Categoría: Opinión

Como docente de comunicaciones en diferentes universidades, hemos analizado junto con mis alumnos cómo los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales manipulan a las masas. El poder mediático es inminente. La manipulación se ha dado a través de la psicología social y la propaganda. Las masas también son influenciadas por líderes (…). Las masas son emotivas e irracionales.

Los medios de comunicación se crearon para entretener, informar, culturizar y educar a las masas. Aunque, pareciera que, en muchas ocasiones, especialmente las redes sociales, su misión es idiotizar a las masas. Son muchos los teóricos que han estudiado el comportamiento humano y sus reacciones ante la exposición de los medios de comunicación, especialmente: los audiovisuales.

El comunicólogo George Gerbner creó la Teoría del Cultivo (Cultivation Theory), en donde plantea que a las personas es fácil moldear las percepciones y actitudes mientras más tiempo estén viendo televisión. Los espectadores tienden a creer que la realidad social es parecida a la que sale en la televisión.

Mientras tanto, Gustave Le Bon manifiesta que las masas son irracionales, sugestionables y emocionales. Las masas se manipulan con elementos semióticos, ejemplos: imágenes, fotos y símbolos. Identificó que las mentiras penetran fácilmente en el inconsciente de las personas.

Por otra parte, los autores de la Escuela de Frankfurt analizan la manipulación de los seres humanos gracias a los medios de comunicación. Sus teóricos manifiestan que, el entretenimiento se convierte en una vía de escape que impide a las masas pensar de forma crítica sobre su propia situación de opresión. En síntesis, existe una anulación del pensamiento crítico.

En estas teorías también tenemos al lingüista estadounidense Noam Chomsky, quien escribió diez estrategias de manipulación mediática. Incorporo una en la que hace reflexionar, es la estrategia “Dirigirse al público como si fueran niños”, Chomsky manifiesta que los medios de comunicación usan mensajes simples, un lenguaje infantil. Tal pareciera que las masas no pudieran razonar por sí mismas. Escribió algo que es de analizar: “La manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica, porque destrúyelos cerebros”.

Si analizamos a Joseph Goebbels, quien creó estrategias de manipulación de masas, ocupó la prensa, la radio, el cine, la literatura y el arte para llegar a las mentes de las masas. Los alemanes rápidamente cayeron en la trampa de la manipulación. Goebbels fue el jefe de propaganda de Hitler y supo engañar a la sociedad.

En otro contexto, el líder, añadió Freud en su libro “Psicología de las masas y análisis del yo”, representa el ideal del yo de las masas: aquello que desearían ser, las cualidades que quisieran tener. En la infancia, los niños quieren ser como sus padres. Después forman parte de diferentes grupos y construyen su ideal del yo conforme a los más diversos modelos. Por eso, un político sabe cómo manipular las mentes de las personas, y no importa sean o no estudiadas.

Los que no analizan o no poseen pensamiento crítico, rápidamente creen hasta en las noticias falsas o bulos. La manipulación política y mediática están inmersos en su diario vivir.  Las masas son una especie —que cada vez se suma al conglomerado que no analiza—. Luego, se arrepienten por sus actos, por haber seguido a falsos líderes o porque supo que fácilmente fue manipulado para votar por un candidato.

En conclusión, siempre ha existido la manipulación de masas, variados autores en diferentes ramas de la ciencia han escrito libros, han investigado cómo a los seres humanos se les manipula en la religión, en la publicidad, en la propaganda y en otros contextos como el deporte, particularmente en el fútbol. La manipulación es más fácil cuando los receptores no analizan los mensajes.

* Fidel López Eguizábal es Docente e investigador Universidad Nueva San Salvador

fidel.lopez@mail.unssa.edu.sv

Ante el aluvión de adversidades e injusticias, sólo cabe el sosiego y activar el deseo auténtico de amar, a pesar de los pesares que nos lo impidan. Si una historia ociosa, por si misma, ya es una defunción adelantada; también una existencia que no se salvaguarda es un error que nos tritura. Estamos para dar aire, no para quitarlo. En consecuencia, las personas no deberían ser asesinadas nunca, tampoco por usar, traficar o vender drogas. Convertir el planeta en un incesante campo de batalla, es una de las crueldades mayores. La presencia de minas terrestres y municiones sin detonar, continúan poniendo en riesgo a comunidades enteras. Los niños son especialmente vulnerables, protegerles ha de ser norma persistente, sobre todo para restablecer el acceso a una educación segura.

Quien nos roba los sueños, además nos sustrae la supervivencia, dejándonos un vacío que únicamente se llena con amor. Sea como fuere, no podemos seguir cometiendo deslices, la virtud viviente está en donarse a cambio de nada. Reivindico, pues, el desarme. El miedo evita la vida y corrompe la belleza de su disfrute. Por tanto, estamos obligados a dejarnos acompañar y a custodiar lo que nos rodea, tanto a la mística naturaleza como al semejante que nos nutre de su compañía. Son, precisamente, estos actos de cada uno, los que nos dan vuelo de resistencia. Por desgracia, hemos perdido el respeto, hasta el extremo de no acatar el derecho humanitario, en particular la obligación de proteger a los civiles, del uso indiscriminado de la fuerza y del desplazamiento forzoso de la ciudadanía.

Nuestros niños son el futuro; por ello ninguno debería perder acceso por ir a la escuela. Sin embargo, la triste realidad está ahí, habla por sí sola: La violencia contra la infancia en los conflictos armados alcanza niveles como jamás, la educación se halla una vez más atrapada en la red del fuego cruzado.

“El bolígrafo, el libro y el aula son más poderosas que la espada”; acaba de requerirlo con un mensaje, el propio Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres. No desperdiciemos nuestro andar por aquí abajo, que debe reconstruir, no destruir; con tal suerte, que enérgicos permanezcamos hasta en la expiración. Será una caritativa huella vertida, alcanzar a vislumbrar la implacable grandeza del místico ser, loar su inspiración inherente y el anhelo de vivir para los demás.

La manera de proceder tiene más valor que cualquier algoritmo y las relaciones sociales requieren espacios humanos muy superiores a los esquemas virtuales que, cualquier máquina sin corazón, puede preconfigurar. Es cierto que la digitalización nos está transformando para bien o para mal, dependiendo de cómo nos relacionamos con ella.

A mi juicio, es fundamental para fomentar el pensamiento crítico, identificar información confiable y veraz, en una búsqueda viva y fecunda de sentido común, con todas las implicaciones éticas y existenciales que esto conlleva. Ojalá aprendamos a reconocernos y a corregir nuestro propio comportamiento, antes que a curiosear y averiguar sobre las vidas ajenas. En el fondo, nuestra oportuna presencia debe ser más que una pena, un verdadero poema que ilumine.

Alumbrar significa resplandecer; y, eso, es lo que hay que respetar y proteger de manera absoluta desde el momento de la concepción vivificante, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser angelical al quehacer de los días, como si cada amanecer fuese el último, aprovechando el instante desde la pequeñez. Tenemos que ir más allá de la oscuridad, lejos de la atracción de las luces mundanas y distantes de las modernidades impuestas, como puede ser el cultivo de la indiferencia e impulsar la división, cuando la comunión conjunta de latidos, con estilo de hogar es lo más sublime y cooperante. ¡Qué duros son los abandonos entre análogos!; nos destierran el armónico palpitar, con riadas de lágrimas. Démonos cercanía, ¡al menos ganaremos sonrisas! Algo es todo.

*Víctor Corcoba Herrero es escritor español               

Ha habido una ola significativa de renuncias de médicos especialistas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) desde diciembre de 2023, con estimaciones que oscilan entre 250 y 300 profesionales. Esta situación representa una verdadera crisis para la atención especializada dentro de la institución. Más del 90% de quienes han dejado el ISSS son especialistas y subespecialistas, entre ellos cardiólogos, urólogos, nefrólogos y endocrinólogos.

Aunque no existe una fuente oficial y actualizada que precise cuántas plazas de médicos especialistas tiene exactamente el ISSS —un hecho que refleja la falta de transparencia en nuestras instituciones públicas—, en términos generales se estima que el Seguro Social cuenta con “arriba de 1,700 profesionales entre especialistas, subespecialistas, médicos generales y de familia”. Esto significa que en menos de dos años, la institución ha perdido cerca del 20% de su recurso profesional.

El impacto es evidente: disminución de la capacidad instalada en áreas críticas, retrasos superiores a 5,000 citas solo en algunas regiones, y médicos generales asumiendo funciones especializadas para las que no están plenamente calificados. Especialidades como endocrinología, neurología, radio-oncología y uroginecología han quedado con muy pocos profesionales activos, comprometiendo la calidad y el acceso a los servicios. A ello se suma la sobrecarga de trabajo para quienes permanecen, lo que prolonga los tiempos de espera para la atención y el diagnostico oportuno.

Las principales causas señaladas para estas renuncias de personal profesional incluyen un ambiente laboral hostil, salarios poco competitivos, la falta de negociación del contrato colectivo, rumores de una posible fusión con el Ministerio de Salud y el hostigamiento por parte de algunas jefaturas.

¿Ante esta fuga de personal técnico, qué ha hecho el liderazgo del ISSS?

El ISSS no ha implementado medidas estructurales efectivas para retener a los médicos especialistas; por el contrario, la respuesta institucional ha sido limitada, mientras los sindicatos reportan falta de diálogo y ausencia de soluciones duraderas. El sindicato SIMETRISSS ha solicitado reuniones y audiencias con la dirección del ISSS para discutir alternativas de retención, pero hasta ahora no han recibido respuesta formal ni propuestas concretas de parte de las autoridades del Seguro Social.

A la fecha, no se han reportado campañas sistemáticas de retención basadas en incentivos económicos, reconocimiento profesional o flexibilización de cargas laborales. Esto coloca al ISSS en una situación de crisis de retención de especialistas, sin respuestas administrativas sólidas ni propuestas sustantivas para revertir la tendencia, lo que mantiene en vulnerabilidad a los servicios de atención especializada.

Si una organización no reacciona ante la pérdida del 20% de su personal técnico, puede inferirse que enfrenta un problema grave de gestión de talento y estrategia empresarial, comprometiendo su sostenibilidad operativa y financiera. En un escenario probable, la consecuencia sería una pérdida grave de productividad (30–50%), acompañada de una fuga masiva de talento y un riesgo real de insolvencia, fusión forzada o incluso cierre.

¿Es una “fusión forzada” o una privatización del sector salud lo que se busca?

El presidente del Colegio Médico, Iván Solano Leiva, junto a dirigentes sindicales, han planteado que la crisis en el ISSS —sumada a la falta de respuesta ante la fuga de especialistas, el cierre de unidades y el desabastecimiento— podría estar siendo promovida deliberadamente para justificar la privatización del sistema o la concesión de servicios a entidades privadas. La discusión parlamentaria sobre la nueva Ley de la Red Nacional de Hospitales ha encendido alertas, ya que varias organizaciones advierten que la normativa facilita el otorgamiento de concesiones y fragmenta el sistema, abriendo la puerta a una privatización encubierta.

Sindicatos de trabajadores de la salud y movimientos como SITRASALUD consideran que permitir el deterioro y la crisis institucional allana el camino para presentar la privatización como única solución viable para garantizar la atención especializada. Médicos y sindicalistas han detectado señales como la presencia de oficinas del Ministerio de Salud (MINSAL) dentro de instalaciones del ISSS y ciertas formas de tercerización como posibles preparativos hacia una integración, fusión o privatización.

Aunque el Ministerio de Salud niega oficialmente intenciones de privatización o fusión del ISSS con el MINSAL, reconoce cambios importantes encaminados a la integración hospitalaria. Sin embargo, analistas de prensa y organizaciones sociales advierten que la opacidad y la desinformación sobre los cambios normativos aumentan la desconfianza y la preocupación respecto a la privatización.

Indudablemente, la fuga de personal profesional, aunada a la inacción del ISSS para contrarrestarla, guía nuestra atención hacia razones potenciales y oscuras dentro de la institución gubernamental. Este es un debate activo sobre el rumbo del sistema de salud que debe ser clarificado con transparencia y responsabilidad.

El avance tecnológico en inteligencia artificial, internet de las cosas, robótica, impresión 3D y biotecnología, conocido como la cuarta revolución industrial, ofrece oportunidades inéditas, pero también desafíos en materia de empleo debido a los cambios radicales que provoca. De momento, es posible identificar cuatro grandes cambios en el empleo derivados de la cuarta revolución industrial: La virtualización del trabajo, el auge de la “gig economy”, el uso extendido de inteligencia artificial y la democratización del conocimiento. A continuación, examinaremos cada uno de estos cambios.

1. Virtualización del trabajo: ¿motor de desarrollo o puerta a la precariedad?

La virtualización del trabajo ha permitido que millones de personas trabajen de forma remota o híbrida, disminuyendo costos de transporte y habilitando el acceso a ofertas laborales internacionales sin migrar físicamente. Los salvadoreños que gozan de estos empleos no solo ahorran tiempo y combustible, sino que suelen percibir salarios superiores al del resto de connacionales en el mismo rubro.

No obstante, la virtualización también debilita los sistemas de protección social en nuestro país, pues quienes logran acceder a los codiciados empleos virtuales pueden carecer de aportaciones patronales al ISSS o AFP, planteando riesgos a la sostenibilidad financiera de estas instituciones y a la seguridad social de los trabajadores cuando estos se retiren o tengan problemas de salud.

2. La economía de pequeños encargos: ¿ingresos extra o ganancias miserables?

Plataformas digitales como “Uber” han consolidado la llamada economía de pequeños encargos o “gig economy” en inglés. Bajo esta modalidad de trabajo, los ingresos se generan a partir de tareas puntuales, muchas veces bajo demanda inmediata. Para algunos trabajadores esta forma de trabajar representa una vía de entrada al mercado laboral, con flexibilidad de horarios y oportunidades de ingresos extra.

Sin embargo, la economía de pequeños encargos también difumina lo que significa ser un empleador y un trabajador. Por ejemplo, “Uber” considera a sus conductores “socios” y no empleados, argumentando que ellos —y no “Uber”— aportan su equipo, deciden horarios laborales y no dependen de supervisores directos de la compañía. Esta recategorización de empleados a “socios” permite a las plataformas de pequeños encargos ajustar precios (y, en efecto, salarios) de manera dinámica y sin negociación, reducir costos al dejar de ofrecer seguridad social y beneficios, y operar con una mínima infraestructura administrativa. En países sin regulaciones específicas como El Salvador, esto crea un vacío legal que pone en situación de vulnerabilidad a quienes trabajan con estas plataformas, además de abrir la puerta a estrategias de precios predatorios que podrían eliminar la competencia local.

3. Inteligencia artificial: ¿Automatización o potenciación de actividades?

La IA está revolucionando sectores enteros, desde la manufactura hasta el análisis de datos, la salud y la educación. Lo más sorprendente, desde la perspectiva económica, es cómo esta tecnología con un potencial transformativo y desconocido tan grande, está siendo asimilada sin conflictos sociales (como sí ocurrió con la introducción de “Uber” en los mercados de taxis mundiales). Esto podría deberse a que la IA no solo mejora, sino que facilita la productividad laboral mediante la automatización y optimización de tareas y procesos, creando una coincidencia de intereses para su adopción entre empleadores y trabajadores.

Sin embargo, la adopción tecnológica suave no implica la ausencia de ganadores y perdedores. En el largo plazo, el incierto impacto de la IA probablemente dependerá de sus efectos netos en la automatización o potenciación de las actividades laborales, así como en la capacidad de los trabajadores y empleadores de apropiarse de las ganancias en productividad. Si la IA tiende a automatizar o sustituir más actividades de las que potencia, entonces la demanda de empleo se reducirá. En cambio, si la IA sigue una dirección que complemente las actividades laborales, entonces la demanda de empleo aumentará. Por otra parte, si la capacidad de negociación de los trabajadores se deteriora y no es contrarrestada por tendencias demográficas que reduzcan la cantidad de trabajadores, entonces los salarios reales podrían disminuir.

Según el Banco Mundial, la IA complementaría las actividades laborales de un 13 % de los empleos salvadoreños, aunque automatizaría un 4 % y tendría un impacto incierto en un 15 %. Esta realidad obliga a repensar lo más pronto posible la política educativa y económica. La apuesta de hace unos años de convertir a El Salvador en un centro de servicios global debe repensarse o reenfocarse ante el riesgo de estar compitiendo en un mercado cuyos precios se están reduciendo producto de la automatización.

4. Democratización del conocimiento, software y herramientas digitales: ¿Reducir brechas a bajo costo u otra oportunidad desaprovechada?

El acceso abierto a cursos en línea, bibliotecas digitales, software libre y herramientas de colaboración ha reducido las barreras para emprender y aprender de forma autodidacta. Esto abre oportunidades especialmente a países pobres para competir exitosamente en la economía global y reducir décadas de retraso.

Lamentablemente, todavía persisten brechas de conectividad, idioma y capital cultural que limitan el acceso real a estos recursos; especialmente a los que tienen un enfoque productivo y no uno de consumo. Si bien es cierto el censo de 2024 indica que ocho de cada diez salvadoreños tienen algún nivel de acceso a internet y un 93.4 % de los hogares cuenta con al menos un teléfono celular, solo cuatro de cada diez salvadoreños pueden conectarse a la red mediante internet residencial o tener una computadora. Además, apenas un 7 % de salvadoreños mayores de 3 años saben hablar inglés. De no corregir esta situación, la juventud salvadoreña y el país podría desaprovechar una gran oportunidad.

5. Redefiniendo la política laboral y educativa.

En los albores de la cuarta revolución industrial los economistas comenzaron a discutir sobre “el futuro del trabajo” y los posibles cambios que esto traería a la economía mundial. Considerar estas discusiones en su sentido literal puede ser un error mayúsculo, pues los desafíos del progreso tecnológico ya no son un ejercicio de futurología o del campo estrictamente teórico.

En un entorno donde el empleo se fragmenta y se rige por algoritmos creados para maximizar la ganancia de empresas extranjeras, es fundamental actualizar la legislación y las políticas educativas y laborales para garantizar el futuro de los trabajadores salvadoreños. Es necesario evaluar la idoneidad de una protección social universal y colectiva (independiente del tipo o modalidad de empleo), mejorar los niveles de digitalización y exigir transparencia en la gestión algorítmica y de datos personales de las gigantes tecnológicas que busquen operar en el país.

La cuarta revolución industrial representa tanto una oportunidad histórica como un riesgo de exclusión si no se adoptan políticas activas de formación, regulación y protección social adaptadas al nuevo contexto. El reto no es solo crear empleos, sino garantizar que esos empleos —virtuales, híbridos, o fragmentados — permitan ingresos justos y seguros que garanticen protección social a los trabajadores y sus familias, además que brinden oportunidades de desarrollo personal y profesional que permita un futuro donde los trabajadores lleven una vida plena. De momento, el alargamiento de la edad efectiva de retiro, las menores tasas de fecundidad, el debilitamiento de la negociación colectiva y el alza en los precios de los bienes raíces sugieren que “el futuro del trabajo” está dejando a los trabajadores atrás.

*Gabriel Pleités, Ph.D. en economía por la Universidad de Utah.

No diré que solo aquí se dan, pero comentaré algunas de las ocurridas en este mi país en el cual nací y donde moriré. Acá han tenido lugar importantes paradojas a lo largo de la historia, entendidas estas –según se desprende del diccionario– como aquellas situaciones o afirmaciones aparentemente ilógicas. Entre las segundas, encontramos algunas inmortalizadas en el refranero popular. “Lo barato sale caro”, es una; otra muy conocida es cuando se afirma que alguien “brilla por su ausencia”. También las hallamos plasmadas en frases atribuidas a personajes ilustres o en consignas enarboladas a lo largo de ciertas coyunturas políticas. “Solo sé que no sé nada”, dijo Sócrates. “Prohibido prohibir” fue el célebre lema que adquirió fama universal en el escenario turbulento de París, durante mayo de 1968.

Sobre las segundas, del entorno posbélico salvadoreño destacaría un par de absurdos relacionados con la paz –el primero– y con el respeto de la dignidad humana el segundo. Veamos. La guerra abierta que asoló el territorio nacional de 1981 a 1992, finalizó con los acuerdos firmados por las partes beligerantes. Eso se logró con el protagonismo de la Organización de las Naciones Unidas, apoyada decisivamente por los Estados Unidos y la entonces agonizante Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas casi al final de la Guerra Fría. A tan descomunal e inédito esfuerzo se sumó el “Grupo de amigos” del referido proceso integrado por los Gobiernos de México, Venezuela, Colombia y España.

Logrado el cese al fuego, dicha experiencia internacional mancomunada fue presentada ante el mundo como un modelo diseñado y edificado por el organismo multilateral universal. Pero pese a todo lo trabajado, ni la tranquilidad social ni la democracia llegaron al país para instalarse y disfrutarse a plenitud por nuestro pueblo.

Pero se consiguió garantizar, eso sí, que una ofensiva militar como la desatada por el Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional en noviembre de 1989 no volvería a ocurrir; de esa manera, los poderes económico y político tanto del país como de otras latitudes tenían garantizado el privilegio de navegar en aguas tranquilas haciendo de las suyas, totalmente seguros de que además –aprobada una amnistía general, absoluta e incondicional– quienes deberían responder ante la justicia por su participación directa o indirecta en crímenes aberrantes cometidos antes del conflicto armado y durante el mismo, en adelante dormirían tranquilos. A final de cuentas, pues, “la montaña parió un ratón”.

La otra paradoja: el lamentable estado en el que hoy se encuentran las “hijas predilectas” de los acuerdos de paz; es decir, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Leyendo nuestra depredada Constitución, la primera debería ser –literalmente– “un cuerpo profesional independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista” con “funciones de policía urbana y policía rural que garanticen el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, así como la colaboración en el procedimiento de investigación del delito”; ello, “con apego a la ley y estricto respeto a los Derechos Humanos”.

Por mandato legal, la segunda tendría que ser de “carácter permanente e independiente, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa”; debería encargarse “de velar por la protección, promoción y educación de los Derechos Humanos y por la vigencia irrrestricta de los mismos”. Teóricamente, su titular no depende “de ninguna institución, órgano o autoridad del Estado; solo debe obedecer “a la Constitución y a las leyes de la República”. Pero ahora, más allá de aquellas buenas intenciones que ilusionaron al país y al mundo hace décadas, ambas entidades son simples marionetas en el tablado del “bukelato”. La corporación policial permanece sin un director general formal desde el fallecimiento del anterior, acaecido hace un año; el puesto lo ocupa el ministro de Justicia y Seguridad Pública.

Y acerca de la Defensoría del Pueblo, qué queda decir. Su actual titular – cuestionada durante su primer mandato por corrupción, nepotismo y turismo institucional– anda desatada en su loca carrera por ocupar por tercera vez el cargo. Para ello, recién montó su “Cumbre global sobre derechos humanos”, con la participación de una fiera vocera de la ultraderecha española y defensora a ultranza de Nayib Bukele.

Mientras tanto, las familias de las víctimas de violaciones de derechos humanos que intentaron participar en el evento no pudieron ingresar ni denunciar sus casos en tan cuestionable evento. Por ello, afuera de esos espacios prostituidos por la ambición personal y el poder manipulador –adonde pretendió lucirse una impresentable “defensora del puesto”– estuvieron y estarán Romero, Tojeira, Cortina, Marianella, María Julia y tantas personas más que merecen ser encumbradas como lo que fueron, son y serán: verdaderas defensoras de la dignidad de nuestro pueblo.

Hace algunos días, hablando con la prensa en el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos negó que fuera un dictador. Lo que sí reconoció ser, en su opinión, es “una persona con mucho sentido común”. Pueden adivinarse los respingos que provocaría tal declaración. Por lo exhibido hasta ahora, tras siete meses caóticos e inquietantes, eso del sentido común, unido a “mucho” como adverbio de cantidad, no es precisamente la forma en que la mayoría de los análisis políticos describe el método en que Donald Trump gobierna en este su segundo periodo.

Antes al contrario, el estilo cada vez más autoritario del republicano está levantando cejas por doquier, principalmente en lo que respecta a la separación de poderes y el Estado de derecho, dos de los rasgos mejor apreciados pero no siempre bien definidos de la tradición política americana. Un vistazo a las semanas recientes ilustra las razones detrás de tanta preocupación.

Con la excusa de tener una “crisis” de seguridad en Washington, el mandatario desplegó a la Guardia Nacional en la capital y ha amenazado con hacer lo mismo en otras ciudades donde a su juicio proliferan los delitos violentos. Antes había cesado a la directora de la Oficina de Estadísticas Laborales por publicar datos que contradicen su autoindulgente discurso oficial sobre el empleo. Agentes del FBI fueron a intimidar a su propia casa a un crítico del presidente, ni más ni menos que su antiguo consejero, John Bolton, por una investigación sobre supuesta información clasificada que el antiguo funcionario expone en un libro de memorias. La cereza del pastel ha sido el intento de despedir a una gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, justificándose Trump en las hipotéticas inexactitudes que la mujer pudo haber escrito en una vieja solicitud de hipoteca.

Para colmo, esta andanada de acciones prepotentes no ha tenido su debido contrapeso en el Congreso, donde el presidente tiene suficiente respaldo acrítico. El deber, por consiguiente, de someter a la Casa Blanca a control ha recaído casi exclusivamente en el poder judicial, cuyos tribunales se han visto sometidos a dura prueba desde el primer día del segundo mandato de Trump.

Para colmo, esta andanada de acciones prepotentes no ha tenido su debido contrapeso en el Congreso, donde el presidente tiene suficiente respaldo acrítico
“Liberales” y “conservadores” —términos que entrecomillo por aludir a sus respectivos significados, en inglés, de “izquierda” y “derecha”— llevan décadas acusándose mutuamente de utilizar a la judicatura y las mayorías temporales en la Corte Suprema para avanzar sus agendas. Por muy certeros que puedan ser estos señalamientos, lo cierto es que ningún mandatario antes de Trump, al menos en el último medio siglo, había ido tan lejos en su desafío a la independencia judicial.

Debe tomarse en cuenta, para empezar, que el presidente republicano ya había sobrepasado, entre enero y junio de 2025 —¡en apenas cinco meses!—, el total de órdenes ejecutivas que su antecesor Biden había realizado en cuatro años: 162. Esto indica la nueva forma de operar de la Casa Blanca: inundar el sistema con edictos y luego esperar que las reacciones lleguen tarde, tal vez cuando ya se están emitiendo nuevas disposiciones.

Los tribunales, claro, se han visto obligados a expresar sus puntuales desacuerdos, a tal grado que emitieron 25 fallos contra igual cantidad de órdenes de la Casa Blanca solo en los primeros cien días de Trump, y en materias tan diversas como el financiamiento federal, los despidos de funcionarios públicos y las políticas de inmigración.

De los 21 procesos de este tipo que han escalado hasta la última instancia judicial, solo en tres de ellos la Corte Suprema no se ha inclinado por dar mayor margen de maniobra al presidente en detrimento de los jueces de primera instancia. Esto, si bien no ha supuesto (todavía) una violación flagrante a la Constitución de los Estados Unidos, ha confirmado lo que muchos advertimos sobre los intentos que Trump haría para hostigar al sistema.

En sus fallos, los magistrados del Supremo tampoco han querido siempre ofrecer explicaciones sobre lo decidido. A veces, en su descargo, el tribunal superior se ha referido a la necesidad de evitar que los jueces excedan su autoridad constitucional. En otras ocasiones, el silencio podría deberse, como lo ha hecho entrever el magistrado Brett Kavanaugh, con una especie de estrategia para moderar los tiempos hasta las sentencias finales. Sin embargo, las zonas grises sobre las que el presidente pisa son, aparentemente, cada vez más amplias.

¿Se atreverá Trump, por ejemplo, a socavar en serio la independencia de la Reserva Federal?
La gran pregunta que ronda los ambientes políticos y académicos es qué ocurrirá cuando las cosas empiecen a salirse de control. ¿Se atreverá Trump, por ejemplo, a socavar en serio la independencia de la Reserva Federal? ¿Llegará el día en que la Corte deba pronunciarse en concreto sobre el derecho a la ciudadanía americana por nacimiento? ¿Será el actual inquilino de la Casa Blanca el que contradiga en los hechos al padre fundador John Adams, quien afirmó que el gobierno debe ser “uno de leyes y no de hombres”?

Volviendo a las palabras de Trump, vale la pena recordar en qué contexto negó ser un autócrata, porque tampoco contribuyen a fomentar la tranquilidad. “Dicen que soy un dictador”, expuso, “pero impido el crimen”. Para luego agregar: “La gente dice: si eso es así, prefiero tener un dictador. Aunque yo no lo soy”.

Bueno, aún está por verse si se trató de un chascarrillo o de una advertencia.

En 2010 entré a la colonia Las Margaritas, en Soyapango. Para poder hacerlo tuve que darle $5.00 a pandilleros que tenían control en la calle de acceso a la colonia. Uno de ellos me hizo parada y me preguntó hacia donde iba y la dirección de la persona o familia que iba a visitar. Iba en mi vehículo en calidad de periodista, pues tenía conocimiento que las pandillas extorsionaban a quienes se atrevían a entrar a la colonia.

Hice las respectivas entrevistas y finalmente llegué al puesto provisional de la Policía Nacional Civil (PNC), cuyo jefe de turno me negó que los pandilleros tuvieran control en la colonia, incluso negó que le cobraran extorsión a quienes ingresaban. Tres horas después cuando iba a retirarme, dos pandilleros me hicieron alto y uno de ellos me advirtió que me habían visto estacionado frente al local de la PNC, por lo que tenía que entregarles $20.00 o me quitaban el carro. Mi respuesta fue que estuve estacionado en el lugar, porque cerca vivía el pariente que visitaba. Les entregué los $20.00 y me retiré de inmediato. Jamás volví a visitar dicho lugar hasta el fin de semana pasado.

Publiqué el reportaje y un subinspector policial me visitó para desmentir la información, asegurando que los pandilleros no tenían el control en la colonia, muchos menos el control en los accesos, pero cuando le mostré las fotos de las paredes manchadas por las maras y los audios de los pobladores y de los pandilleros exigiéndome el dinero para dejarme salir, me responsabilizó por su suerte, en el sentido que lo podrían trasladar hacia un lugar lejano.

La tarde-noche del sábado pasado fui a la colonia Las Margaritas a visitar a un excompañero de trabajo enfermo. Gratamente las paredes ya no están afeados por los grafitis pandilleriles y los vecinos, especialmente los pequeños comerciantes ya no son objeto de extorsión. “Todos los pandilleros están presos, ahora son las 11:00 de la noche y los niños y jóvenes pueden estar jugando en las calles” me dijo un poblador quien destaca que antes eran $50.00 quincenales los que entregaba a los pandilleros.

Otro vecino me contó que hace años los pandilleros entregaban a policías corruptos parte de lo que exigían a la población y sus visitantes. “Casi frente a los policías asaltaban, amenazaban y extorsionaban, los pandilleros hacían y deshacían a su antojo”, pero cuando entró el Régimen de Excepción a los malos policías ya los habían trasladado y a todos los mareros los metieron presos, lo malo es que también se llevaron a la cárcel a personas inocentes”, me dijo un anciano a quien las pandillas le exigían $20.00 semanales por permitirle trabajar en un pequeño taller.

Algunos pobladores afirman sentirse seguros y agradecidos con las autoridades porque hicieron una “limpieza” de pandillas. “Ahora sentimos que vivimos con seguridad y en paz, la PNC y el ejército patrullan a cada instante” y eso nos da garantías para movilizarnos a toda hora”, dice una joven universitaria que recuerda su niñez y adolescencia cargada de temor por el accionar de las pandillas que se movilizaban armadas a toda hora y en toda forma de transporte.

Hay que reconocer que el Régimen de Excepción ha llevado tranquilidad a la mayor parte del territorio nacional. Colonias que antes estaban literalmente controladas y secuestradas por las maras, hoy respiran aire de paz y tranquilidad, por ejemplo Los Ángeles en Apopa, la 10 de Octubre en San Marcos, la Majucla en Cuscatancingo y otras  comunidades, antes, que vivían bajo el acecho y la zozobra generada por las pandillas, ahora son sitios donde las personas viven relativamente en paz.

En la comunidad 22 de Abril, en Soyapango, hasta antes de la entrada en vigor del Régimen de Excepción, ni la PNC entraba por temor a los pandilleros, pero ahora ya se puede caminar entre sus estrechos pasajes. Ha vuelto la libre movilidad, la gente sale y entra con tranquilidad, aunque de vez en cuando ocurre un hecho delictivo.

En general la población vive tranquila sabiendo que los pandilleros están  presos o escondidos sin margen de actuación, aunque el reclamo suele ser por los inocentes que guardan prisión injustamente. Hay muchos que fueron apresados y que hasta ahora yacen en las cárceles.  El sistema judicial, con la premura del caso, debe revisar estos casos y dejar en libertad a los que siendo inocentes están siendo víctimas de los daños colaterales.

Ningún buen salvadoreño debe estar molesto o reclamar por los pandilleros presos, pero si exigir que todo inocente goce de libertad. Todos, o la mayoría, somos los beneficiados directos de la dureza contra las pandillas y no reconocerlo sería ingrato y hasta inmoral, pero también tenemos que abogar por los inocentes, que  al igual que el resto de salvadoreños deben gozar de la libertad.

Como me dijo el vecino de Las Margaritas: “Es  bueno que las autoridades se lleven presos a los pandilleros, porque eso nos ha dado paz y tranquilidad, pero lo malo es que también ese han llevado a gente inocente”, lo que seguramente genera angustias en los parientes suyos.

En definitiva, en materia de seguridad El Salvador vive sus mejores momentos. Con Régimen o sin Régimen no hay que darles tregua a las pandillas, pero también hay que apostarle a políticas de prevención y estimulación para evitar su renacimiento.

*Jaime Ulises Marinero es periodista.

En El Salvador, muchas personas pasan más tiempo en sus lugares de trabajo que en sus propios hogares. Para una gran parte de la población, jornadas que inician al amanecer y se extienden hasta altas horas del día son parte de la rutina. De acuerdo con estudios recientes, 8 de cada 10 trabajadores en San Salvador laboran 49 horas o más por semana, superando el límite legal establecido por la legislación nacional.

El Código de Trabajo salvadoreño establece que la jornada laboral no debe exceder las 44 horas semanales para turnos diurnos, y 39 para turnos nocturnos. También contempla el pago adicional por horas extraordinarias y reconoce que el tiempo en que una persona está disponible para la empresa, aunque no esté realizando tareas activas, puede considerarse tiempo efectivo de trabajo. Sin embargo, la aplicación de estas normativas varía en la práctica, y no siempre se cumple con lo estipulado.

Esto plantea una pregunta válida: ¿por qué se sigue trabajando más allá de lo legalmente permitido? Algunas personas argumentan que se trata de una decisión individual motivada por la necesidad económica. Otros señalan que hay una cultura organizacional que valora la permanencia prolongada en el lugar de trabajo como una muestra de compromiso, lo cual no siempre se traduce en mayor productividad.

Mientras tanto, en otros países se han explorado modelos distintos. Islandia, por ejemplo, llevó a cabo entre 2015 y 2019 uno de los estudios más amplios sobre reducción de la jornada laboral, disminuyendo la semana laboral a 35 o 36 horas sin reducir salarios. Los resultados indicaron mejoras en bienestar y productividad, lo que llevó a que más del 80 % de los trabajadores adoptarán esta nueva modalidad.

En el Reino Unido, un estudio piloto realizado en 61 empresas con más de 2,900 empleados probó una semana laboral de cuatro días. Tras seis meses, el 92 % de las empresas decidió mantener el modelo, reportando beneficios como menor ausentismo, mejor salud mental y, en algunos casos, un incremento en ingresos.

Francia adoptó una jornada máxima de 35 horas desde el año 2000. Países Bajos y Dinamarca presentan promedios aún menores —29 y 33 horas semanales respectivamente— sin que ello haya afectado su productividad o bienestar general. De hecho, estos países suelen ubicarse entre los más eficientes y felices del mundo, según datos de la OCDE y del World Happiness Report.

Estos ejemplos invitan a reflexionar sobre qué modelo laboral es realmente sostenible a largo plazo. No se trata de establecer comparaciones directas, ya que las condiciones económicas y sociales varían entre países, pero sí de abrir el debate sobre la posibilidad de organizar el trabajo de manera que priorice tanto la eficiencia como la calidad de vida.

En el contexto salvadoreño, la extensión de las jornadas laborales suele responder a una combinación de factores: desde las necesidades económicas individuales hasta prácticas empresariales que no siempre se alinean con la normativa laboral vigente. Esto sugiere que cualquier transformación debe contemplar no solo la realidad de los trabajadores, sino también el papel de las instituciones encargadas de supervisar y garantizar el cumplimiento de la ley.

La discusión sobre la duración de la jornada laboral no es nueva, pero ha cobrado nueva relevancia en un mundo donde el equilibrio entre vida personal y profesional se valora cada vez más. Pensar en nuevas formas de organizar el trabajo no implica necesariamente producir menos, sino hacerlo de forma más inteligente, saludable y equitativa.

El reto está en encontrar un modelo que responda a las necesidades del país, mejore la calidad de vida de los trabajadores y, al mismo tiempo, fortalezca la productividad y la sostenibilidad de las empresas.

* Jaime Solis es experto en derechos laborales

El mundo enfrenta una crisis ambiental sin precedentes. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire y la degradación de los océanos ya no son amenazas lejanas: son realidades que hoy impactan nuestras comunidades, economías y modos de vida.

En América Latina, la región más biodiversa del planeta, estas amenazas se expresan de manera particular: sequías prolongadas, huracanes más intensos, presión sobre los recursos hídricos y pérdida acelerada de ecosistemas.

Las consecuencias de la inacción son claras. Sin soluciones innovadoras, se compromete la seguridad alimentaria, impulsan migraciones climáticas y se profundizan desigualdades sociales. No se trata solo de proteger el medio ambiente, sino de preservar las condiciones que hacen posible la vida digna y sostenible.

Por eso, promover un liderazgo climático audaz y ambicioso es esencial. Las tecnologías, los modelos de negocio sostenibles y los proyectos comunitarios pueden marcar la diferencia. Pero las ideas necesitan visibilidad, apoyo financiero y redes para alcanzar escala global.

La pregunta clave es: ¿cómo identificar y apoyar a esos líderes climáticos que están construyendo soluciones escalables para los mayores desafíos de nuestro planeta?

El Earthshot Prize responde a este reto. Fundado en 2020 por Su Alteza Real el Príncipe Guillermo, es el premio ambiental más prestigioso e impactante del mundo, impulsando una década de acción por el planeta. Guiado por una ecuación simple: Urgencia + Optimismo = Acción, otorga cada año £1 millón de libras esterlinas a cinco ganadores en las categorías de Proteger y Restaurar la Naturaleza, Limpiar Nuestro Aire, Revivir Nuestros Océanos, Construir un Mundo sin Residuos y Arreglar Nuestro Clima.

Desde 2021, tengo el honor de servir como Nominador Oficial del Earthshot Prize, gracias a la propuesta del entonces embajador del Reino Unido en la República Dominicana. Este rol me ha permitido observar cómo el liderazgo climático evoluciona hacia enfoques más integrados, inclusivos y escalables.

El reconocimiento no es un fin en sí mismo: es una plataforma para acelerar cambios. Los ganadores pasados lo demuestran:

– Coral Vita (Bahamas, 2021) restaura arrecifes mediante el cultivo de corales resistentes, expandiéndose ahora a nivel global junto a gobiernos y el sector turístico.

– Takachar (India, 2021) convierte desechos agrícolas en bioproductos, reduciendo la contaminación y generando ingresos rurales.

– Mukuru Clean Stoves (Kenia, 2022) ofrece estufas limpias y asequibles, reduciendo la exposición al humo tóxico de miles de familias.

– Notpla (Reino Unido, 2022) reemplaza plásticos de un solo uso con envases a base de algas, ya presentes en supermercados y grandes eventos.

Estos ejemplos demuestran cómo, una vez apoyado, el liderazgo climático puede convertirse en transformaciones tangibles y escalables.

Hoy la oportunidad está abierta. Cualquier innovador o emprendedor con una solución ambiental comprobada y escalable puede ser considerado. Como nominador, mi rol es identificar y proponer iniciativas que muestren el talento y la creatividad de nuestra región.

En 2025, el Earthshot Prize se celebrará por primera vez en América Latina, en Río de Janeiro. Invito a todos a seguir de cerca este hito y a comenzar a preparar propuestas para futuras convocatorias, incluida la edición de 2026.

El cambio climático es el reto de nuestro tiempo. La innovación, la colaboración y el reconocimiento son las claves para enfrentarlo. Y América Latina tiene todo lo necesario para liderar esta transformación.

*Roberto Herrera P. es un líder empresarial latinoamericano de origen dominicano que impulsa iniciativas de sostenibilidad y energía limpia en América Latina y el Caribe, reconocido en 2022 por el Reino Unido como Miembro del Imperio Británico (MBE).

La motosierra Milei en las elecciones de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre acaba de sufrir su primera derrota significativa.  Ha salido a reconocerlo y, como mal perdedor, ha amenazado con seguir con lo mismo.

En realidad, no importa que diga eso, lo cierto y verificable es que, en el terreno electoral, donde hace casi dos años Milei mostró un músculo formidable, ahora pareciera que aquel entusiasmo por ‘lo nuevo’, aquella ‘ilusión’ de deshacerse de la férula tradicional política, ‘la casta’, se ha desacelerado.

Y quizá no podía ser de otra manera. En qué cabeza cabe desmantelar el aparato del Estado, vapulear a los jubilados que protestan en las calles, coquetear con los militares represores que guardan prisión, amenazar a todo mundo con cualquier cosa, desquiciar la economía argentina, desproteger a los vulnerables, respaldar a los halcones israelíes en su guerra de aniquilamiento contra la población de Gaza, en correr enloquecido a los brazos de Trump, en salirse de los BRICS y tantas otras cosas locas que ha hecho y creer que el electorado argentino no recapacitaría acerca de la decisión ingenua que tomó al llevarlo a la Casa Rosada.

Sin embargo, aún hay mucho trecho para que pueda decirse que Milei y su cohorte están de retirada.

peronismo (o habría que decir mejor, los varios peronismos existentes) y los demás sectores progresistas y populares que han reaccionado, antes de que sea demasiado tarde, tienen una enorme responsabilidad de aquí en adelante.

Como ha quedado claro, no se trata solo de esperar a que llegue una elección, ha sido necesario organizarse y movilizarse y presionar, sí, presionar y sacudir las solapas de ‘los políticos’ para que entiendan que Argentina no puede irse al basurero.

Es increíble cómo la desmemoria se apoderó del electorado hace casi dos años al votar a Milei, que sin pelos en la lengua anunció que descuajaría el aparato estatal (¡cosa que ha cumplido!) y se endeudaría hasta el tope y que si lo dejaban borraría de la historia argentina el capítulo de la dictadura militar (1976-1983). Pero en los tiempos que corren cualquier cosa es posible.

Donald Trump, el enloquecido presidente norteamericano acaba de ser sentenciado a pagar 83.3 millones de dólares por difamar a la escritora E. Jean Carroll, después de que ella lo acusara de violación en 2019 y la Justicia declarara culpable al mandatario. Y es que la camándula de casos que lleva sobre sus espaldas  Trump es de antología: acusado por cargos estatales relacionados con un pago de dinero (130 000 dólares) para silenciar a la estrella porno Stormy Daniels en 2016; Trump enfrenta un cargo en virtud de la Ley de Espionaje, así como cargos de obstrucción de la justicia, destrucción o falsificación de registros, conspiración y declaraciones falsas; por la investigación del fiscal especial, Jack Smith, Trump ha sido acusado por los supuestos esfuerzos del expresidente y sus aliados para intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020; en un documento se acusa a Trump (incluye la llamada telefónica de Trump con el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger) de pedirle a Raffensperger que ‘encontrara’ los votos que necesitaba para ganar el estado, el esquema de electores falsos y una carta de septiembre de 2021…

Milei no es Trump, por supuesto, pero ya comenzó a acumular acusaciones diversas.

Todo estaría indicando que Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es muy probable que sea el candidato presidencial que contendrá contra el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. De ahí lo relevante de la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

En este momento se le han trabado las carretas a Milei y a esa próxima elección presidencial llegará escaldado y golpeado por el desgaste de su frenético estilo de gobernar.

Hay un largo camino por recorrer para bloquearle el paso a Milei, y esto significa, ante todo, no solo oponer un caudal electoral que lo supere, sino que ahora habrá que proponer el rediseño de Argentina, como república soberana, que debe jugar un papel protagónico en la reconfiguración del orden mundial que con desesperación frenética Trump y sus halcones quieren que sea a su antojo.

La corta pero destructiva gestión de Javier Milei ha logrado hacer mucho daño al tejido social y parte del esfuerzo nuevo debe ser restañar esas heridas y proponer una ampliación del bienestar social para los argentinos.

No será un camino fácil derrotar a Milei en la próxima elección presidencial porque, frente a esta derrota en la provincia de Buenos Aires, reaccionará y con virulencia y atropellando. Pero por ahora, Argentina respira, y es que un poco de aire fresco ha comenzado a circular.

*Jaime Barba, REGIÓN Centro de Investigaciones