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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) puso reserva a los procesos de investigación judicial en contra de funcionarios del Órgano Judicial, según consta en el acta 85 de la Corte Plena.

La decisión fue aprobada con 11 votos de los magistrados, durante la sesión del 18 de noviembre de 2025, y se refiere a los documentos, informes y análisis que se formen parte de las investigaciones en contra de los empleadores del sistema judicial.

La reserva fue aprobada por los magistrados Henry Alexander Mejía, Elsy Dueñas Lovos, Óscar López Jeréz, Alex David Marroquín Martínez, Lidia Patricia Castillo Amaya, José Ernesto Clímaco Valiente, Vicente Alexander Rivas Romero, José Fernando Marroquín Galo, Miguel Elías Martínez Cortez, Héctor Nahum Martínez García y Ramón Iván García.

Según explicó un abogado especialista, la reserva cubre las investigaciones que se abren en contra de jueces, magistrados, secretarios y otros empleados públicos, cuando son denunciados por posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Estas denuncias pueden estar relacionadas con maltrato al personal, mala administración de procesos judiciales, faltas a la ética profesional o incluso casos de soborno, entre otras conductas que podrían considerarse ilegales.

El abogado advirtió que, al mantenerse los procesos en reserva, no se podrá conocer públicamente si un funcionario del Órgano Judicial ha sido denunciado mientras la investigación esté en curso, lo que impide, por ejemplo, solicitar la separación de un juez de un caso judicial.

La Corte estableció que, en cada caso, la información será reservada hasta que la resolución final quede firme, con el objetivo de proteger el desarrollo de las investigaciones y evitar la divulgación de información preliminar.

«Se verificó que la propuesta encaja en la normativa, se fundamenta y se analiza que la información sea atinente a opiniones o procesos deliberativos, cuya divulgación podría poner en riesgo la investigación».
Corte Plena.

Durante la sesión, la Corte argumentó que la reserva se ajusta a la Ley de Acceso a la Información Pública, ya que se trata de información preliminar y deliberativa, cuya divulgación anticipada podría generar confusión o afectar el desarrollo de las investigaciones.

Además, se avaló una declaratoria general de reserva sobre este tipo de información, la cual tendrá una vigencia de siete años como criterio institucional.

En 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma a la Ley de la Carrera Judicial, la cual ordenó el retiro obligatorio de jueces y magistrados mayores de 60 años de edad, afectando a más de un tercio de los juzgadores de ese entonces. En su lugar, fueron nombrados nuevos jueces.

La medida fue criticada por organismos internacionales, quienes consideraron que se trataron de reformas inconstitucionales con el propósito de atentar en contra de la independencia judicial. Los señalamientos también iban enfocados en que los nuevos jueces fueron impuestos, con órdenes desde el Ejecutivo.

El Juzgado Primero de Paz de Santiago de María, en Usulután sentenció a 10 años de cárcel a un hombre identificado como Óscar René Gómez Rodríguez por el delito de hurto agravado, ocurrido en el departamento de Usulután.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el imputado fue captado a través de una cámara de seguridad cuando se llevó una motocicleta estacionada frente a un negocio. La víctima interpuso la denuncia a la Policía Nacional Civil (PNC) y en las grabaciones se logró visualizar las características físicas del procesado.

Posteriormente, Gómez fue ubicado en un control de la PNC en la 3a calle Oriente, de la colonia 9 de noviembre, donde fue identificado al interior de un taller con la motocicleta que tenía reporte de hurto.

El Gabinete de Seguridad informó, a través de una conferencia de prensa, que durante el año 2025 se contabilizaron 4,638 delitos de mayor incidencia, de los cuales el hurto encabezó la lista con 1,997 casos y 100 por hurto agravado.

Otras condenas

Por otra parte, Tribunal de Sentencia de Usulután condenó a 8 años de cárcel a un hombre identificado como Mario Ernesto Rodríguez Rodríguez por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa.

Durante el juicio se determinó que Rodríguez, junto a otros pandilleros de la clica Normandies Locos Salvaruchos, extorsionaron a tres empresarios en el distrito de Berlín, en Usulután, en el año 2015.

Los pandilleros le exigieron a los comerciantes el pago mensual de la renta, a cambio de dejarlos trabajar y no asesinarlos.

Según la acusación fiscal, el 18 de febrero de dicho año, la PNC realizó un operativo de entrega de dinero controlada y logró la detención de Rodríguez y otros pandilleros, ya condenados, cuando recogían el dinero de la extorsión.

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador instaló, el lunes, el juicio en contra de ocho personas de nacionalidad de Ecuador y México, tras ser acusados de tráfico ilícito de drogas valorada en más de $38 millones.

Los imputados fueron identificados como Vicente Teodoro Vélez García y Jimmy Efrén Bravo Villegas, de nacionalidad ecuatoriana, así como Lisandro Hernández García, Agustín Girón Domínguez, Marcos Agreda Villegas, Santiago López Gutiérrez, Ider Camacho Luján y Jonathan Bartolo Ortiz, de nacionalidad mexicana. Todos son acusados del delito de tráfico ilícito de drogas.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados fueron acusados de traficar 1,550 kilogramos de cocaína. La representación fiscal estiman que el valor de la droga  asciende a $38,967,000.

Los extranjeros fueron detenidos el 29 de julio de 2024, en un procedimiento marítimo desarrollado  por la Marina Nacional a 445 millas náuticas al sur del estero de Jaltepeque, San Luis La Herradura, departamento de La Paz.

En el operativo fueron incautadas tres embarcaciones, donde transportaban las drogas en 52 bultos, de acuerdo con las autoridades.

El Gabinete de Seguridad informó, a través de una conferencia de prensa, que durante el año 2025 las autoridades incautaron 25 toneladas de droga, con un valor estimado de $620 millones.

Por su parte, el ministro de Defensa, René Merino, detalló que la Marina Nacional fue responsable de la incautación de 22.5 toneladas de este total, logradas a través de 16 operativos realizados en el mar.

El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 11 años de cárcel a un hombre identificado como Mauricio Antonio Salguero por el delito de violación agravada en contra de una menor de edad en el departamento de Chalatenango.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron en el distrito de Tejutla, Chalatenango Centro, durante el año 2011. Salguero interceptó a la víctima cuando se dirigía a su vivienda.

«La víctima intentó huir, pero este la tomó por la fuerza y la llevó hacia una habitación de la vivienda y procedió a abusarla sexualmente. La amenazó para que guardara silencio y por miedo calló un tiempo», describió la FGR.

Durante el juicio se presentaron pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la representación fiscal que determinaron la participación del imputado en los hechos de violación agravada, razón por la que se impuso dicha pena.

La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de la comunidad Santa Marta, en Victoria, Cabañas denunció este martes el retraso en la entrega de la sentencia escrita por parte del Tribunal de Sentencia de San Vicente, que absolvió a ocho personas acusadas del asesinato de una mujer durante el conflicto armado de El Salvador.

De acuerdo con el representante de ADES Santa Marta, Alfredo Leiva, dicha demora corresponde a una “estrategia de dilatación” por parte del referido tribunal que a pesar de haber exonerado a los acusados, aún no se hace efectiva la entrega de la documentación que podría cerrar el proceso definitivamente.

«Nosotros estamos preocupados en la comunidad por esta estrategia de dilatación que solo alarga el proceso y no permite que los compañeros se puedan integrar en plenas condiciones a las labores que realizaban en defensa de los bienes comunes. Consideramos que esto es una manera de mantener la zozobra tanto para los compañeros, la familia y la comunidad, y que eso no permite que gocen de pleno su libertad».
Alfredo Leiva, representante de ADES Santa Marta.

El Tribunal de Sentencia de San Vicente reprogramó en cuatro ocasiones la entrega de la sentencia escrita por el caso denominado Santa Marta, el cual se tenía previsto entregar desde octubre de 2025, debido a que aún se encuentra en etapa de revisión del documento. La nueva fecha de la entrega del escrito fue señalada para el próximo 30 de enero a las 2:00 de la tarde.

En la sentencia escrita constan los argumentos de la absolución de los procesados, y que habilita el plazo para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda apelar si así lo desean.

Ante este posible panorama, la comunidad de Santa Marta exigió a la Fiscalía a que se abstenga de apelar la resolución del tribunal, debido a que sostienen que no existen elementos de que incriminen a los procesados y habitantes de dicha comunidad en Cabañas.

«Exigimos a la Fiscalía que en caso de que se entreguen las copias (de la resolución) se abstengan de apelar y de esa manera se cierre el proceso y que los compañeros no solo se incorporen a la comunidad, sino que gocen de la libertad que les corresponde», indicó el representante de la comunidad Santa Marta.

Además, miembros de la comunidad expresaron que de no hacerse la entrega de la sentencia escrita, el próximo 30 de enero, considerarán denunciar al tribunal por los retrasos en el proceso. «Nosotros estamos preocupados y a partir de esa preocupación pensamos recurrir a las instancias correspondientes para denunciar a este tribunal por estos retrasos».

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda, Alejandro Laínez García, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Arturo Serrano Ascencio del asesinado a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran miembros de la Resistencia Nacional, durante el conflicto armado salvadoreño.

Durante la etapa de vista pública, el Ministerio Público presentó la declaración de un testigo protegido de nombre clave «Soriano», quien habría señalado la participación de los procesados en el secuestro, tortura y asesinato de la mujer en un campamento guerrillero en la Hacienda Guayabal, en Santa Marta.

No obstante, los jueces resolvieron que las pruebas presentadas en el juicio fueron «insuficientes» para establecer la responsabilidad de los ocho acusados, motivo por el que fueron absueltos y ordenaron levantar las órdenes de captura tras ser declarados imputados en rebeldía por no presentarse al inicio del juicio.

Tras la lectura del fallo, miembros de ADES Santa Marta revelaron que los ambientalistas involucrados en el caso se encuentran fuera del país, y que no tienen pensado regresar hasta que la sentencia absolutoria quede firme.

Los acusados del caso Santa Marta fueron absueltos por segunda vez, luego que la Cámara Penal de Cojutepeque ordenara repetir el juicio, donde en octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque también los declaró inocentes de los delitos por el mismo caso.

Una pareja de ancianos murió este martes en la mañana luego de ser atropellados por un vehículo, en el kilómetro 27 de la carretera que conduce al Puerto de La Libertad.

Los ancianos, de 80 y 85 años de edad, eran esposos según un reporte de Cruz Verde, pero no fueron identificados porque no portaban documentos.

El señor, de 85 años, murió primero mientras que la señora recibió atención de emergencia pero no sobrevivió. Además de Cruz Verde, el siniestro también fue atendido por el Sistema de Emergencias Médicas.

El reporte indica que un vehículo atropelló a los dos adultos mayores y se fugó. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el responsable.

En otro hecho, la Policía Nacional Civil sí reportó la captura de Gerardo Larios Calderón, de 27 años, quien es señalado de causar la muerte de otro automovilista en el kilómetro 26 de la carretera Panamericana Este, en el distrito de Quezaltepeque, La Libertad Norte.

Este hecho ocurrió debido a que, presuntamente, Larios Calderón colisionó contra un camión tras no guardar la distancia reglamentaria, posteriormente, el vehículo que iba manejando chocó contra otro que venía en sentido contrario, que provocó la muerte inmediata de este conductor, informaron las autoridades policiales.