Categoría: Opinión

El 19 de julio, el coronel Arturo Armando Molina ‒presidente empotrado mediante un escandaloso fraude electoral‒ coronó a Anne Marie Pohtamo como triunfadora del concurso Miss Universo celebrado en nuestro país. Luego, el 25 de julio se produjo la violenta intervención militar en el Centro Universitario de Occidente para impedir –en el marco de las “fiestas julias” santanecas– la realización del tradicional y jocoso desfile bufo montado para hacer mierda a la dictadura de entonces. Cinco días después fue perpetrada la infame masacre de estudiantes de la Universidad de El Salvador y de secundaria, junto al pueblo que acompañaba solidariamente una manifestación de protesta por la anterior violación de la autonomía de nuestra alma mater. 

Al otro lado de la moneda, el 1 de agosto arrancaron los seis días que duró la primera toma de la Catedral metropolitana; entonces fue anunciado el surgimiento del histórico Bloque Popular Revolucionario (BPR). Y el 15 de agosto –casualmente en la fecha del natalicio de nuestro santo– se abrieron para las víctimas las puertas del Socorro Jurídico Cristiano, primer organismo nacional de derechos humanos y pionero latinoamericano en su riesgosa defensa. Todo eso y más ocurrió acá a lo largo de 1975. ¡Hace cincuenta años!

En menos de un mes, pues, este paisito transitó del artificioso espectáculo que montó la dictadura para consumo nacional e internacional a mostrar luego ‒sin maquillaje alguno‒ su rostro brutal y real: el represivo; días después irrumpió en nuestra realidad política una expresión organizada, creciente y combativa del pueblo a la que se sumó la defensa comprometida y valiente de la dignidad de las víctimas, principalmente de entre las mayorías populares.

Ese rostro sanguinario ya había empezado a mostrarse durante el año anterior, cuando se consumaron las masacres de campesinos en La Cayetana y Chinamequita –poblaciones ubicadas en los departamentos de San Vicente y La Paz, respectivamente– así como en Tres Calles dentro del territorio usuluteco. A nuestra “olla de presión” de entonces, le estaban aumentando gradual e irresponsablemente su alarmante temperatura. Molina intentó reducirla impulsando una “transformación agraria”, así la llamó, prometiendo no un paso atrás. Ignacio Ellacuría, el rector mártir de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ‒en su célebre y emblemático texto que tituló “A sus órdenes, mi capital”‒ sostuvo que ese fraudulento coronel y gorila enfundado con la banda presidencial, falso visionario, no dio “un paso atrás sino un giro de 180 grados y una carrera de miles de pasos”.

¿Por qué ocurrió eso? Pues porque, a diferencia del personaje de García Márquez, este coronel sí tenía quien le escribía su libreto: los terratenientes oligarcas de entonces. No obstante haberles asegurado Molina que el Programa de Transformación Agraria era “el seguro de vida para la libre empresa y el régimen democrático”, terminó ubicándolos entre aquellos pocos que lo rechazaron “con el objeto de mantener privilegios injustos”; entre esos pocos incluyó, además, “a los comunistas y sus aliados”. Pero los dueños del país fueron, en realidad, quienes le exigieron que corrigiera la plana. Y les dio gusto. En cambio a los otros –entre los cuales incluía al campesinado demandante de su derecho a una vida un poco más digna– en lugar de escucharlos y obedecerles les dio garrote, cárcel, tortura, desplazamiento forzado, exilio, desaparición y balas.

Desde aquel entonces hasta estos días, mucha agua ha corrido debajo del puente y ‒medio siglo después‒nuestra rueda de la historia sigue dando vueltas en el mismo tramo de este río cuya desembocadura ya sabemos cuál es. Pero hay que ir más atrás y hablar de casi un siglo antes de lo ocurrido en estos días“bukeleanos” de “golpismo enmascarado”, cuando el general brigadier Maximiliano Hernández Martínez dio un golpe de Estado en diciembre de 1931 y acto seguido ejecutó la matanza de enero de 1932; ese tirano modificaba a su antojo la Constitución para entronizarse en el poder, el cual tuvo agarrado férreamente durante casi trece años hasta que le llegó su hora.

Entre abril y mayo de 1944 finalmente le soltaron la mano y le voltearon la espalda los poderes militar, imperial y económico tras un cuartelazo fallido y el fusilamiento de un número considerable de oficiales junto a  algunos civiles, el asesinato de un joven salvadoreño estadounidense a manos de un agente policial y la creativa huelga general de brazos caídos. Esta última gesta fue determinante para que el dictador se cayera de la moto de sus pudientes amos, que no toleraban pérdidas en sus ganancias. ¿Por qué no pensar y actuar en consonancia antes de que, como en anteriores pasajes terribles de nuestra historia, esta “olla de presión” vuelva a reventar?Porque a todo chancho, le llega su hora…

En los últimos años, hablar de inclusión financiera en El Salvador se ha convertido en un tema recurrente. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar qué significa realmente. Para muchos, inclusión es sinónimo de abrir una cuenta bancaria, usar una billetera digital o poder recibir pagos internacionales. Pero la inclusión verdadera va mucho más allá: implica comprender, aprovechar y beneficiarse de las herramientas financieras disponibles. Y aquí es donde entra el fintech, que no es solo tecnología aplicada a las finanzas, sino un ecosistema transformador con el potencial de cambiar vidas.

Para explicarlo, me gusta pensar en el fintech como un árbol. Un árbol que no puede crecer de la nada: necesita raíces sólidas. Las raíces representan el marco regulatorio claro que el Estado debe construir. Sin reglas claras, no hay confianza, y sin confianza, no hay innovación sostenible. A partir de estas raíces crece el tronco: la tecnología, que puede ser desarrollada localmente o llegar desde el extranjero, pero siempre se fortalece gracias a ese marco legal que la sustenta. Este tronco sostiene las ramas, que son los grandes productos financieros: pagos, ahorro, crédito, inversión. Y finalmente, las hojas: los productos específicos que usamos día a día, como apps de remesas, plataformas de microcréditos, seguros digitales o herramientas de inversión automatizada.

Pero si las raíces son débiles, el árbol entero tambalea. Por eso es tan importante que los países que aspiran a aprovechar el potencial del fintech, como El Salvador, empiecen por lo esencial: el marco legal y regulatorio. Solo a partir de ahí puede florecer la innovación tecnológica que da lugar a servicios financieros útiles, accesibles y seguros. Al respecto El Salvador ha sido consistente en la creación de un marco regulatorio amigable a las nuevas tecnologías, desde la regulación de Bitcoin hasta la inteligencia artificial, con enfoque en un nuevo mercado de capitales a través de los activos digitales, todo dentro de un marco de protección de datos y en un entorno plenamente adaptado a los requerimientos mundiales de prevención de lavado de dinero.

En el presente, en nuestro país, un pequeño empresario puede cobrar con QR desde su celular; un agricultor puede recibir pagos desde el extranjero sin intermediarios (reduciendo en más de un 75% el costo de las remesas tradicionales); un joven puede invertir fracciones de su ingreso en un fondo digital. Pero el acceso no garantiza inclusión si no hay comprensión. El tronco puede estar ahí, pero si no sabemos para qué sirven las ramas o cómo cuidarlas, nunca veremos frutos.

Por eso la educación financiera y tecnológica es el factor más importante de todos. No basta con poner productos al alcance de la población: hay que enseñar a usarlos con criterio. La inclusión será solo de forma, no de fondo, si las personas no comprenden los riesgos de endeudarse, la importancia del ahorro, las ventajas de diversificar o el funcionamiento básico de una transacción digital.

Es claro que para lograr la verdadera inclusión financiera y tecnológica es necesario contar una buena educación, que permita tomar decisiones informadas, con una base sólida. El reto está ahí y el gobierno junto con la empresa privada están tomando el testigo, invirtiendo por un lado en educación y por el otro en la creación de productos accesibles al ciudadano común.

Desde mi experiencia profesional y personal, una de las mayores satisfacciones que tengo es ayudar a personas y empresas a descubrir oportunidades que antes no existían para ellos. He visto cómo alguien aprovecha una solución fintech para hacer crecer su negocio, cómo una familia logra ahorrar por primera vez gracias a herramientas digitales, o cómo un emprendedor encuentra capital sin pasar por la burocracia bancaria. Cada historia me recuerda que sí estamos avanzando y que la tecnología, bien usada, puede ser un motor de desarrollo.

Pero también sé que el avance no debe hacernos perder de vista el objetivo: El Salvador no necesita parecerse a Singapur o Estonia. No tenemos que imitarlos. Debemos aspirar a ser nuestra mejor versión. Esa es la verdadera inclusión: un sistema financiero que funcione para nuestra gente, que respete nuestras realidades y que nos permita crecer con identidad propia.

*Héctor Torres, CEO TR Capital. Especialista en activos digitales y fondos de inversión

El 28 de octubre de 1991 hizo plenaria por primera vez el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) en Guatemala, donde tiene su sede. Fue creado como parte del impulso promovido desde 1983 por el Grupo Contadora integrado por los cancilleres de Panamá, México, Colombia y Venezuela. Contadora buscaba, en aquel entonces, una solución negociada al conflicto centroamericano.

El Grupo Contadora, con la anuencia de la Unión Europea, buscaba intervenir a través de la autodeterminación de los países del Istmo Centroamericano, la no intervención extranjera en los conflictos, la desmilitarización y la democratización de la región. Fue impulsora de procesos de diálogo entre partes confrontadas.

La creación del Parlamento Centroamericano, sin Costa Rica, pero con la participación de República Dominicana, tuvo como objetivo principal actuar como un órgano de representación política y democrática del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), era como perseguir el sueño de la integración del área con objetivos claros que generaran y sustentaran políticas de estabilidad, unidad y desarrollo para los países que integraban el parlamento.

En las entrañas del PARLACEN, de forma ideal, se discutirían a fondo temas políticos, económicos, culturales, sociales y de seguridad dela región con la finalidad de fortalecer los procesos democráticos, promover la paz y generar mejores condiciones de los habitantes centroamericanos de manera sostenible.

Nadie habló nunca de fortaleza u obligación vinculante de los países miembros. Las discusiones de los diputados del PARLACEN son desconocidas, triviales o de poco o nulo efecto sobre las políticas nacionales de los países que lo integran. A veces sus acuerdos o resoluciones no llegan tan siquiera a recomendaciones. Da la sensación que aran sobre el mar.

Desde un principio el PARLACEN no aportó mucho o casi nada a sus países miembros. En El Salvador se tomó por costumbre que los partidos políticos decidieran candidatear a los cargos de diputados al Parlamento a políticos de no muy buena notoriedad, popularmente hasta fue conocido como el “cementerio de los políticos”, para colmo se convirtió en una especie de protector de corruptos y morada de expresidentes y ex vicepresidentes que apenas dejaban el cargo en sus respectivos países se refugiaban en dicha entidad.

Un diputado del PARLACEN recibe al mes aproximadamente $7,500, más fuero y otros beneficios de primer nivel, por hacer nada de beneficio notorio. En la actualidad, verbigracia, ni siquiera ha habido un pronunciamiento colegiado de interés centroamericano contra la política de deportación que ejecuta la administración de Donald Trump.

Pese a la existencia del PARLACEN, considerado por muchos como un “elefante blanco” que devora millones de dólares en burocracia pura, siguen las “trabas” administrativas en las fronteras, no hay unificación de esfuerzos regionales, ni criterios que se encaminen al unionismo de los pueblos. En términos coloquiales este PARLACEN tiene más observadores que una final del mundial de fútbol y hasta Rusia está en la lista.

Desconozco si en el resto de países el PARLACEN les ha generado beneficios a sus poblaciones, pero en El Salvador no se palpan o pasan desapercibidos.  El país aporta alrededor de 2 millones de dólares anuales a dicho ente, más los gastos en que se incurren para la elección interna de cada país. Es una millonada de dinero que se despilfarra en un ente que no nos genera beneficios.

Costa Rica no es miembro del PARLACEN y es el país con más desarrollo en Centroamérica, lo que refleja que las buenas intenciones que en un principio se tuvo con la creación de este ente, fue letra muerta o frases que nadie quiso entender, mucho menos aplicar de manera correcta. Podemos decir que el PARLACEN fue una buena intención que nunca dio resultados, al menos para El Salvador.

La semana pasada el Asamblea Legislativa, de manera expedita, reformó la Constitución para excluir a El Salvador del PARLACEN al considerar que no le acarrea ningún tipo de beneficios reales a la población salvadoreña. Para aprobar la exclusión, con dispensa de trámite, los diputados oficialistas reformaron los artículos 80 y 133 de la Constitución. El primero se refería a que los diputados del PARLACEN son electos popularmente y el segundo a que tienen iniciativa de ley. Asimismo, los diputados también justificaron la exclusión en el hecho que dicho ente da inmunidad a políticos vinculados a casos de corrupción. Esto último es muy cierto y muchos han encontrado en el Parlamento Centroamericano su modo de vida y su resguardo legal. Algunos o la mayoría de diputados salvadoreños que nos representan en el PARLACEN ni siquiera son conocidos porque literalmente fueron candidateados en calidad de “rellenos” y me imagino que en el resto de países centroamericanos y República Dominicana ocurre algo similar.

Personalmente creo que la mayoría de salvadoreños consideramos al PARLACEN como un ente improductivo, protector de políticos sin probidad notable y con objetivos distorsionados que obedecen a partidos políticos y no a intereses unionistas. Sin embargo, pienso que faltó debate y fundamentación. Se debió legitimar de mejor forma la decisión, el tema debió exponerse en la palestra de la discusión nacional y el resultado muy probablemente hubiese sido el mismo; es  decir, el desconocimiento de los diputados del PARLACEN y del organismo en sí.

*Jaime Ulises Marinero es periodista

Un día como hoy, hace ochenta años, la humanidad fue testigo de uno de los acontecimientos más estremecedores de la historia moderna. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana hora de Hiroshima, el bombardero estadounidense B-29 Enola Gay lanzó sobre la ciudad japonesa una bomba de uranio conocida como Little Boy. En cuestión de segundos, el artefacto arrasó todo en un radio de tres kilómetros, provocando la muerte instantánea de unas 145,000 personas y dejando otras 50,000 víctimas fatales en los días siguientes, producto de la exposición a la radiación. Tres días más tarde, Fat Man, una bomba de plutonio, destruyó Nagasaki y cobró otras 70,000 vidas. En medio del horror, Japón firmó su rendición, marcando el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la era nuclear.

Detrás de este hito militar se encuentra uno de los esfuerzos científicos más colosales de la historia: el Proyecto Manhattan. Una constelación de científicos de renombre internacional participó directa o indirectamente en su desarrollo. Las bases teóricas, sentadas por Albert Einstein con su teoría de la relatividad especial, fueron solo el comienzo. A lo largo de las décadas previas, la física nuclear había avanzado rápidamente: Ernest Rutherford propuso el modelo nuclear del átomo; James Chadwick descubrió el neutrón; Enrico Fermi exploró la capacidad de los neutrones térmicos para inducir reacciones nucleares; y el trío compuesto por Lise Meitner, Otto Hahn y Fritz Strassmann logró la primera fisión del átomo de uranio.

En Estados Unidos, científicos como Harold Urey, Ernest Lawrence, Edward Teller, Niels Bohr y John von Neumann se unieron al proyecto. Al frente del esfuerzo estuvo el general Leslie R. Groves, quien designó como director científico al brillante y carismático J. Robert Oppenheimer, figura clave en el desarrollo de la bomba.

Desde el punto de vista científico, la bomba atómica puede considerarse un prodigio del ingenio humano: un salto cualitativo en la comprensión y manipulación de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Sin embargo, desde una perspectiva ética, es difícil no considerarla una monstruosidad: un instrumento de destrucción masiva que convirtió el conocimiento en tragedia y muerte.

Este contraste plantea preguntas que siguen siendo profundamente actuales: ¿puede el avance de la ciencia representar un retroceso en términos de humanidad? ¿Debe la ciencia imponerse límites éticos? ¿Puede el propio método científico valorar moralmente los fines a los que se orienta?

Estas no son cuestiones meramente históricas. En pleno siglo XXI, el desarrollo tecnológico militar continúa por caminos igualmente inquietantes. Drones autónomos, enjambres robotizados, misiles hipersónicos imposibles de interceptar, vehículos no tripulados con capacidad ofensiva, e incluso sistemas de defensa aérea como el Iron Beam en israelí, basado en láseres de alta potencia, evidencian una tendencia hacia la automatización, la velocidad extrema y la precisión quirúrgica en el arte de la guerra. El problema no es únicamente técnico: es, sobre todo, ético.

Y este dilema no se limita al ámbito bélico. También lo encontramos en áreas como la inteligencia artificial, la edición genética y biotecnológica, la medicina personalizada, la eutanasia eugenésica, el cambio climático y las propuestas de geoingeniería. A esto se suman las fake news y la manipulación mediante tecnologías como los deepfakes, capaces de suplantar la voz, la imagen o los gestos de una persona para hacerla decir lo que nunca dijo.

Cada nuevo avance reaviva el dilema del poder sin control, de la ciencia sin conciencia. Nos enfrentamos a desafíos que ya no pueden abordarse únicamente desde la ingeniería o la física, sino que exigen una reflexión profunda sobre el sentido del conocimiento mismo. Aquí es donde la filosofía, y más concretamente la metafísica y la ética, adquieren un papel imprescindible.

Debemos preguntarnos por el modo en que establecemos contacto con la realidad, por los fundamentos últimos de nuestros métodos, y por los principios éticos que deben guiar nuestras decisiones. Es en estos momentos de crisis —cuando se tambalean teorías aceptadas, cuando emergen nuevas disciplinas o cuando el poder del conocimiento amenaza con volverse contra nosotros— que se hace imprescindible un pensamiento que vaya más allá de los datos y las fórmulas.

Ochenta años después de Hiroshima y Nagasaki, seguimos enfrentando el mismo interrogante fundamental: ¿qué clase de humanidad queremos construir con la ciencia que desarrollamos?

* El padre Fernando Armas Faris es sacerdote católico

Kenneth Waltz explica claramente cómo se construye una rivalidad duradera: “La tensión constante y la oposición mutua, en una plétora de pequeños conflictos en la periferia, previenen conflictos mayores al dejar clara la intención de resistir la agresión”.

Israel e Irán han ido desarrollando esta dinámica, el primero partiendo de una base incisivamente defensiva y el segundo intentando rodear a través de subsidiarios. No obstante,  el desgaste sufrido por los grupos árabes patrocinados por Irán y el abandono ruso a sí mismo en esta región han permitido traspasar una línea anteriormente infranqueable: los ataques directos, al menos si de misiles se habla. 

Más difícil de imaginar era que Estados Unidos hiciera lo mismo: sus bombarderos y submarinos causaron severos daños al potencial nuclear iraní. Así entonces, Washington subraya lo que venía haciendo Israel, cuyos ataques además habían matado a cargos altos de la Guardia Revolucionaria Islámica y a destacados científicos nucleares.

La guerra de los Doce Días entre Irán e Israel, como parte de un conflicto bastante más dilatado y con la participación de Estados Unidos, se ha desarrollado a través de medios quirúrgicos y simbólicos; las armas hablaron y en la mayoría de los casos avisaron previamente para advertir.

El mensaje parece ser que Irán tendrá que elegir por fin entre petróleo y uranio, como si fuera entre ayatolá y sah de Persia. A fin de cuentas, la isla de Kharg sigue intacta y el estrecho de Ormuz se mantiene fluido.

Teherán sale tocado en cuanto a lo militar y a su orgullo exterior, pero al mismo tiempo con algo de aire en lo político. La amenaza de sus dos grandes enemigos se hace física: la invitación a que calme su ímpetu, ante una competición difícil de ganar, podría cohesionar a la población persa de cara a un antagonismo más real.  

Nasser, mucho más humillado que Alí Jamenei, luego de la derrota en la guerra de los Seis Días con Israel, permaneció en el poder de un Egipto menos influyente. Aunque aquel fue otro junio, en esa contienda Israel creció y en esta intenta avanzar hacia una presencia más amplia y segura en una región muy distinta, en donde al debilitamiento persa se suman los Acuerdos de Abraham y la idea del Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa.

Sin embargo, el Estado judío, aún enredado en el deterioro de su reputación en Gaza y en la inexorable culpabilidad exclusiva que tantos le otorgan, debe recordar que, a pesar del aparente cambio en el ambiente y su innegable superioridad militar o tecnológica, no es inmune a la paradoja del almirante (por las peculiaridades que hicieron a Cristóbal Colón líder en el mar y lo perjudicaron como político en tierra firme): las mismas características y capacidades que le permiten distinguirse, podrían impedirle ejercer un liderazgo regional.   

• Augusto Manzanal Ciancaglini es politólogo

En El Salvador, durante los primeros días del mes de agosto, las calles se llenan de luces, desfiles, ferias y procesiones que conmemoran una de las solemnidades religiosas más reconocidas en el calendario nacional: la fiesta en honor al Divino Salvador del Mundo. Esta celebración, cargada de simbolismo y tradición, rememora el momento de la Transfiguración del Señor Jesucristo en el Monte Tabor, evento registrado por los evangelios sinópticos (Mateo 17:1-9; Marcos 9:2-8; Lucas 9:28-36), en el cual el Hijo de Dios manifestó su gloria eterna a tres de sus discípulos. 

En ese monte, por unos breves momentos, la carne fue transformada por la gloria, y los ojos de los Apóstoles que se encontraban ahí contemplaron a Jesús que vendrá en majestad. Sin embargo, en medio del bullicio festivo, de los actos litúrgicos y de las manifestaciones culturales, se corre el riesgo de perder de vista el mensaje central de salvación: y que solo aquellos que estén preparados —no en religión, sino en comunión viva— serán partícipes de ese glorioso acontecimiento. Esta esperanza bienaventurada se conoce como el “arrebatamiento de la Iglesia” y su inminencia es más urgente que nunca.

La Transfiguración fue un anticipo celestial, una revelación momentánea de la majestad del Señor Jesucristo. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Fue una manifestación gloriosa de su deidad y una confirmación de su identidad como el Hijo amado del Padre. En este sentido, la Transfiguración no fue un espectáculo religioso, sino una preparación escatológica para lo que ha de venir: el retorno glorioso del Salvador del Mundo. El apóstol Pedro, testigo ocular de ese momento, lo conectó directamente con el regreso del Señor.

“Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad” (2 Pedro 1:16). Así como el Salvador fue transfigurado ante sus discípulos, así también la Iglesia será transformada en un abrir y cerrar de ojos (1 Corintios 15:52), cuando suene la trompeta final y seamos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire (1 Tesalonicenses 4:16-17). La Transfiguración, entonces, es una sombra anticipada de la que había de ser con el retorno del Señor Jesucristo en gloria. 

El Salvador del Mundo no busca devotos tradicionales, ni fervor efímero en agostos festivos. Él busca una Iglesia santa, vigilante y sin mancha, preparada como una esposa ataviada para su Esposo (Apocalipsis 19:7-8). Es aquí donde debemos confrontar una dolorosa realidad: la vida cristiana a medias no alcanza para el arrebatamiento. En tiempos de celebraciones religiosas, muchos se congregan, marchan, visten túnicas, levantan imágenes y proclaman con los labios que Jesús es el Salvador. Pero la Escritura advierte con severidad: “Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí.” (Mateo 15:8)

Un cristianismo cultural, heredado, ritualista o superficial no transforma el corazón. Y si el corazón no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, esa persona será dejada atrás cuando el Salvador venga por los suyos. La parábola de las diez vírgenes (Mateo 25:1-13) nos recuerda que todas esperaban al Esposo, pero solo las prudentes entraron. Las otras llegaron tarde, no por falta de religión, sino por falta de comunión verdadera. De modo que el arrebatamiento es el acto soberano de Dios para librar a la Iglesia verdadera del juicio venidero (cf. Apocalipsis 3:10; 1 Tesalonicenses 5:9). 

Este evento será repentino, glorioso e irreversible. Y sucederá antes del derramamiento de la ira divina sobre el mundo impío durante la Gran Tribulación. En el contexto salvadoreño, donde se celebra cada 6 de agosto al Salvador del Mundo, deberíamos preguntarnos con honestidad: ¿Estamos preparados para encontrarnos con ese Salvador cara a cara? ¿O solo le damos honor en actos públicos, mientras en lo íntimo vivimos para nosotros mismos?

Muchos celebran la Transfiguración de Jesús, pero rechazan ser transformados por Él. Lo quieren glorioso en la imagen, pero no como Señor en su conciencia y decisiones. 

Lo veneran en procesión, pero lo niegan en sus acciones diarias. Las fiestas pueden ser ocasión para el ocio, pero también pueden ser puertas abiertas a la reflexión espiritual. Hoy más que nunca, El Salvador —la nación toda— necesita volver al Señor Jesucristo— no como íconoreligioso, sino como Redentor personal. El llamado no es a conmemorar un evento pasado, sino a prepararse para un evento futuro: Su venida inminente. “Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.” (Mateo 24:42)

Ser cristiano no es portar una túnica un día al año, sino vivir crucificado con Cristo cada día (Gálatas 2:20). El Salvador del Mundo merece más que una fiesta anual: merece una vida entera rendida a su voluntad, bajo la guía del Espíritu Santo, y esperando su regreso con anhelo. Mientras El Salvador se viste de fiesta y eleva la mirada hacia una imagen del Señor Jesucristo transfigurado, los cielos están a punto de abrirse para una transformación mayor: la del arrebatamiento de la Iglesia fiel. La venida del Señor está cerca, y la pregunta que cada alma debe hacerse no es si participará en la procesión, sino si participará en la gloria.

Hoy, en esta tierra llamada “El Salvador”, no basta con celebrar al Salvador del Mundo. Es necesario obedecerle, amarle, servirle y esperarlo. 

Que este tiempo de festividad se convierta en un clamor de santidad, un altar de arrepentimiento y una vigilia de esperanza. Porque la trompeta está por sonar, y solo los transformados verán su gloria. “Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro.” (1 Juan 3:3)

La señora Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, localidad considerada el corazón de Ciudad México, decidió desalojar las estatuas del tirano Fidel Castro y del asesino en serie Ernesto “Che” Guevara, colocadas en un parque de la localidad, 2017, por decisión de un funcionario mexicano partidario de la dictadura cubana y político importante de la administración de la actual presidenta.

Ambos símbolos de abusos y crueldades infinitas fueron removidos en el año 2018 por falta de autorizaciones gubernamentales, después de haber sido objeto de vandalismo en señal de protestas y de manifestaciones de vecinos en su contra.

En consecuencia, la alcaldesa, con las facultades que le confiere su cargo arguyó que los monumentos habían generado controversias y que la alcaldía consideraba que no estaba justificado que ocuparan el espacio público asignado, además de que se habían producido irregularidades en su emplazamiento, sin aludir los treinta y dos mil dólares de los fondos públicos gastados en la construcción y al hecho de que se le rendía tributo a dos sujetos que representaban valores contrarios a lo que la sociedad mexicana y su gobierno dicen enaltecer, agregando públicamente “Ni el Che ni Fidel pidieron autorización para instalarse en Cuba y tampoco en la Tabacalera”.

Las estatuas colocadas sobre un banco del parque representaban a Fidel Castro y a Guevara, con un libro y una pipa de tabaco, respectivamente, en vez de un fusil de asalto o un artefacto explosivo, las verdaderas afinidades de esos sujetos que durante toda su existencia lo que aportaron a la sociedad fueron desgracias, miserias e incalculable cantidad de damnificados y muertos.

Esta faena ha suscitado numerosos comentarios, pero, sin dudas, los más llamativos han sido las acotaciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien dijo que la alcaldesa Rojo de la Vega había actuado ilegalmente al desalojar los monumentos a la vez que acuso a la funcionaria de “una intolerancia tremenda”.

Por otra parte, la señora presidenta, siguiendo las pautas del castrismo de intentar descalificar a sus adversarios y enemigos, expone que la alcaldesa fue a Cuba de vacaciones lo que evidenciaba, en su opinión, que no estaba en contra del régimen, ignorando que no todos los que visitan la isla lo hacen por amor a la dictadura, muchos, van a informarse o asistir a la digna oposición que ella y sus aliados como Luis Inacio Lula da Silva han escogido ignorar por motivos ideológicos.

En honor a la verdad no soy partidario de la destrucción de estatuas y monumentos. Cada día que transcurre me convenzo de que existen valores indelebles representados en ocasiones por imágenes y monolitos dedicados a insignes personalidades o acontecimientos de la historia, aunque las perspectivas que tiene cada quien sobre los mismos sucesos y personas pueden ser radicalmente opuestas, lo que debe motivar una apropiada reflexión de parte de los involucrados.

Por ejemplo, rechazo que las estatuas dedicadas a Cristóbal Colón y demás descubridores y conquistadores de nuestra América sean retiradas de los lugares públicos en que se encuentran. No creo en los argumentos demonizadores de quienes promueven su remoción. Cierto que los personajes que representan muchas de esas estatuas cometieron innumerables abusos y crímenes, pero también fueron quienes hicieron posible el choque de dos mundos y el enriquecimiento de ambos, siendo el resultado de su gestión de vida altamente positivos.

Eso no se puede argüir en lo que atañe a Castro y Guevara, tampoco a los jenízaros que los acompañaron en la destrucción de Cuba y en su frustrado intento de desestabilizar a todo un continente para imponer el poder totalitario.

Considero que los monumentos y estatuas representan episodios trascendentes de la historia y su construcción o remoción deben ser objetos de detalladas investigaciones cuyo resultado no debe estar influenciado por simpatías sino por la contribución que los encartados y sucesos haya hecho a la humanidad.

Por mi parte, conociendo la gestión de estos criminales me parece bien la destrucción de monumentos similares en cualquier parte del mundo que representen a sujetos como estos, en particular, el dedicado al “Che” en la ciudad de Santa Clara, porque lo que dijera la alcaldesa Rojo de la Vega el pasado lunes 21 de julio, es una verdad irrebatible: “Fidel Castro y El Che fueron asesinos. El asesino no es menos asesino si es de izquierda”.

* Pedro Corzo es periodista cubano

Pedro Corzo
Periodista

Sí amorcito, te lo prometo, le dijo Julio a su hija Carmina de 7 años. Cumplía años ese día, y su madre le partiría un pastel después de cena. Estaba oscureciendo cuando Julio arrancó su motocicleta, una Yamaha XTZ250. Miró su reloj, eran las 6:15pm. Tenia exactamente 45 minutos para llegar a su casa y cumplir su promesa. Un grupo de nubes amenazantes se cernían sobre el horizonte, ojalá y no llueva, pensó. Pero pasados 15 minutos, comenzó el diluvio, típico de los meses de julio en nuestro país. Las nubes ocultaron el sol, y la lluvia abundante le dificultaba la visibilidad. Julio conducía, más rápido de los usual, su motocicleta por la 25 Avenida, una de las vías más transitadas de la ciudad. La lluvia hacía que el asfalto estuviera resbaladizo y la visibilidad disminuida, pero Julio iba atento y con precaución. Sin embargo, a su lado, un conductor de automóvil, apresurado y distraído por su teléfono móvil, invadió el carril de Julio sin darse cuenta. El impacto fue súbito. La moto de Julio derrapó sobre el pavimento mojado, lanzándolo violentamente contra el bordillo de la acera. A pesar de que llevaba casco y equipo de protección, la fuerza del golpe le provocó heridas graves en la cabeza y el torso. Los testigos llamaron rápidamente a emergencias, pero Julio perdió la conciencia antes de que llegaran. Julio falleció en el hospital debido a un trauma craneoencefálico severo y hemorragias internas. Era un sábado, y su hija Carmina lo esperaría toda su vida.

El Salvador se encuentra entre los países con mayor mortalidad vial de Centroamérica, con una tasa de 22 muertes por cada 100,000 habitantes, aproximadamente un 30 % por encima del promedio regional. Junto con Honduras, lidera esta trágica estadística en la región. Según datos del Ministerio de Salud (MINSAL), los accidentes de tránsito ocupan el sexto lugar entre las principales causas de fallecimiento en el país, una cifra alarmante que ha permanecido elevada durante la última década, con más de 1,000 muertes anuales de forma constante. Se trata de una tragedia sostenida, no solo por su magnitud, sino porque afecta principalmente a la población adulta en edad económicamente activa. El perfil más común de las víctimas fatales es el de un hombre joven o de mediana edad (71 %), en su mayoría motociclistas (39 %) y peatones (41 %). En conjunto, estos grupos vulnerables representan más del 80 % de las muertes por accidentes. En términos generales, el 68 % de los fallecidos son hombres, mientras que las mujeres constituyen el 22.8 %.

Entre las principales causas identificadas en 2025 por el Viceministerio de Transporte (VMT) se destacan: Distracción al conducir (224 muertes), Exceso de velocidad (135 muertes),Invasión de carril (86 muertes). San Salvador continúa siendo el epicentro de la siniestralidad vial, aunque en 2025 ha mostrado una ligera reducción en el número de fallecidos. A nivel departamental, se observan diferencias significativas: mientras en San Salvador y La Libertad las cifras bajan, en Chalatenango los accidentes y muertes han aumentado. De acuerdo con reportes de la Policía Nacional Civil y medios locales, la mayoría de los siniestros fatales ocurren entre las 21:00 y la madrugada. Estudios internacionales respaldan que los horarios más críticos suelen ser entre las 18:00 y las 21:00 horas, particularmente al atardecer y en las primeras horas de la noche. En cuanto a los días de la semana, el domingo (19 %) y el sábado (16 %) concentran la mayor parte de las muertes, mientras que el viernes presenta la menor frecuencia (12 %).

El Salvador lleva una década siendo golpeado por el flagelo de los accidentes de tránsito, y en todo ese tiempo, ningún gobierno —por incapacidad o indiferencia— ha logrado proteger efectivamente a la ciudadanía. El actual gobierno, que ya suma seis años en el poder, concentró sus primeros esfuerzos en combatir otro grave problema: el de los grupos terroristas o pandillas. Sin embargo, a estas alturas, resulta inaceptable que no exista una justificación clara sobre por qué los accidentes viales continúan siendo una de las principales causas de muerte en el país. Se trata, sin duda, de un problema grave de salud pública. No obstante, el gobierno ha delegado el liderazgo en materia de tránsito y seguridad vial al Viceministerio de Transporte (VMT), dejando en un papel secundario al Ministerio de Salud (MINSAL), cuya intervención debería ser clave dada la magnitud del impacto sanitario y humano que estos siniestros provocan. Aunque podría ser que nuestro ministro de salud prefiera seguir jugando con sus robots.

Frente al establecimiento de un impuesto del 10 % a las exportaciones salvadoreñas y al abrupto debilitamiento del mecanismo migraciones/remesas —consecuencia directa de las políticas proteccionistas y antiinmigratorias adoptadas por la administración del presidente Trump—, se vuelve urgente no solo la formulación de una nueva política industrial, sino también el diseño de una política agrícola renovada, capaz de dinamizar de manera sostenida el sector agropecuario y devolverle su papel clave en la economía nacional.

Apostar por el turismo y por la construcción de un paraíso cripto-fiscal puede contribuir a diversificar la economía y atraer inversiones, pero estas apuestas, por sí solas, son claramente insuficientes para generar la cantidad de empleos decentes que el país necesita. Ninguna economía pequeña y abierta, como la salvadoreña, puede crecer de manera robusta y sostenida sin una base productiva sólida, capaz de generar niveles altos de valor agregado, aumentar las exportaciones, reducir los niveles de dependencia y absorber mano de obra de forma masiva. Para ello, tanto la agricultura como la industria son sectores esenciales y complementarios. Ignorarlos o seguir marginándolos equivale a renunciar a cualquier posibilidad real de desarrollo inclusivo y sostenible.

Durante la vigencia del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (MISI) —el periodo de mayor crecimiento económico en la historia del país, con una tasa promedio anual del 5.5 %—, la política agrícola fue impulsada con retraso, y ese rezago tuvo consecuencias graves: el abandono del campo, el estancamiento rural y la creciente exclusión social se convirtieron en caldo de cultivo para el conflicto armado que estallaría más adelante. Repetir ese error en el contexto actual, marcado por el debilitamiento de los flujos migratorios, la disminución del FODES y la creciente vulnerabilidad alimentaria, sería no solo imprudente, sino francamente irresponsable.

Aun así, la experiencia del MISI ofrece lecciones valiosas. Durante ese periodo, el gasto público agropecuario se incrementó notablemente, llegando a representar cerca del 15 % del presupuesto nacional en 1974. El Ministerio de Agricultura y Ganadería fue reestructurado, y se crearon o fortalecieron instituciones claves como el Instituto Regulador de Abastecimientos (1953), la Escuela Nacional de Agricultura (1956), el Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café (1955), el Departamento Nacional del Café (DNC), la Dirección General de Investigaciones Agronómicas (DGIA), transformada en 1975 en el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), y el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) en 1973. Estas entidades promovieron la investigación científica, la transferencia tecnológica, el desarrollo de semillas mejoradas, la formación de técnicos y productores, y el acceso a crédito en condiciones favorables, lo que permitió ampliar la superficie cultivada y mejorar significativamente los rendimientos en rubros clave como el café, el algodón, la caña de azúcar y los granos básicos.

Como resultado, entre 1960 y 1980, El Salvador logró avances notables en materia de seguridad alimentaria. Los coeficientes de dependencia alimentaria —es decir, la proporción del consumo nacional cubierta con importaciones— se redujeron de forma sustantiva: en maíz, del 16.1 % al 3.7 %; en frijol, del 51.6 % al 3.4 %; en arroz, del 16.4 % al 8.9 %; en carne de res, del 3.8 % al 0 %; en huevos, del 0.6 % al 0.1 %; y en carne de aves, del 1.9 % al 0.2 %. El único rubro donde la dependencia aumentó fue el de los productos lácteos, cuyo coeficiente pasó de 21.3 % a 30.5 %. Estos logros no fueron casuales, sino fruto de políticas públicas coherentes, inversiones sostenidas y una institucionalidad que acompañó activamente a los productores.

Sin embargo, con el inicio de la guerra civil y, posteriormente, durante más de tres décadas de gobiernos orientados por principios neoliberales, la modernización y diversificación del agro dejaron de ser prioridad. El gasto público agropecuario cayó primero al 7 % durante el conflicto y luego se desplomó a apenas el 1 % en los últimos 25 años. A ello se sumó el desmantelamiento de las políticas de fomento productivo: se abandonaron los programas de investigación y extensión, se eliminó la prioridad de garantizar precios atractivos para los productores y justos para los consumidores, y se cancelaron las líneas de crédito a tasas preferenciales. En su lugar, se impulsaron programas como el “Paquete Agrícola” —centrado en la entrega de insumos mínimos— y más recientemente, la creación de “agromercados”, orientados más a aliviar la pobreza urbana que a reactivar la producción agropecuaria. El resultado ha sido el desvanecimiento de los avances en seguridad alimentaria y el registro de niveles de dependencia alimentaria sin precedentes.

La reconstrucción del aparato productivo nacional exige, sin ambigüedades, una nueva política agrícola. Esta debe ser ambiciosa en su alcance, moderna en sus instrumentos, inclusiva en su enfoque territorial y sostenida en el tiempo. Requiere de una institucionalidad fuerte, de una nueva generación de técnicos y extensionistas, de políticas crediticias específicas y de un marco regulatorio que proteja al productor y al consumidor. Más aún, debe estar alineada con una visión de país que reconozca que no hay desarrollo posible sin un agro dinámico, productivo y digno. En un contexto en el que las fuentes tradicionales de ingresos externos pierden fuerza, en el que el mundo experimenta crisis alimentarias cada vez más frecuentes y en el que la desigualdad territorial se profundiza, renunciar a una política agrícola transformadora sería condenar a amplias regiones del país a una marginalidad perpetua. El momento de actuar es ahora. Y el agro debe volver a ocupar el lugar que le corresponde en la agenda nacional.

*William Pleites es director de FLACSO El Salvador

El discurso del señor Fiscal General de la República licenciado Rodolfo Delgado Montes en el marco del LI Pleno de GAFILAT, celebrado en San Salvador la semana anterior, ha marcado un hito que va más allá de la simple retórica diplomática o técnica fiscal. Desde la perspectiva de la criminología, este evento no es un foro más de tecnócratas financieros, sino una declaración de guerra estratégica contra las arterias del crimen organizado. Su mensaje resuena con una verdad fundamental que la ciencia criminal ha validado: la desarticulación de las estructuras criminales no se logra solo con capturas, sino con la asfixia financiera de sus redes de poder.

Tradicionalmente, la criminología se ha centrado en el estudio del delincuente y el delito, a menudo desde una perspectiva de «delito de calle». Sin embargo, la evolución del crimen hacia organizaciones transnacionales sofisticadas nos obliga a ampliar el enfoque. La criminología corporativa y financiera nos enseña que el verdadero poder de una estructura criminal reside en su capacidad para generar, mover y legitimar capital ilícito. El dinero no es solo el fin; es el medio para corromper instituciones, armar a sus miembros, expandir sus operaciones y, en última instancia, socavar el Estado de derecho.

El discurso del señor Fiscal General muy categórico y potente, pone de manifiesto que El Salvador ha comprendido esta lección. Las estrategias de las que habló, centradas en la persecución de los activos ilícitos, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, son la esencia de una política criminal moderna. Esto demuestra un salto cualitativo desde el combate frontal a las pandillas en las calles, hacia la batalla invisible contra sus financistas, testaferros y cómplices de cuello blanco.

Implicaciones Criminológicas de la estrategia fiscal

1. Enfoque en la Criminología del poder: La estrategia expuesta por el señor fiscal Delgado Montes no persigue al eslabón más débil, sino que apunta a los cerebros detrás de las operaciones. Esto es un cambio fundamental, ya que ataca la capacidad de liderazgo y de resiliencia de las organizaciones criminales. Al golpear el poder económico de estas estructuras, se envía un mensaje claro: la impunidad no está garantizada ni siquiera para quienes operan desde la sombra.

2. Uso de la inteligencia financiera como herramienta criminológica: La capacidad de seguir el rastro del dinero —a través del análisis de transacciones, criptomonedas y complejas estructuras de inversión— es la nueva ciencia forense del crimen organizado. El trabajo de la Fiscalía en esta área se convierte en una criminología de la evidencia digital y financiera, que permite mapear la red completa de una organización, desde sus líderes hasta sus colaboradores externos.

3. Prevención general y especial: Al despojar a los criminales de sus ganancias y bienes, se envía un poderoso mensaje de prevención general a la sociedad: el delito no paga. Esto desincentiva a quienes podrían verse tentados a colaborar o a emular estas conductas. A su vez, para los criminales ya activos, la pérdida de sus activos es una forma de prevención especial que debilita su capacidad para seguir operando.

4. Fortalecimiento del control social formal: El éxito en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es un indicador clave del fortalecimiento de las instituciones de un país. Refuerza la confianza de la ciudadanía en que el sistema de justicia es capaz de enfrentar a los criminales más poderosos, restaurando la credibilidad en el control social formal y el Estado de derecho.

El mensaje del señor Fiscal General Rodolfo delgado Montes en este cónclave del GAFILAT en la ciudad capital de San Salvador, por lo tanto, no es solo un compromiso técnico. Es un reconocimiento de que, para ganar la guerra contra el crimen, debemos librarla en los foros internacionales y en las esferas económicas, siguiendo el rastro del dinero. Este enfoque proactivo y sofisticado es la única vía para garantizar que la paz alcanzada en nuestras comunidades sea duradera y que el poder del Estado prevalezca sobre el poder de las estructuras criminales. Y para ello el señor fiscal cuenta con un equipo de fiscales especializados bien capacitados, adiestrados y con tecnología de punta, y se confirma el compromiso del licenciado Delgado Montes en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, otras amenazas, pero además el compromiso de la FGR con los valores de: integridad, cooperación, fortalecimiento del talento humano, combate a la impunidad yla justicia. 

* Ricardo Sosa, Doctor y máster en Criminología 

@jricardososa