El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, llegó este viernes a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para detallar el proyecto del presupuesto para el ejercicio fiscal de 2026 que asciende a $91.6 millones, $3.1 millones más respecto al aprobado para 2025.
Destacó que, para el próximo año, el nuevo Centro Nacional Anticorrupción «va a contar con equipo computacional totalmente nuevo y con herramientas de ciberseguridad y herramientas forenses, estas últimas van a garantizar mediante los softwares especializados la detección temprana de irregularidades, análisis de datos masivos, colaboración interinstitucional».
Este Centro tendrá una asignación de $2.6 millones.
«Esta es la última unidad organizativa que se viene a sumar a la institución, que forma parte de una política de Estado mucho más amplia de cero tolerancia a la corrupción. Ya finalizamos la etapa de selección del personal que va a formar parte y esperamos estar finalizando los procesos de contratación a finales de noviembre de este año, mientras tanto, los casos por delitos de corrupción están siendo atendidos por la Unidad Especializada de Delitos de Delitos de Corrupción y por la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía», informó el funcionario.
Consideró que el proyecto del presupuesto para la Fiscalía «es adecuado». «Tenemos un presupuesto operativo de $89.5 millones y $2 millones para proyectos de inversión pública, que es la última fase que se va a realizar en el complejo de la sede central, para un total de $91.6 millones».
Pero advirtió, que en transcurso de la ejecución del presupuesto, «puede que sea necesario solicitar algún tipo de refuerzo relacionado con el avance de cada uno de los litigios internacionales que actualmente enfrenta El Salvador», advirtió el funcionario.
Litigios que enfrenta El Salvador
El fiscal explicó que El Salvador enfrenta varios litigios, los primeros son por la Entidad del Milenio y la constructora MECO que han interpuesto demandas que suman $30.3 millones.
En segundo lugar, un arbitraje contra El Salvador presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas relativas a Inversiones (CIADI) por la compañía Fibranet S.A. y su filial Cablefrecuencias, con la que está demandando $130 millones a El Salvador.
En tercer lugar, la demanda contra El Salvador por $49.3 millones que ha interpuesto el HSBC.
El diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, solicitó el uso de la palabra, para referirse al tema de los litigios que enfrenta El Salvador: «Sabemos que con la capacidad que usted tiene, estos litigios sabemos que no los vamos a perder, con la capacidad que usted tiene de poder moverse, con los fiscales que usted asigna para estos litigios internacionales y sabemos que el pueblo salvadoreño no va a pagar eso y esperamos que no pague eso», expresó el diputado pecenista.
Oficinas en Ahuachapán, San Miguel y La Unión
Dentro de las apuestas de la Fiscalía, señaló tres proyectos para el próximo año, que se refiere a las construcciones y equipamientos de las oficinas de la FGR en Ahuachapán, San Miguel y La Unión.
«Cada uno de esos terrenos son terrenos propios que han sido adquiridos, durante el tiempo y en diferentes administraciones por la Fiscalía», dijo. Otra de las apuestas que tiene la Fiscalía es la «independencia energética con la implementación de energía solar en el complejo de las oficinas centrales de la FGR y del suministro de agua potable para el complejo de la Fiscalía y con ellos obtener certificaciones internacionales con el tipo de construcción que hemos logrado».
El funcionario mencionó que anteriormente las oficinas centrales que ahora están en el Complejo de la Sede Central estaban «distribuidas en nueve edificios por los que se pagaba $2.6 millones al año en alquileres, aparte los costos de operación; solo para convocar a una reunión se tenían que trasladar jefes de todos los edificios ubicados en San Salvador», expresó.
Según Delgado, entre los objetivos de la institución está el combate al delito y al crimen organizado, «que se refiere al trámite judicial de cada uno de los procesos que se han iniciado, en contra de cada una de las organizaciones criminales, pandilleras; la lucha contra la corrupción y mejorar nuestra estructura física y tecnológica».
La Fiscalía ha ejecutado un 86 % de los $82.2 millones asignados para 2025.
