Categoría: Opinión

Este 26 de julio se cumplirán 72 años de una refriega mal diseñada y pésimamente ejecutada que la propaganda castrista ha llamado “asalto al cuartel Moncada”, pero que, analizada con objetividad, no pasó de ser una escaramuza militar palurda que provocó una oleada represiva por parte del régimen cubano de entonces. Por supuesto, en su afán de mitificar las cosas más insignificantes, la mitología oficialista ha visto siempre en aquella intentona de 1953 el inicio de la revolución que llevó al derrocamiento de Fulgencio Batista.

Cuando en 2008, casi medio siglo después de haberlo tomado, Fidel Castro soltó por fin el poder formal, delegándolo en su hermano Raúl, el líder de la Revolución cubana era el tercer jefe de Estado más longevo del mundo, únicamente superado por el noveno Rama de Tailandia, el rey Bhumibol (fallecido, por cierto, el mismo año que Castro, en 2016), y por la reina Isabel II de Inglaterra. Era muy llamativo que solo dos gobernantes, ambos monarcas, llegaran a acumular más edad que Fidel a la cabeza de sus respectivos países. Por supuesto, para no ser menos en cuestiones dinásticas, el castrismo también se cuidó de que su poder insular adquiriera ribetes de herencia familiar.

Pero el verdadero “legado” de Fidel Castro está a la vista, al alcance de todo el que quiera verlo. Cuba es una redundancia del aislamiento, tanto en lo político como en lo económico. Sus habitantes sufren intromisiones estatales intolerables desde la más tierna infancia. La libertad de expresión está cercenada a límites demenciales. La justicia tiene una aplicabilidad selectiva y las cárceles rebozan de opositores, mientras en las calles se suda por la sobrevivencia diaria. Existen elecciones para que el partido único se entretenga en mover piezas, pero en la cima de la montaña nada cambia, como nada cambia tampoco en la llanura.

En una entrevista concedida poco después del colapso soviético (y que puede verse en internet), Fidel defiende el “período especial” en estos términos: “En las realidades actuales del mundo, nosotros no podemos hablar de la construcción del socialismo en condiciones ideales. Pero todas las conquistas sociales alcanzadas por el socialismo en nuestro país, las defenderemos. Hemos tenido que hacer una apertura económica porque nosotros perdimos capital, mercado, tecnología… Y ahora necesitamos mercado, capital y tecnología para poder desarrollar nuestro país”.

Esta sorprendente declaración la dio Fidel muchísimo antes de que aceptara, en un lapsus, que el sistema implantado por él no funcionaba “ni para nosotros” (refiriéndose a Cuba). Como queda patente, ya a principios de la década de 1990 se había visto obligado a reconocer que la provisión de mercado, dinero y tecnología que necesitaba su país lo había ido a buscar a través de una “apertura económica”. La confesión posee tales rasgos freudianos, que el propio Castro no advirtió su derrota implícita. Muchos de sus seguidores, de hecho, siguen sin advertirlo, porque extractos de esta entrevista pueden verse en documentales que alaban al líder de la revolución “más humana de Latinoamérica”. Si el discurso de independencia de cualquier potencia extranjera –que fue real solo hasta la caída del bloque socialista– es verdadero, lo ha sido al precio de las libertades individuales de los cubanos. Y eso es pavoroso.

Ningún político debería sobrevivir, incrustado en el poder, a nueve presidentes de Estados Unidos. Lo que para los simpatizantes y corifeos de Fidel es un logro, para cualquier estudioso de la democracia es una vergüenza. Ningún ser humano debería sentirse orgulloso de ser el “padre” de un proceso revolucionario infinito y empobrecedor.

Desgraciadamente, Castro y Cuba se convirtieron en símbolos de una época. De una época tumultuosa, por cierto, hambrienta de esa clase de iconografía rebelde, vigorosa y soñadora, surcada por alzamientos triunfantes y utopías igualitarias. El castrismo personificó, por muchas razones, ese caudillismo redentor al que todos los agraviados del planeta podían acercarse para beber de sus aguas. Eran tiempos de ilusión que reclamaban discursos delirantes y una infatigable obnubilación ideológica. Y Fidel ofreció eso en cantidades industriales.

El modelo cubano execró la propiedad privada e implantó la semilla infértil de la subordinación al Estado. Desafió por décadas las teorías económicas del libre mercado, con calamitosas consecuencias para su pueblo. En paralelo, instauró un sistema educativo destinado a alfabetizar tanto la mente como la conciencia, y una verborrea histriónica concentrada en exaltar la dignidad de un régimen “heroicamente” enfrentado a los más grandes poderes de la tierra. Ninguna utilería faltó en la escenificación de un mito que solo la historia sabrá poner en su justo lugar.

La nueva conmemoración de la escaramuza del Moncada debería servir para invitar a una reflexión profunda sobre los estragos que producen tanto el ilusionismo teórico como el mesianismo político. Si algo prueba el fracaso del castrismo es que no existen alternativas a la libertad de los pueblos y a la dignidad de las personas.

En un acto de intolerancia fue asesinado a golpes, Juan Alberto Lara. Por su muerte fueron capturados y luego condenados sus “amigos” Moisés Mariano Benítez Maltez, Héctor Leonel Molina Díaz y Wilmer Alexander Flores Treminio. El crimen ocurrió el 27 de octubre de 2023 en la colonia Xanadú de San Miguel y la condena fue emitida en junio pasado. Según el proceso víctima y victimarios se encontraban consumiendo bebidas lo cual generó una discusión que terminó con la muerte de Lara que fue atacado a golpes con objetos contundentes y con armas blancas.

De acuerdo con los datos oficiales de la Mesa Técnica Interinstitucional para la Conciliación de Cifras de Víctimas de Homicidios y Feminicidios, desde enero de 2022 hasta mayo de 2025 en el país se registran 281 muertes (entre homicidios y feminicidios) motivados por la intolerancia social y familiar. Las cifras indican que de 281, un total de 145 son producto de la intolerancia social y 136 por intolerancia familiar (la mayoría feminicidios).

Solo en los primeros cinco meses del presente año se han dado 32 muertes por intolerancia; 21 por intolerancia social y 11 por intolerancia familiar. Las cifras son altas y preocupantes, si tomamos en cuenta que son hechos que pudieron evitarse a través de la denuncia oportuna y la sana convivencia social.

La tolerancia es un valor que debemos poner en práctica de manera permanente, con todos y con todo lo que acaece. Tolerar es respetar a los demás sin juzgarlos o discriminarlos por su condición de vida o por su forma de pensar ya que todos tenemos derecho a la existencia con nuestros errores y virtudes.  Tenemos que respetar la libertad de expresión aunque pensemos diferentes, al fin que la razón y la verdad son particularmente individuales de acuerdo a nuestro contexto. Nadie tiene la razón de manera exclusiva ni sus ideas son siempre razonables.

La tolerancia es, entonces, la capacidad de aceptar las diferencias y la diversidad de ideas, creencias y prácticas o comportamientos de los demás, incluso si son contrarios a los propios. Ser tolerante es una forma de ser digno y de hacer prevalecer la humildad al reconocer nuestras capacidades e incapacidades y las de los demás, aceptando esa forma de existencia. La humildad nos conduce a dejar a un lado la arrogancia y la soberbia y abrazar la modestia para reconocer nuestras limitaciones para aprender de los otros.

Una persona intolerante es soberbia, altanera y egocentrista al creer que siempre tiene la razón y que es un individuo de naturaleza intocable, capaz de resolver todo haciendo uso de la violencia o de la imposición de su “razón” o de sus condiciones, aunque carezca de fundamentos. Su axioma de probabilidad es la “ley del talión” y su argumento de vida es la “ley del más fuerte”, aunque la fortaleza solo esté en el grito y la acción cobarde defenderse atacando. La comprensión del accionar de sus semejantes no está su alcance en su tosco ser.

Ser intolerante es una desgracia de la existencia individual y social. Personas que no aceptan que los tiempos y movimientos ocurren por el devenir humano y divino y que como individuos con un rol dentro de la sociedad tenemos que aceptar la existencia de los demás, con sus personalidades y niveles culturales incluidos.

El tolerante huye del peligro si no lo puede enfrentar de manera razonable; el intolerante se acerca el peligro, aunque no tenga capacidad para enfrentarlo. El tolerante es valiente aunque pacífico; el intolerante es débil, aunque priorice el uso de la fuerza. El tolerante tiene la serenidad para diferenciar el bien del mal, mientras que el intolerante no tiene ni paciencia ni sapiencia para reconocer lo que es bueno o maloy actúa motivado por su incoherencia existencial.

La intolerancia no tiene marcha atrás. Motivado por una discusión o menos que eso, el intolerante ofende de palabra, golpea, lesiona o hasta arrebata las vidas de sus semejantes, en muchos casos sus seres queridos o parientes cercanos. Tras un crimen son capturados y luego deben pagar con años de cárcel su estupidez, sin que el arrepentimientos sea una moneda de cambio para subsanar el daño generado.

No es prudente pelear con nadie porque piense diferente en el plano ideológico, político, cultural, religioso o vivencial. Mucho menos prudentes es matar a alguien por una simple discusión, por la disputa de un parqueo, por fanatismos deportivos, porque piensa de manera distinta o porque es diferente a nosotros. Los sabios y buenos, son seres humanos tolerantes.

La tolerancia tanto como la humildad no están relacionados con la escala social ni la clase social a la que pertenecemos, son valores humanos que se cultivan. La intolerancia se incrementa y muchas veces se vuelve incontrolable cuando la persona se encuentra bajo los efectos de drogas o alcohol, por eso hay que evitar esos vicios que llevan al individuo a adquirir una enfermedad mental con secuelas somáticas. Factores como la presión del tiempo y el espacio, las crisis emocionales, las provocaciones coyunturales (la prisa, la pobreza, las condiciones deplorables, etc.) y otros, solo son vanas situaciones para justificar los comportamientos intolerables.

Los homicidios y feminicidios cometidos por actos de intolerancia social o familiar son evitables. A veces solo se trata de huir del peligro, de aceptar a las personas tal cual son y de respetar a los demás en su forma de ser. Todos tenemos derecho a la vida y a ser diferente a los otros. La tolerancia evita hechos lamentables y desgracias. Seamos tolerantes para ser tolerables y vivir en sana convivencia. En ocasiones la muerte se viste de intolerancia.

* Jaime Ulises Marinero es periodista

No estoy de acuerdo contigo, Sobrino, me decía mi tía Margot, usuaria de los servicios del ISSS, en reacción a mi artículo de la semana pasada sobre la integración del MINSA y el ISSS.

“Imagínate, en estos momentos tenemos que esperar hasta un año o más para una operación, muchas veces no hay medicinas y tenemos que comprarlas en las farmacias privadas. Con más gente, como tú sugieres en tu artículo, todo esto sería peor. Tiempos de espera más prolongados y la compra de medicamentos aún mayor. No hijo, no me compliques mi vida por favor”.

Como mi tía, muchos ciudadanos coinciden con este tipo de lógica: que la integración o ampliación del sistema podría colapsarlo aún más. El miedo es comprensible: si los recursos actuales no bastan para dar respuesta ágil y completa a los asegurados y usuarios, ¿qué pasaría si la demanda aumentara súbitamente sin una reorganización profunda y mayores inversiones?

Pero esta postura defensiva —“sigamos haciendo lo mismo, aunque no funcione, pero por lo menos que no empeore”— también refleja resignación ante un sistema que cada día muestra más señales de deterioro: consultas diferidas por meses, desabastecimiento crónico, trámites burocráticos, hospitales y clínicas sobrecargados, y cada vez más personas —como mi tía— que deben pagar de su bolsillo lo que el sistema debería garantizar.

En lo que sí todos, usuarios y proveedores, con excepción del gobierno reinante, estamos de acuerdo es que ¡el sistema de salud de nuestro país está cada día peor! Urge, más que nunca, una reforma a fondo que confronte las debilidades estructurales, no solo para integrar, sino para transformar y rescatar la salud pública y la seguridad social de El Salvador. Quedarnos haciendo lo mismo solo asegura que la crisis empeore, y condena a millones —como mi tía Margot— a una atención incierta, cara e insuficiente.

Pero ¿que nos está pasando?

El sistema nacional de salud viene arrastrando, desde hace décadas, una serie de debilidades estructurales que no han hecho más que agravarse con el tiempo. Hasta hoy, ningún gobierno —ni anterior ni actual— ha diseñado ni implementado acciones que realmente enfrenten de raíz estas falencias inherentes al modelo sanitario del país. De manera similar a lo que ocurre en el área educativa, donde se privilegia la construcción o reparación de escuelas sin asegurar la disponibilidad de personal docente cualificado, el Ministerio de Salud (MINSAL) pretende ampliar coberturas edificando hospitales supuestamente de primer nivel, pero sin contar con el recurso humano médico y de enfermería debidamente formado para operarlos.

En ambos sectores se incurre en el mismo error: intentar solucionar el problema colocando “la yunta antes que los bueyes”, es decir, priorizando la infraestructura física por encima de la formación y contratación del capital humano necesario para garantizar calidad y sostenibilidad en la atención. Esta aproximación parcial y desarticulada perpetúa la crisis, profundizando la brecha entre la demanda y la capacidad real de respuesta del sistema de salud.

El sistema de salud de El Salvador, siempre ha adolecido de coberturas insuficientes y una alto grado de segmentación; un déficit de recursos humanos y formación; infraestructura y equipamiento insuficiente o deteriorado; desabastecimiento crónico de medicamentos e insumos; listas de espera y demoras prolongadas; fragmentación y desconexión institucional; brecha de información y sistemas de información débiles; desigualdades y vulnerabilidad social; y en consecuencia, desgastes e insatisfacción de los usuarios.

Finalmente, la pandemia de COVID-19 profundizó aún más estas debilidades, y un porcentaje importante de la población se volcó hacia el sector privado de los servicios médicos. La utilización de este sector aumentó considerablemente después de la pandemia. Como resultado, la inflación específica en los servicios médicos privados en El Salvador ha superado de forma notable la inflación general del país desde agosto de 2023. Esta tendencia se ha mantenido durante 2024 y a inicios de 2025, con incrementos significativos en los costos de consultas, procedimientos, hospitalización y medicamentos.

Además del mayor uso de servicios médicos privados —que incide directamente en su encarecimiento—, otros factores han contribuido al aumento sostenido de los costos. Entre ellos destacan: la sobreutilización de servicios, el cambio en los patrones de consumo, y la falta de regulación de precios. En conjunto, estos elementos han impulsado el alza continua en los costos de atención médica y medicamentos.

El sistema de salud, tanto público como privado, en nuestro país sufre de una enfermedad terminal que requiere, con urgencia, acciones valientes, innovadoras y audaces. Durante años, las soluciones habituales –las mismas recetas de siempre, diseñadas e implementadas por gobiernos anteriores– han demostrado ser insuficientes. Lo vimos con el problema de la seguridad: no se resolvió con medidas convencionales, sino a través de acciones nuevas y atrevidas, incluso temerarias, que no estuvieron exentas de polémica ni de la reacción crítica de organismos internacionales y defensores de derechos humanos.

A pesar de ese malestar persistente —que aún genera debate entre instituciones, con excepción del gobierno actual—, lo cierto es que estas acciones consiguieron que el ciudadano salvadoreño, independientemente de su clase social, hoy se sienta más seguro y amparado por su gobierno. Así como se enfrentó el desafío de la seguridad, también la crisis de nuestro sistema de salud exige respuestas distintas, disruptivas y verdaderamente transformadoras. Seguir haciendo lo mismo solo agravará la enfermedad; es hora de sanar con la determinación y creatividad que el momento reclama.

* El Dr. Alfonso Rosales es médico epidemiólogo

Durante los últimos 30 años, el mecanismo migraciones-remesas ha sido el principal motor del funcionamiento de la economía salvadoreña. Sin embargo, el abrupto debilitamiento de este mecanismo, provocado por las políticas de la segunda administración del presidente Trump, ha puesto en evidencia su fragilidad y sus límites. En este nuevo contexto, apostar por la reindustrialización y la recuperación de la agricultura ya no es una opción, sino una necesidad impostergable. Dado que existen condiciones para establecer las alianzas necesarias que permitan viabilizar este proceso, el siguiente paso es definir con claridad las estrategias, políticas, programas y acciones que lo harán posible.

Este golpe de timón exige, ante todo, superar el dogma neoliberal según el cual “la mejor política industrial es la que no existe”. Aunque desde la administración Saca en adelante distintos gobiernos han manifestado su compromiso con políticas sectoriales —particularmente en la agricultura, la industria, los servicios internacionales y el turismo—, en la mayoría de los casos ese compromiso ha sido más retórico que efectivo. Salvo por el esfuerzo más consistente de la actual administración en el ámbito turístico, los avances en los demás sectores, y en la industria en particular, han sido débiles, fragmentados o meramente declarativos.

Para avanzar con seriedad en la formulación de una política industrial efectiva, es indispensable, en primer lugar, tener claridad conceptual. Las políticas públicas son el conjunto de acciones emprendidas por el Estado para alcanzar objetivos de interés colectivo. En este marco, la política industrial se refiere a las intervenciones del gobierno orientadas a influir en el comportamiento y la estructura de la economía, especialmente en el sector industrial, con el propósito de aumentar su competitividad, generar más empleos dignos, elevar las tasas de crecimiento, y ampliar y diversificar las exportaciones, entre otros objetivos de interés público.

En segundo lugar, es fundamental identificar las intervenciones concretas que debería asumir el Estado salvadoreño para materializar una política industrial efectiva. Un referente histórico clave es el período comprendido entre 1949 y 1979, durante la vigencia del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (MISI), cuando la política industrial desempeñó un papel central. Esta etapa coincide con el periodo de mayor crecimiento económico en la historia de El Salvador, con una tasa promedio anual del 5.5%. Entre las principales medidas adoptadas en ese contexto destacan: incentivos fiscales a las industrias nacientes, acceso a financiamiento en condiciones preferenciales, creación del polo de desarrollo industrial Ilopango–Soyapango, mejoramiento y expansión de la infraestructura de apoyo a la producción —como servicios de agua potable y energía eléctrica, red de transporte y telecomunicaciones—, protección del mercado interno mediante barreras arancelarias y no arancelarias, e impulso decidido a la integración comercial centroamericana.

A este referente histórico se suma un insumo contemporáneo de gran relevancia: el Plan de Desarrollo Industrial 2025–2029, presentado por la ASI el pasado 12 de junio. Este documento propone, entre otras medidas, la creación de nuevas zonas industriales; una reforma integral del sistema de formación técnica; la mejora del acceso a financiamiento productivo; el desarrollo de insumos que permitan generar bienes con mayor valor agregado; y la ampliación y modernización de los servicios públicos esenciales —como energía, agua, transporte y conectividad— a precios competitivos. Asimismo, plantea fortalecer la participación de empresas nacionales en cadenas de valor locales e internacionales, modernizar la infraestructura de apoyo a la producción (carreteras, puertos y aeropuertos), establecer incentivos de nueva generación alineados con el entorno global, fomentar una cultura de innovación empresarial y facilitar el acceso a tecnologías avanzadas como la automatización, la inteligencia artificial y el internet de las cosas.

A partir de estos dos insumos —el referente histórico del MISI y la propuesta técnica contenida en el Plan de Desarrollo Industrial 2025–2029—, una tarea urgente es la creación de un foro nacional con participación del gobierno, la empresa privada, la academia, el sector sindical y organizaciones sociales. Este espacio permitiría acordar y concretar las intervenciones prioritarias, definir los recursos necesarios para su financiamiento y establecer los responsables de su implementación. Una iniciativa similar debe impulsarse para la reactivación y modernización del sector agropecuario, tema que abordaremos en un próximo artículo.

El Salvador no puede seguir inmóvil frente al lento crecimiento económico, la débil creación de empleos y la dependencia de mecanismos cada vez más frágiles como las migraciones remesas. Sin una política industrial sólida, coherente y sostenida en el tiempo, la reindustrialización seguirá siendo una promesa incumplida. Recuperar la capacidad de producir, generar empleo digno y construir un modelo de desarrollo más equilibrado y resiliente exige voluntad política, visión y un compromiso colectivo firme. El tiempo de actuar no es mañana. Es ahora.

* William Pleites es director de FLACSO El Salvador

El pasado viernes, una noticia cimbró los titulares internacionales de los principales medios de comunicación: el intercambio de miembros de la peligrosa banda criminal venezolana, el Tren de Aragua, por prisioneros estadounidenses y presos políticos en Venezuela. Este movimiento diplomático, que acaparó la atención mediática global, puso de manifiesto no solo la complejidad de las negociaciones geopolíticas, sino también, aunque quizás de forma menos explícita, la relevancia estratégica del presidente Nayib Bukele, de su gabinete de seguridad, del Gobierno de El Salvador, y su colaboración con Estados Unidos en el combate a la criminalidad transnacional.

A primera vista, la noticia se centra en Venezuela y su rol en este particular ajedrez. Sin embargo, para un criminólogo y observador atento de las dinámicas de seguridad en la región, la implicación del Tren de Aragua en un canje de esta magnitud lanza una señal clara y preocupante: la capacidad de esta organización de trascender fronteras y de convertirse en un actor de peso en el mapa criminal internacional como ya se ha expuesto en varias columnas en años anteriores, tratando de negar la realidad de su presencia trasnacional y de ser verdaderos actores no estatales criminales. 

Aquí es donde la experiencia de El Salvador cobra una dimensión particular. Durante los últimos años, el presidente Bukele, su gabinete de seguridad y la Fiscalía General de la República han sostenido una lucha frontal sin precedentes contra las pandillas locales y el crimen organizado, logrando un control territorial y una reducción de la violencia que ha sido objeto tanto de admiración y reconocimiento en los cinco continentes. Este éxito, validado por la percepción de seguridad de sus ciudadanos, se ha construido, en parte, sobre la base de una estrecha coordinación y un intercambio de inteligencia con agencias de seguridad de Estados Unidos y la confianza con la administración Trump.

La presencia del Tren de Aragua en países como Colombia, Perú, Chile, México, Estados Unidos y, preocupantemente, las alertas sobre su posible infiltración en Centroamérica convierten a este grupo en una amenaza de seguridad regional. En este contexto, la capacidad de El Salvador para contener y desarticular estructuras criminales organizadas se vuelve un activo estratégico para Estados Unidos. Si bien el canje del viernes no involucró directamente a prisioneros del CECOT salvadoreño, el solo hecho de que miembros de una banda tan peligrosa estén en el centro de una negociación internacional subraya la necesidad crítica de que países como El Salvador mantengan y profundicen sus capacidades operativas y de inteligencia contra este tipo de organizaciones, siendo los únicos en la región con este claro enfoque y resultados que se miden en la cantidad de toneladas de drogas incautadas que van hacia el sueño de los narcotraficantes llegar a los Estados Unidos. 

La colaboración entre el Gobierno de El Salvador y Estados Unidos en materia de seguridad no es solo una cuestión bilateral; es un dique de contención crucial contra el crimen transnacional y en especial al continente. Los recursos, la capacitación y el intercambio de información entre ambas naciones son esenciales para identificar y neutralizar amenazas como el Tren de Aragua antes de que logren establecerse y replicar el control y la violencia que alguna vez ejercieron las pandillas locales.

En un mundo donde las redes criminales son cada vez más sofisticadas y globalizadas, la efectividad de la política de seguridad salvadoreña, combinada con la excelente relación en este momento con el gobierno de Donald Trump, envía un mensaje potente: la lucha contra el crimen organizado es un esfuerzo compartido que exige alianzas firmes y una vigilancia constante. El ajedrez de la seguridad internacional es complejo, pero El Salvador ha demostrado ser un jugador clave en la protección de sus ciudadanos y, por extensión, en la estabilidad regional. En este juego el presidente Nayib Bukele se convierte en un actor protagonista y desarrolla movimientos en el tablero y escenario geopolítico como no había logrado el país en 204 años de República, quien hubiera pensado que la nación con los mayores niveles de incidencia criminal en la administración que le precedió ahora este jugando en grandes ligas con un liderazgo ganado por ser disruptivo e innovador. 

* Ricardo Sosa es doctor y máster en Criminología 

En economía nada es peor que jugar con los precios y las políticas fiscal y monetaria, queriendo desarrollar al manipular ventajas comparativas para producir donde no las hay o pretender crear ventajas competitivas sin fundamento.  Lo que estamos experimentando me trae a la mente, pero en pantalla gigante, lo que sucedió con el CAME (Consejode Ayuda Mutua Económica, COMECON en inglés), que fue fatal para la Unión Soviética y sus satélites comerciales y políticos.

Título para una película: CAME y como la manipulación de precios y la manipulación monetaria, desinfló el dinamismo competitivo y trajo la bancarrota. Al final la ciudadanía paga la ineficiencia productiva. El impacto destructor de la eficiencia productiva va mucho más allá del daño a cortoplazo que los aranceles provocan: distorsión, pérdida de confianza para construir infraestructura y plantear incentivos, desarrollar recursos y legislación, invertir y comercializar.

La ineficiencia provoca inflación, devaluación de la moneda fuerte por emisión y pérdida de confianza. El país que promueve la ineficiencia, si su moneda es utilizada internacionalmente para tranzar y atesorar valor obtenido por la vía del comercio internacional, por medio del llamado señoreaje al emitir le gana a la inflación, que se come el ahorro de quienes han confiado en esa moneda…países, empresas y personas. Quienes invierten en bonos a largo plazo ver el poder de compra de su dinero esfumarse.

Los aranceles -y más cuando son dispares entre países y generales para la exportación de un país -sin tomar en cuenta las características especiales de cada rubro- crean enormes distorsiones y dificultades para el país que los emite, incumpliendo compromisos y dañando el andamiaje de comercio internacional que, para transparentarlo y organizarlo, ha desarrollado la institucionalidad internacional del ramo. Crea además dificultades para su propia economía.

Por ejemplo, si un país es competitivo produciendo café, el ponerle aranceles (tasas impositivas específicas) a su importación, de 42% por ejemplo, incrementa el precio y hace desaparecer la conveniencia por precio, de importarlo del país productor afectado. Así mismo, se afecta el consumo local, al volverse poco competitivo el café importado del país eficiente y la demanda baja; ciudadanos locales pierden sus trabajos al bajar la demanda. Se puede sustituir, pero talvez no en la misma cantidad y relación calidad/precio original.

Cuando este tipo de situaciones se generalizan, se destruye el mercado competitivo y la eficiencia económica, que debe de ser siempre un objetivo racionalizador.

Peor todavía, si lo que se pretende es reemplazar producción extranjera con producción local en áreas donde el país que lo hace no es eficiente, se está promoviendo la destrucción de la economía, algo que  el CAME logró sin pretenderlo, pues se manejó muy mal. Si el país comprador es un gran jugador en el mercado mundial, el impacto destructivo es desbastador.

Guardando las proporciones del caso, es como si Costa Rica pretendiera recuperar la industria textil que ya se fue a países que más bien con sus ingresos consumen lo que producimos, el caso de Nicaragua, por ejemplo. Se puede hacer, pero requiere aranceles y subsidios. Es poner recursos buenos a trabajar en procesos sin sentido.

Destruir los encadenamientos productivos eficientes es un pésimo negocio para todos y atenta contra la división internacional del esfuerzo productivo, en base a ventajas comparativas y competitivas.

Puede ser que haya algún país de mucho peso, alguno del Oriente podría ser, que compita en base a la manipulación de los precios de los factores de producción. Un país que insiste en esas prácticas de comercio desleal, merece ser castigado y reorientado. Pero el que todos paguen justos por pecadores, por el afán de sustituir importaciones, cual versión moderna del llamado modelo cepalino, exitoso en su momento, es una pésima y destructiva idea.

El utilizar aranceles para promover objetivos de política exterior o inmiscuirse en los asuntos internos de otros estados, es arriesgarse a perder las bondades de comercio internacional, en su contribución al progreso sostenido hacia el desarrollo. Crea además desconfianza, perjudica la inversión para producir y comerciar internacionalmente; desconciertan las salidas en falso y atrasa la dotación de infraestructura. No crea amigos y es entre amigos, donde a largo plazo se hacen los mejores negocios. Actuar brincándose los acuerdos internacionales o aprovechando lo que la ley no prohíbe, no es buena práctica.

Un país grande tiene límites como comprador. Sus socios comerciales deben tener esto en cuenta y diversificar su comercio ex-imp, para no abaratar sus productos al pretender todos competir irrealmente por un mercado que tiene límites.

Menester es tomar en cuenta los servicios y el aporte en divisas que las empresas transnacionales hacen; más aún, cuando la competitividad del gran país está en los servicios y la capacidad de aportarle sus transnacionales. El comercio total, bienes y servicios, así como el aporte de las empresas transnacionales, es la prueba del ácido del comercio internacional de un país. No se puede tener balanza comercial favorable con “todo el mundo” y más sin tomar en cuenta otros rubros, como se acaba de explicar.  Si Costa Rica  por ejemplo, consigue su petróleo en Venezuela en condiciones favorables, no puede pretender desarrollar una balanza comercial equilibrada con ese país.

En fin, pretender un país sea grande de nuevo como lo fue en el pasado bajo paradigmas que hoy ya no están, desdeñando lo que se ha avanzado en el establecimiento de prácticas correctas de comercio internacional, no me cabe duda de que es un grave error. Es mejor ser grande liderando procesos globales amparados a la racionalidad en este caso económica. Es mejor liderar que confrontar. En todo caso, el mundo tiene que seguir adelante, con o sin el país distorsionante, aplicando las mejores prácticas ya conocidas y por conocer del comercio internacional, con visión estratégica.

• Carlos Manuel Echeverría fue embajador de Costa Rica en El Salvador

Un reciente estudio de Microsoft, citado por una revista económica regional, revela que cuatro de cada diez empleados comienzan a revisar correos desde las 6:00 a.m., y muchos regresan a ello incluso más allá de las 10:00 p.m., incluidos fines de semana. Esta tendencia, alarmante en cuanto a la relación que debe existir entre vida y trabajo, suele implicar aumento de estrés, fatiga crónica y deterioro de la productividad. Pero, ¿qué dicen nuestras leyes ante esta nueva realidad laboral?

El Código de Trabajo salvadoreño indica en su Artículo 161 que la jornada máxima diurna es de ocho horas entre las 06:00 y las 19:00, y la nocturna de siete horas entre las 19:00 y las 06:00 del día siguiente. Si se combinan más de cuatro horas nocturnas, debe aplicarse jornada nocturna completa. Por tanto, toda actividad que se realice fuera de estas franjas, como responder correos a las 6 a.m. desde casa, estaría fuera de la jornada ordinaria y, en principio, sujeta a las reglas que regulan el tiempo extraordinario.

El Artículo 169 establece que cualquier labor extra debe pagarse con al menos un recargo del 100% del salario hora. Responder correos a las 6 a.m., sin estar dentro de la jornada formal, podría entonces interpretarse como horas extraordinarias no reconocidas. En tal caso, un trabajador podría incluso demandar el pago correspondiente ante el Ministerio de Trabajo o los Tribunales Laborales. Además, si la empresa no lleva un control horario adecuado, podría invertirse la carga de la prueba, como se ha visto en casos recientes, y reconocerse el adeudo de horas extraordinarias.

Aunque nuestro Código no reconoce expresamente el derecho a la desconexión, la jurisprudencia internacional y comparada —como la de tribunales en Colombia o Europa— avanza en esa dirección. Esto demuestra, una vez más, la necesidad de actualizar nuestro cuerpo normativo frente a las dinámicas impuestas por la tecnología. El envío continuo de correos rompe la barrera entre vida privada y laboral, afectando derechos fundamentales como el descanso y la salud mental. En El Salvador, la Constitución, en su Artículo 38, protege la salud laboral y el descanso. Aunque aún no existe jurisprudencia nacional específica sobre el derecho a desconectarse, la tendencia internacional apunta claramente a regular el equilibrio trabajo–vida personal como un derecho digno de protección.

En cuanto a jurisprudencia local, si bien no hay sentencias directas sobre el uso de correos electrónicos fuera de horario, sí existen varias sobre jornada y exceso de horas trabajadas. La sentencia INC-446-2017, emitida por la Cámara Primera de lo Laboral, exige prueba directa de inasistencia y horas trabajadas fuera de jornada para reconocer horas extra. Si no existe un control de horarios, es responsabilidad del empleador demostrar lo contrario. 

Frente a esto, las empresas pueden y deben tomar medidas prácticas. Algunas de ellas son establecer políticas internas claras que definan horarios de desconexión y excepciones bien justificadas, llevar un registro horario exhaustivo que delimite la jornada ordinaria y la extraordinaria, garantizar la compensación efectiva por sobretiempo y fomentar una cultura corporativa basada en el respeto a los horarios y al bienestar digital. Estas medidas no sólo evitan litigios, sino que también promueven entornos más humanos y productivos.

La tendencia global apunta hacia una “jornada sin límites”, un fenómeno preocupante potenciado por la tecnología. En El Salvador, si bien la legislación aún no contempla explícitamente el derecho a la desconexión, sí existen bases jurídicas suficientes para exigir el respeto a los límites de jornada y para proteger la salud emocional del trabajador. Un empleado que revisa correos desde las 6 a.m. o hasta las 10 p.m. puede estar trabajando sin darse cuenta, pero la ley ya lo protege. Falta que reguladores y tribunales alineen las normas a esta nueva realidad. Mientras tanto, es tarea urgente de las empresas respetar los horarios y proteger a las personas.

* Jaime Solís es Experto en Derecho Laboral

¿Y a ti, qué te sostiene? Es una pregunta que leía hoy al paso de revisar mis redes sociales. Esta interrogante, formulada desde el punto de vista espiritual y emocional, alienta a nivel de consciencia sobre la importancia que es de reconocer lo que nos impulsa en esta experiencia humana. 

El hartazgo de las rutinas, el cansancio que provoca el dolor propio y ajeno, la propia miseria humana, entre otros aspectos; pueden hacer que creamos que actuamos en automático, no solo por inercia sino por sobrevivencia en esta realidad que nos absorbe y golpea, de esta forma sin que exista la mínima reflexión. Y es que al hacer esta introspección, resultaría que todo es consecuente y no hay espacio para ese sincerar porque podría quedar en exposición ante nosotros mismos y los demás el verdadero motivo por el cual seguimos cada día, o para el caso, no hay motivo existente identificado sino esperando que lo consecuente pueda compaginarse con lo que debe ser.

 Pero ya el filósofo escocés  David Hume, en su Tratado sobre la Naturaleza Humana, nos aclaró que el Ser no se define a partir de este principio del deber ser. Aunque parezca confuso al leerlo, lo es mucho más al introyectar el deber ser antes que el Ser. Ante esto, lo que prima es el reconocimiento de aquello intangible que cada uno tiene en su interior y por ninguna razón es y no puede ser un espejo de ningún otro individuo; esa es la primera frontera que se cruza, por la libertad, por la individualidad de pensamiento.

En una canción del argentino Alejandro Lerner, nos canta los lineamientos que impone la sociedad en el marco del Deber Ser y en una de las estrofas  dice: “me prestaron una cara y una forma de pensar”. Dejando a la autenticidad escondida en algún lugar y dándole la bienvenida a una impertinente cobardía.

Creo firmemente, que al menos una vez en la vida muchos deberíamos de tener ese nivel de consciencia. Saber que nos impulsa, que nos sostiene. 

Claro está, que no será lo mismo lo que nos impulsó o motivó hace veinticinco o veinte años, las perspectivas cambian o se adaptan a realidades. Pero sigue inalterable el sostén espiritual, aunque quebrantado en ocasiones, pero vemos aún, que con el paso de los años, sigue allí.

 Ante muchos eventos actuales que tienen tinte apocalíptico y disonantes, imagino  que es como una escena que  representa una persona que va inmersa en un viaje por carretera, mira sin ver, oye pero con atención solo al viento, al  hacerle una pregunta, sonríe de media mueca; no quiere saber si hay un lugar a llegar, aunque de vez en vez levanta las pupilas extraviadas hacia un horizonte que está allí. Va en silencio, porque no quiere comprobar y escuchar que en la historia no hay viajes de retorno, se vaya   adonde vaya. 

Pero si hay ese horizonte y entre medio de claroscuro lo seguimos viendo, no todo está perdido. 

Esa es la fe y esperanza que nos sostiene, que nos dice en susurro que mejores tiempos vendrán. 

• Ivette María Fuentes es Licenciada en Ciencias Jurídicas

“Tacuba, un lugar mágico” es un libro que narra los acontecimientos históricos, culturales, antropológicos, étnicos, entre otros, de la ciudad de Tacuba, Ahuachapán. Los datos fueron investigados a través de la recopilación de entrevistas y bibliografías. Todo asentamiento humano hace historia; por lo tanto, los datos de la población de Tacuba han sido recopilados por el exdirector de la Casa de la Cultura e historiador Ciro Antonio Pineda y el docente-investigador Fidel López Eguizábal. Cada página es parte de la historia de un pueblo precolombino, un lugar recóndito en el occidente de El Salvador. Se disfruta leer sobre recetas curativas de los ancestros, los bailes folklóricos y sus respectivos diálogos; además, de las cofradías, gastronomía y la lengua materna, el náhuat.

Tacuba en idioma náhuat está formado por dos raíces: Tacu “juego de pelota” y Pan “disidencia locativa, patio o campo”: “siendo su significado: Patio o campo de juego de pelotas”. Los nombres de algunos cantones y ríos son de esa procedencia.

Al principio, Tacuba contaba con 500 habitantes, de ellos, 100 eran indígenas tributarios que pertenecían a Guatemala. Poco a poco fue incrementándose su población y el crecimiento agrícola. Perteneció a los departamentos de Sonsonate y Santa Ana y, fue hasta el 9 de febrero de 1886 que se crea el departamento de Ahuachapán, en donde se incorpora Tacuba. Luego, el 22 de abril de 1915, se le concedió el título de Villa, quedando así formada una población que aún conserva algunas casas con arquitectura colonial, conserva los vestigios de lo que fue una división de razas suscitada en 1932. En junio de 1999 es declarada como ciudad. 

Entre los indígenas fue famoso el señor Marcelino Galicia Fabián “don Chelino”, quien, además, de tocar el pito y el tambor, fabricaba los instrumentos autóctonos. Este personaje hablaba la lengua materna náhuat. 

El idioma se está extinguiendo en El Salvador. Pueblos como: Santo Domingo de Guzmán, Izalco, Nahuizalco y Tacuba se habla aún; sin embargo, poco a poco se fue perdiendo esta lengua y, sería fenomenal rescatarla. Según el profesor Alejandro López: “el náhuat y el uso del refajo, se perdió en Tacuba por prejuicios, pena y vergüenza, por parte de los indígenas, otra razón fue la revolución de 1932, en la que prohibieron tener estas tradiciones”.

Según la historia, Tacuba fue uno de los municipios que, en el año 1932, hubo un supuesto levantamiento comunista, en donde el presidente Maximiliano Hernández Martínez, mandó a fusilar a todo aquel que hablase náhuat o fuese indígena. 

Tacuba, celebra sus fiestas patronales, del 15 al 22 de julio, en honor de su patrona Santa María Magdalena. En las fiestas, se admira la conservación de costumbres como el “Baile de los Historiantes”, en donde sus miembros muestran el encuentro de la cultura cuscatleca y española. Quienes visitan año tras año Tacuba y, vienen especialmente para estas fechas, gozarán ver también a unos niños disfrazados de historiantes, quienes usan máscaras, adornos y bailan al compás de las notas musicales del “Torito Pinto”.

En Tacuba han vivido personajes que han hecho historia, como el general Rafael Rivas, quien participó en la revolución de 1932; también la hizo el Dr. Arturo Romero López, otro tacubense, quien, junto con otros líderes, colaboró al derrocamiento del general Maximiliano Martínez en la famosa revolución el 2 de abril de 1944.

Además, existieron dos profesionales que hicieron historia en este municipio: las doctoras Mercedes Martínez y Margoth Lanza, quienes, según el doctor Guillermo Aristondo, fueron las primeras doctoras graduadas en la carrera de Química y Farmacia de El Salvador. Ambas graduadas de la Universidad Nacional (Universidad De El Salvador). Y, así como ellas, hay otras personalidades que ponen en alto al municipio. 

Entre las temáticas que se presentan en el libro están: Tacuba, su historia, Antecedentes socio históricos, Primeras poblaciones, Iglesia colonial, Alcaldes, Tacuba y el medioambiente, Bosque El Imposible, Elementos Identitarios, Historia de la construcción de servicios públicos, Medicina natural tradicional, Gastronomía, Historias y anécdotas, Idioma náhuat, La lengua y sus secretos, Las cofradías, Las fiestas patronales, Bailes autóctonos, folklóricos e historias, Las Primicias de Tacuba, Líderes comunales, Maestros, Personajes históricos como: General Rafael Rivas Aguirre, Doctor Arturo Romero López, Doctora Mercedes Amanda Martínez Magaña, Doctora Margarita Lanza Martínez, Doctor Guillermo Aristondo, Abel Cuenca, etc. 

El libro se presentará el próximo 22 de julio a las 11 de la mañana en las Ruinas Coloniales de Tacuba, Ahuachapán. 

* Fidel López Eguizábal es docente.  fidel.flopez@gmail.com

Al cumplirse treinta años del fin de la última guerra librada en nuestro territorio, principalmente por su pobrería, escribí un pequeño ensayo. Preguntaba en su título cuándo y cómo se jodió este paisito. En 1993, me respondí. El proceso de pacificación salvadoreño apenas arrancaba cuando le pegaron, estoy convencido, tres balazos directos al corazón del mismo; lo hicieron, en la cara de Naciones Unidas, las partes firmantes de los acuerdos que debieron cumplirse fielmente para llevar esta sociedad maltrecha a buen puerto. Desde el 16 de julio incorporaron de nuevo al ejército en tareas de seguridad pública, pese a que constitucionalmente solo podía hacerse de forma excepcional, y a finales de diciembre desmontaron el Foro para la Concertación Económica y Social. Pero el primero de los disparos –el más grave y dañino– fue la aprobación de una amnistía amplia, absoluta e incondicional. 

Este plomazo certero se lo descargaron el 20 de marzo del citado año a las víctimas para proteger, así, a quienes en uno u otro bando las ultrajaron de diversas y terribles formas que transitaron desde el asesinato individual y las masacres hasta el desplazamiento forzado, pasando por las capturas y torturas que muchísimas veces culminaron en desapariciones forzadas. Me indigné sobremanera y con la entonces directora del ya desaparecido Socorro Jurídico Cristiano, semanas después presentamos la primera demanda de inconstitucionalidad para desterrar de nuestro marco normativo esa infamia mal llamada Ley de amnistía general para la consolidación de la paz. ¿Cuál paz? ¡Mentira absurda y absoluta! Lo que lograron fue fortalecer la impunidad y fomentar la criminalidad violenta.

Pasé de la indignación a la acción, pero me topé con el muro tras el cual se escondieron los cobardes verdugos: una Sala de lo Constitucional al servicio del poder, decidida a salvarles el pellejo tanto a los asesinos materiales e intelectuales como a sus financistas y encubridores. Mediante una resolución exprés emitida el 20 de mayo, sus desvergonzados integrantes tardaron apenas nueve días en declarar “improcedente” nuestra solicitud. ¿Me sentí y pensé derrotado? ¡Para nada! Mejor comencé a imaginar e impulsar diversas iniciativas para derrotar esa cabronada.

Entre estas, cabe destacar la creación y el impulso sostenido ‒desde 1998 hasta el 2019‒ del Festival Verdad; lastimosamente no continuó y tras más de dos décadas de su arranque, dejó de ser lo que se concibió originalmente: un proceso de lucha contra la impunidad desde la organización de las víctimas y por la satisfacción de sus demandas, para lograr poco a poco el acompañamiento social necesario y creciente con especial énfasis en el de las juventudes solidarias, ansiosas y deseosas de cambiar estructuralmente una realidad inaceptable para las mayorías populares.

Fueron veintiún años en los cuales, a partir de la legítima cólera generada por esa realidad inaceptable, intentamos desarrollar vehementemente nuestra inventiva para poner manos a la obra. Fruto de ello, en el 2009 surgió el Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador; este se convirtió en un espacio único para que las víctimas fueran escuchadas con respeto por sus integrantes, quienes emitieron durante una década sentencias reivindicando simbólicamente la dignidad de aquellas e impulsando acciones concretas para revelar las verdades completas, en aras de exigirle al Estado debida justicia y necesarias reparaciones. Estuvo integrado por jueces de España, Brasil, Paraguay, Estados Unidos y El Salvador, siendo objeto de estudios académicos e investigaciones en varios países. 

Y en su doceava edición, los astros se alinearon. Además de la composición profesional, humana y comprometida de entonces, nos acompañó el juez Baltasar Garzón a entregar en la Sala de lo Constitucional nuestra segunda demanda contra la amnistía. Lo hicimos el 20 de marzo del 2013, a veinte años exactos de su deplorable aprobación. Fruto de ello, la sentencia con la que logramos derrotar semejante aberración fue publicada el 13 de julio del 2016. Hace nueve años que acaban de cumplirse, cuatro de los cuales el oficialismo encabezado por Nayib Bukele ha controlado absolutamente la Asamblea Legislativa; igual o peor que en tiempos de “los mismos de siempre”, esta no ha cumplido su obligación de aprobar la legislación ordenada en el citado fallo para investigar los hechos, sancionar a sus responsables y reparar el daño a las víctimas. 

Los tres tristes tiros que impactaron al proceso de pacificación salvadoreño en 1993 ‒la continuidad de la militarización, de las condiciones sociales injustas para nuestra gente y de la impunidad‒ siguen hoy más vigentes que nunca. Habrá pues que desplegar de nuevo la indignación, la pasión, la imaginación y la acción para sacar adelante nuestra sociedad de una vez por todas, sin tropezarnos de nuevo con las mismas piedras.