Categoría: Opinión

Laura C. tiene 55 años de edad y trabaja en una tortillería en Ciudad Delgado. Ella nunca ha tenido licencia de conducir ni siquiera tiene vehículo, sin embargo, la semana pasada le enviaron un mensaje a su cuenta de WhatsApp a través del cual le notificaban que en el Viceministerio de Transporte tenía una multa por $50, pero que si a partir del aviso pagaba en dos días hábiles la cantidad de $25, el resto se lo descontaba. Si no pagaba le amenazaban con suspenderle la licencia de inmediato. En el mensaje, con procedencia de un código telefónico de Filipinas, le explicaban como tenía que hacer la transferencia del dinero.

Sin entender lo que eso significaba prestó $25 y le pidió ayuda a una hija para que fuera a realizar el depósito transferencia a un banco. Su hija le explicó que eso era una estafa y que era imposible que ella tuviera una multa, pues no tenía licencia de conducir. ¿Cuántas personas inocentes habrán caído en esta burda estafa?. Un amigo en Ecuador me contó que en su país también pretendieron estafarlos de esa manera.

Las estafas a través de las redes sociales están a la orden del día. Las innovaciones tecnológicas como la inteligencia artificial sumado a la inocencia de las personas que dan como verdadero todo lo que se publica, así como la adicción enfermiza a las redes sociales y al contenido basura, “bayunco” e inservible de los ”dizque””influencer” hacen factibles las manipulaciones y las estafas.

La forma más usual es pedir los datos del usuario de redes sociales porque ganaron premios en concursos que no participaron o porque tendrán acceso a beneficios determinados. A las personas les piden direcciones, nombres completos, números de teléfonos y WhatsApp, datos familiares, números de cuentas bancarias, números de DUI y licencia de conducir, lugar de trabajo, estado civil, claves para acceder a nuestras redes sociales y otros datos estrictamente privados.

Algunos contenidos están tan finamente elaborados que engañan a cualquiera. He visto videos, audios e imágenes, incluso textos, donde los manipuladores de la inteligencia artificial retoman a personajes reconocidos como políticos, funcionarios, periodistas, artistas y celebridades en diferentes áreas para elaborar contenidos. Un excompañero de escuela discute que la Tierra es plana porque ha visto video donde supuestos científicos lo afirman.

Por eso me parece atinada la campaña gubernamental que insta a la población a estar atenta y a no ser tan ingenua. La campaña busca advertir a los salvadoreños sobre las nuevas modalidades del hurto informático. Todos los usuarios de redes y servicio de telefonía antes de caer en el engaño deben cerciorarse que no estén siendo víctima y si los buscan estafar deben llamar al 2999-9999 para interponer la respectiva denuncia.

En redes sociales, por ejemplo, circulan cientos de videos, en los que se ve a científicos, funcionarios de gobierno y celebridades hablando de la diabetes y sus posibles curas. Los que padecen la enfermedad y buscan información en las redes salen confundidos. Conozco a más de algún diabético que dejó el tratamiento médico para seguir los consejos que un supuesto experto dio a través de un video propagado a través de youtube. El resultado es que se agravaron.

Los salvadoreños debemos tener presente que nadie nos va a regalar dinero o herencias, que nadie gana un premio en un concurso en el cual no ha participado, que ningún desconocido nos manda paquetes del exterior y que ninguna persona o institución nos pide datos personales si en ningún momento ha tenido tratos con nosotros. También tenemos que tener claro que lo que circula por las redes sociales no suele ser verídico, que mayoritariamentelos “dizque” youtubers, creadores de contenidos o “influencer”, difunden material sin importancia, nulo y vacío de valores. Además, tenemos que estar conscientes que con la inteligencia artificial la manipulación y el abuso son factibles y por tanto el engaño y la estafa.

Así cómo es posible denunciar a los estafadores y engañadores por redes sociales, también se debe denunciar a los usureros. La usura en El Salvador es ilegal. Hay personas que se dedican a prestar dinero con altos intereses diarios. Las víctimas, generalmente, son personas de bajo nivel económico que no pueden acceder al sistema financiero formal.

Quienes son víctimas de los usureros deben acudir a la Fiscalía General de la República, a la Policía Nacional Civil o a cualquier juzgado de Paz, pues existe la Ley contra la Usura que pretende evitar y sancionar las prácticas abusivas de los usureros que se aprovechan de la necesidad de las personas, que generalmente se ven obligadas a prestar para trabajar como pequeños comerciantes y vendedores informales.

La Ley contra la Usura busca establecer los límites de los intereses, prohibir el cobro de intereses sobre intereses, proteger a consumidores y usuarios y le da competencia a la Superintendencia del Sistema Financiero y a la Defensoría del Consumidor para investigar y sancionar a los usureros.

Hay personas terriblemente abusadoras. Inclusive algunas instituciones financieras. Tal es el caso de Carmen Z. quien se dedica vender en las afueras del mercado San Jacinto. Además de lidiar con los agentes del CAM de San Salvador que la corretean para que no venda en la acera del mercado, debe sufrir el estrés de los usureros que todos los días le llegan a cobrar. Ella prestó $150 para comprarle medicina a su madre, y diariamente debe pagar $12 sin que esa cantidad abone a capital. Literalmente sigue debiendo los $150 pese a que ya pagó esa cantidad y más. Ella no esa la única, otras pequeñas vendedoras del mercado también están siendo víctimas.

Quien les llega a cobrar les amenaza con llevar sus casos a los tribunales, incluso se ha presentado con un supuesto abogado que les dice que es el apoderado legal de la “financiera” que ha extendido el préstamo. En redes sociales circula un video en el cual se observa un pleito entre el usurero y un “uber”, porque el primero quiere embargarle el vehículo porque el taxista no tenía para abonar, pese a que solo debe $70. Los embargos solo proceden si son autorizados por la autoridad judicial tras un debido proceso.

Así son los usureros. Tal vez haya necesidad de una difusión masiva de la Ley contra la Usura para evitar el abuso de los usureros y el sufrimiento de la gente más necesitada. La gente por desconocimiento no denuncia a estos aprovechados o porque toda su vida han dependido de un usurero que se ha hecho rico a costa de los pobres.

Entonces a los estafadores y engañadores a través de las redes sociales hay que ignorarlos y denunciarlos al 2999-9999 y a los usureros abusivos hay que denunciarlos ante la PNC, la Fiscalía y los juzgados. Salvadoreños, tenemos que protegernos.

* Jaime Ulises Marinero es periodista

Si hay un calificativo que se ajusta perfectamente a los servidores de las dictaduras sin importar el tinte, es el título de esta novela de Víctor Hugo, que le ha garantizado por siempre un destacado lugar en la literatura universal por su sólida defensa de los perseguidos y condena a los esbirros sin piedad.

Los miserables, sujetos seducidos por una ideología, liderazgo, o simplemente por sus instintos depredadores, no se cuestionan lo que hacen. Actúan en base a sus tendencias criminales o intereses, lo que les conduce a victimizar a quienes no comparten sus iniquidades.

Es apropiado señalar que muchos de estos canallas no se consideran tales porque son incapaces de percatarse de que el simple hecho de servir a un déspota los convierte en victimario. Su elección lo lleva a participar en un circulo de terror que se acentúa en base a la perversidad de cada uno.

Es evidente que toda sociedad cuenta con individuos prestos a las canalladas más horrendas, incluidas las democracias, aunque sin duda alguna, las dictaduras, sin importar el tipo, son más proclives a producir sujetos sin escrúpulos prestos a servir en la acción más deleznable.

Por otra parte, no faltan los que se comportan con indiferencia ante lo mal hecho, individuos sobre los que escribió Jose Martí, “el hombre no tiene la libertad de ver impasible la esclavitud y deshonra del hombre, ni los esfuerzos que los hombres hacen por su libertad y honor”. Estas personas por su indiferencia ante las víctimas, se vuelve también cómplice de los abusos que contemplan.

En honor a la verdad el control social que ejercen los regímenes de fuerza sobre sus ciudadanos es tan vasto y profundo que compromete casi a toda la ciudadanía, envolviendo en particular en la saña oficial a la mayoría de los que sirven en las esferas gubernamentales, aun, cuando no formen parte directa de la estructura represiva.

Todo esto se complica todavía más cuando se padece un sistema totalitario como el cubano, una forma que no permite la existencia del más insignificante resquicio de independencia social, económica y política. El totalitarismo significa ignorancia de los deberes y prerrogativas del ciudadano, un desconocimiento total del derecho de los otros, lo que no exime al verdugo de la responsabilidad de los abusos en los que haya incurrido.

Durante años hemos sido testigo de esbirros del totalitarismo cubano que al salir de la Isla se aprestan a servir el enemigo que escogió Fidel Castro, Estados Unidos, asumiendo, en ocasiones, las posiciones más extremistas, pretendiendo borrar así sus vilezas.

Esta situación se repite con los que en la actualidad son calificados como regímenes castro chavistas, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, siendo Cuba el país que ha dado más renegados con independencia de que es un mandato que se ha extendido por 66 años.

Los desertores del castrismo no son los profesionales de la salud que abandonan las llamadas misiones de la dictadura, sino los funcionarios y represores que, en los últimos tiempos con la acentuación de la miseria y el deterioro estructural del sistema, han decidido dejar el servilismo atrás y partir para la casa del enemigo.

Los jueces y burócratas gubernamentales de diferentes áreas, que por su cargo debieron actuar como cómplices directos de acciones represiva o que causaron daños y perjuicios a las víctimas, pretenden tachar sus compromisos con el castrismo como si tal acción los pasara por un Jordán que limpia sus pecados.

Sin embargo, podemos estar seguros de que más de un victimario se ha de refugiar, para limpiar su conciencia y mostrarse trasparente moralmente ante sus familiares, aludiendo que siempre cumplió con su deber o que simplemente cumplía ordenes en base a la famosa excusa de la “obediencia debida”.

Estos sujetos no deberían recibir refugio en ningún país democrático y si denunciados ampliamente por sus crímenes, colocados en una lista publica que los señale como depredadores y enemigos de la democracia por haber servido a los autócratas que tanto daño han hechos en nuestros países como una advertencia a los depredadores de que el crimen si paga, así, quizás, los nicaragüenses, venezolanos, bolivianos y cubanos con espíritu de verdugos, tal vez no actúen como tales.

* Pedro Corzo es periodista cubano

La semana pasada, un prestigioso programa de televisión entrevistó a líderes del Colegio Médico. Entre los diversos temas abordados, se mencionó de manera tangencial el rumor sobre una posible integración entre el MINSAL y el Seguro Social en la prestación de servicios de salud. Este tema, altamente controversial —aunque no tengo claro el motivo—, ha generado debate dentro del gremio médico. Se trata claramente de un rumor, aunque ampliamente difundido, que ha sido utilizado para criticar e influir negativamente en la opinión pública contra el gobierno actual, bajo el argumento de que dicha fusión conduciría a la privatización y, en consecuencia, a un aumento significativo en el costo de la atención médica en nuestro país. Desconozco cuál es el fundamento teórico o conceptual de este argumento, si es que existe alguno, o si simplemente se trata de una teoría conspirativa destinada a generar temor en la población.

¿Es la fusión ISSS-MINSAL realmente un factor conductivo a la privatización de la medicina en nuestro país?

En El Salvador, el sistema de salud está conformado por los sectores público y privado, cada uno desempeñando funciones distintas en términos de cobertura, acceso y calidad de la atención. En cuanto a cobertura, el sector público —integrado principalmente por el Ministerio de Salud (MINSAL), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y en menor medida los servicios de salud militar, magisterial y otros— proporciona una cobertura teórica estimada entre el 70% y 80% de la población (aproximadamente 60% a través del MINSAL y 20% por el ISSS).

Aunque estos servicios públicos no implican un costo directo para el usuario, suelen estar subfinanciados y presentan una alta demanda, lo que se traduce en sobrecarga, especialmente en áreas rurales. Esto genera tiempos de espera prolongados y frecuentes carencias de medicamentos o de atención médica especializada.

El sistema de salud privado en El Salvador actualmente ofrece cobertura médica a aproximadamente entre el 15% y el 20% de la población. No obstante, la mayoría de quienes acceden a este sector pertenecen a los estratos socioeconómicos con mayor capacidad adquisitiva y residen principalmente en áreas urbanas. En los últimos años, se ha observado un aumento sostenido en la utilización de servicios médicos privados, impulsado principalmente por las limitaciones del sistema público, como los largos tiempos de espera y la percepción de una menor calidad en la atención. No obstante, el acceso a la atención privada sigue estando restringido a quienes pueden costearla, lo que perpetúa una brecha significativa en la atención médica entre los distintos niveles socioeconómicos.

La tendencia de los costos en la medicina privada en El Salvador es claramente ascendente. Desde agosto de 2023, los precios relacionados con la salud han aumentado a un ritmo superior al promedio general de la economía, registrando una inflación interanual en el sector salud que llegó a ser más del triple de la media nacional en febrero de 2024. Este incremento afecta tanto a las consultas médicas —que oscilan entre $30 y $40 por cita con especialistas, sin incluir el costo adicional de los medicamentos— como a los procedimientos, hospitalizaciones y la adquisición de medicinas.

El fortalecimiento del sistema público continúa siendo una prioridad para reducir las desigualdades en el acceso, los resultados y la satisfacción de los usuarios. Aunque la sanidad privada sigue siendo una alternativa fundamental para quienes buscan atención médica rápida y especializada, los esfuerzos deben enfocarse en ampliar el acceso y mejorar la calidad del sistema público mediante la implementación de una cobertura sanitaria universal.

Una de las estrategias operativas adoptadas por países como Costa Rica, Uruguay, Chile, Brasil y el Reino Unido ha sido la desfragmentación del sistema público a través de la creación de un sistema único de salud, lo que ha permitido optimizar recursos, mejorar la coordinación y garantizar una atención más equitativa para toda la población.

¿Cuáles serian las ventajas y desventajas de una integración del MINSAL y el ISSS?

Entre las principales ventajas de esta integración destacan: una mayor cobertura y equidad en los servicios públicos de salud, un uso más eficiente de los recursos, acceso más sencillo para los pacientes, mejoras en la calidad de la atención, sostenibilidad financiera y avances significativos hacia la cobertura universal.

Sin embargo, también existen desventajas o desafíos importantes, como la posible resistencia institucional (debido a diferencias culturales y laborales, incluyendo la oposición de sindicatos), la complejidad en el financiamiento (por la existencia de diversas fuentes de recursos), el temor a una disminución en la calidad del servicio (especialmente entre los afiliados al ISSS, quienes podrían preocuparse por la pérdida de beneficios o una atención más lenta), barreras tecnológicas y los elevados costos iniciales que implica este proceso de integración.

¿Es razonable este miedo?

La integración tiene beneficios claros a largo plazo, especialmente en la eficiencia y equidad, pero enfrenta importantes obstáculos políticos, financieros, y técnicos. Una integración progresiva y por etapas (empezando por compras conjuntas o servicios especializados compartidos), complementado por un dialogo institucional y reformas legales, podría ser la vía mas realista.

Un migrante es un ser humano enfrentado a muy complejos dramas. El desarraigo social y cultural, la nostalgia por la tierra que se ha dejado atrás, el desempleo o falta de estabilidad laboral, la ansiedad ante la incertidumbre y los efectos perniciosos de la discriminación, son todos factores que convierten a los migrantes en personas altamente vulnerables. A lo anterior se suman las realidades políticas que contribuyen al aumento exponencial de los flujos migratorios, principalmente las guerras, la violencia endémica y esos regímenes autoritarios que expulsan de sus países de origen a numerosas personas.

En el último medio siglo, las tiranías de Cuba, Venezuela y Nicaragua han sido las principales “productoras” de exiliados en el continente americano. Estados Unidos, sin embargo, era hasta hace poco el generoso destino al que la migración forzada podía aspirar, con esa promesa de libertad y trabajo distintiva del sueño americano que se proponía a quienes desearan abrirse camino —legalmente— desde la obligada expatriación hacia el éxito.

El regreso a la Casa Blanca de Donald Trump ha significado una radicalización del discurso antiinmigrante, pero también una reacción práctica al desorden que se gestó y creció durante la administración de Joe Biden. El más reciente Gobierno demócrata se esforzó, ciertamente, en ofrecer un rostro humano a las políticas fronterizas estadounidenses, pero también estimuló un flujo irregular de proporciones mayúsculas, criticado en su día hasta por las comunidades hispanas que ahora resienten, con razón, el extremismo policial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El problema se ha agravado, sobre todo, porque el desordenado arribo de indocumentados se ha transformado, andando el tiempo, en una subcultura de la ilegalidad. Muchas de estas personas, con motivos fundados, dejaron de pretender la ciudadanía para medrar en ambientes que les facilitaran la opción de vivir entre las sombras, fuera de la mirada de la ley. Para todos ellos, claro, la actual relación con el Estado americano ya no está más basada en la aspiración a encajar en otra sociedad y absorber determinados valores, sino en el miedo aterrador a ser deportados. Y en este tipo de escenarios, ya se sabe, la miseria se agrava, las tensiones aumentan y el crimen florece.

Varias oleadas de inmigrantes mexicanos, cubanos, venezolanos, salvadoreños y hondureños han recibido de las autoridades federales de EE UU, en apenas un lustro —de 2021 a 2025—, mensajes tan confusos como contradictorios. Las más de 600 acciones ejecutivas firmadas por Biden, aperturistas en el discurso pero enmarañadas en su aplicación, no contribuyeron a consolidar una agenda que favoreciera la legalidad. Del otro lado, la vuelta al poder de Trump ha acercado la cerilla a la mecha, con redadas infames que han terminado por destrozar los nervios de legales e ilegales por igual.

Luego de hacerles promesas ilusorias, Estados Unidos ha pasado a cerrar las puertas, con fuerza y sin opciones, a miles de hombres y mujeres que han cruzado sus fronteras impulsados por la esperanza. Procesar estas violentas oscilaciones pendulares, entre la mano abierta y el cerrojazo, es un desafío enorme para cualquier ser humano que escapa de su realidad y trata de adaptarse a una distinta. El analista cubano Martín Gurri ha sentenciado al respecto: “Un sistema que oscila entre la laxitud total y la represión severa no es realmente un sistema”.

Llegamos así al punto neurálgico del problema migratorio en EE UU: ante dos extremos que han probado sus efectos negativos, ¿es posible diseñar una alternativa funcional? Y si esa opción de equilibrio fuera viable, ¿cómo construir, por amplio consenso, vías humanistas de legalización y mitigación de riesgos que a la vez pongan control sobre el flujo de personas pero simplifiquen los procesos de entrada y naturalización?

De momento, el público estadounidense brinda un veredicto de apoyo a la moderación y una apuesta por la legalidad. En la primera medición de YouGov después de las protestas de Los Ángeles, si bien solo uno de cada tres ciudadanos dijo respaldar esas manifestaciones, la mayoría se expresó en contra de que el Gobierno federal sustituyera a las autoridades locales en la tarea de enfrentar los disturbios (56%) o que los marines fueran desplegados por orden de Washington para controlar la situación (47% versus 34%). Los encuestados no parecen justificar ningún tipo de violencia, ni la que exhibieron algunos inconformes en las calles ni la que ejerce la Administración de Trump contra los indocumentados.

Tal parece que solo un gran acuerdo nacional sobre migración puede salir al encuentro de las razonables inquietudes que despierta tan delicado tema. Y ese acuerdo tendría que conducir al abandono (total o parcial) de posturas partidarias excluyentes entre sí. Porque tan contraproducente es ilegalizar a todo inmigrante como pretender que cualquier persona, sin importar sus antecedentes, pueda entrar libremente a Estados Unidos.

Pero el sistema debe cambiar, no hay duda, optando por marcos legales simples, claros y que establezcan los límites deseables: cifras máximas anuales de flujo migratorio, priorización de talentos de acuerdo a las necesidades de las comunidades receptoras y una urgente transparencia a lo largo de todo el proceso de ciudadanización.

La asimilación nunca ha sido producto de la magia; para fomentarla, sin embargo, se requiere de liderazgos políticos capaces de neutralizar las posturas extremas. ¿Acaso es Trump esa clase líder? ¿No será más bien que el diálogo y la sensatez deberán esperar mejores tiempos?

Desde esta columna, donde la lupa de la criminología y la seguridad pública se posa sobre las decisiones que impactan nuestro tejido social, la reciente noticia sobre la venta de cerveza en los estadios de la Primera División del fútbol salvadoreño nuevamente es, a todas luces, una espada de doble filo. Si bien puede ser vista como una medida para modernizar la experiencia del aficionado y generar ingresos para los clubes, desde nuestra perspectiva, introduce una variable de riesgo que exige un análisis meticuloso y no la podemos tomar a la ligera.

Es un hecho demostrado que la violencia en el deporte, especialmente en el fútbol, no es un fenómeno exclusivo de las aficiones, sino un complejo problema que se nutre de factores situacionales, culturales, antropológicos, sociológicos, de una violencia estructural en la sociedad entre otros. En este escenario, el alcohol es, sin duda, un catalizador de la violencia. La criminología nos ha enseñado que el consumo de bebidas alcohólicas provoca un efecto de desinhibición: reduce la capacidad del individuo para controlar sus impulsos y para evaluar las consecuencias de sus acciones. En un entorno cargado de pasión, rivalidad, cánticos, emociones colectivas, y lamentablemente en muchos casos de fanatismo, esta desinhibición puede ser el detonante de una escalada de conflictos.

No es lo mismo tomarse una cerveza en un bar tranquilo, en un restaurante, que hacerlo en una grada donde el grito y la provocación son parte de la «fiesta» y a eso agregue en muchos casos altas temperaturas por la hora que se programan los partidos, la provocación entre semana previo a los partidos, el morbo, absurdas rivalidades. El alcohol en el contexto de un partido donde existe una historia y antecedentes de actos de violencia, especialmente en la proximidad de las denominadas barras bravas, puede transformar la rivalidad en hostilidad y la frustración de un resultado adverso en una reacción violenta. La violencia situacional, que ocurre en un momento y lugar específicos, se ve magnificada por la influencia del alcohol, convirtiendo un altercado menor en un disturbio masivo que pone en riesgo la vida de los aficionados, incluyendo familias, mujeres, niños y adultos mayores que han regresado a los estadios bajo la promesa de seguridad. Solo en expresiones de violencia contra la mujer se generan posibles delitos en los escenarios deportivos por el efecto del alcohol y una cultura machista en los estadios.

Si bien es cierto que El Salvador ha logrado relevantes avances en la seguridad pública y en el control de las pandillas, la memoria de las riñas y disturbios en los estadios está aún fresca. Permitir nuevamente la venta de alcohol en este contexto no es un gol de la tranquilidad; es un retorno a una zona de riesgo que ya conocíamos. La experiencia internacional, desde Europa hasta Suramérica, ha demostrado que las medidas de seguridad más efectivas van de la mano con una regulación estricta del alcohol, llegando en muchos casos a la prohibición total en los recintos deportivos.

Por ello, la decisión de permitir la venta de cerveza debe venir acompañada de un plan de seguridad integral y detallado, que continua sin existir, y tampoco el ente rector ha tomado la responsabilidad y autoridad que le corresponde, por el contrario, autorizan la venta de alcohol. Una vez más desde esta tribuna recomiendo a las autoridades federativas y a los clubes de la Liga Mayor de Fútbol que consideren revertir esta disposición que en nada contribuye hacia una cultura de paz y sana convivencia dentro y fuera de los estadios. Las condiciones de la sociedad salvadoreña y de nuestra afición no es de otras latitudes y culturas La manera de ingerir bebidas alcohólicas en nuestro país es diferente incluso que en América Latina.

Es más lamentable escuchar al presidente de la comisión de regularización el panameño Rolando González establecer que hasta el minuto 60 van a vender la cerveza, sin ningún criterio técnico científico forense, desconociendo la realidad de la violencia en los estadios de nuestro país y las lesiones, amenazas, daños y otros delitos por la violencia de algunos aficionados e incluso de delincuentes camuflajeandose en las barras. Ni como opera el alcohol etílico al ingresar al cuerpo, ni las fases de la ebriedad.

El fútbol es una pasión, no una excusa para la violencia. El éxito de esta nueva disposición no se medirá por los ingresos generados, sino por la ausencia de incidentes violentos. La responsabilidad ahora recae sin duda sobre los presidentes y juntas directivas de los equipos de la primera división y las autoridades de la FESFUT, en espera que asuman ante los actos de violencia que se van a presentar; así como asegurar que esta medida no se convierta en una victoria pírrica donde el gol de la rentabilidad termine costando la paz de la afición.

*Por Ricardo Sosa, Doctor y máster en Criminología. Experto en seguridad de estadios