Categoría: Opinión

El 5 de abril ha sido la fecha escogida por los prisioneros y exprisioneros políticos cubanos para conmemorar el Dia del Preso, una jornada muy especial que conduce al más ilustre y digno de todos nuestros compatriotas, el apóstol Jose Martí.

Ese día de 1870, un joven que apenas había cumplido 17 años, fue transportado a las canteras de San Lázaro, próximas a la barriada del Vedado, para sacar piedras de un inhumano farallón.

Pelado al rape, con el número 113 y un grillete atado a un tobillo inició una vida que jamás le amilanó, al extremo, que en la foto que envió a su madre perpetuando el momento, escribió: «Mírame madre, y por tu amor no llores: Sí esclavo de mi edad y mis doctrinas, Tú mártir corazón llené de espinas, Piensa que nacen entre espinas flores».

El presidio político cubano contra el totalitarismo, siguiendo las huellas indelebles del apóstol, asumió el 5 de abril, fecha de su encarcelamiento, para evocar su sacrificio y testimoniar que su heroica gesta es repetida en la Isla por hombres y mujeres que creen fielmente en su apostolado.

Este pasado domingo el Presidio Político Histórico Cubano, bajo la presidencia de Ángel Pardo Mazorra y el liderazgo de Luis González Infante, Enrique Ruano y Jose Luis Fernández convocaron como todos los años a la comunidad a rememorar la fecha para rendir tributo a la memoria del maestro y al más del millar de compatriotas que, aunque tras las rejas, no cesan en su resistencia a la tiranía.

La continuidad del Presidio ha sido tan intensa que debemos recordar que cuando el exprisionero político Oscar Elías Biscet nació, nuestro héroe Roberto Martin Pérez estaba preso, cuando nació el también exprisionero político Jose Daniel Ferrer el mártir, 44 años preso en dos etapa, Armando Sosa Fontuni estaba cumpliendo su primera condena, cuando nació el también mártir Orlando Zapata Tamayo estaban cerrando el presidio de Isla de Pinos y cuando vino al mundo la heroica Sayli Navarro, todavía restaban prisioneros de los históricos Plantados.

El presidio político cubano es el más longevo y diverso de América, además el más numeroso, en particular el de las mujeres, las féminas cubanas sumas miles de años tras las rejas, algunas cumplieron más de 15 años de cárcel como la heroína Cary Roque y más de un centenar de hombres superaron las 25 navidades encarcelados, con al menos tres que batieron todas las marcas, Ignacio Cuesta Valle, 29 años y Mario Chanes de Armas y Miguel Diaz Bouza con más de 30 años de prisión.

En Cuba antes del establecimiento del totalitarismo no llegaban a una docena las prisiones, décadas después habían más de 300 las cárceles y campos de trabajo forzado que podían rivalizar por la crueldad de los esbirros que allí vigilaban, con sus iguales de la Alemania nazi, de la Unión Soviética, China o Corea comunista.

Por las cárceles castristas, en estos 66 años, han pasado más de medio millón de hombres y mujeres a los que les ha sobrado voluntad para pagar el alto precio de ser libres y ciudadanos de pleno derecho.

El acto estuvo cargado de emociones como era de esperar. La exprisionera Angelica Garrido, 36 meses en la cárcel por participar en las protestas cívicas del 11 de julio, los hermanos Fidel y Raúl Castro solo estuvieron 22 meses después de causar decenas de muertos por el ataque al Cuartel Moncada. Angelica, a pesar de tener a su hermana, María Cristina, en prisión, reclamo confrontar la dictadura como fuera preciso, repitiendo el clamor mambí, «Corneta, toca al degüello».

El Presidio Político Cubano, aunque es consecuencia de la lucha contra la tiranía tiene vida propia. En las cárceles se resiste al igual que lo hacen miles en las calles, lo mejor de todo, cuando estos hombres y mujeres son excarcelados no salen quebrados, se sienten mas comprometidos, mas respetuosos de sus obligaciones razón por la cual siguen actuando contra el régimen y mostrando su orgullo por haber estado en las ergástulas castrista, hoy vigiladas por Miguel Diaz Canel.

Todos reflejan el compromiso contraído con la libertad y los derechos humanos. La cárcel los preparó para ser mejores ciudadanos, para sentir y mostrar con orgullo su condición de expresos políticos cubanos.

¿Quién asegura de que cada dólar que pagamos en impuestos sea bien utilizado? En El Salvador, esta pregunta se ha vuelto pertinente en los últimos años. La transparencia fiscal –es decir, la claridad con que el gobierno muestra cómo recauda y gasta el dinero público– ha atravesado importantes retrocesos.

Información que antes era pública pasó a manejarse con opacidad, debilitando la confianza ciudadana.

En este contexto, en los inicios de 2025, el Gobierno salvadoreño ha logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un programa de financiamiento de 40 meses por aproximadamente $1,400 millones, bajo la modalidad de Servicio Ampliado del Fondo (SAF). Más allá del alivio financiero, este acuerdo trae consigo una serie de compromisos que persiguen mejorar la gobernanza, la transparencia y la lucha contra la corrupción en la gestión pública. En otras palabras, en el marco de este acuerdo, el país se ha comprometido a reconstruir la transparencia fiscal y la institucionalidad presupuestaria que se había erosionado.

A continuación, explicaremos algunos de los problemas de transparencia que enfrenta El Salvador y cuáles son las medidas que el gobierno, junto al FMI, ha pactado para corregir el rumbo. Al final, veremos por qué estos compromisos podrían marcar una diferencia en la rendición de cuentas, la confianza de la ciudadanía y la salud financiera del país en el mediano plazo, y por qué por dicha razón es importante que estemos pendientes de cómo avanza dicho acuerdo y de los logros que se vayan alcanzando.

En años recientes, el país experimentó un marcado retroceso en la transparencia fiscal y la institucionalidad de sus finanzas públicas. En 2020 se suspendió la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, una normativa que imponía límites al gasto y la deuda pública para mantener las cuentas fiscales sanas. Al suspenderse esta ley durante la emergencia por COVID-19, el gobierno dejó de estar sujeto a metas fiscales claras. Asimismo, ciertas decisiones financieras durante la pandemia se tomaron de forma poco transparente, incluyendo el manejo de fondos de emergencia. De hecho, las auditorías de los gastos especiales COVID-19 (como el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres) dejaron de estar accesibles al público por un tiempo, lo que generó preocupación sobre en qué se usaron esos recursos.

Otra señal de la pérdida de institucionalidad presupuestaria fue el manejo del Presupuesto General de forma cada vez menos escrutable. El gobierno no publicó completas ciertas piezas clave del presupuesto. Por ejemplo, el proyecto de presupuesto anual no viene acompañado de un Marco Fiscal de Mediano Plazo –es decir, un plan de ingresos, gastos y metas para los próximos años–. A veces el Ministerio de Hacienda tardó en publicar las modificaciones al presupuesto aprobado durante el año, pero esos cambios no siempre se divulgaron de forma accesible. De hecho, como parte del nuevo acuerdo, el gobierno tuvo que publicar todas las modificaciones realizadas a los presupuestos de 2023 y 2024, evidenciando que previamente esa información no estaba al alcance ciudadano.

La falta de transparencia también se reflejó en la debilidad de los organismos de control. La Corte de Cuentas de la República, encargada de auditar el uso de los fondos públicos, en la práctica no cuenta con la suficiente independencia ni herramientas para fiscalizar eficazmente al Ejecutivo. Por otro lado, en materia de corrupción, durante este período se relajaron algunas exigencias: por ejemplo, las declaraciones de patrimonio de los altos funcionarios dejaron de hacerse públicas por decisiones administrativas. Todos estos factores combinados –información fiscal oculta, controles flexibilizados y menor escrutinio– crearon un terreno propicio para el uso discrecional de fondos públicos sin la debida vigilancia.

Frente a esta situación, el acuerdo SAF con el FMI establece múltiples acciones para poner una lupa en las finanzas del Estado y contribuir a fortalecer las instituciones encargadas de vigilarlas.

Como parte del acuerdo, el Ministerio de Hacienda divulgó el Presupuesto General del Estado 2025 aprobado, acompañado de un plan fiscal trianual (un plan de tres años) que incluye proyecciones del costo de las pensiones públicas y de los intereses de la deuda previsional. Por primera vez en varios años, se presenta el presupuesto junto a esta información crucial, cumpliendo una de las condiciones iniciales del programa; para 2026 se espera que el Proyecto de Presupuesto venga acompañado más formalmente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Además, se pusieron a disposición datos que estaban pendientes: los flujos financieros y deudas del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) –la entidad pública que ahora administra los fondos de pensión tras la reciente reforma–.

Por otra parte, el gobierno también se ha comprometido a publicar, antes de marzo de 2025, información valiosa sobre las empresas públicas. Entre otras cosas, entidades como las autónomas y empresas estatales deberán revelar sus estados financieros detallados, incluyendo cualquier actividad cuasifiscal (aquellas operaciones que, sin ser parte del presupuesto, pueden generar gastos o riesgos financieros para el Estado). También deberán divulgar las políticas de propiedad (cómo maneja el gobierno su participación en ellas), sus prácticas de gobierno corporativo, indicadores de desempeño y gestión de riesgos, entre otros datos. En palabras sencillas, las cuentas y operaciones de las empresas estatales estarán más a la vista para observar el uso que dan a los fondos públicos.

Para combatir la opacidad en las contrataciones del gobierno, se iniciará la publicación regular de los beneficiarios finales de todas las empresas que ganen contratos públicos. ¿Qué significa esto? Si una empresa constructora obtiene una licitación para una obra, el gobierno informará en un sitio web quiénes son los verdaderos dueños de la empresa. Con esta medida, cualquier ciudadano debería saber quién está detrás de cada contrato público, cerrando espacios a posibles conflictos de interés o empresas de origen dudoso. Este compromiso debería empezar a implementarse a partir de marzo de 2025.

Otro punto importante es restringir las excepciones que permiten al Estado comprar bienes o servicios sin concurso competitivo. Recientemente una figura legal denominada “proyecto estratégico” fue utilizada para justificar contrataciones directas, es decir, sin licitar, lo que reducía la transparencia y la competencia por esos contratos. Ahora, el gobierno acordó emitir regulaciones que definan con precisión qué puede considerarse “proyecto estratégico” y establecer requisitos de reporte y supervisión cuando se use esa excepción, para evitar abusos. En resumen, se trata de que las compras públicas se hagan preferentemente bajo licitación abierta; y si por alguna razón justificada no se licita, que ese proceso excepcional quede bien documentado y supervisado.

A partir del presupuesto de 2026, el Ministerio de Hacienda incorporará, por así decirlo, una visión de mediano plazo en la planificación fiscal. Cada propuesta de presupuesto anual vendrá acompañada de un Marco Fiscal de Mediano Plazo, que es un plan plurianual donde el gobierno proyecta ingresos, gastos, metas de déficit y deuda para los próximos años; a modo de presentar el presupuesto, pero enmarcado en un plan fiscal más amplio. Este incluirá un listado plurianual de proyectos de inversión (por ejemplo, obras públicas previstas a varios años, incluyendo asociaciones público-privadas) y un análisis de riesgos fiscales (escenarios que podrían afectar las finanzas, como posibles costos no previstos).

También como parte de los compromisos, el gobierno deberá promover y aprobar una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal en 2025. Esta ley establecerá reglas claras para el manejo de las finanzas del Estado. En términos simples, fijará límites al déficit y al crecimiento del gasto público, y requerirá que el gobierno mantenga una trayectoria sostenible de deuda. También incluirá cláusulas de escape –excepciones bien definidas para casos de emergencia, como desastres naturales– y obligaciones de transparencia, como la publicación anual de los gastos tributarios (esto es, cuántos ingresos deja de percibir el fisco por exenciones o incentivos fiscales). Una ley de este tipo funcionará como un marco permanente que obligue a esta y futuras administraciones a ceñirse a la disciplina fiscal, evitando desequilibrios que pongan en riesgo la estabilidad económica.

La entidad encargada de auditar al Estado, la Corte de Cuentas de la República, será objeto de una reforma legal. El objetivo es dotarla de mayor independencia y capacidad técnica para fiscalizar el uso de los fondos públicos sin interferencias políticas. Entre los cambios planificados está garantizar autonomía financiera y un mandato claro en materia anticorrupción. Esto podría implicar que los magistrados de la Corte de Cuentas tengan protección frente a presiones externas y que la institución pueda auditar e investigar irregularidades en todas las entidades estatales, incluso las que antes podían quedar fuera de su alcance. Asimismo, se busca mejorar la coordinación entre la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República (encargada de perseguir delitos), estableciendo protocolos para compartir información y denunciar hallazgos de posible corrupción. Con estas reformas, se espera que la Corte de Cuentas evolucione hacia un órgano de control moderno y efectivo, capaz de detectar y disuadir el mal uso de los recursos públicos.

Ya en 2024, como paso previo al acuerdo, la Asamblea Legislativa aprobó una Ley Anticorrupción. Esta ley exige que los altos funcionarios del Estado presenten y publiquen sus declaraciones patrimoniales y de intereses, de forma periódica. En lenguaje ciudadano, significa que ministros, viceministros, magistrados y otros funcionarios de primer nivel deben transparentar qué bienes poseen y si estos crecen durante su gestión, de manera que la sociedad pueda monitorear posibles enriquecimientos ilícitos. La efectiva implementación y aplicación de la ley será clave para prevenir la corrupción desde la cúpula del gobierno. Adicionalmente, el gobierno se ha comprometido en el acuerdo con el FMI a reforzar las normativas de acceso a la información pública, asegurando que la ciudadanía pueda obtener datos estatales sin trabas, salvo contadas excepciones justificadas. Todo este paquete normativo –desde la Ley Anticorrupción hasta las reglas fiscales– forma parte de la reconstrucción del andamiaje institucional que vela por el uso correcto del dinero público.

Los compromisos asumidos por El Salvador en el marco del acuerdo con el FMI representan un giro importante hacia la transparencia y la rendición de cuentas en las finanzas públicas. Si se cumplen a cabalidad, estas medidas permitirán que tanto las instituciones de control como la ciudadanía puedan vigilar mejor el uso de los impuestos y préstamos. Contar con información fiscal abierta –presupuestos detallados, datos de empresas estatales, beneficiarios de contratos– facilita que los ciudadanos supervisen al gobierno y denuncien eventuales irregularidades con evidencia en mano. A su vez, reforzar entidades como la Corte de Cuentas e introducir reglas fiscales mediante ley dará continuidad y solidez a una nueva institucionalidad fiscal, independientemente del gobierno de turno.

Por otro lado, se espera también que los organismos internacionales e inversionistas observen estos avances. Un país con finanzas ordenadas e información clara genera mayor credibilidad, lo cual puede traducirse en más inversión y apoyo financiero en mejores condiciones. En pocas palabras, la sostenibilidad fiscal a mediano plazo –es decir, la capacidad del país de manejar su deuda y gastos sin caer en crisis– está relacionada con la transparencia.

Así las cosas, reconstruir la institucionalidad de las finanzas públicas requerirá la persistencia y vigilancia continua. Sin embargo, los pasos acordados sientan las bases para que en El Salvador el uso del dinero público vuelva a estar bajo control ciudadano e institucional. Al final del día, responder ¿quién vigila el uso de nuestros impuestos? con acciones concretas significa reafirmar que ese rol lo cumplen instituciones sólidas y la misma ciudadanía informada, en beneficio de toda la nación.

El Salvador ha emprendido una travesía ambiciosa con la reforma educativa «Mi Nueva Escuela», un proyecto que aspira a transformar las bases del aprendizaje y forjar un futuro más prometedor para sus ciudadanos.

Dentro de esta planificación estratégica, la atención prioritaria a la primera infancia emerge como el cimiento fundamental sobre el cual se edificará todo el sistema. Invertir en los primeros años de vida no es solo un imperativo moral, sino una estrategia criminológica inteligente, al sentar las bases para ciudadanos más resilientes y menos vulnerables a la violencia y la delincuencia.

La hoja de ruta de «Mi Nueva Escuela» reconoce la intrínseca conexión entre el desarrollo integral en la primera infancia y la prevención del crimen a largo plazo. Programas sólidos de salud y nutrición durante estos años cruciales garantizan un desarrollo físico y cognitivo óptimo, reduciendo las probabilidades de déficits que puedan derivar en dificultades de aprendizaje y adaptación social, factores de riesgo asociados a conductas antisociales. Una infancia bien nutrida y saludable es una infancia con mayores oportunidades de prosperar lejos de los caminos de la violencia.

La piedra angular de cualquier reforma educativa reside en la calidad de sus docentes. «Mi Nueva Escuela» contempla una formación docente continua y especializada, enfocada en metodologías innovadoras y sensibles a las necesidades de la primera infancia. Maestros capacitados para estimular el desarrollo cognitivo, socioemocional y psicomotriz de los niños, utilizando estrategias lúdicas y participativas, son esenciales para despertar la curiosidad, fomentar la creatividad y construir las bases de un aprendizaje significativo que perdure a lo largo de la vida.

El modelo pedagógico propuesto se aleja de la memorización pasiva para abrazar un enfoque constructivista, donde el niño es el protagonista de su propio aprendizaje. La exploración, el juego y la interacción social se convierten en herramientas pedagógicas poderosas para desarrollar habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y colaboración. Este cambio de paradigma busca formar individuos autónomos, capaces de analizar su entorno y tomar decisiones responsables, alejándolos de la impulsividad y la falta de reflexión que a menudo subyacen a la conducta delictiva.

La transformación curricular basada en competencias es otro elemento estratégico clave. El currículo se articula en torno al desarrollo de habilidades prácticas y transferibles, relevantes para el contexto salvadoreño y las demandas del siglo XXI. En la primera infancia, esto se traduce en estimular habilidades comunicativas, lógico-matemáticas, de convivencia y autonomía, pilares fundamentales para una integración social exitosa y una menor propensión a la marginalidad y la delincuencia.

Finalmente, la planificación estratégica de «Mi Nueva Escuela» reconoce la importancia de un entorno de aprendizaje digno y estimulante. El mejoramiento de la infraestructura escolar, especialmente en los niveles iniciales, es crucial para crear espacios seguros, inclusivos y equipados con los recursos necesarios para el desarrollo integral de los niños. Aulas coloridas, materiales didácticos adecuados y espacios al aire libre seguros fomentan la exploración, la creatividad y el bienestar emocional, elementos esenciales para un crecimiento saludable y una menor exposición a factores de riesgo.

En conclusión, la planificación estratégica de «Mi Nueva Escuela», con su énfasis en la primera infancia, la salud y nutrición, la formación docente de calidad, un modelo pedagógico innovador, un currículo basado en competencias y una infraestructura digna, representa una inversión a largo plazo en la seguridad y el futuro de El Salvador. Sembrar las semillas de un desarrollo integral desde la cuna no solo transformará la educación, sino que también contribuirá a cosechar una sociedad más justa, equitativa y resiliente ante el flagelo de la violencia y mentes brillantes.

Durante esta última semana los índices bursátiles más importantes y reconocidos del mundo (DOW, S & P 500, NASDAQ 100, IBEX 35 y otros) han enloquecido, sufriendo bajas que casi rozan el 20% de su pico a principios de este mes. Economistas y financieros expertos, expresan temor que nos estemos acercando a una recesión económica mundial.

Una combinación de factores económicos, políticos y monetarios han generado incertidumbre y volatilidad. Entre los factores económicos uno de los pilares de esta incertidumbre y volatilidad lo está generando el impacto de los aranceles y guerras comerciales, generadas fundamentalmente por las políticas económicas del gobierno de Donald Trump. Hasta nuestro país ha sido afectado por estos aranceles y eso aun y a pesar de la cooperación del CECOT.

Cuanto poder en una sola persona. Y seguramente seguimos pensando en democracia. Trump seguramente siente una mezcla de satisfacción personal, responsabilidad…y poder. Para alguien con su personalidad, el hecho que sus palabras o decisiones puedan mover los mercados globales, alterar relaciones diplomáticas o cambiar el rumbo de industrias enteras probablemente refuerza su percepción de influencia personal.

Él mismo ha dicho muchas veces que le gusta «ganar» y dominar las negociaciones, así que tener ese tipo de impacto en el escenario mundial debe ser, para él, una confirmación de que está en control. Al mismo tiempo, no siempre parece actuar con la cautela o el respeto que uno esperaría de alguien con ese poder, generando incertidumbre y volatilidad en los mercados.

Para Trump, todo parece pasar por el filtro de qué representa en términos de transacción: poder como capital, influencia como moneda, y cada movimiento como una jugada en una negociación.

Los mercados no son tanto un sistema complejo que afecta millones de vidas, sino más bien un tablero donde medir quién «gana» y quién «pierde». Y si hay turbulencia, probablemente lo vea como parte del juego: ruido temporal mientras él sigue cerrando «el trato».

El problema que conlleva esta visión del mundo, como un negocio, se corre el riesgo de reducir todo, incluso la estabilidad de países o la vida de millones, a una cuestión de ganancia o pérdida personal. Lo peligroso es que en un negocio se puede asumir riesgos calculados, perder el dinero, renegociar. Pero en la política global, las consecuencias son más profundas y menos reversibles: guerras, crisis económicas, polarización social… Y si alguien cree que puede «ganar» siempre, incluso a costa de otros, puede volverse impredecible y hasta temerario. Es como jugar al póker con las fichas de todo un país, o en este caso de todo el mundo.

¿Pero por qué los aranceles o tarifas?

Las tarifas o aranceles (Los aranceles o tarifas aduaneras son impuestos que se aplican a
los bienes que cruzan fronteras internacionales, ya sea al ser importados o exportados. Su propósito principal es regular el comercio internacional, proteger la producción nacional y generar ingresos para el gobierno), son una de las herramientas favoritas de Trump, y las usa como palanca de presión, no solo económica sino también política. Pero lo preocupante es que, aunque él las presenta como una forma de proteger la economía estadounidense, en la práctica terminan generando tensiones globales, subidas de precios, e incertidumbre en los mercados. Además, muchas veces quienes terminan pagando esas tarifas no son los países a los que apunta, sino los consumidores y empresas locales. Es como si dijera: «vamos a castigar a China (o a México, o a Europa)», pero en el proceso se castiga también a los trabajadores, agricultores o fabricantes en USA. Lo que pasa afuera está entrelazado con lo que pasa adentro, y viceversa.

A nivel global, las tarifas que impone Trump pueden desatar guerras comerciales (y entre ayer y hoy, hemos visto el tsunami que se avecina con el enfrentamiento comercial entre las dos economías más poderosas del mundo), que ralentizan el comercio, encarece las materias primas, afectan la confianza de los inversionistas. Países aliados también pueden sentirse traicionados, y si no veamos a Europa, que ya envió a Pedro Sanchez como emisario de la comunidad Europea para buscar alternativas comerciales con China.

En fin, el día de hoy (miércoles) los mercados cerraron con casi 10 puntos porcentuales de ganancia. Un suspiro de alivio para los ahorros de muchos. Veremos que nos trae el mañana. Siempre me han dicho que: la incertidumbre es una posición incómoda, pero la certeza es una posición absurda

Inicio con una interrogante en esta parte final del análisis sobre la educación pública: ¿Hacia dónde va la educación salvadoreña? La matrícula escolar en el 2025 tuvo una baja de un aproximado de 50,000 estudiantes. Eso es un indicativo de preocupación para el Ministerio de Educación y para la sociedad. No se puede hacer caso omiso, eso afecta al desarrollo del país. Entre menos estudiantes matriculados, aumenta la incapacidad de salir del subdesarrollo.

Se están reconstruyendo algunas escuelas, se han arreglado, de eso no hay duda; sin embargo, 64 escuelas han cerrado en lo que va del año. En vez de mejorar la educación, se está dando un paso atrás. Un niño se alegra cuando su escuela se ve bonita. Aunque, una cosa es el cascarón y otra es ver si lo que está adentro funciona eficaz y eficientemente. El gobierno manifestó que arreglaría todas las escuelas públicas. Es un aproximado de 300 millones que se necesitan para lograr tal objetivo.

El MINED ha realizado reformas educativas. Algunas asignaturas cambiaron su nombre y se tendrán nuevos bachilleratos técnicos. Solamente son 15 especialidades las que se ofertan. Se espera que el bachillerato técnico sea siempre una opción; ya que, El Salvador necesita de muchas carreras técnicas y es el bachillerato la punta de lanza para que los bachilleres técnicos se matriculen en carreras técnicas universitarias o ingenierías.

Un punto importante que no se ha mejorado es el salario de los docentes, existe una categorización; sin embargo, hay mucho desempleo docente, no hay incentivos como en otros países. Un aspecto muy importante que no podemos obviar son las pensiones. Los docentes, casi todos, tienen una pensión paupérrima, no les alcanza para tener una vida digna. Eso se debe de reformar. En conclusión, el magisterio se merece mejores salarios y oportunidades.

Cualquier salvadoreño, tenga o no estudios, sabe bien que para que el país avance se necesitan de muchos graduados universitarios. Los que llegan del sector público a las universidades han pasado un calvario al experimentar las falencias en el sistema educativo.

¿Se tiene una mejor infraestructura educativa? Muchas escuelas no están legalizadas, alquilan inmuebles o están en el limbo. Las escuelas públicas deben de estar equipadas. Muchas no tienen ni bibliotecas ni laboratorios para la práctica educativa.

Aproximadamente, el 60% de las escuelas en El Salvador no tienen sus inmuebles legalizados. Esto se traduce en alrededor de 3,042 escuelas de un total de 5,000 escuelas públicas. Ese es otro problema que enfrentan los directores, sus escuelas están en un limbo. Tarde o temprano las cerrarán.

¿Cómo está la brecha digital en El Salvador? Según LA PRENSA GRÁFICA El 64 % de las familias con estudiantes del sector público no tiene Internet en casa. Eso quiere decir que, en las escuelas, hacen milagros para poder conectarse y poder aprender.

Para llegar a tener una calidad educativa, es de tener una infraestructura adecuada y digna para los estudiantes y personal administrativo; además, se necesita de tener a docentes capacitados. En la actualidad hay muchos avances, especialmente en la tecnología. Debe de haber una profesionalización de los docentes.

Mientras tanto, para que la educación cambie, sería bueno tener programas educativos que sean efectivos, eso sucedió cuando se tuvo el programa EDUCO. Hace falta una verdadera reingeniería, el MINED hace sus esfuerzos; sin embargo, no alcanza el presupuesto para que funcione un verdadero sistema educativo de calidad. Hablar de la educación pública salvadoreña es de analizar también los bachilleratos y la falta de un presupuesto justo para la única universidad pública, la Universidad de El Salvador.

En conclusión, las manifestaciones que realizan los sindicatos del magisterio son por la falta de oportunidades, son porque a la educación cada vez la van haciendo a un lado. Tal parece que solamente el que quiera salir adelante podrá cumplir sus objetivos.

Fidel López Eguizábal. Docente investigador Universidad Francisco Gavidia
flopez@ufg.edu.sv

En el Diccionario de la Lengua Española, hay tres acepciones de esta palabra. Una: «cualidad de lindo»; la segunda: «hecho o dicho gracioso» y la última, expresada irónicamente y en plural, habla de «insultos o improperios». Hay otra expresión que podría considerarse sinónimo de la anterior: «lindura». También significa «cualidad de lindo», pero por lo demás solo alude a una «persona o cosa linda». Y de esto último no trata este «comentario». Bueno, ¡de alguna forma debo nombrar lo que escribo! Por ello, lo titulé así: «lindeza». Dejando atrás la «cualidad» referida, la empleé para intentar medio digerir lo ocurrido hace poco tras la opinión de Bukele circulada en «redes» sobre el tratamiento de la violencia en México; también por lo de su aparente síndrome de Blanca Nieves.

Este se relaciona con «la distorsión en la imagen que una persona puede tener de sí misma» acerca de su juventud, su belleza o sus propias cualidades. Las que lo padecen envidian a quienes las superan en algo como, por ejemplo, la popularidad. ¿Cuáles son sus indicios? Ansiedad, celos, obsesión por la salud y la belleza física, necesidad de aprobación, baja autoestima, preocupación por aparentar juventud y ‒finalmente‒ tristeza.

No soy psicólogo ni nada que se parezca; entonces, no puedo ni debo afirmar que esos síntomas forman parte de la personalidad del inconstitucional usurpador del aparato estatal salvadoreño. Lo que sí sé es que Bukele se acaba de parar frente al «espejo» de la modernidad informática llamado inteligencia artificial, preguntándole quién era el presidente más popular del mundo. Solo eso, sin más, lo podría perfilar como quien puede que sea: un megalómano, egocéntrico y sobrado. Insisto, no soy psicólogo para emitir una opinión categórica y menos un diagnóstico; tampoco soy vidente, pero…

Como quería que le respondiera con una palabra, esta fue la que la inteligencia artificial le soltó en plena cara: Sheinbaum. ¡Sí! Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional mexicana. No Bukele. ¡Duro porrazo a la engreída imagen que pueda tener de sí mismo! Imagen inflada por un entorno de fanáticos aduladores, casas encuestadoras de dudosa reputación y una descomunal publicidad alrededor de su persona. Hizo una segunda pregunta y recibió otra revolcada, hasta que con la tercera pudo salir más o menos bien librado. Pero ya se había exhibido solito…

Esto ocurrió acabando marzo recién pasado. Pero ya le había llovido sobre mojado cuando, días atrás, quiso darle «cátedra» a la citada mandataria en lo relativo al manejo de la seguridad. Veamos. El Salvador ‒con escasos 21 000 kilómetros cuadrados y apenitas superando los seis millones de habitantes‒ versus México con casi dos millones de kilómetros cuadrados y alrededor de 130 mil millares de personas poblándolos. ¡Por favor! Eso, para comenzar.

Pero en la retorcida mentecita de aquel, el «inconveniente» de la criminalidad altamente organizada allá se «resuelve» fácil: entrarle estado por estado, hasta abarcar los 32 existentes que incluyen la Ciudad de México. No sé si también piensa que debería repetirse lo ocurrido acá: negociaciones entre los mandos delincuenciales y Gobierno, junto a la puesta en escena de una «tropa» hipertatuada y ya condenada ingresando a un moderno y «pulcro» Centro de Confinamiento contra el Terrorismo; léase, CECOT.

Otro componente del mal llamado «modelo Bukele»: el hacinamiento de personas inocentes en el resto del inframundo penitenciario, adonde se encuentra la inmensa mayoría de privadas de libertad y cuyas condiciones atentan descarada e inaceptablemente contra las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas o «Reglas Mandela». «Hasta entre los perros hay razas», decía muy mexicana mi santa y dicharachera madre. Guardando las distancias, eso pasa entre los internos del CECOT ‒orgullo «bukeleano» alquilado a Trump «a precio de me lo llevo»‒ y quienes padecen de todo lo peor que se nos ocurra en los infiernos carcelarios del autollamado «dictador más cool».

Hagamos cuentas alegres y pensemos en un año promedio para erradicar las mafias del crimen organizado en una entidad federativa mexicana, desafiando su tamaño y el elevado poder de fuego que poseen. Para ser como el salvadoreño y hacer lo que aconseja, Sheinbuam tendría que controlar toda la institucionalidad y violar derechos humanos; también la Constitución para reelegirse durante, al menos, cinco períodos consecutivos. ¡Tres décadas, mínimo! Volverse impúdicamente una dictadora más en la región, pues. Eso sin considerar lo que algunos llaman «efecto Baygón»: rociar un rincón para que algunos insectos mueran, mientras muchos se dispersan y siguen jodiendo en otros lugares de la casa.

Así las cosas, por la pretenciosa «cátedra» que Bukele quiso impartirle a la presidenta Sheinbaum le llovieron a este no pocas y merecidas lindezas; es decir, improperios, insultos y hasta ‒ocupando el tumbaburros del idioma español‒ sonoras puteadas.

Un día de estos fuimos con un amigo a almorzar al centro histórico capitalino y literalmente nos estafaron con los precios. La comida y el refresco no tenían nada de especial para ser tan caros. Hasta hace poco cualquiera almorzaba en la zona y pagaba precios módicos. Fuimos al lugar que consideramos más accesible por los precios, porque con la renovación del centro histórico han surgido restaurantes donde los platillos cuestan lo que el promedio de los salvadoreños no podemos pagar.

Tras almorzar con mi amigo concluimos que no somos turistas en tierra propia y que los dueños de los negocios abusivamente demasiado se han disparado con los precios porque asumen que todo mundo anda con dólares. A favor del lugar que visitamos está el hecho que en ningún momento nos obligaron a entrar, aunque como era servicio a la vista, tampoco conocíamos los precios hasta que nos cobraron. La Dirección de la Defensoría del Consumidor debe, al menos, obligar a este tipo de negocios a mostrar a los clientes los precios.

Los cambios en el centro histórico han dejado a los no turistas y a los turistas mismos sin opciones. No hay alternativas y obligadamente hay que acudir a un lugar suntuoso (dispuesto a gastar sin sentirse estafado) o a un restaurante “económico” donde el refresco cuesta casi tres dólares y una empanada más de un dólar.

Es obvio que los comercios o negocios autorizados en las cuadras del Centro Histórico se están aprovechando de la plusvalía, la fuerza turística de la zona y de la falta de competencia popular, pero no son los únicos. Los supermercados y algunas “tiendas de la esquina” también han sabido sacarle provecho a la coyuntura. Hace algunos años la señora de una tienda cercana a la universidad donde imparto clases me decía que a los productos les aumentaba entre cinco y veinticinco centavos de dólar porque tenía que sacar el dinero que les daba a los pandilleros que la extorsionaban. Los mareros que la extorsionaban están presos desde hace más de dos años, pero ella mantiene los precios y a algunos productos hasta les ha incrementado el valor, porque según ella sus clientes ya se acostumbraron.

En los supermercados casi todo es más caro. Las frutas y verduras presentan precios exponenciales, el doble o el triple del valor en los mercados municipales. Una pasta de diente que en un mercado cuesta un dólar, en un supermercado cuesta $1.30, pero eso sí, cuando la ponen en oferta llega a valer hasta $1.15 (¡jajaja!). No hay control estatal en los precios y en lo personal creo que, sin que haya “intervencionismo”, el Ministerio de Economía y la Defensoría del Consumidor deben regular los precios, parecido a lo que se hace con los combustibles.

El Estado debe crear un mecanismo legal y congruente con nuestra realidad para evitar los abusos de quienes solo buscan su bien individual o saciar sus ambiciones personales a costa de los demás. Obviamente hay lugares y productos suntuosos, pero igual nadie obliga a nadie a ir por un café a un hotel o una zona exclusiva, no obstante ni siquiera en estos lugares se debe permitir los abusos. Hace meses atendí a unos amigos extranjeros en un hotel y a uno de ellos se le ocurrió pedir una bebida gaseosa por la que pagó $10.00.

El abuso de los precios se ha generalizado. En Semana Santa del año pasado el agua de un coco costaba regularmente $3.00 cuando en época normal valía $1.00 pese a que los comerciantes compran a $30.00 o $35.00 el ciento de cocos. En un hotel de playa el agua de coco servida en vaso valía $5.00.

Las pupusas es otro ejemplo. Subió el precio de la harina y las pupuserías aprovecharon para incrementar los precios sin elevar la calidad del producto. Se normalizó el precio de la harina, pero las pupusas mantuvieron el alza a tal punto que muchos comensales se sienten timados por los precios desorbitantes, especialmente en lugares emblemáticos, como el pupusódromo de Olocuilta.

Los salvadoreños no tenemos cultura del ahorro y a veces somos dados a las apariencias. Por una marca compramos un producto caro y dejamos de comprar similar producto que vale la mitad o menos y es de mejor calidad. Esto último nos suele pasar con la vestimenta.

En fin, como buenos salvadoreños y personas inteligentes no permitamos que nos estafen con los precios altos. Exijamos una regulación y hagamos como hemos decidido con mi chero: No volver a visitar ese restaurante donde se han disparado con los precios. Comerciantes no abusen.

• Jaime Ulises Marinero/Periodista

Nos hemos globalizado y, eso, está muy bien;

ahora nos falta sustentarnos en el verdadero amor, conocedores de que el espíritu fraterno, es lo que nos obliga a desvivirnos por vivir la acción colectiva, como fuerza orientadora para lograr la concordia, desde el abecedario del respeto mutuo y el lenguaje de la tolerancia. En consecuencia, ha llegado el momento, tan precioso como preciso, de activar la pausa, para oírnos y vernos junto al mejor libro de moral que llevamos en nuestro fuero interno, lo que conlleva prioritariamente a recogerse y acogerse unos en otros; puesto que, nuestra historia humana, también tiene un destino común. Desde luego, esta nueva era debe volcarse en lo auténtico, comenzando por asegurar a todo ser humano una existencia conforme a su dignidad.

El relativismo no es la solución y la falsedad nos deja sin percepción. Aprendamos a desenmascarar, el verdadero peligro destructor, ese que radica en cada uno de nosotros, pues disponemos de instrumentos cada vez más poderosos, capaces de llevarnos tanto a la ruina como a las más altas conquistas. Es cuestión, entonces, de tomar reparo. Esto hace que nos descubramos, acusándonos a nosotros mismos, por no haber sido capaces de aprender a reprendernos. Sin duda, necesitamos tiempo para nosotros, para la reflexión ética y la clemente faena, sobre todo a la hora de abordar nuestros propios retos. De lo contrario, germinará la furia irresponsable, al no haber trabajado por mantener viva esa pequeña chispa iluminadora de fuego celeste, que puebla los interiores para poder discernir.

Axiomáticamente, no hay más que un avance: la cognición al servicio de la entereza; como tampoco hay más que un desarrollo: el don de la inspiración al servicio de la entrega. Pero, ¡cuidado!, esto no significa seguir al interés del propio yo, haciendo lo que me conviene. ¡No es esto! Realmente, la sabiduría radica en ese espacio íntimo, donde confluye la verdad con la bondad, el espíritu donante con la suma de labores conjuntas, hasta volvernos ciudadanos dispuestos a trabajar: corazón con corazón y sin coraza. La quietud, en efecto, no se consigue mediante el equilibrio de fuerzas y de beneficios, se alcanza más bien con la confianza que nos inspiran sentimientos humanitarios. Por otra parte, una sociedad es noble y respetable por su apego a los principios fundamentales.

Por ello, es vital que la ciudadanía tome conciencia de que estamos viviendo situaciones verdaderamente crueles e inhumanas. El primer cambio es de conciencia, de que la justicia social se ajuste a la diversidad cultural, dando visibilidad a los más vulnerables. También hay que frenar los discursos de odio; si es preciso usando la inteligencia artificial o patrullando las redes sociales, para detectar y frenar el ciberacoso y la violencia digital. Además, quizás tengamos que continuar educando para la sociabilidad, considerando algo tan vital, como que no se pierda un solo talento por falta de oportunidades. Lo que nos recuerda, asimismo, que tenemos que salir de este mundo de barbarie o este mundo pondrá fin a la humanidad.

Hay que enamorar al mundo, en comunión de servicio. Urge, por ende, que todos fomentemos una cultura de paz con amor y lo hagamos activando la voz del alma. Tan sólo hay que proceder, con unas entretelas puras, a promover una conciencia global, que de sanación a un mundo fracturado y peligroso, en el que nadie es nada por sí mismo, sin los demás. Nos precisamos todos. De modo que, cuando hablamos de cuidar la casa común que es el planeta, acudamos a ese mínimo de noción universal y de preocupación por el cuidado mutuo. Porque si alguien tiene algo que ofrecer, para dar vida, es porque ha logrado una altura moral que le permite transcenderse para sí y para sus análogos. Lógicamente, cualquier ciudadano de bien, prefiere perder el honor antes que la sensatez.

El gobierno del presidente Trump ha dado un golpe de timón extraordinario. La lógica que se ha mencionado es la siguiente: subir aranceles para proteger la producción nacional y atraer inversiones, especialmente de empresas transnacionales originarias de EEUU.

El presidente Trump ha dicho que, por la vía de los aranceles, podría el gobierno federal generar tantos ingresos como para sustituir el impuesto de la renta. Así mismo, se busca negociar reciprocidad con los países afectados, lo que para muchos de éstos puede ser nefasto, porque las economías incipientes tienden a ser débiles y no diversificadas.

El asunto es complejo y señala un cambio paradigmático importante en el comercio, que podría ser temporal o duradero, según se comporte el resto del mundo y las empresas trasnacionales. Una intensa y nociva guerra comercial no se puede descartar. Cabe acotar que en general los aranceles impuestos son cerca de la mitad de los promedios que EEUU alega le cargan a sus exportaciones en los diversos países. Obviamente EEUU no quiere hacerle demasiado daño a los compradores en EEUU y quisiera pensar, que hay conciencia de que un daño a economías débiles crea inestabilidad política y económica. En el caso de Nicaragua por ejemplo, el debilitar su industria maquiladora en textiles, puede traer serias consecuencia para Costa Rica. En el caso de Cambodia (Khemer), un país de bajo ingreso y nivel de desarrollo, posiblemente con mucha influencia china, lo que puede suceder es que el país se alinee más decididamente con los chinos.

Las consecuencias serían serias si se mantiene la batería de aranceles: si empresas migran a EEUU bajo la protección arancelaría que tendría que volverse permanente, producirían lo que ya EEUU a su nivel de ingresos general y de desarrollo científico y tecnológico no debe producir. A un mayor costo, o sea, a un nivel de ineficiencia, que no se da cuando se produce en un país con condiciones precisas para generar ese bien. De allí la división internacional del trabajo y su impacto, fundamentado en la capacidad productiva y los costos, así como en los términos de intercambio comercial entre países. También la globalización que tiene miles de años de estarse formando y hoy en día, a los niveles científicos y tecnológicos actuales y futuros, es una realidad objetiva y por lo tanto, no se irá…a Dios gracias, pues es mucho lo que se perdería. Sería involucionar.

No creo “la mano” que está jugando Trump sea improvisada. Leyendo se da uno cuenta de cosas: ¿Además del desmantele del proteccionismo arancelario a nivel mundial, no siempre justificado, podría ser que está buscando hacer al US dólar menos atractivo para que baje su precio y que hacer que las exportaciones de EEUU sean a su vez más competitivas, atrayendo a su vez mayor inversión extranjera? ¿Podría ser que provoque una recesión para forzar a la Reserva Federal a bajar la tasa de interés a fin de impulsar a las empresas y reducir los costos financieros de un estado super endeudado? ¿Se estará gestando un cambio paradigmático más profundo que vaya más allá de lo comercial? Es de analizar con seriedad.

Ciertamente con la China hay una situación muy particular que debe cambiar. Pero meter a “todo el mundo en el mismo saco”, puede ser como abrir una caja de pandora, con impacto negativo en la confianza, los riesgos económicos y el valor del dólar, así como su papel como principal moneda en la dimensión internacional. A los EEUU le puede salir “el tiro por la culata” y además, arrastrarnos al vacío.

La incógnita en este momento es total. A diferentes niveles de desarrollo, hay bienes que un país puede producir y muchos que no. El tema de la China es que es todo a la vez… economía primitiva al lado de la crecientemente más sofisticada. El estado nunca ha abandonado el dirigismo dentro de un marco autoritario, como se lo decía a los amigos norteamericanos cuando viví en Washington DC entre el 2006 y el 2010. La China sigue siendo marxista y ve el capitalismo de estado como un esquema para facilitar un rápido desarrollo; Marx planteó el comunismo para países desarrollados, no para los que no lo son. La China manipula costos y precios ciertamente. Merece un alineamiento diferente pero no puede ser ignorada. Francamente, no quiero ni pensar que hubiera pasado si la Revolución Cultural hubiera triunfado y si de Deng Xiaoping no hubiera estado presente.

Thomas Friedman argumenta en un artículo reciente que China le está ganando la batalla a los EEUU. Eso me preocupa. Quisiera ver a EEUU promoviendo las ideas, principios y valores que han hecho a esa nación grande. La nación del mundo, donde hay de todo y todos lados.

Volviendo al tema de los aranceles y su peligro, menciono lo siguiente: no todos los productos resistirán igual: la elasticidad de la demanda sin duda jugará un papel importante. Otro tema: estamos hablando de bienes finales e intermedios y cadenas productivas, algunas de las cuales ya incluyen a Costa Rica. Manejar esa realidad para “arancelear” es complejo. De los servicios no se ha hablado, no están “arancelados”. Como Costa Rica, EEUU es fuerte en servicios. En el caso de Costa Rica, favorecen el equilibrio de nuestra balanza comercial.

A Centroamérica no le fue tan mal, con excepción de Nicaragua. Trump ha dicho que él negocia, presidente transacciona, al fin y al cabo, con quien lo llame. Más exactamente… que él “atiende el teléfono”. Así que, presidentes, “manos a la obra” … llamen.

Especulo que lo que hay ahora en el tablero cambiará en las próximas semanas o meses; es necesario hacerse presente, hacerse valer, para que el devenir sea favorable.

Carlos Manuel Echeverría Esquivel fue embajador de Costa Rica en El Salvador, exviceministro costarricense y exfuncionario del SICA.