Categoría: Politica

Parte de los $97 millones que el Gobierno busca incorporar al presupuesto 2026 de un saldo de títulos valores colocados se destinará al cumplimiento de “las condiciones mínimas de detenciones” de acuerdo a una iniciativa del Ministerio de Hacienda.

Será $30 millones que serán absorbidos por el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia que se destinarían a “garantizar una gestión eficiente en el proceso de rehabilitación de los privados de libertad, dándole cumplimiento a las condiciones mínimas de detenciones”.

Los fondos provienen de dos colocaciones de títulos valores aprobadas desde el año 2025.

El 11 de noviembre de 2025, la Asamblea Legislativa autorizó la gestión de una deuda de $344 millones en títulos valores; de esta colocación se incorporaron, el 2 de diciembre de 2025, un total de $267 millones en el presupuesto 2025, es decir, quedó un saldo disponible $77 millones.
En segundo lugar, el 15 de abril de 2026, la Asamblea Legislativa autorizó a Hacienda a colocar hasta $100 millones de títulos valores; de los cuales, el 21 de abril de 2026, se incorporaron $80 millones en el presupuesto 2026 del Ministerio de Economía, por lo que quedó un saldo de $20 millones.

Los montos mayores serán absorbidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que recibirá $37 millones para los “agromercados, logística y operatividad institucional”, $31.2 millones para el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, de los cuales $30 millones se destinarían a la rehabilitación penitenciaria.

El tercer gran monto será para el Ministerio de Gobernación, que ocupará $9 millones para “fortalecimiento institucional” y $10 millones para “servicios de transporte, alimentación, procesos formativos y entrega de becas del programa Florecimiento Salvadoreño”.

El resto de fondos serán utilizados para litigios y funcionamiento en el caso de la Fiscalía General de la República, para promover el país, para eventos internacionales, para operatividad del último trimestre del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), para el funcionamiento de la nueva Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) y para funcionamiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Con la frase «La era de la IA está aquí, o preparamos a nuestros hijos para ella, o no lo hacemos», el presidente salvadoreños exhortó a los salvadoreños a preparar a niños y jóvenes para el uso de la Inteligencia Artificial (IA).

El mensaje fue emitido poco después de que el mandatario destacara buenos resultados obtenidos por estudiantes que son parte de una prueba piloto gubernamental que usa «tutores con Inteligencia Artificial y que está en 171 escuelas públicas desde hace poco más de un año» con la participación de 1,198 estudiantes voluntarios.

Según Bukele, este plan piloto con tutores con IA «estará en todas las escuelas públicas» del país.

Este grupo de estudiantes se sometieron en junio de 2026 a la Prueba para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) y «obtuvieron resultados comparables con los promedios de Suecia y Alemania» citó Bukele del Banco Mundial, que aclaró que el grupo no era representativo de todos los estudiantes que realizan la prueba.

Los resultados de la evaluación PISA, que evalúa el aprendizaje de los alumnos que participan en el Proyecto de Modernización Educativa y su capacidad de asimilar conocimientos científicos y disciplinares, serán dados a conocer el 8 de septiembre.

En la prueba PISA 2022, el 62.8 % de los estudiantes tuvieron un bajo rendimiento académico en las tres asignaturas que evalúan, Matemáticas, Ciencias y Lectura, obtuvieron 343 puntos en Matemática, ubicándose en uno de los cuatro últimos lugares; 365 en Lectura y 373 en Ciencias.

Pacífico Chávez, candidato a secretario de Organización de Vamos en la planilla de Claudia Ortiz, informó este sábado que él ha sido denunciado ante el Tribunal de Honor del partido político, mismo que suspendió a Ortiz mientras resuelve una demanda de expulsión en su contra.

Chávez publicó un comunicado, de una página, en el cual relata que fue denunciado «por exponer ante el público las fallas y errores cometidos recientemente en el proceso de elección de nuestros candidatos».

El candidato afirmó que, durante el último año, ha formado a candidatos de Vamos en «ADN de Vamos, integridad, transparencia, dignidad y honestidad».

«Voy a defender mi derecho a competir y a aportar para que el partido se convierta realmente en la opción que permita a ciudadanos y líderes salvadoreños materializar sus aspiraciones por un mejor El Salvador», indicó.

Posteriormente Claudia Ortiz, diputada de Vamos, retomó la denuncia para alertar «a la militancia de Vamos y ciudadanía en general» que otro miembro de su planilla fue denunciado ante el Tribunal de Honor. Detalló que también le suspendieron sus derechos como afiliado.

Contra Ortiz fue interpuesta una demanda de expulsión en el Tribunal de Honor, que le suspendió sus derechos a ejercer su cargo en la dirigencia y a ejercer su derecho al voto en las elecciones del 20 de septiembre mientras resuelve.

El partido Vamos convocó a su militancia a elecciones internas para el 20 de septiembre con el fin de elegir a su próxima dirigencia, que sustituirá a la dirigida por la secretaria general actual, Cesia Rivas, quien es actualmente diputada suplente.

Ortiz ha señalado que «un grupito» tiene secuestrado al partido y denunció criterios cerrados para elegir a los candidatos a diputados y alcaldes de los comicios de febrero de 2027.

El Tribunal de Honor de Vamos informó en un comunicado que no se pronunciaría sobre los casos que procesa. La diputada suplente Cesia Rivas, candidata a secretaria general de Vamos, no respondió a preguntas de Diario El Mundo sobre cuestionamientos que hizo Ortiz sobre un conflicto de interés de los miembros del Tribunal de Honor.

El candidato a alcalde del Parto de Concertación Nacional (PCN), el exarenero Juan Pablo Álvarez, propuso construir un mercado en la alcaldía del distrito de Soyapango, en donde dijo la infraestructura está casi con poco en personal y casi en abandono.

El aspirante visitó a los vendedores del mercado central de Soyapango, San Salvador Este, junto a candidatos a diputados por el departamento de San Salvador.

«Me han notificado que van a ser desalojados el 20 de septiembre. Sabemos que hay necesidad que el centro de Soyapango se vea bonito, pero hay necesidad de dar soluciones. Ahí donde hoy funciona la alcaldía de Soyapango nosotros estaríamos dispuestos a trasladar todas esas dependencias y construir ahí un mercado», propuso.

Estuvieron presentes los candidatos a diputados Edwin López, Juan Pablo Sánchez y Mauricio Hernández, y la secretaria nacional de Asuntos Femeninos del partido, Loly Mejía, informó el PCN en un comunicado de prensa.

La actividad inició en el parque central, frente a la Alcaldía Municipal, y los aspirantes recorrieron las principales secciones del mercado.

En San Salvador Este, los diferentes partidos políticos han postulado a siete candidatos a alcalde: por Nuevas Ideas, Rafael Balmore Menjívar Morales, quien ha sido gerente y representante legal de CTE Telecom; por el FMLN, el concejal Cayetano Cruz; por Arena el exprecandidato a alcalde de Ilopango Mario Alfredo Castillo Flores; por Vamos, Víctor Molina; por Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), el exalcalde exarenero Adán Perdomo; por el PDC, Carlos Figueroa, hijo de la concejal de Gana Sorayda Figueroa; y por el PCN, al exalcalde de Soyapango Juan Pablo Álvarez, quien renunció a Arena en noviembre de 2021.

San Salvador Este está formado por cuatro distritos: Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque.

Con 23 copatrocinadores, el congresista demócrata Eugene Vindman presentó el 3 de septiembre un proyecto de ley que ordenaría al Departamento de Seguridad Nacional designar un Estatus de Protección Temporal (TPS) a El Salvador por 18 meses a partir del 9 de septiembre de 2026.

El proyecto H.R. 10297 El Salvador TPS Ley de 2026 se aplicaría a pesar de cualquier otra normativa que pudiera impedir dicha designación aunque no crearía un estatus legal permanente para los salvadoreños ni haría elegibles a todos los salvadoreños en Estados Unidos, según Quiver Quantitative.

La propuesta tampoco busca cambiar el sistema general de inmigración más allá de esta designación temporal.

El congresista Vindman y Juan Vargas participaron el jueves en una mesa redonda organizada por el Caucus Hispano del Congreso (CHC) junto con la Alianza Nacional de TPS, CARECEN-LA, Alianza Américas, NDLON, FWD.us, SEIU e IUPAT, informó el medio annuysnewspress.com.

“El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, tiene una opción que hacer: puede renovar el TPS para El Salvador, fortalecer a las familias, las comunidades y la economía de nuestra nación, o puede causar estragos en las vidas de 170.000 beneficiarios del TPS salvadoreños totalmente examinados y los 277,000 ciudadanos estadounidenses, incluidos 150.000 niños, que viven con ellos”, dijo el presidente del Caucus, Adriano Espaillat (NY-13).

De acuerdo con este medio californiano, un beneficiario de TPS mostró 12 Documentos de Autorización de Empleo (EAD) que ha renovado diligentemente para cumplir con las leyes de inmigración de los Estados Unidos.

El presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Invest), Rodrigo Ayala, defendió el viernes los beneficios fiscales a las empresas del país que expandan sus inversiones en montos desde $1 millón hasta más de $75 millones.

“Alguien podrá decir: ‘bueno, pero se le está dando más beneficio a la empresa’. Primero, no satanizar el darle más beneficio a la empresa, porque lo que buscamos es que se expanda, que haya más empleos, etcétera”, dijo el funcionario, en la Comisión de Tecnología, minutos antes de que los diputados dictaminaran una reforma a la Ley de fomento de la expansión de las inversiones para permitir el incentivo a las sociedades que conformen Grupos Empresariales o consorcios.

La ley otorga créditos tributarios que se pueden utilizar contra el pago del Impuesto sobre la Renta equivalentes al 10 %, 20 % y 30 % del monto expandido que puede ser desde $1 millón hasta más de $20 millones. Estos créditos tributarios que no pueden ser usados al 100 % en un mismo ejercicio fiscal.

Con la reforma, el crédito tributario utilizable será «sobre el excedente que resulte de restar el promedio de los resultados del impuesto declarado en cuatro ejercicios fiscales anteriores».

Esta forma de otorgar el beneficio fiscal a las empresas que amplían sus inversiones no implicaría, según el funcionario, que Hacienda deje de percibir impuestos, sino que se dejará de recaudar el equivalente al crédito tributario que usará la empresa.

“No es que se deje de percibir. Si ya recauda $10 millones de esa empresa no va a dejar de recaudar $10 millones de esa empresa. Lo que va a dejar de recaudar es un crédito que esta empresa, si digamos que en el año primero o el año segundo ya no va a tributar $10 millones sino $12 millones, podría eximir un porcentaje, ni siquiera esos $2 millones sino un porcentaje dentro de esos $2 millones”, señaló.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, preguntó cuánto se dejaría de percibir en Impuesto sobre la Renta eximido. El funcionario explicó que por ahora tienen 23 empresas precalificadas, cinco de las cuales ya están calificadas por el Ministerio de Economía (Minec) par que el próximo año fiscal utilicen sus créditos tributarios en el Ministerio de Hacienda. Detalló que el porcentaje que dejaría de percibir en tributos lo tiene el Ministerio de Hacienda.

Hasta ayer, un total de 23 empresas prometían una inversión superior a los $500 millones en expansión. La reforma dictaminada el viernes busca otorgar los incentivos fiscales, que exime cierto impuesto sobre la renta a través de créditos tributarios, a las corporaciones cuyas sociedades dedicadas al mismo fin sumen al menos $75 millones que aplicarían directamente a un crédito tributario equivalente al 30 % de la inversión expandida.

La organización Acción Ciudadana percibe que hay temor dentro de partidos políticos de oposición para que sus miembros se postulen como candidatos o para la publicación de donantes en el marco de las elecciones generales que se celebrarán en El Salvador el 28 de febrero de 2027.

“Los partidos políticos señalan el temor persistente en una parte de la población a ser perseguida políticamente, sobre todo en el contexto del régimen de excepción, lo que les impide incluso candidatearse, por temor a represalias”, reza uno de los hallazgos del informe de “Monitoreo del Estado de la integridad electoral en El Salvador” del periodo abril junio de 2026 divulgado este viernes.

Según la organización la falta de transparencia por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la posible incidencia de actores externos en el proceso, ambas preocupaciones de los partidos, «podrían tener impacto en el desarrollo del evento electoral».

El informe retoma la denuncia de un dirigente partidario de que «empresarios no pueden candidatearse por temor a ser perseguidos políticamente a través de auditorías o señalamientos de Hacienda» y habla de un «ambiente de temor de la instrumentalización jurídica de la política».

«Estos temores se suman a la idea ya mencionada por Acción Ciudadana que algunos partidos no estarían publicando el listado de donantes, como lo manda la ley, debido a temor por posibles represalias», agrega el reporte.

El informe señala diversas debilidades de la integridad del proceso electoral 2027 por diversas modificaciones. Señaló que se distorsionó el sistema electoral y la proporcionalidad de circunscripciones al quitar escaños a las circunscripciones de San Salvador y La Libertad, falta de idoneidad y experiencia del personal nuevo del Tribunal Supremo Electoral, aumento del control del oficialismo en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una Junta de Vigilancia Electoral débil y la falta de transparencia del órgano electoral.

Además, señala una competencia electoral desequilibrada ante un papel inoperante del TSE, la desigualdad entre partidos por la eliminación de la deuda política y el atraso en la contratación de la empresa que administrará el voto electrónico que ejercerán los salvadoreños en el extranjero.

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa aprobó este viernes el dictamen favorable que reformará la Ley de fomento de la expansión de las inversiones para abrir los incentivos fiscales a grupos corporativos o empresariales que sumen una expansión de inversión de al menos $75 millones y flexibilizar otros requisitos.

Se trata de una ley que otorga créditos tributarios de Impuesto sobre la Renta (ISR) del 10 %, 20 % o 30 % de la inversión expandida durante 10 años a empresas ya instaladas en El Salvador que amplíen sus inversiones.

Uno de los cambios es que, con la reforma, se permitirá que grupos corporativos o empresariales con una expansión mínima de $75 millones apliquen a estos incentivos.

«Hay diferentes grupos que se han acercado, han querido precalificar y por ende calificar a los incentivos de la ley pero como tienen diferentes sociedades para el mismo fin productivo, eso es algo muy importante que hay que aclarar», detalló esta mañana el presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Invest), Rodrigo Ayala, en la Comisión. Ayala, ante una pregunta de la diputada Claudia Ortiz (Vamos), dijo que no hubo un grupo específico que hubiese solicitado estos cambios.

El funcionario explicó que ante la disyuntiva de si recaudar más o incentivar que se creen más empleos en este momento, ellos están velando en este momento «por que hayan más empleos», ya que, si bien la recaudación «se deja de percibir hoy» –ya que la ley otorga hasta el 30 % de tributos utilizables para pagar Impuesto sobre la Renta a Hacienda– , «se van a crear nuevas plazas de empleo».

Aclaró que la inversión de las sociedades que formen un grupo empresarial deberá estar encadenada «al mismo fin productivo».

Flexibiliza otros requisitos

La reforma también elimina la exclusión de empresas que hayan gozado de incentivos en el pasado. La ministra de Economía, María Luisa Hayem, puso como ejemplo que esta normativa será compatible con los beneficios que plantea la Ley del fomento para el uso de la energía renovable.

Los incentivos incluirán las compras de maquinaria y equipo a partir de la calificación otorgada por Invest. “Esta ley se habilita para que la cobertura del beneficio que otorga la ley para compras de maquinaria y equipo pueda beneficiarse a partir de la calificación que brinda Invest El Salvador a estas empresas o grupos empresariales”, indicó la ministra.

Otra reforma es la reducción de 10 a 5 años el requisito de tiempo mínimo de operación exigido a las empresas beneficiadas.

También se reduce la cantidad de ejercicios fiscales declarados en Impuesto sobre la Renta de 10 a 4 ejercicios fiscales.

De la misma manera se reducen los años de estados financieros auditados que deben ser presentados, de 10 a 5 años.

La Ley de fomento de la expansión de las inversiones, vigente desde el 24 de enero de 2024, ofrece créditos tributarios equivalentes al 10 %, 20 % y 30 % del monto expandido que puede ser desde $1 millón hasta más de $20 millones pero exige a las empresas ciertos requisitos.

El presidente de Invest informó que, hasta este 4 de septiembre de 2026, las empresas han expandido su inversión en $502 millones, algo que promete un total de 2,200 nuevos empleos especializados  que según el funcionario tendrían mayores niveles de ingresos.