Categoría: Opinión

No hablaré del animal definido como un “molusco cefalópodo dibranquial, octópodo, que vive de ordinario en el fondo del mar y a veces nada a flor de agua”; este, “muy voraz” pero “comestible”, “se alimenta de moluscos y crustáceos”. Tampoco mencionaré a Juan Gualberto Fernández Rivera, aquel legendario deportista nacido en Honduras quien fuera guardameta en diversos e históricos equipos de la primera categoría del fútbol salvadoreño –cuando acá realmente había fútbol respetable– e integrante de la selección nacional clasificada a los Juegos Olímpicos de 1968, en los que fue protagonista; este arquerazo, bautizado desde cipote como “el Pulpo”, también cuidó las redes del “equipo de todos” durante las épicas jornadas en la contienda por participar en el Mundial de 1970 celebrado en México; pese a ser el titular en dicha eliminatoria, épica además por todo lo que se tejió alrededor de la “guerrita” con Honduras en julio de 1969, no jugó ni un minuto en el Estadio Azteca durante dicho torneo.

Me encantaría recordarlo, pero no. Mejor hablaré de una real y tremenda “especie devoradora”; una de esas que tragan con ansiedad desmedida, sin freno y con apetito del todo insaciable. En su caso, el plato servido y apetecido es el poder político y económico dentro de esta nuestra parcela centroamericana. Y los “tentáculos” de tal versión “novedosa” de un pulpo que navega en estas intranquilas aguas ya atraparon también, de hecho, hasta la regencia oficial del mencionado “deporte de las mayorías”; el “deporte rey” desde hace ratos venido bastante a menos en El Salvador.

No digo que antes alcanzó niveles de excelencia, no obstante destacadas y rutilantes figuras que surgieron en el campo de juego; ciertamente tuvo, además, momentos de brillantez regional en el ámbito de “clubes” y selecciones. Pero ahora, solo el fútbol guanaco puede presumir dos penosos “récords” universales: aquel marcador con el que Hungría derrotó al equipo nacional en 1982 y el no haber asistido desde entonces a una “justa mundialista”. Sumando la que tendrá lugar en América del Norte el 2026, se cumplirán 44 años de esa prolongada ausencia que cala en lo más profundo de la ‒por no llamarla de otra forma‒ “noble afición”.

A esta, ansiosa huérfana de triunfos y satisfacciones de otro tipo en el ámbito deportivo, hoy quieren encasquetarle una fantasía “bukeleana” para embaucarla una vez más. A menos que Dios baje el dedo para ordenar que no se realice, es un hecho consumado la toma de la Federación Salvadoreña de Fútbol dentro de unas pocas semanas por parte del pulpo oficialista que no se cansa de justificar sus desmanes con la misma cantaleta: hoy todo es posible en el “país más seguro del hemisferio occidental”, de la mano de su omnipresente e inigualable “líder” siempre acuerpado por su “clan” familiar de cuyo interior ya fue escogido y prácticamente ungido el futuro presidente de la entidad rectora del balompié salvadoreño: el hermano de Nayib, quien es o era el mandamás de la Federación Salvadoreña de Baloncesto y del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador.

Al contemplar esa puesta en escena, no queda más que volver la vista a lo ocurrido en Nicaragua donde Daniel Ortega, Rosario Murillo y familia –instaurada como la nueva dinastía que nada debe envidiarle a la somocista– finiquitaron el secuestro del entretenimiento más popular en ese país vecino: el béisbol. Para ello había que “darle en la nuca” a otro “histórico” y muy cuestionado, por turbio, dirigente político sumamente cercano a dicha camarilla hasta hace poco: el nada sencillo Bayardo Arce, capturado por el régimen dictatorial el recién pasado junio. Este era el poderoso dirigente de la liga profesional de dicha actividad deportiva, desmantelada hace poco para crear la llamada Asociación Profesional de Béisbol Nicaragüense bajo el absoluto control de la familia presidencial.

Para ello, la jaranera “Chayo” ya movió hábilmente sus tentáculos. Así garantizó que el excomandante mochado no le estorbara en su camino hacia la toma del trono dinástico, que aspira ocupar cuando su marido se haya despedido de este mundo. Y en esa puesta en escena, ya le cayeron al “deporte rey” chocho. Pareciera que una conjura similar está por completarse acá en El Salvador, para manipular las frustraciones futboleras de nuestro pueblo en función de los intereses oficialistas y sus jugosos negocios. Así se mueven estos “dioses del Olimpo” centroamericano que, como parte de su desenfrenada ambición de poder, no pueden negar lo que está a la vista: sin vergüenzas de por medio, terminan hermanados en sus enfermizas y lucrativas  confabulaciones en medio de las cuales no sobresalen ni el honor ni la lealtad.

Es cierto que la seguridad ha mejorado sustancialmente en nuestro país. Aquí en oriente, donde vivo, se puede salir tranquilamente a cualquier hora del día, con una seguridad cercana al 100% de no estar expuesto a ningún tipo de delito o peligro, lo que genera gran tranquilidad para las familias y fomenta la convivencia ciudadana.

Sin embargo, también es cierto que la seguridad física de la ciudadanía no está en sintonía con la seguridad económica familiar. Actualmente, es evidente que existe una discrepancia entre seguridad y economía. Esta situación no solo es percibida por la ciudadanía, sino que también está reflejada en los índices económicos.

El último reporte del Banco Central de Reserva, publicado la semana pasada, señala que la deuda pública de nuestro país está progresivamente alcanzando al producto interno bruto (PIB). La deuda pública actualmente suma $32.2 billones de dólares, lo cual equivale al 88% del PIB, de los cuales al menos el 25% vence en un plazo de uno a cinco años. Y para hundir nuestras expectativas aún más, hace dos semanas se confirmó que El Salvador tiene la tasa de crecimiento económica más baja de la región Centroamericana, con proyecciones futuras que auguran males mayores. Además, es uno de los países menos atractivos para la inversión extranjera directa y ocupa el último lugar de la región en términos de acumulación de capital.

Crecimiento bajo, salarios estancados, inflación en bienes básicos. ¿Qué significa para el ciudadano de a pie que la deuda pública este en esa magnitud hoy?

Se sigue dando prioridad a la seguridad y al orden. Cada día se nos exhiben sus logros: “Cero homicidios en tantos días”, nos dicen. Sin duda, es un logro que se agradece. Pero ¿no será que otras dimensiones del desarrollo nacional están siendo desplazadas?

Temas como la participación ciudadana, la transparencia o el pluralismo político parecen haber quedado en segundo plano. Toda información relacionada con los contrapesos en el país está bajo “reserva” por muchos años venideros. Solo conocemos lo que el gobierno quiere que conozcamos. Incluso mandos medios de importantes instituciones públicas, como el Ministerio de Salud, carecen de acceso a información esencial. Navegan un barco a ciegas, haciendo tanteos a diestra y siniestra con la intención de tomar decisiones acertadas para el bien de la población. Pero así no se gerencia una empresa, así no se dirige una institución, y mucho menos así se gobierna un país.

A menos, claro, que el objetivo sea concentrar el poder en una sola persona o partido político; aumentar la corrupción y la impunidad —basta recordar la reciente publicación de El Faro sobre las compras de insumos para el Ministerio de Salud durante la pandemia—; controlar el relato público y difundir propaganda gubernamental; debilitar el Estado de derecho; y desmovilizar a la ciudadanía. En otras palabras, debilitar profundamente nuestra democracia.

Es cierto: este gobierno cuenta con un apoyo popular sin precedentes. Pero también la Revolución Cubana gozó de una euforia similar hasta mediados de los años sesenta. En la década de los setenta comenzó la represión del disenso y la emigración masiva de críticos y de las clases medias. En los noventa, el apoyo popular se desplomó, y para 2021 el rechazo al régimen cubano era generalizado, con una economía nacional completamente en bancarrota.

Hoy, nuestro país ha aprobado reformas constitucionales que permiten la reelección indefinida del presidente, extienden el mandato a seis años y socavan cada vez más los controles institucionales. ¿Cuáles son los riesgos a largo plazo a los que se expone nuestro país?

Quiero ser honesto: he apoyado el plan de seguridad de este gobierno, y lo sigo apoyando. No deseo un regreso a la violencia de años anteriores. Sin embargo, al observar la situación económica de la población, los presuntos casos de corrupción y la impunidad que se perciben a flor de piel, así como las millonarias inversiones en infraestructura que no se traducen en mejoras reales en educación o salud, me cuesta ver un verdadero desarrollo social en nuestro país.

Y aunque me siento más seguro en las calles, el futuro, sinceramente, me angustia.

La globalización nos ha puesto en bandeja de que estamos vinculados entre sí, lo que requiere cultivar la convivencia y dejarse acompañar, con la predisposición de la acogida y el deseo de compartir experiencias. En consecuencia, nuestra primordial tarea es hacer familia, sumar fuerzas y trazar objetivos conjuntos, no vivir los unos contra los otros, sino en el otro, abriéndose a nuevos horizontes universales, sin abecedarios que nos enfrenten, ni muros que nos separen, utilizando los lenguajes del corazón, que es lo que hace espigar el sentido compasivo. Lo importante reside en no desfallecer, tampoco se trata de vivir de nadie, sino de donarse para que las alianzas sean posibles y la concordia inunde nuestros pasos, ofreciendo el buen poso de la amistad.

En unión y en unidad todo es posible llevarlo a buen término, comenzando por la crisis del hambre actual que no se debe a la falta de alimentos, sino a la desigualdad, los conflictos y las decisiones políticas, y acabando por la inseguridad, como es cualquier actividad nuclear que puede dar lugar a una escalada con resultados catastróficos. Sea como fuere, no debemos olvidar el desastroso legado de más de dos mil pruebas con dichas armas que se han llevado en los últimos ochenta años. Desde luego, las potencias nucleares deben retirarse, dejar de jugar con el futuro de la humanidad. El mundo precisa de una prohibición real y vinculante de dichos ensayos, ya que toda persona es titular del derecho inviolable a una vida íntegra, también desde el punto de vista anímico.

Quizás tengamos que antes aprender a reprendernos a nosotros mismos, al menos si queremos vivir en el amor y en la verdad, sabiendo que el diálogo sincero es el camino hacia el encuentro de unos y de otros, más allá del odio y el prejuicio. Por ello, en lugar de artefactos, demos abrazos; pongamos alma y no armas, demos aliento y moral y no repitamos los errores del pasado. Ayudémonos a sobrellevar la creciente pobreza, a que cese la multitud de conflictos y el sufrimiento humano generalizado, pongamos el tesón en aminorar fuegos injustos que nos destruyen, siendo operarios de esperanza. Jóvenes y adultos, tenemos un papel concreto que desempeñar; hagámoslo sin miedo, juntos, podemos demostrar que cuando actuamos en coalición, conseguimos lograr el cambio.

Es ineludible, por tanto, dedicar un esfuerzo adecuado a la formación en valores. Aquí es fundamental la experiencia del silencio, de la escucha, así como de la contemplativa hacia todo lo que nos rodea. Dejémonos de endiosarnos, bajemos a nuestro interior, compartamos pasos e interroguémonos sin cesar. Pensemos en cuantos trances se podrían evitar y resolver así, poniéndonos en sintonía con los demás, mediante el sincero deseo de entenderse y atenderse recíprocamente. En efecto, las naciones han de fusionarse, ya no sólo para desarrollar los marcos que nos permitan convertirnos en una civilización multiplanetaria, sino también para evitar la incitación de afrontar situaciones nuevas con sistemas antiguos.

Cumplamos, pues, con nuestros principios comunes de acoplar pulsos y de hacer las debidas pausas, centrándonos en la ciudadanía y concentrándonos en el esfuerzo de dar vida y de donarla. Ahí radica el avance de la generación, en sumar buenos propósitos y mejores quehaceres, hermanados con nuestras diferencias, pero adheridos, siempre. Las divisiones no son buenas para nadie. El único camino posible es la armonía, lo que nos demanda un mayor trabajo humanitario como obligación estética. De lo contrario, nos volveremos inhumanos y el futuro será un auténtico infierno de bombas e intereses mundanos. Al fin y al cabo, nos conviene desechad la falsedad y volver a ese orbe auténtico; cada cual, con su prójimo, para hacerlo próximo siempre y tenerlo a nuestro lado.

¿Es inédita la interferencia política y militar de Estados Unidos en los asuntos de América Latina? Por supuesto que no. De hecho, se trata de una constante desde el siglo XIX. Hace años el legendario periodista Gregorio Selser mostró un documentado detalle de esto. Es decir, no se trata de una invención para señalar una infracción. Se trata de una realidad imposible de ocultar. Y de borrar.

La línea operativa que ha venido siguiendo la administración Trump desde hace unos meses al movilizar ingentes recursos bélicos en el Caribe y en el Pacífico, es una suerte de glosa a todo aquel cúmulo histórico de acciones que desde Estados Unidos se han dirigido, como latigazos, hacia América Latina.

Estados Unidos, dado su talante imperial, ahora indisimulado, ha hecho y desecho en diferentes partes del planeta, pero es en América Latina desde finales del siglo XIX hasta la fecha donde ha procedido con ‘sentido de propiedad’.

El ‘cerco’ por el Caribe a Venezuela y ahora por el Pacífico a Colombia (y Ecuador, y tal vez México) bajo la consigna de luchar contra el narcotráfico llevará, si no se busca un modo de aplacarse la tensión generada, a un cuadro explosivo.

¿Podrían entrar las tropas norteamericanas a los territorios venezolano, colombiano o ecuatoriano, e incluso boliviano, para ‘eyectar’ a los cabezales, que según el análisis de la inteligencia norteamericana son los responsables del flujo de drogas hacia Estados Unidos? Sin duda que están en capacidad de hacerlo.

¿Eso es en realidad lo que quieren hacer? ¿O el menú es mucho más amplio?

El poderío militar de los Estados Unidos es indiscutible y en este performance marítimo (y aéreo) que por ahora escenifica, es fácil identificar que hay algo más que unas acciones de presión e intimidación o de guerra sicológica. Los varios millones de dólares que implica esa enorme movilización de recursos frente a las costas de América Latina de seguro que no comportan un gasto sin más. Deberán sacarle rédito a eso.

La mentalidad de guerra que la administración Trump gusta hoy mostrar para las cámaras, debe leerse como lo que es: una preparación para la guerra. Cualquier guerra. Contra cualquier enemigo. En cualquier tiempo.

¿Por qué puede proceder en este momento de esa forma la administración Trump? Porque sus halcones han tasado el escenario y han concluido que en las actuales condiciones no hay contrapeso posible frente a esas poderosas fuerzas militares norteamericanas. Sin embargo, esta fortaleza militar de la que hace gala la Gran Potencia del Norte no coincide con su dinamismo económico. Este desfase quizás es uno de los elementos que puede iluminar la comprensión del ‘momento histérico’ que se vive.

La andanada de tetuntazos arancelarios que lanza el presidente Trump, parece más palos de ciego que otra cosa. Lo que con la economía no puede, quizá lo quiere resolver con la mostración (y ‘prueba controlada’) de su dispositivo militar de alcance global.

Porque no es solo China el contrapeso a Estados Unidos en el terreno económico, sino todos los integrantes de los BRICS, y esto es algo que no puede desanudar Donald Trump. La Unión Europea es otro valladar que no está resultando fácil domeñar.

En síntesis, hay un concepto que puede aplicarse sin desperdicio a lo que ahora está emprendiendo la administración Trump: la conflictividad global. Atizar esa conflictividad, imaginan los halcones y otros pajarracos que será el camino que pondrá adelante a Estados Unidos. Y eso sería así, si todos los ‘enemigos’ con los que está peleando (incluidos los internos) se quedan inmóviles, tiritando en una esquina del ring mundial (y local).

La mesa económica global se mueve rápido. Para cada movimiento anunciado por Trump, hay una respuesta de sus ‘enemigos’. Algunos de sus aliados naturales incluso se encuentran frente a graves dilemas porque pareciera que ya no hay consideraciones, existe ‘tabula rasa’ para todos.

Atacar las instalaciones nucleares de Irán fue una temeridad muy peligrosa, que más adelante le pasará factura no solo a esta administración sino a la política global norteamericana. Azuzar a Venezuela (y ahora a Colombia) con una posible intervención militar o la ejecución de ataques puntuales no ya en aguas internaciones sino en puntos precisos dentro de esos países, de realizarse, será un curso de acción del que resulta difícil imaginar que pueda sacar ventajas Estados Unidos.

Si este es un plan estratégico norteamericano para reconfigurar su hegemonía mundial, de verdad que está enredado, porque como en el billar, Trump está tirando una bola para golpear a otra bola que debe chocar con otra y esta con otra, para ir a caer en una de las seis troneras.

Lo que sí es seguro que está logrando Estados Unidos es exacerbar la conflictividad global, y esto se sumará a la crisis política que se ha creado dentro de su país.

*Jaime Barba, REGIÓN Centro de Investigaciones

Leer un libro de los grandes escritores clásicos de la literatura universal es mucho más que pasar páginas. Es un encuentro con el alma del pensamiento humano, con las preguntas que no se agotan y las respuestas que seguimos buscando. Cada clásico, como Sófocles, Cervantes o Alejandro Dumas, es una conversación entre generaciones que se dan la mano a través del tiempo.

Las personas que leen estas obras, sin importar la edad, adquieren una formación profunda en valores, pensamiento crítico y comprensión cultural. No es casualidad: los clásicos enseñan a mirar la vida con amplitud, a dudar con inteligencia y a soñar con propósito.

El primer fruto de la lectura es el desarrollo del pensamiento crítico. Las grandes obras presentan dilemas morales y conflictos que invitan a reflexionar, analizar y decidir con sabiduría; ese es el principio de la madurez.

El segundo beneficio es el dominio del lenguaje y la expresión. Leer enriquece el vocabulario, mejora la sintaxis y ofrece modelos de escritura refinada. Quien lee con frecuencia habla y escribe mejor, se comunica con claridad y convence con respeto. La palabra bien dicha es poder, y quien sabe usarla, construye.

También está la comprensión profunda de la condición humana. Los clásicos exploran emociones universales: el amor, la ambición, la lealtad, la justicia, la traición y la esperanza. Leer nos permite entender al otro, ponernos en su lugar y crecer en empatía, esa virtud tan escasa en los tiempos modernos.

Un cuarto beneficio es la conexión con la historia y la cultura. Las obras literarias clásicas son testigos de su tiempo. En ellas comprendemos cómo pensaban los pueblos, qué valores defendían y cómo soñaban un futuro mejor. Leer a Shakespeare, Dostoievski o Mario Vargas Llosa nos abre la mente y nos enseña que cada época tiene su belleza y su lucha.

Y un quinto regalo de los clásicos es el fomento de la creatividad y la imaginación. Las tramas complejas y los simbolismos literarios despiertan la mente, estimulan nuevas ideas y nos ayudan a resolver los problemas del presente con una mirada más amplia.

Pero para cosechar estos frutos hay que cultivar el hábito. Leer diariamente, aunque sea poco; elegir libros que despierten interés; buscar un rincón tranquilo para concentrarse; anotar pensamientos y compartir lo leído. Leer en papel o en formato digital importa poco: lo esencial es la constancia.

Leer construye el carácter y fortalece la mente. Quien lee con reflexión y curiosidad mejora su comunicación, amplía su visión del mundo y aprende a tomar decisiones con criterio. Además, la lectura alimenta la empatía, la creatividad y la resiliencia, virtudes esenciales para crecer en cualquier ámbito: familiar, laboral, social o espiritual.

Como dice la Biblia, en las palabras de un padre aconsejando a su hijo: “La sabiduría, ante todo; adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia” (Proverbios 4:7). Los libros clásicos son, precisamente, fuentes de esa sabiduría que no pasa de moda.

Quien lee a los clásicos gana madurez, profundidad, criterio y sensibilidad. Se distingue por pensar mejor, comunicarse con elegancia y comprender el alma de su tiempo.

No dejen que el ruido del mundo apague su voz interior. Lean para pensar, sentir y crecer. Cada página es una llave que abre puertas al conocimiento, a la libertad y al verdadero valor de ser ustedes mismos.

*Alfredo Caballero Pineda, es escritor y consultor empresarial.

alfredocaballero.consultor@gmail.com

Con tasas de interés que alcanzan niveles impensables y condiciones abiertamente abusivas, el crédito informal o usura se ha consolidado como el principal obstáculo para el desarrollo de un amplio segmento de las micro y pequeñas empresas (MYPES) en El Salvador. Lejos de ser un fenómeno marginal, la usura se ha convertido en un componente estructural del ecosistema financiero nacional, sosteniendo el funcionamiento cotidiano de miles de empresas a costa de erosionar sus márgenes de rentabilidad, restringir la inversión productiva y perpetuar la informalidad.

En 2024, las MYPES salvadoreñas obtuvieron de prestamistas informales o usureros un estimado de US$ 1,251.5 millones, monto que equivale al 7.4 % del crédito total otorgado por el sistema financiero formal a sus diferentes clientes. Esta cifra corresponde únicamente al financiamiento dirigido a las MYPES y no al conjunto de la economía, lo que subraya la magnitud del problema. Su persistencia confirma el fracaso de la Ley Contra la Usura, promulgada en 2013 con el propósito de proteger a los prestatarios más vulnerables y reducir las prácticas abusivas.

Las condiciones bajo las que operan estos préstamos son abiertamente desproporcionadas. Las encuestas revelan que las tasas de interés promedio anual alcanzaron 2,628 % en 2019 y 1,869 % en 2022, con casos extremos que superan el 13,500 %, es decir, más de veinte veces las tasas promedio del crédito formal. En la práctica, estos préstamos se conceden por montos pequeños —frecuentemente menores a US$ 500—, con plazos de menos de 30 días y pagos diarios.

Las garantías exigidas van desde pagarés y letras de cambio hasta hipotecas o firmas solidarias, exponiendo a los empresarios al riesgo de perder sus activos ante cualquier incumplimiento. Pese a ello, ocho de cada diez MYPES recurren a los prestamistas informales, atraídas por la exclusión del sistema financiero formal, la inmediatez del desembolso, la ausencia de trámites burocráticos y una flexibilidad que las instituciones financieras formales no les ofrecen. Este círculo vicioso revela una contradicción: el crédito informal es simultáneamente un mecanismo de sobrevivencia y una trampa que impide el crecimiento.

El desglose de las estimaciones evidencia las distintas formas en que las MYPES se vinculan con la usura. De los US$ 1,251.5 millones anuales, alrededor de US$ 661.3 millones provienen de empresas que se autoexcluyen del sistema financiero formal, convencidas de que este resulta inaccesible para su realidad. Otras MYPES —por un monto cercano a US$ 432.4 millones— combinan crédito formal e informal para completar su capital de trabajo, lo que refleja la insuficiencia de la oferta regulada.

Finalmente, unas US$ 157.8 millones corresponden a MYPES que, tras ser rechazadas por las instituciones formales por falta de garantías o historial crediticio, no tienen otra opción que recurrir a los usureros. En todos los casos, la usura se impone como la opción “rápida y segura”, pero a un costo devastador. Estas prácticas drenan la liquidez de los negocios, reducen su capacidad de reinversión y, a mediano plazo, los empujan a la informalidad o al cierre definitivo. La magnitud del fenómeno evidencia que la exclusión financiera no es una excepción, sino una regla en el funcionamiento del sector MYPE salvadoreño.

A una década de su promulgación, la Ley Contra la Usura no ha logrado frenar las prácticas abusivas que pretendía erradicar. El 62.2 % de las MYPES sigue recurriendo a prestamistas informales y pagando tasas exorbitantes. Esta ineficacia se explica por tres debilidades estructurales. Primero, el diseño legal excluye del cálculo de los topes máximos al mercado informal, dejando fuera precisamente el segmento donde la usura opera con mayor intensidad. Segundo, la supervisión estatal es prácticamente inexistente en los territorios y circuitos financieros donde los prestamistas actúan con total impunidad. Y tercero, la ley carece de incentivos para que las instituciones financieras amplíen su cobertura hacia segmentos de mayor riesgo, lo que termina reforzando el círculo de exclusión.

En la práctica, la normativa ha servido más para delimitar los márgenes del crédito formal que para proteger efectivamente a los prestatarios del abuso. Al no atacar la raíz del problema —la falta de acceso y de productos financieros adecuados—, la usura sigue expandiéndose, con una sofisticación creciente en sus mecanismos de cobro y en su capacidad para evadir la acción de las autoridades.

La usura aplicada a las MYPES no es solo un problema financiero, sino un obstáculo estructural para el desarrollo. Constituye un mecanismo de financiamiento de altísimo costo que asfixia la productividad, reduce la inversión y limita la generación de empleos de calidad. Sus efectos multiplicadores son devastadores: impide el encadenamiento productivo, frena la innovación y perpetúa la desigualdad entre empresas formales e informales. Este fenómeno debe entenderse como una señal de alerta para el país. El crédito informal revela la incapacidad del sistema financiero para responder a la realidad de miles de microempresarios que operan con ingresos irregulares, escasa documentación y necesidades de liquidez inmediata. No se trata solo de sancionar la usura, sino de construir alternativas viables que la hagan innecesaria.

Enfrentar este problema requiere una estrategia de múltiples dimensiones. En primer lugar, una revisión integral de la Ley Contra la Usura que incluya mecanismos efectivos de supervisión y sanción en el mercado informal. En segundo lugar, la creación de instrumentos financieros adaptados a las características de las MYPES, con mayor flexibilidad en plazos, garantías y montos, pero dentro del marco regulado. En tercer lugar, el fortalecimiento de la educación financiera, de modo que los empresarios puedan comprender los riesgos de la usura y tomar decisiones informadas. Finalmente, se requiere una alianza entre el Estado, las instituciones microfinancieras formales y la banca de desarrollo para canalizar recursos hacia segmentos actualmente excluidos. Mientras estas reformas no se materialicen, la usura seguirá consolidándose como uno de los principales frenos al desarrollo económico y social de El Salvador: un cáncer financiero que alimenta la desigualdad y erosiona el potencial de miles de MYPES.

* William Pleites es director de FLACSO El Salvador

Escribo, desde Medellín, una ciudad pujante con gente encantadora, que considera, al menos con las decenas de personas que conversé, que el primer gobierno de izquierda del país ha sido un completo desastre y que un segundo mandato que responda a esa proyección política conduciría a la nación a su destrucción.

La mayoría de las personas con las que trabé conversación, gente aguda con amplio vocabulario y excelente memoria, consideran al mandatario Gustavo Petro como un hombre inepto, falto de disciplina y sin otra meta que el poder, aunque ignorara qué hacer con él. Más de uno de ellos me dijo que el presidente era más incapaz que Hugo Chávez y Nicolás Maduro juntos, porque no había logrado concretar la mayoría de las metas de su administración que se había propuesto, ni aun, aquellas que harían posible el continuismo de sus propuestas de gobierno.

Por mi parte confieso haberme equivocado. Tenía la idea de que Petro era un hombre disciplinado, trabajador e inteligente, lo contrario a lo que me demostraron sus compatriotas y que aprecio por su fracasada gestión de gobierno en las que hay destacar sus precarias relaciones con Washington, su posición contraria a Israel en la que apoya a los palestinos sin mencionar los crímenes de la agrupación terroristas de Hamás y su actitud mezquina ante el Premio Nobel de la Paz otorgado a la lideresa María Corina Machado.

Debo recordar que en casi todas las conversaciones se habló de un personaje que al parecer para mis interlocutores es una mezcla extremadamente peligrosa entre el místico ruso Grigori Rasputín con el francés Jose Fouché, dos genios tenebrosos que manipularon con extrema habilidad a su favor situaciones complicadas, logrando ambos, una sobrevivencia política que escapaba a toda lógica.

Este sujeto es el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, sin dudas un hombre hábil y de notables recursos.  Fue concejal de Bogotá entre 1998 y 2000, posteriormente fue electo diputado por la capital, llegando al senado en el 2006, posición que ocupó durante 16 años, incorporándose a la campaña presidencia de Petro en el 2022, luego de haber presidido la Cámara Alta.

Benedetti más allá de los talentos que pueda poseer es considerado un hombre particularmente controversial. Su primer cargo en la administración fue embajador en Venezuela, pero antes de cumplir un año en esas funciones presentó su renuncia al presidente Petro, tras la publicación en los medios de comunicación de grabaciones de conversaciones telefónicas, en las que el embajador amenazaba a la jefa de gabinete del presidente, Laura Sarabia, con divulgar información sobre el financiamiento de la campaña electoral que podría derrocar al gobierno y enviar personas a prisión, renunció al cargo de embajador ocupando otras posiciones, hasta ser nombrado ministro del Interior.

No voy a pasar por alto que la mayoría de la población de esa región es partidaria del expresidente Álvaro Uribe, razón por la cual cuando el tribunal de Bogotá absolvió al exmandatario de los cargos en su contra expresaron una gran satisfacción, mientras, el presidente Petro criticaba severamente la decisión judicial, a pesar de haber manifestado en el primer fallo condenatorio que respetaba las sentencias que dictaran los tribunales.

Por otra parte, aprecié una vez más, que es una ciudadanía particularmente pendiente de las relaciones entre su país y Estados Unidos, condición que se evidenció cuando el presidente Donald Trump decidió cortarle la ayuda militar al gobierno de Petro y lo situó casi en el mismo nivel que al capo Nicolás Maduro al calificarlo de ser un líder del narcotráfico las personas expresaron gran satisfacción, valoración que subió de tono cuando se supo que el mandatario junto a su esposa, hijo mayor y el ministro, Armando Benedetti, habían sido incluido en la Lista Clinton, nombre que se le aplica a una lista negra que reúne empresas y personas vinculadas a la posesión de dinero proveniente del narcotráfico mundial.

Las elecciones presidenciales en Colombia son el próximo año y al parecer cada vez es menos probable que el candidato oficialista Iván Cepeda acceda al palacio de Nariño. Cepeda obtuvo muchísimos menos votos que Gustavo Petro en las primarias que lo llevaron a la presidencia y es considerado por muchos más extremista políticamente que el actual mandatario. Ojalá, los electores no vuelvan a equivocarse.

* Pedro Corzo es periodista cubano

En toda sociedad que atraviesa momentos de convulsión o transformación, el sistema de justicia se convierte en el termómetro más fiel del equilibrio institucional. No hay instrumento más sensible que el Derecho cuando el poder y el miedo comienzan a caminar de la mano. La historia enseña que los pueblos pueden sobrevivir a crisis económicas, políticas o sociales, pero no a la erosión silenciosa de su legalidad. Y cuando la legalidad se debilita, también se diluye la capacidad del Estado para reconocer los errores y sanar las heridas que dejan los procesos injustos.

El Salvador vive una etapa decisiva. El deseo legítimo de seguridad ciudadana ha impulsado medidas extraordinarias que, en efecto, han reducido la criminalidad visible. Sin embargo, también han generado una tensión latente entre eficacia y legalidad, entre la necesidad de control y el deber de garantizar derechos. Este dilema no se resuelve con consignas ni con aplausos, sino con madurez jurídica. La grandeza de un Estado no radica en la severidad de sus castigos, sino en la firmeza con que protege las garantías que limitan el poder de castigar.

Esa grandeza se mide también por su capacidad de rectificar. Miles de salvadoreños fueron privados de libertad sin haber pertenecido jamás a estructuras criminales, sin prueba técnica, sin defensa efectiva. Son hombres y mujeres trabajadores, padres, hijos, hermanos, cuyas vidas quedaron suspendidas en el aire entre el estigma y el silencio. Solo quien ha llorado por un ser querido injustamente preso entiende que la justicia tardía no consuela: duele. El Derecho penal moderno no es un instrumento de revancha, sino un sistema racional que pretende contener la violencia mediante la razón.

Su legitimidad no depende de cuántos encarcelamientos produce, sino de cuánta confianza genera en el ciudadano. El poder punitivo es un bisturí, no un martillo: debe aplicarse con precisión, no con furia. El bisturí representa la administración del castigo bajo la lógica del diagnóstico, la proporcionalidad y la técnica jurídica; el martillo, en cambio, simboliza la violencia institucional desprovista de discernimiento. El bisturí corta lo necesario para sanar; el martillo destruye incluso lo que está sano. Un Estado que usa el bisturí del Derecho actúa con control, evalúa consecuencias, calibra la medida del daño y de la pena; un Estado que usa el martillo confunde justicia con venganza, y poder con impunidad.

El bisturí respeta la anatomía del Estado de Derecho; el martillo la fractura. Por ello, el poder punitivo no puede ser emocional ni masivo: debe ser racional, proporcional y humano. Su precisión no lo debilita, lo legitima. Porque cuando el castigo se ejerce sin método, deja de ser justicia y se convierte en una forma sofisticada de violencia estatal. La grandeza del Derecho radica en saber cuándo cortar, cuánto cortar y, sobre todo, cuándo detener la mano antes de dañar lo que aún puede sanar. Y una sociedad solo puede sanar sus heridas cuando libera al inocente, cuando repara al injustamente privado de libertad y devuelve el nombre, el trabajo y la honra a quienes nunca debieron estar tras las rejas.

El reto salvadoreño es mayúsculo: mantener la eficacia del control delictivo sin degradar los principios del debido proceso. En palabras sencillas, no se trata de liberar culpables, sino de no encarcelar inocentes. Porque un sistema que ignora las reglas para alcanzar resultados inmediatos puede ganar batallas, pero pierde legitimidad. La legalidad es lo único que da al castigo su carácter moralmente aceptable. Por ello, se vuelve indispensable crear una vía institucional de revisión, seria y humanitaria, que permita examinar con rigor los miles de expedientes en los que la detención se produjo con vicios procesales.

No para debilitar la política de seguridad, sino para purificarla y devolverle su credibilidad. En el ámbito judicial, los desafíos son más profundos. El juez no puede convertirse en un ejecutor automático de decisiones de poder. Su función no es aplaudir la autoridad, sino someterla al examen de la razón jurídica. La independencia judicial no se mide por la retórica institucional, sino por la capacidad de decidir conforme a derecho, incluso cuando la verdad jurídica incomoda al contexto político. La imparcialidad no es heroísmo; es deber técnico de los que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Y dentro de ese deber técnico debe incluirse la revisión de las resoluciones que afectaron a personas sin vínculo real con las pandillas, permitiendo su pronta excarcelación sin temor ni presión mediática. Por su parte, el abogado tiene la misión de ser la voz del equilibrio. Defender el procedimiento no equivale a obstaculizar la justicia; significa preservar el único marco que la hace posible. Cuando el jurista calla ante la arbitrariedad, contribuye a normalizarla. El miedo a perder un cargo, una relación o una aprobación social ha sido, históricamente, más dañino que la corrupción misma. Las naciones no se derrumban por el abuso del poder, sino por el silencio ante los abusos.

Por ello, se debe crear una Comisión Nacional de Revisión de Casos, apolítica y humanitaria: integrada por jueces honorarios, académicos, representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, y organizaciones sociales, que evalúe expedientes, escuche a las familias y recomiende liberaciones conforme a parámetros objetivos y verificables. El derecho procesal es la forma visible de la civilización. Cada audiencia, cada defensa y cada sentencia son expresiones de un pacto que sostiene a la república: Si ese pacto se debilita, la ley se convierte en retórica, y la justicia, en un discurso vacío.

Por eso, el procedimiento no es una formalidad: es la frontera moral entre el Estado y la arbitrariedad. Esa frontera debe permitir un proceso ágil de revisión judicial especial para detenidos sin acusación firme o con sobreseimientos omitidos, en el que la libertad no se vea como un favor, sino como una restitución de derechos. Hablar de justicia en tiempos de miedo no es un acto de desafío, sino de fidelidad. El miedo ha sido siempre el peor enemigo del Estado de Derecho, porque distorsiona la percepción del deber. Hace que la prudencia se confunda con cobardía, y que el silencio parezca sabiduría.

El Salvador necesita un modelo de justicia que combine firmeza y humanidad. La seguridad no debe construirse sobre la erosión del derecho, sino sobre su perfeccionamiento. No hay contradicción entre castigar y respetar, entre proteger y garantizar. Al contrario, es en la fidelidad a las reglas donde el Estado demuestra su verdadera fortaleza. La autoridad no se mide por el miedo que infunde, sino por la confianza que inspira. Esa confianza crecerá cuando el Estado reconozca, revise y libere a los inocentes, y demuestre que la fuerza de la justicia no está en la dureza, sino en su capacidad de rectificar.

La justicia que humilla pierde su sentido ético; la que corrige y restituye eleva la dignidad humana. La seguridad duradera nace del equilibrio, no de la venganza. Por eso, la Comisión Nacional de Revisión de Casos se erigiría como un acto de madurez jurídica: no para debilitar al Estado, sino para purificar su justicia, reparar lo irreparable y evitar que el dolor de los inocentes se herede a las próximas generaciones. El desafío de nuestro tiempo es mantener viva la conciencia jurídica en medio del ruido, la pasión y la presión. Recordar que la función del derecho no es castigar al débil ni proteger al fuerte, sino garantizar que todos —gobernantes y gobernados— sean medidos con la misma vara.

Solo así El Salvador podrá mirar hacia adelante, con seguridad y con honor, sin renunciar al rostro humano que toda república debe conservar: el de una justicia que no teme al poder, porque sabe que su poder verdadero es la razón. “El juicio será sin misericordia para el que no hiciere misericordia; y la misericordia triunfa sobre el juicio». (Santiago 2:13)

Hace cuatro años decidí independizarme laboralmente y comenzar a recibir mi pensión. Después del periodo de pandemia me sentía agotado física y mentalmente; además, necesitaba independencia institucional para continuar escribiendo mis columnas de opinión. Sigo activo profesionalmente, aunque de forma independiente, y continúo escribiendo.

Pero, ¿qué ocurre con el resto de colegas en El Salvador?

En nuestro país, la jubilación no es obligatoria al alcanzar la edad legal de retiro. Los trabajadores pueden continuar laborando si así lo desean. Según la Ley Integral del Sistema de Pensiones, la edad para acceder a la pensión por vejez es de 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, siempre que se hayan acumulado al menos 25 años de cotización. No existe, por tanto, una jubilación forzada o automática; la decisión depende del trabajador y del empleador.

La edad de retiro es únicamente una referencia para acceder al beneficio de pensión, no una obligación de cesar actividades. Tampoco existe una normativa específica que obligue a los médicos a jubilarse al cumplir la edad mínima general. La práctica médica puede continuar mientras el profesional mantenga vigente su licencia y autorización emitida por el Consejo Superior de Salud Pública.

¿Debería regularse la práctica médica en profesionales mayores de 60 años?

La medicina es una de las profesiones que más demandan precisión, juicio clínico y actualización constante. Por ello, en muchos países se ha debatido si debiese establecerse una regulación específica para los médicos mayores de 60 años. Este debate enfrenta dos valores esenciales: la seguridad del paciente y el respeto a la experiencia profesional.

Regular la práctica médica en mayores de 60 años puede considerarse necesario desde una perspectiva de seguridad. El envejecimiento no implica necesariamente pérdida de competencia, pero puede afectar la agudeza visual, la memoria o la rapidez de reacción, elementos fundamentales en el ejercicio clínico. Además, la constante evolución del conocimiento médico exige una actualización continua.

Por tanto, implementar evaluaciones periódicas de aptitud física, cognitiva y técnica podría garantizar que los profesionales sigan ejerciendo con plena capacidad.

Países como Japón, Corea del Sur, China, Francia, Italia y España establecen edades de retiro obligatorio del sistema público entre los 60 y 70 años, aunque permiten que los médicos que demuestren sus competencias continúen ejerciendo en la práctica privada.

No obstante, imponer un límite de edad o una jubilación obligatoria también puede considerarse una forma de discriminación. Muchos médicos con décadas de experiencia mantienen habilidades sobresalientes y aportan un valor incalculable en la docencia, la toma de decisiones complejas y la atención empática. La edad, por sí sola, no determina la calidad del ejercicio médico; lo hacen la competencia, la ética y el compromiso profesional.

Por ello, más que fijar una edad de retiro, los sistemas de salud deberían optar por evaluaciones individualizadas. Este enfoque equilibra la seguridad de los pacientes con el respeto a la experiencia acumulada. En conclusión, la regulación no debe centrarse en la edad cronológica, sino en la capacidad real para ejercer la medicina con excelencia y responsabilidad.

¿Qué opinan los médicos?

Aunque en El Salvador no existen estudios sobre este tema, en México sí se ha investigado la postura de los médicos ante la jubilación. Los resultados muestran que entre los profesionales menores de 45 años, la mayoría proyecta retirarse entre los 50 y 60 años (25% y 33% respectivamente). En cambio, entre los mayores de 45 años, el 21% desea trabajar hasta los 70 y el 13% hasta los 80 o más.

Las principales razones para jubilarse fueron el desgaste profesional y la expectativa de una pensión económicamente cómoda. Los médicos jóvenes consideran que la edad es un factor determinante para continuar o dejar la práctica, mientras que los mayores de 45 años valoran más la capacidad individual. Sin embargo, ambos grupos coinciden en que a partir de los 71 años un médico podría considerarse demasiado mayor para ejercer.

En el contexto salvadoreño, con una población envejecida y un déficit de personal de salud, una jubilación obligatoria sería contraproducente. No obstante, en aras de la seguridad del paciente, sería recomendable implementar evaluaciones anuales de competencia médica para los profesionales mayores de 60 años.

De este modo, se equilibraría la protección del paciente con el aprovechamiento de la vasta experiencia de quienes han dedicado su vida a la medicina.

*El Dr. Alfonso Rosales es médico epidemiólogo y consultor internacional.

Imaginemos una feria sin toldos: millones de salvadoreños descubren y compran desde una pantalla. En ese mercado sin fronteras, la MYPE que combina su oficio con herramientas digitales y analítica de datos, capta atención, mejora sus ventas y fideliza clientes. En ese proceso ocupa un lugar central la creatividad. No es adorno, sino parte de una estrategia que, al cruzarse con lo digital, aumenta las ventas, abre mercados, fortalece la marca y proyecta identidad cultural.

En El Salvador, el encuentro de las MYPES y la digitalización avanza de forma desigual. El Informe Estado de la MYPE 2025 (Observatorio MYPE y FLACSO) revela que más del 60 % de las microempresas usa la tecnología sólo para comunicarse, mientras que menos del 15 % ha incorporado herramientas de gestión (inventario, facturación, CRM) o comercio electrónico.

Un estudio de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), de 2024, muestra que, en El Salvador, la digitalización está dando un aporte a las Industrias Culturales y Creativas (ICC) en sectores como la publicidad, el diseño, la moda y el turismo creativo.

Aunque no fueron consideradas en el mencionado estudio de la OEI, las artesanías — jarrones hechos con técnicas ancestrales, joyería artesanal a base de productos reciclados o jabones hechos con productos orgánicos, entre otros — son una de las ICC que tienen hoy una ventana de oportunidad con el auge turístico que experimenta el país. Con más de 3.4 millones de visitantes y US $3,600 millones en ingresos en 2024, los pequeños talleres que den el salto al mundo digital pueden convertir ese flujo de visitantes y gasto turístico en ventas sostenidas y empleo local.

La artesanía y el mundo digital

La oportunidad es ahora: integrar artesanía y turismo puede multiplicar ingresos y encadenar beneficios en los territorios. Pero para lograrlo, no basta “estar en internet”: el reto es crear valor con lo digital

Las empresas no deben limitarse a presentar sus productos en redes; también deben producir catálogos bilingües y construir relatos que destaquen los valores intangibles del proceso artesanal, como la identidad y el origen de los productos, los cuales se convierten en ventajas competitivas.

Avanzar en esta dirección exige desatar algunos nudos: formación intermitente y poco especializada; financiamiento que no entiende los ciclos creativos; articulación frágil entre MYPES, academia y Estado; y comercialización con baja presencia en plataformas de comercio electrónico.

Desatar esos nudos no requiere una gran reforma, sino decisiones coordinadas: tender puentes de formación entre universidades, empresas, gremios y territorios; abrir laboratorios de prototipado con metas verificables; trazar rutas de comercialización en alianza con plataformas de comercio electrónico y operadores logísticos; crear catálogos bilingües y fichas técnicas; y, muy importante, establecer un sello de autenticidad con criterios de origen, técnica y calidad.

Uno de los mayores hitos de la artesanía salvadoreña tuvo su origen en el talento y la visión de Fernando Llort, artista plástico, humanista y promotor cultural. Inspirado en el paisaje montañoso, la vida cotidiana y los personajes campesinos de La Palma, Chalatenango, Llort desarrolló un lenguaje visual propio, colorido y simbólico, que conjugaba la espiritualidad popular, la geometría ingenua y la alegría de lo cotidiano.

Su estilo fue replicado y reinterpretado por numerosos talleres artesanales, consolidando una de las expresiones más reconocibles del arte salvadoreño contemporáneo. Llort demostró que una artesanía con raíces culturales sólidas puede convertirse en una marca país.

En la era digital, donde la copia y la saturación visual son comunes, preservar una identidad auténtica es clave para destacar y conectar emocionalmente con el público. Llort demostró no solo vendía objetos, sino un relato de identidad, esperanza y color que impulsó el desarrollo local. Hoy, la digitalización puede ampliar estos beneficios si los artesanos logran posicionarse en mercados internacionales, sin perder el equilibrio entre producción, ética y comunidad.

Como lo reconocen la UNESCO y otros organismos, las ICC son un pilar del desarrollo sostenible y de la diversidad cultural, por su aporte económico y simbólico. Tanto la OEI como el Observatorio MYPE coinciden: la transformación digital se sostiene en el conocimiento y también en la creatividad. Una política de innovación con identidad puede alinear economía y cultura: apoyando al talento local, protegiendo la creatividad y convirtiéndola en valor sostenible. La tecnología impulsará la innovación y la cultura aportará sentido.