueron identificados como: Víctor Manuel García Muralles, Paola Shakira Tahiz Cabrera Lorenzana, Cristian Leonel Quiñonez de León y Ronald Gemerías Bonilla Reyes.

Según el fiscal, la droga fue movilizada en una camioneta con placas guatemaltecas, la cual era movilizada en el territorio salvadoreño por dichos extranjeros, los cuales fueron capturados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). A los cuatro guatemaltecos se les incautó un total de 3,945.3 gramos de cocaína valorados en $99,184.84.

El caso

Los imputados fueron capturados el 12 de enero de 2023 cuando ingresaron a El Salvador por medio de un punto fronterizo no permitido en el distrito de San Francisco Menéndez en Ahuachapán, mientras se conducían en un automóvil con placas guatemaltecas.

Aparentemente, agentes policiales fueron alertados sobre «una presunta transacción de drogas en la zona» y cuando capturaron a los cuatro acusados les decomisaron cuatro kilos de cocaína que fue decomisada como prueba del delito

#Antinarcóticos | La @FGR_SV logró que los 4 guatemaltecos sean condenados a 10 años de prisión, cada uno, por traficar 4 kilos de cocaína con un valor de $99,184.84 dólares.

Los condenados son:
Paola Shakira Tahiz Cabrera Lorenzana.
Víctor Manuel García Meralles.
… https://t.co/dld3v6ufBi pic.twitter.com/kbMHaBPahw

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) January 14, 2025

Este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) destruyó más de $37 millones en cocaína, la cual fue decomisada a dos hombres de nacionalidad ecuatoriana.

“Esta tarde, la @FGR_SV en coordinación con la División Antinarcóticos de la @PNCSV realizaron la destrucción de 1,500kilos de cocaína, valorada en $37,710,000 dólares”, detalló la FGR en la red social X.

La droga fue incautada por la Marina Naval en las costas del Pacífico, el pasado 19 de diciembre a 1,050 millas náuticas de las costas salvadoreñas a los dos ecuatorianos identificados como Edison Rosendo Vinces Miraba y Luis Omar Vera Párraga. El anuncio de la incautación fue realizado por el ministro de la Defensa, René Merino Monroy.

El pasado lunes, el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, en La Paz, determinó que los dos hombres continúen en prisión provisional mientras se realizan las investigaciones en su contra.

El pasado domingo, la Marina salvadoreña incautó 4.5 toneladas de cocaína en cuatro operativos en alamar que dejaron a nueve narcotraficantes capturados, informó el presidente de la República, Nayib Bukele. Las incautaciones ocurrieron en aguas internacionales a casi 1,000 millas náuticas.

#Antinarcóticos | Esta tarde, la @FGR_SV en coordinación con la División Antinarcóticos de la @PNCSV realizaron la destrucción de 1,500kilos de cocaína, valorada en $37,710,000 dólares.

Esta droga fue incautada a dos imputados con nacionalidad ecuatoriana. Ambos se encuentran… https://t.co/i53JWAsvaW pic.twitter.com/wtOmWOwlT4

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) January 14, 2025

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel, condenó este martes, a siete presuntos pandilleros ligados al caso “Conexiones”, con penas de hasta 164 años de cárcel.

“La @FGR_SV logró que varios de los pandilleros vinculados al caso Conexiones, recibieran condenas de hasta 164 años de prisión”, informó la Fiscalía General de la República en una publicación en la red social X.

Los presuntos pandilleros que fueron condenados a distintas penas son:

Selvin René Vargas Almendarez,164 años de cárcel.

Juan Andrés Manzano Bonilla, 44 años de cárcel.

José Ángel Venegas, 38 años de cárcel.

Milton Marín Cáceres Molina, 38 años de cárcel.

Óscar Melkin Moreno Romero, 30 años de cárcel.

Wilmer Vásquez Flores, 30 años de cárcel.

Elmer Edrulfo Ríos Mancía, 20 años de cárcel.

Según la entidad fiscal, con estas condenas se logró resolver diferentes delitos, los cuales son:

16 homicidios agravados.

Dos casos de proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado.

Un caso de divulgación de la imagen o revelación de datos.

Un caso de extorsión agravada.

Ocho casos de tráfico ilícito.

16 actos preparatorios, conspiración y asociaciones delictivas.

Organizaciones terroristas.

Agrupaciones ilícitas.

13 casos de cohecho activo.

Un caso de simulación de influencia.

Un caso de fraude procesal.

La Fiscalía detalló que este caso fue judicializado en el año 2014,en la cual, una estructura criminal integrada por abogados, exjueces, policías y colaboradores de Juzgados Especializados de San Miguel, colaboraban con pandilleros del Barrio 18 para obtener resultados favorables en los casos de los criminales procesados en los Tribunales.

Este juicio que inició el 30 de mayo del año 2016, fue dividido en tres etapas: en la primera se conocieron los delitos cometidos por 127 integrantes de la pandilla 18, distribuidos en 13 canchas a nivel nacional del grupo de los sureños, dirigido por José Timoteo Mendoza, alias “El Chory”, cabecilla nacional de esa estructura procesada por 32 homicidios, nueve proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio, cuatro casos de robo, seis hechos de extorsión, tres homicidios tentados, un feminicidio, tres divulgaciones de datos o imágenes de personas protegidas y un tráfico de objetos prohibidos en centros penales.

En la segunda fase fueron enjuiciados 61 imputados por delitos relacionados a 18 casos de droga y se trata de una organización de presuntos narcotraficantes dirigida por José Enrique Torres, que infiltró instituciones del Estado entre el sistema judicial, Fiscalía y Policía.

Y la tercera etapa conoció los delitos de corrupción, entre ellos cohecho activo, cohecho propio, simulación de influencias y fraude procesal contra 11 abogados, cuatro empleados judiciales y cinco personas particulares.

Las indagaciones determinaron la existencia de una banda, en su mayoría pandilleros, que había traspasado fronteras ya que no operaba solo en El Salvador, sino que tenía conexiones desde Colombia, hasta los Estados Unidos.

Las pesquisas iniciaron tras un reconocimiento en rueda de personas y fotografías en las que se individualizó a los pandilleros.

Cuando se hicieron esas diligencias judiciales, Marlyn Carballo Flores, empleada del Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel, presuntamente informó a integrantes de la pandilla Barrio 18 que serían capturados.

#CombateAPandillas | La @FGR_SV logró que varios de los pandilleros vinculados al caso Conexiones, recibieran condenas de hasta 164 años de prisión.

Este caso fue judicializado en el año 2014. Una estructura criminal integrada por abogados, exjueces, policías y colaboradores de… https://t.co/t3hDpCStin pic.twitter.com/nKwms7Pex9

El ministro de Salud, Francisco Alabi, señaló que la intervención que se realiza en los pabellones «históricos» del hospital Rosales no se trata de un mantenimiento, debido a que «no tienen soporte» y que estos representan un «atentado» para la población.

Durante la entrevista radial de Diana Verónica y Tony, Alabi fue cuestionado sobre la intervención que la Dirección de Obras Municipales y reos en fase de confianza hacen al interior; aunque el galeno no confirmó qué se hace en el lugar, respondió que se trata de pabellones que están inhabilitados.

«Estos pabellones históricos están sostenidos por infraestructura de soporte, esto es un atentado, realmente no es una situación funcional, las personas que han ido a las áreas de estos pabellones saben que no se puede entrar porque están sostenidos por infraestructura de soporte, que están dándole el soporte literalmente, porque no pueden ser ni habitables», respondió Alabi en primera instancia.

Al ser cuestionado sobre qué se hace y si se trata de un mantenimiento agregó: «Mantenimiento no puede dársele a una infraestructura que no tiene soporte, para que entendamos, no se le puede dar mantenimiento porque no tiene soporte, está sujeta a una infraestructura de soporte, básicamente no hay, se ha sostenido por años con pilares de soporte, de estructura externa y están deshabilitados, estos pabellones han estado deshabilitados por años, entonces ¿qué sucede? No tiene sentido tener un riesgo latente de que esto vaya a caerle encima».

Alabi afirmó que existe «voluntad de conservar lo que se pueda conservar».

El 8 de enero, el historiador Carlos Cañas Dinarte denunció que las láminas históricas del hospital Rosales, «fabricada en Bélgica e inaugurada en 1902. Era la estructura de lámina de hierro más grande de América Latina», eran demolidas, y anexó fotografías de estos hechos en la red social X. El siguiente día, Cañas Dinarte agregó que la capilla del nosocomio también será desmantelada.

En esa misma fecha, el noticiero estatal arremetió contra el historiador citando que la Dirección de Obras Municipales aseguraba que la madera estaba en «estado deplorable» y que habían encontrado serpientes en las paredes, sin referirse a las láminas.

A la fecha, no hay una postura oficial y clara sobre la intervención del hospital Rosales.

¿Y el nuevo?

Alabi tampoco dio información sobre cuánto es el avance del nuevo hospital Rosales, que se construye en el terreno del exhospital de Maternidad, enfrente al antiguo Rosales. No obstante, aseguró que la construcción ya aborda el cuarto nivel y que parte del equipo que se utilizará en el nuevo edificio ya llegó al país. Calificó de «compleja» la estructura que compone un nuevo hospital.

Sobre cuándo será inaugurado respondió: «Esperamos que sea en el lapso de 2025, uno de los proyectos más esperados».

La primera piedra fue puesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, el pasado mes de junio de 2023, en el espacio del antiguo hospital de Maternidad, sobre la 25 avenida Sur y 1ª calle Poniente, de San Salvador, y en octubre, el ministro Alabi, dijo que la construcción será entregada a mediados de 2024.

En octubre de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó la transferencia de más de $26 millones a la DOM para empezar la construcción del nuevo edificio de Consulta externa Especializada y Hospital de Día del Hospital Nacional Rosales.

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad,
sentenció a 12 años de cárcel a Zaida Lisseth Candel de Amaya,
por el delito de tráfico ilícito de drogas, quien era la esposa del supuesto jefe narco,
Luis Alfonso Amaya Pineda.

Candel fue detenida en febrero de 2023, junto con su esposo. Ambos fueron capturados en su vivienda en el distrito de Antiguo Cuscatlán, donde se les encontró más de $100,000 en marihuana.

“La imputada fue detenida el 22 de febrero de 2023, junto a su esposo, en su vivienda ubicada en Antiguo Cuscatlán. En el lugar encontraron siete kilos y medio de cocaína y 6,075 gramos de marihuana, valorada la totalidad de la droga en $197,220.78”, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en la red social X.

De acuerdo a las investigaciones de la entidad fiscal, Candel y su esposo, quien murió mientras se realizaban las investigaciones y era procesado, estaban ligados a una estructura dedicada al narcotráfico, que se dedicaba a transportar droga desde países centroamericanos, entre ellos Costa Rica y Panamá.

#Condena I A 12 años de prisión fue sentenciada Zaida Lisseth Candel de Amaya, por el delito de tráfico ilícito de droga.

La imputada fue detenida el 22 de febrero de 2023, junto a su esposo, en su vivienda ubicada en Antiguo Cuscatlán. En el lugar encontraron siete kilos y… pic.twitter.com/7YcIS0MOIJ

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) January 14, 2025

¿Cuál era el caso?

Con la captura de Amaya Pineda y Candel Osorio de Amaya, la Fiscalía General de la República le seguía los pasos a una estructura de tráfico de droga en la región, una investigación que nació en 2016 y que determinó el traslado de droga procedente de Panamá.

En marzo de 2023, cuando ambos fueron acusados, los fiscales aseguraron que les encontraron siete kilos de droga que estaban valorados en cerca de $200,000 en su casa de Antiguo Cuscatlán, y que también les hallaron armas largas.

Además del caso penal, la Fiscalía les incautó 139 bienes inmuebles valorados en $4 millones y señaló que estaban ligados a la Mara Salvatrucha. Asimismo, materializaron seis cuentas bancarias que suman la cantidad de $1,474,788.00. También 26 vehículos los cuales eran utilizados por el grupo familiar.

Sin embargo, en el proceos penal, Amaya Pineda murió el 10 de abril de 2024 en el hospital San Rafael de Santa Tecla, y aunque su defensa había pedido medidas, los jueces se la negaron.

La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, La Libertad, realizó este martes una audiencia preparatoria en contra del exdiputado del FMLN, Guillermo Francisco Mata Bennett y su familia, quienes son acusados de enriquecimiento ilícito por más de $271 mil.

La Fiscalía General de la República (FGR) demandó a Mata y sus dos hijos por 15 irregularidades encontradas en sus declaraciones patrimoniales relacionadas a depósitos bancarios en efectivo, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito y compras de vehículos por una cantidad de $13,270.

De acuerdo con Centros Judiciales, el exdiputado no pudo justificar el incremento de su patrimonio durante los períodos comprendidos entre el 1 de mayo de 2012 y el 30 de abril de 2015, y entre el 1 de mayo de 2015 y el 30 de abril de 2018.

De igual forma, se procesa a sus hijos Guillermo Eduardo Mata Mayorga y Jorge Alberto Mata Mayorga, a quienes se les solicita que justifiquen las sumas de $251,685.80 y $6,357.85, respectivamente.

En total, a Mata Bennett y su grupo familiar se le demanda por un total de $271,313.75, monto que la Fiscalía solicite que sea retribuido al Estado salvadoreño.

En la audiencia de este día, la FGR solicitó a la Cámara que admita las pruebas y, en caso que se compruebe el delito, se ordene la devolución total de los fondos. Además de que se inhabilite a Mata Bennett para ejercer cualquier cargo público por 10 años.

La Cámara Ambiental informará el próximo viernes 17 de enero, si admite las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa o las rechaza.