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Ocho de cada 10 salvadoreños cree que el rumbo de El Salvador es el correcto, una proporción que si bien se mantiene alta, es menor a la manifestada un año anterior, según los resultados en la encuesta de CID Gallup publicada este miércoles.

La encuesta fue realizada mediante entrevistas telefónicas a una muestra de 1,200 personas con un error muestral de más o menos 3 %.

La pregunta realizada sobre el rumbo de país fue: cuando usted toma en cuenta todo lo que pasa en El Salvador, ¿cómo cree que va el país?

En 2024, esta proporción era 87 %, nueve de cada diez salvadoreños según la presentación de CID Gallup. Esta proporción baja a un 81 % en septiembre de 2025.

Sobre esta pregunta en concreto, el gerente de CID Gallup, Luis Haug, se refirió –en la entrevista de Telecorporación Salvadoreña– al cambio a través de los años: antes de 2019 había un “pesimismo bastante fuerte” y ahora son ocho de cada diez salvadoreños.

Los resultados del estudio no muestran que esta caída de 6 puntos –arriba del margen de error– en la percepción del rumbo correcto se deba a la economía, ya que esta percepción mejora de 2024 a 2025.

Preocupados por la economía, pero ven mejora

Según el estudio, el costo de la vida y el empleo siguen siendo las principales preocupaciones de los salvadoreños, pero aumenta la población que ve una situación económica mejor.

Concretamente, la población que ve una mejoría en la situación económica general o en su propia situación económica familiar subió en el último año del 32 % al 40 %, ocho puntos más.

Esta mejoría de 8 puntos se muestra también cuando aumenta la cantidad de salvadoreños que creen que su situación económica familiar ha mejorado en los últimos cuatro meses: esta proporción aumenta del 26 % al 34 %. En otras palabras, más de una tercera parte de la población indica que su situación económica familiar ha mejorado.

El representante de la casa encuestadora subrayó que la seguridad “desapareció de la preocupación en la mente de los ciudadanos salvadoreños” y aparecen otros temas como costo de la vida y la situación económica. En esta ocasión, sí mencionó la disminución del indicador en el último año. Manifestó que hay “mayor estabilidad” en la percepción sobre la situación económica del país. Incluso indicó que “no es tan relevante como era antes”.

El 83 % dice que estamos igual o mejor, no quiere decir no siga siendo una dificultad, que sigamos teniendo un problema con el costo de la vida, pero no es tan relevante como era antes. Luis Haug, gerente de CID Gallup en TCS.

Un 87 % de los salvadoreños tienen una percepción positiva de la imagen de Nayib Bukele como persona y una proporción idéntica respondió que aprueba su labor presidencial, según la casa encuestadora CID Gallup.

La encuesta fue realizada a 1,200 personas mediante teléfono celular y se concluyó este lunes, informó este miércoles Luis Haug, gerente general de CID Gallup, quien explicó que realizan mediciones cada mes. El margen de error es 3 %, hacia arriba o hacia abajo.

Respecto a los resultados del año 2024, el porcentaje de población que percibe positivamente a Bukele baja 4 puntos y la aprobación baja 2 puntos. El porcentaje de salvadoreños que desaprueba a Bukele sube del 7 al 8 % de 2024 a 2025.

“Lo que hay en El Salvador es un bukelismo, no hay Nuevas Ideas, no hay un alcalde que tenga imagen fuerte, no hay un ministro, hay un bukelismo”. Luis Haug, gerente de CID Gallup, en Frente a Frente Tcs.

Otras preguntas realizadas sobre la imagen de Bukele están relacionadas al orgullo que tienen la población de su presidencia y la percepción de que él está buscando lo bueno para los salvadoreños o si creen que cumplirá sus promesas.

La población que tiene orgullo por tener a Nayib Bukele como presidente subiría levemente del 82 al 83 %; y baja del 15 al 12 % la población que siente poco o nada de orgullo.

La cantidad de salvadoreños que perciben que Bukele busca lo bueno para los salvadoreños baja del 90 al 87 %; y sube del 82 al 85 % la población que cree que Bukele cumplirá con la promesa de ayudar a solucionar los problemas de la familia.

En esta encuesta se muestra que el costo de la vida y el empleo sigue siendo la principal preocupación de los salvadoreños, pero también muestra que sube la proporción, en 8 puntos, de la gente que dice que la situación está mejor; y del 26 al 34 % la población que cree que su situación económica familiar ha mejorado en los últimos cuatro meses.

Un incremento de $317.4 millones ha sufrido el presupuesto general del Estado 2025 hasta el mes de julio, con una asignación total que ya alcanza los $9,980.4 millones, casi los $10,000 millones.

Se trata de las instituciones públicas que son parte del Gobierno Central, es decir, Asamblea Legislativa, Órgano Judicial, Presidenci y ministerios, Fiscalía, procuradurías, Corte de Cuentas, tribunales electoral, de servicio civil y de ética gubernamental, Judicatura y pago de deuda.

De los casi $10,000 millones programados para este año, el Gobierno Central ha gastado $5,544.8 millones hasta julio, 55.6 %, y tiene comprometidos $6,663.4 millones, según el informe “Aspectos principales de la ejecución presupuestaria de gastos a julio 2025”.

Los mayores aumentos presupuestarios ocurrieron en Obras Públicas, de $724.7 a $958.5 millones, un aumento de $233.8 millones; y en el Ministerio de Economía, de $75.2 a $177.3 millones, un aumento de $102.1 millones.

En tercer lugar, aumentó Agricultura en $80.8 millones y, en cuarto, el Ministerio de Hacienda, en $70.6 millones.

Por el contrario, el pago de obligaciones, transferencias y deuda ha tenido una disminución de $3,693.1 millones a $3,469.5 millones, de $223.6 millones.

El incremento de $317.4 millones se debe, según el Ministerio de Hacienda, a la “incorporación de recursos para implementar proyectos estratégicos en beneficio de la ciudadanía”.

Del presupuesto total modificado, un total de $1,508.1 millones proviene de préstamos externos, $8,447.5 millones del Fondo General y $24.8 millones son donaciones.

Los datos, sin embargo, según la tabla interactiva del Portal de Transparencia Fiscal, el presupuesto programado modificado del Gobierno Central alcanza los $10,085.7 millones, con una modificación total de $427.8 millones, ya que inicialmente se programaron $9,657.9 millones.

 

 

El gobierno de Estados Unidos habría entregado un total de $4,760,000 al gobierno de El Salvador como parte del acuerdo para encarcelar a unos 300 miembros de la organización terrorista “Tren de Aragua” (TdA), según una correspondencia publicada por la organización Democracy Forward o “Democracia hacia adelante”.

El acuerdo se dio entre el Departamento de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador e implicó la reclusión de 238 venezolanos señalados de ser miembros de TdA por el gobierno estadounidense que fueron encarcelados durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megaprisión construida por el gobierno de Nayib Bukele en el distrito de Tecoluca, San Vicente Sur.

“El Departamento de Estado no asume responsabilidad por reclamaciones por daños y perjuicio de terceros que surjan de este acuerdo (…) Por favor firme a continuación y retorne esta carta tan pronto como sea posible”, indica la carta, fechada el 22 de marzo.

El retorno con la firma por parte de El Salvador implicaba la aceptación de “los términos y las condiciones de esta carta”.

El pago se realizó a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos, según la misiva dirigida a la ministra de Relaciones Exteriores. La carta tiene oculto nombre y cargo del remitente.

La comunicación detalló que, el 14 de marzo, el gobierno salvadoreño “comunicó su voluntad de aceptar en su casa aproximadamente 300 miembros de TdA removidos por hasta un año o hasta otra decisión” y que los fondos se destinarían a costos de la detención y no para propósitos distintos.

Según la correspondencia publicada, el gobierno salvadoreño debía proveer, dentro de los seis meses siguientes al final de cada año calendario, un reporte de la actividad financiera relacionada con los fondos proveídos por Estados Unidos.

El acuerdo comprometió al gobierno salvadoreño a no usar los fondos para apoyar individuos u organizaciones designados bajo la Orden Ejecutiva 13818 –personas involucradas en graves abusos de derechos humanos o corrupción– ya sea funcionarios o exfuncionarios, o personas cómplices directa o indirectamente de corrupción, apropiación indebida de bienes estatales, sobornos; o para individuos u organizaciones relacionadas al terrorismo, incluyendo designados bajo la Orden Ejecutiva 13224, así como tampoco a narcotraficantes.

También se prohibió usar los fotos para financiar caravanas migratorias hacia Estados Unidos, procesos de asilo, agencias de Naciones Unidas, promoción del aborto o que no cumpla la Orden 14173 contra la discriminación ilegal.

Los más de 200 venezolanos fueron deportados a El Salvador por Estados Unidos entre el 15 y el 16 de marzo de 2022 bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La reclusión desató disputas judiciales en las cortes estadounidenses y la presentación de una demanda de habeas corpus en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña.

El Ministerio de Gobernación ha acreditado un total de 22 organizaciones no gubernamentales del 1 de enero al 30 de julio de 2025, un 66.7 % menos que las 66 inscritas en el mismo periodo de 2024.

Desde el año 2019 hasta julio de 2025, Gobernación ha inscrito al menos 972 organizaciones no gubernamentales en El Salvador, según sus registros divulgados en su Portal de Transparencia.

Un total de 86 ONG fueron inscritas durante todo 2024, de las cuales 66 fueron inscritas de enero a julio de ese año.

Estas son las organizaciones no gubernamentales inscritas de enero a julio de 2025

1. Asociaciones de Profesionales de Enfermería de la Universidad de El Salvador, 2 de marzo.

2. Asociación Junta Administradora de Agua Regalo de Dios La Guacamaya, 5 de mayo.

3. Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, 7 de enero.

4. Asociación de Líderes de Talento Humano, 7 de enero.

5. Asociación de Veteranos Atonal, 10 de enero.

6. Asociación para la Educación y Prevención de Diabetes, 12 de marzo.

7. Asociación Aeronáutica y Aeroespacial de El Salvador, 15 de junio.

8. Asociación Comunidad de Empresas de Comunicación de El Salvador, 21 de marzo.

9. Asociación Amigos Club Porsche El Salvador, 28 de mayo.

10. Asociación de Payasos y Artistas Varios El Salvador, 31 de enero.

11. Fundación Ingeniero Ramón Villalta, 5 de mayo.

12. Fundación Alma Corazón, 5 de marzo.

13. Fundación Impulsa Joven, 25 de marzo.

14. Fundación Aún hay respuesta y oportunidad, 7 de enero.

15. Fundación Crecer, 20 de enero.

16. Fundación Acción Psicosocial de El Salvador, 27 de enero.

17. Fundación Alimentos y Educación, 13 de febrero.

18. Fundación La tierra es vida, 13 de febrero.

19. Fundación Universidad Internacional de América Central, 7 de enero.

20. Fundación Pro Salvadoreña, 2 de mayo.

21. Fundación Amiguitos del Porvenir, 14 de febrero.

22. Ful Bellies, Inc., 21 de marzo.

La Ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, vigente desde el 25 de diciembre de 1996, establece que estas organizaciones tienen las mismas obligaciones tributarias que establecen las leyes para las personas naturales y jurídicas, pero pueden ser declaradas de utilidad pública con aval de la Dirección General de Impuestos Internos.

Estas organizaciones están obligadas a llevar un libro de registro de sus miembros o afiliados, a llevar contabilidad formal de su patrimonio según las normas tributarias autorizadas por la Dirección General del Registro, deben tener organismos de vigilancia de la administración de patrimonio y los auditores están obligados a reportar cualquier irregularidades a la Asamblea General y a la Corte de Cuentas de la República.

Las asociaciones y fundaciones que “manejen fondos provenientes del Estado también estarán fiscalizadas por el Ministerio de Hacienda y la Corte de Cuentas” y la Fiscalía ordenará investigación si hay incongruencia entre objetivos y fines, y las actividades desarrolladas, cuando haya elementos de prueba sobre desvío de fondos, por servir como medio para eludir la ley, o cuando haya delitos o faltas.

Esta normativa ya regula las entidades o personas jurídicas extranjeras, que también deben inscribirse en este registro.

Adicionalmente, el 9 de junio de 2025, Gobernación inició el proceso de inscripción en el Registro de Agentes Extranjeros, establecido en la nueva Ley de Agentes Extranjeros, vigente desde el 7 de junio de 2025 en El Salvador.

Con afiches que pedían liberar el líder de veteranos José Santos Melara y del exdirigente del FMLN Atilio Montalvo, veteranos de guerra exhortaron este martes a participar en una marcha el 15 de septiembre. “Que se agilicen los procesos judiciales”, pidió Ángel Claudia, representante del sector.

“No tenemos mayor información, no tenemos ninguna comunicación, creo que nadie lo tiene de los presos políticos. No tienen ninguna oportunidad de que las familias los visiten, ni siquiera los abogados, entendemos”, indicó esta mañana Ángel Claudio, representante de los veteranos.

“La situación es grave, porque empiezan con el régimen de excepción, es cierto que ha dado sus frutos y lo aplaudimos pero no aplaudimos la injusticia que se está dando, que ahora es una herramienta para la represión”, expresó el veterano Santana Sánchez, quien consideró que el régimen actualmente está dando “inseguridad”. “Este país ya está lleno de presos políticos, estamos pidiendo que el régimen de excepción desaparezca”, indicó.

Los veteranos también reclaman la construcción de un hospital y el aumento de las pensiones de $100 a $300 mensuales. Otras preocupaciones son los fallecimientos en los centros penales, que ya llegan a 445 según el Socorro Jurídico Humanitario. Un bloque sindical también reclama por los despidos.

La marcha está programada a las 8:00 de la mañana del lunes 15 de septiembre frente al hospital Rosales y se dirigirá hacia el centro de San Salvador, probablemente frente a la Biblioteca Nacional El Salvador (BINAES).

José Santos Melara, coordinador de la Alianza El Salvador en Paz y director de la Asociación Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra del FMLN (Anvege), se mantiene encarcelado acusado de actos de terrorismo, al igual que el comunicador Luis Alberto Menjívar y otros activistas. Después de su arresto, Melara fue señalado de ser el “financista” de los planes de la “Brigada de Insurrección Salvadoreña” de “detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas” con “explosivos con temporizadores.

Las capturas fueron realizadas los días 30 y 31 de mayo de 2024, antes de la toma de posesión de Nayib Bukele en un segundo mandato de la presidencia de la República.