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Con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa aprobó hoy una reforma presupuestaria para reforzar con $10 millones el presupuesto de Centros Penales con el fin de financiar la alimentación de los privados de libertad. No hubo votos en contra.

Cuando explicó la reforma, el diputado Edgardo Mulato, del partido oficial Nuevas Ideas, aseguró que están buscando garantizar el servicio de alimentación para todos los centros penitenciarios.

Luego, informó que ya tienen 10,000 privados de libertad trabajando en el plan “Cero Ocio”.

“Queremos hacer hincapié cuáles son los beneficios que los privados de libertad están dándole a la población. En el año 2021, teníamos alrededor de 2,000 personas privadas de libertad en el plan Cero Ocio, en el año 2025 son alrededor de 10,000 privados de libertad que se encuentra desarrollando” actividades “en el territorio”, indicó.

Mulato dijo que ahora trabajan “en reinsertarlos” cuando antes gozaban de “privilegios”. “Los vemos en las calles, reparando parques, apoyando al Ministerio de Obras Públican, al Dirección de Obras Municipales, haciendo parques, escuelas, preparan uniformes, zapatos a estudiantes”, aseveró el político.

La administración del sistema penitenciario tiene un presupuesto programado de $76.39 millones, de los cuales ya devengó $55.65 millones.

De los fondos presupuestados, $40.6 millones están previstos para destinarlos a remuneraciones y $34.3 millones para adquisiciones de bienes y servicios, de los cuales $27.29 millones son para servicios generales y arrendamientos.

No hay una cifra oficial actualizada de la cantidad de personas encarceladas en El Salvador.

Sin embargo, el comisionado de derechos humanos del presidente Nayib Bukele, el colombiano Andrés Guzmán, informó, en julio de 2024, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, hasta el 25 de junio de 2024, había en los centros penales salvadoreños un total de 107,997 personas privadas de libertad.

La cifra coincide con los resultados del VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024, realizado a mediados de junio del año pasado, que identificaron un total de 107,055 personas cuyo departamento de residencia no fue especificado, de los cuales 94,112 hombres y 12,943 mujeres, que serían personas privadas de libertad.

Según las cifras oficiales del gobierno, 88,800 personas han sido capturadas durante el régimen de excepción, señaladas de ser pandilleros, desde el 27 de marzo de 2022.

En julio de 2024, el director de Centros Penales, Osiris Luna, aseguró que esperaban que el plan «Cero Ocio» tuviera 48,000 presos.

El Ministerio de Hacienda pidió este miércoles una reforma a la Ley general de presupuesto del Estado 2025 que incorpora los $250 millones que le prestará el Banco Mundial a El Salvador para transferirlos a la partida de «obligaciones generales del Estado» de Hacienda.

Este préstamo, denominado “Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador”, fue ratificado el 3 de septiembre de 2025.

El dinero, según la reforma, se incorporará a la Unidad Presupuestaria 13 “Obligaciones generales del Estado”, a diferentes “líneas de trabajo”, dentro del presupuesto del Ministerio de Hacienda.

Dentro de esta unidad presupuestaria, hay diferentes líneas presupuestarias que consisten en transferencias de fondos que son obligaciones del Estado, como devolución de impuestos –IVA e impuesto sobre la renta–, seguros de vida de empleados, financiamiento de pensiones del IPSFA (Instituto Previsional de la Fuerza Armada), entre otros, pero la reforma no especifica a qué unidades específicas se destinarán los fondos del préstamo.

Los recursos pueden utilizarse «para atender prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuente de liquidez y transferencias varias”, según el decreto de autorización, con el fin de apoyar “las medidas que el Gobierno ha adoptado en el marco de responsabilidad fiscal y para el mantenimiento y continuidad de una política macroeconómica adecuada”.

Según el anexo 1 del contrato de préstamo 9854-SV, el préstamo no podrá ser retirado –excepto el dinero destinado a la comisión inicial, que son $625,000– si el Banco no está de acuerdo con que el programa esté siendo ejecutado por El Salvador y «con la idoneidad» del marco de política macroeconómica del país.

Por el préstamo, El Salvador debe pagar una comisión o tarifa inicial de 0.25 % del monto total del préstamo y 0.25 % anual sobre saldo no retirado de “cargo por compromiso”.

De enero hasta la actualidad, por la Asamblea Legislativa han pasado un total de 13 préstamos por $1,795 millones, todos autorizados y $1,585 millones aprobados.

La Asamblea Legislativa reformó este miércoles la Ley Orgánica de la Academia Nacional de Seguridad Pública para modificar el nombre de la institución y agregarle el nombre “comisionado general Mauricio Antonio Arriaza Chicas”, el director de la Policía Nacional Civil (PNC) que falleció junto a otros subdirectores policiales en la caída del helicóptero que trasladaba al gerente de la cooperativa Cosavi.

“Fuimos amigos, compartimos muchísimas pláticas, fue un gran ser humano. La PNC tuvo un gran cambio a partir de la llegada del comisionado Arriaza”, dijo el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, diputado de Nuevas Ideas, quien aseguró que de cariño ellos le decían «Chelito».

“Fue triste y es triste todavía recordar ese momento donde nos dieron la noticia de ese trágico accidente en donde no solamente él sino otros héroes que lo acompañaban en ese trágico accidente que sucedió”, afirmó el presidente legislativo.

La reforma fue solicitada por el ministro de Seguridad, Héctor Villatoro, este miércoles 17 de septiembre, mediante un escrito recibido a las 10:15 a.m. por la Sección de Correspondencia Oficial de la Asamblea Legislativa.

La reforma fue aprobada con 57 votos a favor. La oposición no votó.

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Arriaza Chicas falleció luego de que se cayera el helicóptero en el que el alto mando policial debía trasladar al recién capturado gerente general de la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI), Manuel Coto Barrientos, uno de los acusados de un fraude de al menos $35 millones.

“Qué bonito el recuerdo que va a quedar eternamente del comisionado Arriaza Chicas, así que él dio la vida por nosotros y hoy vamos a honrar su memoria; y los que lo quisimos estamos seguros de que dios tenía un propósito para él y el propósito era bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele que este gran hombre nos hiciera el honor de ser, hoy por hoy, uno de los países que gozamos de una paz que en años habíamos pensado”, dijo la diputada Claudia Toledo, de Nuevas Ideas, quien agradeció a Nayib Bukele de quien dijo es “un presidente justo impuesto por dios”, durante la sesión plenaria de este miércoles.

La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles el informe de labores del Ministerio de Salud correspondiente al periodo 2024-2025, entre los reclamos de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, porque el ministro de Salud no llegó a explicarlo; y la defensa de diputados de Nuevas Ideas y del Partido de Concertación Nacional, que calificó a Francisco Alabi como el “mejor ministro de la historia”.

“No se quiso mandar a llamar al ministro de salud o a algún representante para que viniera a defender su informe y a responder preguntas que surgen a partir de la lectura de este informe”, indicó Ortiz.

La diputada de Vamos aseguró que la Asamblea Legislativa debería ser un órgano que “le cuente las costillas al Órgano Ejecutivo y a cada uno de sus ministerios con base a los resultados reales de la gestión”, pero reclamó que los ministros no quisieron llegar.

«No se puede aprobar un informe, si quienes tienen la responsabilidad no vienen al examen, un documento con un montón de fotos aguanta con todo, lo que se informa no corresponde con la realidad», dijo.

“Eso habla muy mal de la transparencia y de la rendición de cuentas de esta administración y también de ustedes como diputados, que no permiten la rendición de cuentas y tampoco la exigen”. Claudia Ortiz (Vamos).

¿Qué preguntas hace la diputada Claudia Ortiz al ministro de Salud, Francisco Alabi, sobre el informe de labores 2024-2025?

1. ¿Por qué hay una lenta, lentísima, ejecución de los préstamos aprobados para obras para la red de salud pública?

2. ¿Por qué hay deficiencias señaladas en el mismo informe por la auditoría de los sistemas de control interno en los préstamos para la emergencia de covid-19?

3. ¿Por qué ha habido un retraso injustificado en la construcción del hospital nacional Rosales?

4. ¿Por qué existe un incremento de las compras públicas en medicinas e insumos médicos cuando de las cosas que más se queja la gente es de falta de medicamentos o de exámenes de laboratorio?

5. ¿Cuáles han sido los criterios que el Ministerio de Salud ha utilizado para hacer compras directas, porque el 44 % de las compras se hace mediante compras directas?

6. ¿Dónde está el dinero invertido si los salvadoreños no están recibiendo un mejor servicio?

Después de la lectura de las preguntas al ministro de Salud, el diputado Ricardo Rivas, de Nuevas Ideas, defendió el servicio de salud pública actual y destacó la construcción del hospital nacional Rosales.

“Cuando vamos a un hospital, no vamos a pasear. Vamos porque necesitamos que nos ayuden. Estamos contentos con todo esto que se está haciendo en salud, el doctor Alabi exponía todo lo que se viene para el nuevo hospital Rosales”. Ricardo Rivas (Nuevas Ideas).

El diputado Rivas aseguró, sin embargo, que “no se puede cambiar todo de la noche a la mañana” y que tiene fe de que se sigan “viendo los resultados”. El legislador puso como ejemplo positivo el manejo de la pandemia covid-19. Investigaciones periodísticas han aseverado que se ocultaron el 90 % de muertes por covid-19.

El diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), felicitó al ministro de Salud, Francisco Alabi. “Es el mejor ministro de la historia. El doctor Alabi es una persona que lo vemos en todos lados”, expresó. “El abandono de los hospitales no se va a sacar de la noche a la mañana”, dijo antes el pecenista.

El presidente Nayib Bukele juramentó a Dagoberto Arévalo Herrera como nuevo presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) anunció hoy Casa Presidencial en redes sociales, luego de que el anterior, Jorge Castaneda, durara únicamente un año en el cargo.

Arévalo Herrera es un técnico de la ANDA que fungía como director planificación, regulación y desarrollo de la institución estatal encargada de administrar y de cobrar las tarifas de agua potable a la mayor parte del territorio nacional.

Anteriormente, Arévalo Herrera fue director ejecutivo de la ANDA, en el periodo de octubre de 2020 a agosto de 2024; y fue gerente de investigación hidrogeológica y pozos de la ANDA desde agosto de 2009 hasta diciembre de 2019. Es licenciado en Física de la Universidad de El Salvador y tiene una maestría en Hidrogeología.

«El Presidente @nayibbukele ha juramentado a Dagoberto Arévalo, como nuevo presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, @ANDASV», informó Casa Presidencial, sin detallar si el anterior funcionario fue removido o trasladado a otra institución del Estado.

«El nuevo titular es licenciado en Física y máster en Geología, con estudios en Hidrología, Geoquímica, Oceanografía, Manejo de Recursos Hídricos, Tratamiento de Aguas Residuales, Desalinización de Agua de Mar y Eficiencia en Sistemas de Riego», detalló la cuenta de Casa Presidencial sin dar más información sobre las razones del cambio.

Bukele ya había cambiado al presidente de la ANDA el 20 de agosto de 2024, hace un año, cuando nombró a Jorge Castaneda en el cargo; Castaneda había fungido como presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), institución encargada de autorizar el uso y el aprovechamiento del agua en el territorio, por ejemplo, la perforación de pozos.

Antes de Castaneda, como presidente de la ANDA fungía Rubén Alemán, quien fue removido del cargo luego de que enviara a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que buscaba no solo perdonar la mora y los recargos a los deudores de la ANDA sino también aumentaba las tarifas mínimas de acueductos y alcantarillados.

La ANDA es una institución que tiene más gastos que ingresos, según sus propios balances financieros.

Sus balances muestran que pese a que los ingresos por ventas han aumentado, sus gastos han superado sus ingresos al menos durante los últimos cinco años, por lo que sus «resultados» han sido negativos: en 2023 fue -48.9 millones y en 2024 -16.2 millones.