Categoría: Opinión

Enorme es la crisis de nervios que está padeciendo el socialismo hispanoamericano en el momento en que escribo esta columna. Los devastadores resultados electorales en Bolivia contra el partido de Evo Morales, las expectativas de una derrota oficialista en Chile en las elecciones de noviembre, el dramático recambio de liderazgos que está protagonizando Nicaragua ante la cercana desaparición de Daniel Ortega y la presión militar, política y diplomática americana sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela han sometido al “progresismo” continental a una verdadera batidora de conmociones y malos presagios.

El colapso del Movimiento al Socialismo (MAS) boliviano, en el evento electoral del 17 de agosto, ha marcado el fin de dos décadas de dominio narrativo de un modelo social y económico empobrecedor. Girando alrededor del polémico líder cocalero Evo Morales, la estela del MAS había venido desgastándose hasta rozar la agonía. El propio Morales, que lleva meses refugiado en la región de Trópico de Cochabamba para evitar la ejecución de una orden de captura en su contra, acusado por un caso grave de trata de personas, había llamado a sus seguidores a votar nulo con la pretensión de demostrar que, sin él en la papeleta, ningún candidato “representaba al pueblo”.

Aunque consiguió alrededor del 18% de anulaciones, la maniobra de Morales terminó haciendo estallar al MAS

Aunque consiguió alrededor del 18% de anulaciones, la maniobra de Morales terminó haciendo estallar al MAS, fragmentándolo hasta casi volverlo invisible en el Parlamento. Aparte de confirmar que dejó de ser el político popular que alguna vez fue, Evo profundizó el agujero dentro del socialismo boliviano al rebelarse en solitario contra un sistema electoral que ya no cree en los supuestos beneficios de la redistribución del ingreso vía materias primas que él impulsó.

La elevación del gasto público, sustentado en el boom de productos como el gas natural, provocó un descontrol fiscal de proporciones ciclópeas, desembocando en ese 25% de inflación que hoy tiene a los bolivianos dispuestos a elegir presidente, en la segunda vuelta de octubre, entre dos candidatos enemigos declarados del socialismo: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga. Ambos, de hecho, han tenido que salir a la palestra pública a decir qué harán con el fugitivo Morales si se alzan con la victoria.

Pero así como el personalismo y el amor al poder destruyeron a Evo, el descalabro del actual mandatario, Luis Arce, dio inicio cuando reconoció el “triunfo” de Nicolás Maduro en las elecciones del año pasado en Venezuela, un reconocimiento falaz e innecesario que fue rechazado en casi todas las encuestas por sus propios ciudadanos. Arce no supo medir la temperatura del agua política con perspicacia, algo que sí parece estar haciendo Estados Unidos al tratar con el régimen venezolano.

Pero seamos claros: a Washington no le desvela el hecho que Maduro sea un dictador, coleccione presos de conciencia o se robe elecciones. Eso viene ocurriendo desde hace rato y muchas otras líneas se han cruzado en Caracas sin despeinar a nadie en el Pentágono. El giro actual obedecería a la vinculación de la dictadura venezolana con los cárteles de la droga y a la calificación de “organización terrorista global” que ahora tiene la agrupación que encabeza Maduro contra los intereses norteamericanos, el Cártel de los Soles.

Miembros de Hezbolá están en Venezuela desde hace mucho tiempo, tras la ola de inmigrantes que huyó de la guerra de Líbano en los años setenta y ochenta

Ciertamente, el sucesor de Hugo Chávez ha sido desconocido por EE UU como legítimo presidente de Venezuela. Este repudio, sin embargo, es consistente solo con la excusa jurídica que proporciona, porque ninguna operación militar estadounidense puede emprenderse en territorio extranjero sin este requisito. El asunto estriba en desentrañar a qué llama “amenaza” la Casa Blanca cuando usa esta palabra uniéndola a Maduro.

Todo hace suponer que el tráfico de droga hacia el norte constituye una razón suficiente para que Washington actúe contra el régimen venezolano. Pero tampoco debe pasarse por alto la relación que existe entre Caracas y Teherán, concretamente, entre los narcos sudamericanos y los infiltrados de Hezbolá en que responden a directrices iraníes.

Miembros de Hezbolá están en Venezuela desde hace mucho tiempo, tras la ola de inmigrantes que huyó de la guerra de Líbano en los años setenta y ochenta. El tráfico de cocaína sería solo una de las actividades que estos terroristas facilitan. Armas, entrenamiento y logística para grupos clandestinos también estarían entre sus principales acciones, además de la cooperación en la extracción de toneladas de óxido de uranio que son enviadas a Irán desde yacimientos venezolanos.

Por tanto, si es cierto que Maduro y sus secuaces colaboran activamente con el enriquecimiento nuclear iraní, el cerco militar sobre el régimen socialista respondería no solo a mantener a raya el tráfico de drogas en el Atlántico, sino a neutralizar los esfuerzos de otros enemigos que amenazan la seguridad interna de Estados Unidos.

El despliegue de fuerza en el Caribe, además, permite a Donald Trump mantener a su disposición todas las cartas posibles: intervención anfibia directa sobre Venezuela, alentar posibles traiciones en el entorno de Maduro, sostener operaciones quirúrgicas por vía tecnológica, justificar acciones privadas de captura y extracción, así como una letal combinación de varios de estos escenarios.

Lo inocultable es el nerviosismo imperante en Caracas y la hemisférica sensación de que existe una luz al final de ese largo túnel que el castrochavismo impuso en la tierra de Bolívar.

Hay sucesos que determinan un antes y después en la historia de un país y el magnicidio del senador y precandidato a la presidencia de Colombia por el partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, ha sido uno de esos episodios que incidirá dramáticamente en la historia colombiana.

El senador Uribe, muerto a los 39 años, era abogado y nieto del expresidente Julio Cesar Turbay e hijo de la periodista, Diana Turbay, matada por el narcoterrorismo que comandaba Pablo Escobar.

El legislador, cuando anuncio su aspiración a la presidencia aludió el asesinato de su madre con unas palabras que demostraba su compromiso y respeto a la ley, “Pude haber crecido buscando venganza, pero decidí hacer lo correcto: perdonar, pero nunca olvidar”. Uribe, identificado con la derecha política como lo demuestra su militancia partidista, consideraba la seguridad publica un aspecto clave de las administraciones gubernamentales y era partidario de las inversiones extranjeras.

Crímenes similares, desgraciadamente, han tenido lugar en Colombia. Todos en un ambiente de gran tensión política, pero este ocurre en un escenario de fuerte crispación por la proximidad de las elecciones nacionales, mayo del próximo año, el fuerte antagonismo entre los precandidatos, la cuestionada sanción a prisión domiciliara del expresidente Álvaro Uribe y  la particularidad de que todas estas variantes ocurren cuando el país está gobernado, por primera vez en su historia, por una administración identificada con la izquierda política, cuyo presidente tiene escasamente un 37% del apoyo del electorado.

La agrupación política, Pacto Histórico, que comanda el presidente Petro, seleccionó a sus precandidatos presidenciales y agrupa a varias organizaciones como Colombia Humana, el Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y el partido Comunista, juntas en el objetivo de construir una fuerza unida que respalde las políticas del actual mandatario en los comicios del 2026, y pretendiendo crear un partido único con todas las implicaciones que esto tolera.

Por su parte, los candidatos del Centro Democrático, conservador y de derecha, quizás se hagan un replanteamiento después del deceso del senador Uribe y la reclusión domiciliaria del exmandatario Álvaro Uribe, líder indiscutido de esa tendencia política en el país y figura pública de amplio prestigio en el escenario internacional.

Vencer la tolda política que se identifica con Gustavo Petro no debe ser difícil porque la mayoría de la población está demostrando su insatisfacción con su gestión presidencial, sin embargo, la derecha debe entender que, si se enfrenta dividida a un bloque de la izquierda, la derrota es muy probable.

Las próximas elecciones en Colombia son particularmente determinantes. El electorado podrá concluir si su voto a favor de la izquierda en los pasados comicios cumplió sus expectativas o si sus esperanzas fueron frustradas por el mal desempeño del actual gobierno.

Además, la situación se complica con la aparente aproximación entre Bogotá y la dictadura del venezolano Nicolas Maduro, quien propuso la unión de las Fuerzas Armadas de Colombia con las Fuerza Armada Nacional Bolivariana, formula planteada después que el presidente Gustavo Petro le expresara su apoyo tras las tensiones con Estados Unidos, que emitió un comunicado ofreciendo una recompensa de 50 millones de dólares por la captura del autócrata.

El penoso deceso del senador Uribe Turbay nos conduce al primero de estos magnicidios, para un total de ocho. El inicial ocurrió hace 111 años, la víctima fue un general que curiosamente llevaba el mismo apellido que el congresista asesinado.

Según un trabajo de Brian Ferney Valencia publicado en “El Colombiano”, el asesinado fue un general antioqueño apellidado, Rafael Uribe Uribe, este militar había participado en tres conflictos nacionales, también era senador, diplomático, abogado y periodista, la información detalla que fue ultimado a hachazos a un lado del Capitolio Nacional.

Es importante destacar que, a pesar de la continuada violencia política, terrorismo, secuestros y el narcotráfico, Colombia no ha perdido en ningún momento el ritmo constitucional, aunque la estrecha asociación de las guerrillas con el crimen organizado puso en serio peligro la democracia.

Para beneficio del país los principales actores democráticos de la vida pública colombiana, políticos, militares, dirigentes sociales y los sectores activos de las comunidades, han tenido la cordura necesaria para mantener la ecuanimidad y no dejarse provocar por quienes quieren promover el caos y conducir al país al mar de la felicidad venezolano, como Hugo Chávez y Nicolas Maduro han conducido al pueblo venezolano a la ciénaga del castrismo.

 

La semana pasada, un periódico de amplia circulación en nuestro país publicó un artículo sobre el temor que tienen los sindicatos médicos ante la nueva ley de hospitales, que podría llevar a la privatización de la salud. Según la nota, el Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende” (ALAMES El Salvador) y el Sindicato de Trabajadores por la Salud (SITRASALUD) consideran que la aprobación de esta ley representa el primer paso hacia la privatización del sistema público de salud. “Se confirma lo que este gobierno quería ocultar: vamos camino a la privatización del sistema público de salud”, afirmaron miembros de SITRASALUD.

No sé si estamos leyendo y analizando el mismo documento, pero en mi opinión, la nueva propuesta de ley establece exactamente lo contrario. Las redes nacionales de hospitales —recordemos que este no es un invento de este gobierno, sino un modelo internacionalmente reconocido para la provisión de servicios hospitalarios— son un componente clave en los sistemas de salud, especialmente dentro del marco de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) promovidas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

Estas redes son estructuras operativas cuyo objetivo principal es aumentar la cobertura y el acceso universal a la atención sanitaria, ofrecer una atención integral, integrada y continua, mejorar la eficiencia y calidad técnica, así como reducir la fragmentación de los servicios. Muchas veces, nuestra desconfianza es tan profunda que cualquier propuesta, proveniente de personas o instituciones, se interpreta negativamente, llegando al pesimismo extremo y a la falta de fe en las intenciones o acciones ajenas.

En la vida, nada es completamente blanco ni negro. El gremio médico, incluyendo sus sindicatos, es consciente de que nuestro sistema de salud, tanto público como privado, está quebrado y necesita desde hace mucho tiempo una reforma profunda. El debate y cuestionamiento son saludables y necesarios, pero deben basarse en evidencia.

La nueva ley no permite la privatización de los servicios médicos ofrecidos por los hospitales de la Red Nacional de Hospitales. Según el documento, esta red se establece como una entidad de derecho público descentralizada, con autonomía administrativa y jurídica, pero que continúa siendo parte integral del sistema público de salud. Su objetivo principal es garantizar atención médica eficiente y accesible para la población salvadoreña, manteniendo siempre su carácter público.

En distintas plataformas de redes sociales, como WhatsApp y X, se han difundido una serie de mensajes con conceptos apocalípticos que, más que informar, buscan generar temor tanto en el gremio médico como en la población en general. En particular, se mencionan temas como la incorporación de médicos extranjeros, la supuesta prohibición de consultas privadas para médicos de la red hospitalaria, y la diferencia salarial entre médicos nacionales y extranjeros.

La nueva ley permite la contratación de médicos extranjeros por hasta diez años, sin necesidad de homologar títulos si provienen de países con sistemas de salud superiores. Estos médicos trabajarán exclusivamente en el sistema público, podrán participar en docencia e investigación en hospitales escuela, y se facilitará su residencia temporal o definitiva junto con sus familias. El objetivo es fortalecer el sistema de salud, cubrir la demanda especializada y mejorar la calidad de los servicios médicos.

La nueva ley prohíbe que los médicos contratados por la Red Nacional de Hospitales realicen consultas privadas o intervenciones en clínicas u hospitales privados, salvo en casos excepcionales como emergencias, catástrofes, epidemias u otras calamidades generales. Estas situaciones deben estar debidamente justificadas y autorizadas por la Junta Directiva de la Red Nacional de Hospitales.

Además, los profesionales de la salud contratados por la Red deberán dedicar su labor exclusivamente al beneficio de la salud de la población salvadoreña y de los usuarios de la Red Nacional de Hospitales.

La ley no establece explícitamente que los médicos extranjeros ganarán más que los médicos nacionales. Sin embargo, permite que los médicos extranjeros contratados por la Red Nacional de Hospitales ejerzan su profesión sin necesidad de homologar sus títulos, siempre que provengan de países con sistemas de salud superiores al de El Salvador.  Esto podría facilitar su contratación y condiciones laborales.

El salario y las prestaciones de los médicos, tanto nacionales como extranjeros, estarán regulados por la normativa interna de la Red Nacional de Hospitales, y no se menciona una diferenciación salarial basada en la nacionalidad. Por lo tanto, cualquier diferencia en remuneración dependerá de las políticas internas de la institución y no de una disposición explícita en la ley.

* El Dr. Alfonso Rosales es médico epidemiólogo, consultor independiente de salud de nivel internacional

La historia de El Salvador demuestra que los militares han desempeñado un papel importante más allá de las armas. En distintas épocas, su participación ha incidido en la vida social y cultural del país, particularmente en el ámbito educativo. Lejos de una visión reducida, los hechos muestran que presidentes y ministros con formación castrense han contribuido al fortalecimiento de la educación, generando instituciones y obras que aún hoy sostienen el desarrollo nacional. Desde las reformas impulsadas por Gerardo Barrios en el siglo XIX, pasando por el ambicioso plan de construcción de 5,000 escuelas bajo el gobierno del coronel Arturo Armando Molina (1972-1977).

El presidente Gerardo Barrios, en el período 1859-1863, fue un militar liberal de pensamiento reformista. Durante su gobierno se consolidó la Universidad de El Salvador, fundada en 1841, pero revitalizada bajo su gestión con un carácter verdaderamente nacional. Barrios comprendió que el progreso dependía de formar profesionales en derecho, medicina, ingeniería y magisterio, capaces de conducir al país hacia la modernidad. Promovió becas al extranjero, introdujo textos modernos y fomentó una enseñanza crítica.

Las crónicas cuentan que en más de una ocasión visitó personalmente los colegios para animar a los jóvenes a estudiar, convencido de que la educación era la más alta expresión de patriotismo. Un siglo después, el coronel Arturo Armando Molina, presidente entre 1972 y 1977, emprendió uno de los programas de infraestructura educativa más significativos en América Central: la construcción de 5,000 escuelas. El proyecto buscó ampliar la cobertura en todos los departamentos, llevando la escuela a comunidades que antes carecían incluso de un aula formal.

Las escuelas no solo significaron edificios, sino espacios de esperanza. La población celebraba su inauguración con entusiasmo, porque representaban la posibilidad de romper con generaciones de analfabetismo. Hoy, muchas de esas escuelas siguen funcionando y constituyen un testimonio palpable de una política de Estado que priorizó la educación como motor de transformación social. La visión militar ha concebido históricamente la educación como un proceso de disciplina, orden y servicio a la patria. Lejos de concebirse como autoritarismo, esa disciplina aplicada correctamente ha significado organización institucional, responsabilidad en el cumplimiento de metas y resultados concretos.

De esta manera, la contribución militar a la educación en El Salvador no debe evaluarse únicamente desde la política, sino desde sus resultados en la formación de ciudadanos, la creación de infraestructura y el fortalecimiento de valores cívicos. En la actualidad, la Doctora Karla Trigueros, como nueva Ministra de Educación y oficial militar, creo que retomara esa tradición de servicio, adaptándola a las necesidades del siglo XXI. Su gestión impregna una visión clara de modernización de centros educativos, con mejoras en infraestructura y programas académicos, pero también por un énfasis en la disciplina escolar.

Ahora bien, las comunidades educativas han recibido estas medidas con una visión positiva, pues contribuyen a restaurar la imagen de la escuela como espacio de respeto y dignidad donde la rebeldía no tendrá lugar. Desde un punto de vista académico, se observa que la disciplina se enmarca en la tradición militar de organización y orden, pero con un enfoque pedagógico que fortalece la autoestima y la identidad de los estudiantes. Estudios internacionales demuestran que la disciplina escolar, entendida como orden y constancia, está directamente relacionada con la mejora del rendimiento académico y la disminución de la deserción.

Al igual que Gerardo Barrios en el siglo XIX apostó por la universidad como símbolo del progreso, y Arturo Armando Molina en los años setenta llevó la educación primaria a todos los rincones. Ahora debemos ver hacia el futuro con el fundamento en una cultura educativa integral y de valores, donde la disciplina es tan importante como la infraestructura y el currículo. La historia de El Salvador no puede narrarse sin reconocer el aporte de los militares en el desarrollo educativo. El Capitan General Gerardo Barrios impulsó la universidad nacional como motor de modernización.

Arturo Armando Molina construyó 5,000 escuelas que aún siguen en pie como testimonio de un sueño cumplido; por lo tanto, no le tengamos temor a la educación con disciplina y al orden y excelencia académica. El legado de todos ellos coincide en una convicción: educar es también una forma de defender la patria.

Como lo enseña la Palabra de Dios: “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él” (Proverbios 22:6). Este principio sigue siendo vigente, y se refleja en cada aula que abre sus puertas, en cada niño que se forma con disciplina, y en cada generación que encuentra en la educación la herencia más noble del Estado salvadoreño.

La reciente negativa de libertad condicional a los hermanos Lyle y Erik Menéndez nos obliga a reflexionar sobre un caso que, a más de tres décadas de los asesinatos de sus padres, sigue fascinando y dividiendo a la opinión pública. Como criminólogo, la pregunta que surge es: ¿qué significa esta decisión para el futuro de los Menéndez y para el sistema de justicia en sí mismo?

La Junta de Libertad Condicional de California, al denegar su solicitud, envió un mensaje claro: la crueldad de sus crímenes y la falta de un remordimiento genuino, percibido por las autoridades, pesan más que el tiempo cumplido y la supuesta rehabilitación. En el imaginario colectivo, los Menéndez no son solo asesinos; son la encarnación de la traición familiar, un acto que rompió el tabú más sagrado de la sociedad. Si bien la defensa argumentó que los asesinatos fueron una respuesta a años de abuso físico, emocional y sexual, la corte original y, ahora, la junta de libertad condicional han optado por priorizar la brutalidad del acto.

Esta negativa no es un hecho aislado. Se enmarca en una tendencia de la justicia estadounidense, que a menudo, por lo general muestra una reticencia a perdonar crímenes de alto perfil que conmocionaron a la nación. La posibilidad de un «perdón» o una segunda oportunidad para figuras como los Menéndez genera controversia. ¿Se les debe considerar rehabilitados, capaces de reintegrarse a la sociedad? ¿O la pena es un castigo perpetuo, un recordatorio de que ciertos actos son imperdonables? La junta, al rechazar su solicitud, se inclinó por la segunda opción, reafirmando la idea de que la magnitud de su crimen los condena a una vida tras las rejas por sobre la posibilidad que existiera cuaquier tipo de abusos contra los hermanos.

Para Lyle y Erik, esto significa que sus vidas están selladas. Si bien tendrán derecho a futuras audiencias de libertad condicional, la probabilidad de que su situación cambie es escasa. Los Menéndez ya no son los jóvenes que mataron a sus padres; son hombres de mediana edad que han pasado más de la mitad de su vida en prisión. Es probable que sus últimos años transcurran en un entorno de reclusión, lejos de la redención o el perdón público.

Este caso, y la reciente decisión, nos invitan a un debate más amplio sobre el propósito de la prisión. ¿Es solo un lugar de castigo o un centro de rehabilitación? Se consideran bodegas humanas donde los criminales deben morir sin ningun tipo de beneficio penitenciario. La negativa de libertad condicional a los Menéndez parece sugerir que, al menos en su caso, la prisión es un castigo. Y si bien esto puede satisfacer a quienes creen que los crímenes graves deben ser castigados sin piedad, también plantea interrogantes sobre la posibilidad de la redención.

¿Hay límites al perdón, incluso cuando los perpetradores han pagado su deuda con la sociedad? La respuesta de la junta en Estados Unidos por ahora, parece ser «sí». Y para los hermanos Menéndez, esa respuesta es un punto final a cualquier esperanza de un futuro fuera de las rejas.

 

*Ricardo Sosa es Dr y Msc en Crimlnologia 

@jricardososa 

Las tropas israelíes han derrotado, en un sentido general, a Hamás. Parece que eso está claro. El problema es que la guerra contra Hamás se convirtió en el exterminio contra los palestinos de Gaza. Ese es el error estratégico que Netanyahu y sus cancerberos han cometido adrede para culminar su proceso de dominio total del territorio de Gaza (y piensan que también del resto de Palestina). Así como Netanyahu y sus acólitos extremistas no son la totalidad de Israel, Hamás tampoco es la totalidad de los palestinos ni de Gaza.

Haber homologado palestinos = combatientes de Hamás es una simplificación que está poniendo en problemas al gobierno israelí. Porque no solo es mentira, sino que no hay evidencias contundentes que respalden esto.

¿Tuvo apoyo mayoritario Hamás en Gaza? Sí, pero ya no lo tiene. El suplicio que está pagando la población palestina de Gaza lo ha borrado. La acción terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel ha sellado su derrota de forma indubitable.

Sin embargo, la impresionante reciente manifestación en Tel Aviv demandando al gobierno israelí para que garantice la vida de los rehenes que están en poder de Hamás, constituye un punto de quiebre en el cuadro de situación, porque es por dentro donde al parecer que se puede sofrenar la ferocidad de estos señores sedientos de sangre. Y esto podría llevar a decir la siguiente expresión en latín: Intus poma putrescunt.

La ciudadanía israelí también está cansada de esta paranoia guerrera que podría poner en serio peligro la convivencia en Israel, sino es que ya está en riesgo. Su medallón de ‘país feliz’ podría estarse derritiendo.

A medida que se van recogiendo los datos de lo que ha ocurrido, y no solo en el terreno material, que ha sido terrible: han llevado a la edad de piedra a los habitantes de Gaza. Lo que es una brutalidad inaceptable. Pero, digamos, que lo material puede reconstruirse, de cualquier modo, las edificaciones pueden erigirse en un mediano o largo plazo.

Los datos que al día de hoy se tienen en cuanto a la cantidad de niños asesinados y heridos ronda los 50 000 y los huérfanos de padre y madre andan por los17 000 niños en esa condición, y esto además de los que se encuentran desamparados de una u otra forma en diferentes puntos de los alrededores de Gaza. Todo esto es dantesco.

Que el mundo entero siga observando con espantosa pasividad esta iniquidad es en realidad una vergüenza.

Netanyahu y su cohorte de enfebrecidos señores de la guerra se han pasado todas las líneas rojas. El eslogan de que todos los que están en Gaza son combatientes de Hamás es insostenible.

¿Quién velará por estos miles de niñas y niños que han quedado en orfandad? ¿Dónde vivirán? ¿Cómo se educarán? ¿Los dejarán ahí nomás tirados a su suerte? ¿Cómo reconstruirán sus vidas estas criaturas? ¿Y sus recuerdos? ¿Y su vida anímica? ¿Y sus múltiples traumas?

Netanyahu está embarrado hasta las narices en esto y también sus patrocinadores.

Si se compara con la bestialidad de los nazis que asesinaron a 1,500,000 niños durante la segunda guerra mundial (de los que un millón eran judíos), pues podría decirse, de forma banal, que está lejos de eso el ejército israelí. Pero no, porque los nazis hicieron eso en toda Europa, y los halcones israelíes están materializando su obra en un ínfimo territorio de 365 kilómetros cuadrados, que es lo que mide la Franja de Gaza.

El ejército israelí ha vencido a Hamás y quien diga lo contrario no está leyendo bien los datos duros que están ahí frente a las narices. Pero esa victoria es pírrica si se considera el daño irreparable que ha causado a las familias palestinas asentadas en Gaza, y donde los niños supervivientes están condenados de por vida a padecer todas clase de secuelas físicas y psíquicas por esta guerra contra Hamás que ya terminó y que el gobierno israelí sigue vendiendo como el ‘falta un poco más’. Y no, eso ya terminó. Esos extraños israelíes, nietos y bisnietos de los judíos aniquilados por los nazis, han vencido a Hamás y han apabullado a la población palestina de Gaza. ¿Qué más quieren? ¿Tragarse esos territorios? ¿Irán por los otros palestinos de Cisjordania también frente a la mirada impasible de las grandes potencias?

El vencedor está enloquecido por su exitosa campaña y ahora se apresta a expulsar a los palestinos de Gaza, y así lo ha expresado con toda claridad sin importar ninguna consideración de ningún tipo. Pero el vencedor se equivoca. Derrotó a Hamás, sí, pero no a la inmensa población palestina que está en Gaza, en Cisjordania, en Egipto, en Jordania, en Líbano, en Siria, en las ‘ciudades mixtas’ dentro de Israel.

*Jaime Barba. REGIÓN Centro de Investigaciones

 

 

 

 

 

Hemos entrado en un nuevo panorama educativo en donde el presidente Bukele ha nombrado como ministra de Educación a la doctora y militar Karla Trigueros. Lo primero que hizo fue visitar algunas escuelas deterioradas, aunque la sorpresa es que ha impuesto nuevas medidas en los centros escolares públicos con una pizca al estilo militar.

El uso de medidas disciplinarias ayuda a transformar la educación salvadoreña, exhortó el presidente Bukele. El llevar el uniforme limpio y planchado, el cabello recortado, enseñarles a los alumnos a saludar es parte de las nuevas disposiciones a cumplir en los centros educativos. Es una obligación y se están cumpliendo. La vigilancia, el control y la corrección ayudan a tener mejores ciudadanos.

He escuchado diferentes puntos de vista sobre el nombramiento de la ministra y cuáles son sus primeras reglas a cumplir. Creo que es importante educar primero a los estudiantes y luego ir transformando los planes estratégicos en educación. Recordemos que la educación salvadoreña pública tiene muchos problemas con la calidad educativa. 

Aún no sabemos qué cambios se implementarán en la currícula educativa, lo que se percibe es que desean que haya disciplina, orden y respeto en los centros educativos públicos. Enhorabuena, esperemos los resultados. 

En algunos colegios siempre han cumplido las normas y reglas. El alumno llega pulcro al colegio, con peinado acorde y uniforme bien planchado. Así como llegan al colegio, lo hacen cuando van entrando a las puertas de su casa. Limpios y ordenados.

En los colegios es otro mundo, otro tipo de estirpe. No es que sean más educados, lo que sucede es que en el mismo colegio les imponen reglas a cumplir. Si usted llega a un aula los alumnos rápidamente se ponen de pie y saludan. A las alumnas no les permiten andar con pendientes o aritos y no se les permite el maquillaje. En los colegios la disciplina es diferente.

Con las nuevas disposiciones, las cuales no son nuevas en el país; ya que, en tiempos del expresidente Maximiliano Martínez implementaron esas mismas reglas en las escuelas. La ciudadanía está preocupada debido a que piensa que se pueda militarizar la educación. Martínez lo hizo con la misión de formar ciudadanos obedientes y patriotas. Algunos piensan que hasta incorporarán el servicio militar obligatorio. La vox pupuli manifiesta que, si esto lo hubiesen implementado, no se hubiese tenido la proliferación de las pandillas. 

Desde que Manuel Carreño escribió el Manual de Urbanidad y buenas maneras, la sociedad tuvo un cambio significativo. En las escuelas fue un éxito; ya que, logró transformar la conducta de los estudiantes. Si una sociedad es ordenada, disciplinada y cumple las reglas y normas que impone el Estado, todo marchará bien. Por lo tanto, los directores y docentes son los primeros que deben de dar el ejemplo. 

En redes sociales, alguien me dijo: —pero el civismo y urbanidad se está impartiendo en las escuelas — Así es, sin embargo, tal parece que no se ponen en práctica. Además, según los padres de familia, la educación, los valores y disciplina se enseña en el hogar. Aunque, en la escuela se termina de formar al niño y adolescente. 

En las universidades, son pocos los alumnos que saludan. Quizá el civismo y urbanidad no se impartan, pero sabemos que a esa edad hay madurez. En la academia he impartido la cátedra de Protocolo y Etiqueta, en donde cada tema hace que los estudiantes se pulan, aprenden a ser más respetuosos y aplican los valores. 

Se espera que haya cambios en los centros escolares, que el respeto y la disciplina sea parte del diario vivir. Se debe tener un manual desde el saludo, formación para cantar el himno nacional, tal como se hacía antes, el uso correcto del uniforme, tener un vocabulario adecuado, entre otras normativas. Cambiar paradigmas en el ámbito educativo conlleva a variados comentarios. 

* Fidel López Eguizábal es docente e investigador Universidad Nueva San Salvador 

fidel.lopez@mail.unssa.edu.sv

 

Nuestra única defensa contra todo es el amor verdadero. Hay que poner alma en la protección y abandonar las armas. Además, si nos tomamos en serio la concordia, debemos apoyar los nexos que nos unen y hemos de financiar a las instituciones que hacen posible la paz. Por desgracia, las tendencias actuales son alarmantes. La violencia persiste por cualquiera de los rincones planetarios y la inseguridad alimentaria incrementa la vulnerabilidad. Es hora de abolir la explotación humana, de una vez por todas, y de reconocer la integridad igual e incondicional de todos y en cada uno de los individuos. Ojalá aprendamos a reconstruirnos humanamente, a ser menos posesivos y más donantes, sobre todo en aquellas zonas de conflicto donde los servicios son más inaccesibles.

La espiral del desconcierto y la inhumanidad es manifiesta. No nos hace bien esa situación dominadora, que todo lo avasalla y corrompe; y, aún menos, considerar a los otros como vejatorios y pretender dar lecciones permanentemente, en un orbe totalmente desbocado. Una crisis sobre otra crisis, nos está dejando sin palabras. El descontrol es tan patente, que hasta los grupos armados usan la violencia sexual para controlar territorios y recursos, reclutando combatientes. Tampoco la solución es militar. El único camino a seguir es el decoro y la decencia; la diplomacia, en suma. Entonces no caigamos en la seducción de buscar la seguridad en los éxitos mundanos, en las posesiones y en la superioridad, aprendamos a reprendernos, que será como remar contracorriente.

En cualquier caso, esta situación decadente debe hacernos repensar y no embestir contra todo aquello que nos quita el aliento; la cuestión radica en no lanzarse piedras entre semejantes; puesto que, una minoría privilegiada suele apropiarse el poder contra la mayoría esclavizada. Sería bueno, por consiguiente, no perder el sentido de la realidad, al menos para ganar claridad interior y no perecer en la incomprensión reinante. La aureola resplandeciente es un camino comunitario, en el que todos somos necesarios e imprescindibles, en contra de la tendencia al individualismo consumista que termina encerrándonos y aislándonos en la búsqueda del bienestar propio, al margen de los demás; cuando de lo que se trata es de construir puentes más allá de las fronteras.

Ciertamente, la vida es un combate permanente, que requiere fuerza y valentía, tanto para resistir los aguijones mundanos, como para poner de relieve la necesidad imperiosa de que las distintas pulsaciones benignas confluyan en una mayor comprensión, armonía y cooperación entre las personas y que los imperativos morales de todas las religiones, convicciones y creencias, incluyan la conformidad, el espíritu tolerante y la comprensión mutua. Porque el desorden es tan grande que, la práctica del juicio, se ha vuelto especialmente necesario. Con la insensatez rigiéndonos podemos convertirnos fácilmente en marionetas, a merced de las tendencias del momento. Lo sustancial es reconocerse en la misión de custodia estética, no dejándose anestesiar la conciencia de míseras vulgaridades.

El contexto nos insta a trabajar conjuntamente para edificar un nuevo horizonte, en el que se celebre la diversidad de latidos y todos podamos vivir en condiciones de seguridad y dignidad. Indudablemente, los líderes políticos, religiosos y comunitarios deben rechazar las tácticas divisorias y defender el diálogo en las comunidades y entre ellas. De igual modo, las distintas plataformas digitales han de dar un paso hacia adelante e incorporar salvaguardias que les impidan convertirse en megáfonos del odio. Dar preferencia a los derechos de la ciudadanía, globalizada como jamás, frente a los algoritmos descontrolados, nos requiere activar la fórmula del sentido común; que no es otra, que la atención como principio, el equilibrio como base y el avance humanitario como fin.

Los fanáticos del presidente Donald Trump quisieran verlo subir a un podio, en Oslo, para recibir el Premio Nobel de la Paz. Los seguidores de Vladimir Putin, el autócrata ruso, desearían verlo entrar a la capital de Ucrania, Kiev, a la cabeza de un desfile de victoria militar, cobijado por el aplauso del mundo. Aunque es difícil imaginar que ambos escenarios puedan darse en la realidad, algo tienen en común estos dos grupos de admiradores: conocen muy bien las metas fijas que persiguen sus respectivos líderes políticos.

Trump y Putin comparten ambiciones grandes además de personalidades afines. Tienen claros sus objetivos, han aprendido a enviarse señales y saben perfectamente que la única forma en que ambos podrían salir beneficiados de la guerra en Ucrania es logrando la imposible cuadratura del círculo. Pese a ello, la reciente reunión que sostuvieron en Alaska marca un hito interesante en términos de estrategia política, pues pareciera que tanto el estadounidense como el ruso siguen teniendo razones para encontrarse, estrecharse las manos, hacer a un lado exabruptos, sentarse a dialogar por tres horas y ofrecer declaraciones ambiguas.

Los seguidores de Vladimir Putin, el autócrata ruso, desearían verlo entrar a la capital de Ucrania, Kiev, a la cabeza de un desfile de victoria militar

La última vez que Putin había estado en suelo americano fue con motivo de la 70ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, en el mes de septiembre de 2015. El presidente de EE UU era Barack Obama y el enfriamiento entre Washington y Moscú había escalado luego de la ilegal anexión rusa de Crimea el año anterior.

En aquel momento, hace diez años, Putin subió a la tarima de la ONU para declararse un firme aliado de la organización en la búsqueda de la paz y para enfatizar en el gran papel que su país podía jugar en equilibrar los pesos y contrapesos planetarios. Con la excepción de su invitación a crear una alianza internacional contra el entonces temible Estado Islámico, muchas de las cosas que dijo ese día en Nueva York podrían copiarse y pegarse en su discurso actual.

La retórica de Putin, pues, no ha cambiado; tampoco su forma de promocionar el régimen que encabeza ni la exagerada fuerza que atribuye a la participación concreta de la Federación Rusa en el contexto global. Hasta casi ayer, y desde aquel lejano 2015, apoyaba con palabras y acciones al dictador de Siria, Bashar al-Asad, considerándolo un aliado contra el extremismo islámico; hoy solo pretende que se acceda a su forma de entender la paz en esa parte de Europa que le importa, es decir, esperando que la comunidad internacional considere la toma de Crimea como un preámbulo de la invasión a Ucrania que intentaría en febrero de 2022.

“Si no me detuvieron en 2014, cuando me apropié con frescura de Crimea, ¿por qué seguirme impidiendo la invasión de toda Ucrania?”

En realidad no habría demasiado que analizar para interpretar con relativo acierto el rostro impasible de Putin. “Si no me detuvieron en 2014, cuando me apropié con frescura de Crimea, ¿por qué seguirme impidiendo la invasión de toda Ucrania?”, parecía estarle diciendo a su homólogo Trump, quien por cierto aterrizaba en la base militar de Anchorage para discutir, supuestamente, el fin del conflicto en ese antiguo país de la órbita soviética.

La cumbre en Alaska significaba para el presidente de EE UU una ocasión de oro para exhibir sus dotes de pacificador. Se esperaba que su presión a Rusia tuviera el efecto persuasivo e intimidante que él siempre cree ejercer sobre otros líderes mundiales. Incluso mandó que siete bombarderos B-2 –del mismo tipo de aviones furtivos que se usaron contra las instalaciones nucleares en Irán, en junio pasado– sobrevolaran la reunión en Anchorage, en un claro despliegue de poder.

Mientras Putin hablaba en términos amigables, las alarmas en Kiev sonaban por posibles ataques de misiles rusos

Ni así. Putin llamó a Ucrania una “nación hermana” y agregó que todo lo que está pasando entre ellos “es una tragedia y nos duele”. Pero mientras hablaba en estos términos tan amigables, las alarmas en Kiev sonaban por posibles ataques de misiles rusos. Tras retomar su discurso en torno a las “causas fundamentales” que justifican la invasión militar a la “nación hermana”, el líder ruso completó la imagen con una frase incomprensible: “La seguridad de Ucrania debe ser asegurada ciertamente, y estamos listos para trabajar en ello”.

Ni siquiera un ilusionista de las palabras como Donald Trump se atrevió a ahondar en el significado de semejante nota al pie. El mandatario estadounidense aseguró que informaría a la Otan y al presidente ucraniano Zelenski sobre el estado del proceso, después de lo cual prefirió cambiar el rumbo de su alocución hacia los “tremendos representantes empresariales rusos” con los que se reuniría. Evidentemente, las cuestiones económicas nunca dejan de estar sobre el tablero.

El tan ansiado acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania no se mencionó por su nombre

Hubo referencias a una cumbre “extremadamente productiva”, a retomar las conversaciones pronto –“en Moscú”, vaticinó el ruso, tal vez en broma– y a pretendidos “avances” que nadie hizo el favor de precisar. En todo caso, el tan ansiado acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania no se mencionó por su nombre, pese al tono amenazante que Trump había usado ante el expansionismo de Putin. Los periodistas presentes y el resto del planeta nos quedamos sin respuestas.

Luego Washington ha “sugerido” a Zelenski que ceda a los chantajes de Putin, algo que envía nuevos mensajes confusos sobre el trasfondo del papel negociador que Trump juega en esta trama. Sea lo que sea, en Alaska no parece haberse implantado una bandera de paz, sino el alargamiento de una guerra trágica y estéril.

*Federico Hernández Aguilar es escritor salvadoreño.

A Katya Natalia Miranda Jiménez, niña salvadoreña de nueve primaveras, la violaron sexualmente y asesinaron de forma desalmada a tan corta edad. Los salvajes que consumaron semejantes atrocidades, fueron favorecidos por otra: la impunidad propiciada por un sistema de justicia podrido hasta su médula. Escasamente había transcurrido poquito más de siete años de la firma del acuerdo final de paz, el más publicitado entre los que posibilitaron frenar los combates bélicos y garantizaron que después no se disparara ni una pinche bala entre los ejércitos gubernamental y guerrillero. Tan impecable cese al fuego terminó siendo lo más meritorio del proceso liderado por Naciones Unidas; esfuerzo que, lastimosamente, no alcanzó para superar lo que generó ese conflicto: la ausencia de una democracia real junto a las violaciones graves y flagrantes de los derechos humanos, así como la persistencia de una sociedad eternamente dividida.

Lo contrario a esos gravísimos males nacionales sufridos por nuestras mayorías populares, era lo que constituyó las aspiraciones plasmadas en el primer acuerdo alcanzado por las partes beligerantes en Ginebra el 4 de abril de 1990. Por eso, este debería considerarse el más importante. Más allá del listado de las novedades que necesitábamos urgentemente –como la Policía Nacional Civil y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hoy totalmente desnaturalizadas– y de  dejar atrás prácticas contrarias al bien común como la impunidad, algo que no pasó, este acuerdo debió ser el mejor termómetro para calibrar la temperatura nacional en medio de un proceso de pacificación progresivamente desfigurado.

Coincidiendo con la fecha de la firma del Acuerdo de Ginebra, nueve años después ocurrieron los horrendos crímenes referidos. Temiendo por su seguridad, con sobradas razones, la madre y la hermana de Katya abandonaron su terruño en noviembre del 2020. Emigraron, sí, pero no claudicaron. Al despedirse de la niñez salvadoreña, Hilda María Jiménez dijo que no abandonaba el esfuerzo iniciado un año atrás. Aseguró entonces que debía cuidar a su otra hija ‒Gina Marcela‒ y garantizar que no les ocurriera nada, para seguir hasta que los asesinos de Katya y sus encubridores –dentro y fuera del aparato estatal‒ paguen sus culpas.

Con fuerza y tesón comprobables en el tiempo, ya lograron que el caso llegara hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En su escrito de remisión para someterlo a esa jurisdicción, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala “la responsabilidad internacional de El Salvador por el homicidio y la violación sexual de la cual fue víctima Katya Miranda Jiménez, así como por la omisión en el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos”. 

Luego de un breve resumen del caso, la CIDH retoma los dos procesos judiciales impulsados por la Fiscalía General de la República (FGR). Procesos, para mí,  fraudulentos. En enero del 2000 arrancó uno, contra Carlos y Edwin Miranda ‒abuelo y padre de Katya, respectivamente‒ junto a dos empleados del primero. Carlos fue acusado tanto por homicidio agravado como por violación y agresión sexual agravadas; a su hijo, por abandono y desamparo de persona. Al otro par lo acusaron por encubrimiento en perjuicio de la actividad judicial. Edwin fue sobreseído definitivamente en octubre; los demás provisionalmente, para que los fiscales en un año investigaran y aportaran elementos suficientes para enjuiciarlos. Pero eso no pasó y quedaron libres del todo al cumplirse dicho plazo. El Ministerio Público apeló sin éxito.

En el segundo requerimiento ‒presentado catorce días antes de finalizar el período fijado para perseguir a los sádicos criminales‒ se acusó a Carlos de fingir el secuestro de su nieta, culpar por ello a un enemigo personal y así vengarse de este. Pero falló el plan. Paradójicamente, por ese pajazo sacado de la manga fiscal sí hubo condenas que fueron revertidas en septiembre del 2014 mediante sentencia favorable para los acusados.

Hoy que se tramita el caso en el tribunal regional, ya saltaron quienes dicen que ‒a diferencia de “los mismos de siempre”‒ esto es “mérito” de Nayib Bukele y su supuesta “lucha contra la impunidad”. ¡No jodan! Sépanlo: su administración recibió el Informe de Fondo de la CIDH el 6 de diciembre del 2023 e inicialmente tuvo dos meses para exponer cómo estaban acatando sus recomendaciones. Pero tras siete prórrogas solicitadas por el Estado durante un año y medio, las víctimas no fueron reparadas por las violaciones señaladas. Conociendo los antecedentes en cuanto al deplorable cumplimiento estatal de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como parte peticionaria neceamos solicitando someter el caso a la Corte IDH y lo logramos. Esto último es fruto de la tenacidad de Hilda María y Gina Marcela. ¡De nadie más!