La organización internacional Amnistía Internacional publicó un nuevo informe que sostiene que hay patrones documentados de actos que podrían considerarse crímenes de lesa humanidad y exhortó al Estado salvadoreño a adoptar un plan que finalice el régimen de excepción.
Así mismo, le pide restablecer las garantías del debido proceso, investigar las violaciones documentadas y procesar a los responsables.
El nuevo informe, divulgado este 15 de julio bajo el título «Seguridad: sin derechos», aclaró que no busca “impedir que las autoridades investiguen a personas sospechosas de cometer delitos o a estructuras criminales”, sino que busca asegurar que “se haga en el marco de un debido proceso”.
La investigación considera que en El Salvador hay patrones documentados de “detenciones arbitrarias masivas, torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal que podrían ser crímenes de lesa humanidad según el artículo 7 del Estatuto de Roma”. Su argumento es que estos actos podrían ser “parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil, en un contexto institucional que ha facilitado su comisión”.
“En muchos casos, ya no importa si existe evidencia o no. Basta con que la policía diga que alguien ‘parece pandillero’ para que el sistema lo procese. Estamos viendo procesos donde no se individualizan conductas, no se describen hechos concretos y la detención se vuelve prácticamente automática”, dijo un abogado a la organización.
El informe considera que en El Salvador la detención provisional se ha convertido “en una medida prácticamente automática y no excepcional” en donde los argumentos de arraigo son descartados frecuentemente.
También, sostiene que en las audiencias judiciales “los argumentos de arraigo” presentados por los abogados defensores, como “empleo formal, vínculos familiares, estudios, residencia fija o participación comunitaria”, “frecuentemente son descartados” sin valoración individualizada suficiente.
Amnistía Internacional explica que, para realizar la investigación hicieron seis visitas de documentación entre mayo de 2022 y enero de 2025, 109 entrevistas a víctimas, familiares, abogados, defensores públicos, abogados defensores particulares, y agentes activos y retirados de la Policía Nacional Civil (PNC), análisis de requerimientos fiscales, resoluciones judiciales, decretos legislativos y examen a más de 80 casos individuales. En 70 casos, “ninguno de los detenidos tenía orden de arresto previa ni se constató una investigación individual que justificara su detención”.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó que “la seguridad no puede construirse sobre la arbitrariedad, la tortura, las desapariciones forzadas y la anulación del debido proceso”, según el comunicado de prensa.
La organización sostiene que incluso los nombramientos de los funcionarios de segundo grado desde mayo de 2021 ha sido parte o facilitado los abusos. Señala que hay un “uso sistemático de la tortura y otros malos tratos en centros de detención sin mecanismos de control que obliguen al Estado a cumplir sus obligaciones internacionales”.
En marzo de 2026, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, negó en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en El Salvador haya una persecución a los defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas; y el procurador general de la República, René Escobar Álvarez, aseguró que «el Estado rechaza cualquier intento de atribuirle una política o práctica orientada a la comisión, tolerancia o promisión de actos como desaparición forzada, tortura, violencia sexual o ejecuciones arbitrarias«.
En la misma audiencia, un grupo de expertos sostuvo que hay «base razonable» que indican la posible perpetración de delitos de lesa humanidad durante el régimen de excepción. Este informe fue rechazado y criticado por el gobierno salvadoreño.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, señaló en ese entonces a «todas las ONG, tanques de pensamiento, medios y periodistas tarifados de Soros atacando al unísono y de manera evidentemente coordinada» e insistió en que el Estado «prioriza» los derechos humanos de la «gente honrada» y «trabajadora» y acusó a «estos organismos supuestamente de derechos humanos que más parecen un bufete de los delincuentes».
