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El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia pidió esta semana a la Asamblea Legislativa una reforma para prohibir la conciliación a los conductores peligrosos que provoquen muertes o lesiones y a quienes cometan el delito de facilitación de vehículo pesado a conductor sin licencia.

Las solicitudes de reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal fue recibida por la Asamblea Legislativa el miércoles y será analizada por la Comisión de Seguridad Nacional de la Asamblea Legislativa el próximo martes.

La prohibición de la conciliación o mediación significa que no se podrá “extinguir la acción penal” para un imputado del delito de conducción peligrosa en cualquier tipo de vehículo que haya derivado en muerte o lesiones, aunque alcance un acuerdo con la o las víctimas. En otras palabras, el imputado no podrá evitar la pena de prisión si con su conducción peligrosa provocó muertos o heridos.

La prohibición de la conciliación también se extendería al delito de facilitación de transporte público colectivo de pasajeros o de transporte de carga a un conductor no habilitado, que sería creado con la misma reforma con una pena de prisión entre 5 y 10 años de prisión.

La prohibición de la conciliación es parte de una propuesta del Gobierno que incluye el aumento de penas para el delito de conducción peligrosa cuando provoque muertes o lesiones.

La reforma incrementa la pena para el delito de conducción peligrosa con vehículo de transporte público o de carga a un rango entre 5 y 10 años de prisión; da hasta 10 años de prisión si la conducción peligrosa en cualquier vehículo provoca muertes o lesiones; y hasta 15 años de prisión si la conducción peligrosa en vehículo pesado provoca muertes o lesiones.

Además, permite aumentar la pena hasta en una tercera parte para el delito de facilitación de vehículo pesado (transporte público o de carga a partir de 8 toneladas) si esta acción provocó lesiones o la muerte de una o más personas.

Según la solicitud, el gobierno busca atender «las circunstancias» que «favorecen el incremento de los accidentes de tránsito” y toma en consideración “el riesgo para la vida y la integridad física de las personas” del delito de conducción peligrosa de vehículos.

¿Cuáles son las reformas propuestas?

1. No podrá conciliarse el delito de conducción peligrosa, si provocan muertes o lesiones

Reforma al artículo 147-E del Código Penal, en el último inciso: “En estos supuestos (homicidio culposo o lesiones culposas en el delito de conducción peligrosa) no procederá la conciliación, la mediación, ni la reparación integral del daño, como causas de extinción de la acción penal o como formas de terminación anticipada del proceso. Se impondrá, además, la pena de privación del derecho de conducir o de obtener la licencia respectiva, por el mismo término de la pena impuesta”.

2. Nueva conducta para delito de conducción peligrosa

Actualmente, el artículo 147-E legisla el delito de conducción peligrosa de automotores, un delito castigado de 2 a 5 años de prisión y que ocurre con la conducción que ponga en peligro la vida de las personas en general con circunstancias como la presencia de alcohol en sangre, influencia de drogas, disputa de vía.

Con la reforma, se introduce una nueva conducta para el delito: la falta de licencia al conducir vehículos de transporte colectivo o de carga.

3. Más pena para delito de «conducción peligrosa» con vehículo de transporte público o de carga

Si el delito de conducción peligrosa se comete en vehículo de transporte público o de carga, la pena se incrementa a prisión de 5 a 10 años.

4. Más pena para «conducción peligrosa» en todo vehículo, si provoca muertes o lesiones

Si el delito de conducción peligrosa provoca muertes o lesiones culposas, la pena incrementa a un máximo de 10 años.

5. Más pena para «conducción peligrosa» en vehículo de transporte público, si provoca muertes o lesiones

Si el delito de conducción peligrosa provoca muertes o lesiones culposas en conducción de vehículo de transporte público o de carga, la pena incrementa a un máximo 15 años.

6. Nuevo delito de facilitación de vehículo pesado a conductor no habilitado: tampoco será conciliable

Se impone una pena de prisión de 5 a 10 años al propietario del vehículo de transporte público de pasajeros o de carga que permita a otra persona conducirlo sin poseer licencia.

“En este delito no procederá la conciliación ni la mediación”, dice el inciso final del nuevo artículo 147-G, que introduce el delito de “facilitación de vehículo de motor destinado al transporte público colectivo de pasajeros o de transporte de carga a conductor no habilitado”.

7. Agravante para el delito de facilitación de vehículo pesado

Si el nuevo delito de facilitación de vehículo pesado a conductor no habilitado causa lesión o muerte, la pena se aumenta en una tercera parte, siendo el máximo 13 años y 4 meses de prisión.

8. Responsabilidad civil

La prohibición de la conciliación no elimina la obligación de cumplir con la responsabilidad civil que tendrán tanto el propietario como el conductor por los daños y perjuicios de las lesiones o de la muerte de una o más personas.

9. Delitos de lesiones culposas (accidentes) podrán ser perseguidos sin acción privada

La propuesta introduce una reforma en el artículo 27 del Código Procesal Penal, que indica que para la persecución, «dependerán de instancia particular los delitos siguientes: “1) Lesiones reguladas en el artículo 142 del Código Penal y lesiones culposas». En esta disposición se agrega: “Con excepción de las lesiones culposas cometidas mediante la conducción de un vehículo de motor”.

10. Conciliación no evitará acción penal

En el artículo 38 del Código Procesal Penal, se establecería que la mediación o conciliación entre el imputado y la víctima extinguirá la acción penal únicamente cuando se trate de homicidio culposo pero «con exclusión del que sea cometido como resultado de la comisión del delito de conducción peligrosa de vehículos automotores» y de lesiones en su tipo básico y las culposas pero «con exclusión de las cometidas como resultado de la comisión del delito de conducción peligrosa de vehículos automotores».

En esta disposición también se establece que «tampoco podrá conciliarse ni mediarse el delito de facilitación de vehículo de motor destinado al transporte público colectivo de pasajeros o de transporte de carga a conductor no habilitado, tipificado en el artículo 147-G del Código Penal».

El 83.5 % de los salvadoreños está en desacuerdo con que se aumente 5 años la edad mínima de jubilación en El Salvador, de acuerdo con la encuesta «Percepciones ciudadanas sobre el sistema de pensiones y la situación de las personas adultas mayores en El Salvador» del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Solo el 14.7 % estaría de acuerdo con que la edad de jubilación aumente 5 años.

La actual Ley integral del sistema de pensiones requiere una edad mínima de 55 años para que las mujeres puedan pensionarse y de 60 años para los hombres, además de 25 años de trabajo. «Para las pensiones de vejez, la edad de retiro para hombres es 60 años y para mujeres, 55 años», reza el primer inciso del artículo 96.

La encuesta publicada el jueves fue realizada del 27 de abril al 27 de mayo de 2026, a una muestra de 453 personas, con un error muestral de 4.6 % y un nivel de confianza del 95 %, mediante entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años.

68 % rechaza aumento de cotización

El estudio muestra un rechazo dominante, aunque menor, del 67.9 %, al posible aumento de la tasa de cotización que le descuentan a los trabajadores, aunque este aumento sirva para mejorar la pensión.

La pregunta realizada en la encuesta fue: «Hoy en día, las AFP descuentan 7.25 % del salario. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con aumentar este descuento, para tener una pensión más alta cuando se jubile?».

Aun planteando la mejora de pensión, solo el 32.1 %, casi la tercera parte de los salvadoreños, está de acuerdo con aumentar ese descuento.

Sin embargo, la reforma de pensiones sugerida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) no ha solicitado mejorar las pensiones, sino buscar que el sistema sea sostenible y que el Estado dependa menos de los ahorros de los trabajadores, dado que cada mes el Estado toma de $47 hasta $100 millones colocando instrumentos financieros que deben comprar las AFP.

Uno de los compromisos del Gobierno salvadoreño con el FMI en el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) es precisamente impulsar una reforma paramétrica en 2027. Ello podría modificar la edad de jubilación y la tasa de cotización, los años de trabajo requisito para jubilarse o incluso la fórmula de las pensiones.

Actualmente la tasa de cotización es del 16 % sobre el ingreso base de cotización, el 7.25 % se le descuenta al trabajador y el 8.75 % lo debe aportar el empleador.

El FMI plantea que la reforma de pensiones debe realizarse para «fortalecer la sostenibilidad del sistema y generar ahorro fiscal» y «dotar al sistema de pensiones de bases sólidas al tiempo que se contienen los costos fiscales y los pasivos contingentes», además e sugerir que el Estado debe reducir su dependencia del ahorro de pensiones que administran las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP).

¿Privados o públicos?

La encuesta plantea una división entre las personas que creen que el sistema debe ser manejado por los privados y por los públicos.

El 30.7 % está de acuerdo en que sean las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) las que administren los fondos de pensiones. Sumado al 13.1 que cree que «debería ser otra institución privada», resulta un 43.8 % de la población que opta por que sea un privado quien administre los ahorros de los trabajadores.

Sin embargo, un considerable 28.2 % de la población está a favor de que sea una institución pública la que administre estos ahorros para las pensiones de los salvadoreños que trabajan en el sistema formal de la economía.

El estudio, además, muestra que casi la mitad de los salvadoreños, un 48 %, creen que las pensiones deberían ser financiadas por los impuestos que paga la población y solo el 15 % de los ahorros.

La Ley Especial Transitoria para la Participación de la Fuerza Armada de El Salvador en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití se encuentra vigente desde el pasado 2 de octubre, luego de su publicación en el Diario Oficial el 30 de septiembre de 2026.

La Asamblea Legislativa aprobó la normativa el 29 de septiembre, con la que autorizó por 12 meses adicionales la participación de personal militar salvadoreño en la misión internacional desplegada en Haití, hasta octubre de 2027, con posibilidad de prórroga mientras continúe la operación.

El nuevo decreto sustituye la autorización que estaba vigente hasta octubre de 2026, la cual limitaba expresamente la participación de la Fuerza Armada salvadoreña a facilitar evacuaciones médicas del personal de la misión dentro de su área de responsabilidad.

A diferencia de la normativa anterior, la nueva ley ya no circunscribe la intervención salvadoreña a las evacuaciones médicas, sino que contempla el despliegue de aeronaves, personal civil y militar, así como la realización de distintas actividades relacionadas con las necesidades operativas de la GSF.

Según el texto aprobado, la misión salvadoreña podrá contar con aeronaves «completamente equipadas para misiones específicas con protección de otras aeronaves propias”, además del despliegue de “personal civil y militar de acuerdo con las necesidades de la misión”, para colaborar en las diferentes tareas desarrolladas en territorio haitiano.

La normativa también contempla la posibilidad de “emprender actividades consideradas necesarias por la misión”, de conformidad con los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, que establecen disposiciones sobre la protección de la población civil, las personas heridas, los detenidos y quienes no participan directamente en las hostilidades.

La nueva ley faculta al presidente de la República, Nayib Bukele, para realizar los “arreglos que sean necesarios” con el propósito de que el personal salvadoreño no sea entregado o transferido a un tribunal internacional, entidad o Estado para ser juzgado, sin perjuicio del cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por El Salvador. Esta disposición mantiene condiciones similares a las establecidas en el decreto anterior, cuya vigencia concluyó en octubre de 2026.

El Salvador informó al Gobierno de Estados Unidos que su Fuerza Armada está en condiciones de apoyar la misión internacional mediante ayuda militar y equipamiento de defensa para contribuir a las operaciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití.

Seis meses más para la Fuerza Antipandillas

La continuidad de la participación salvadoreña se produce en el contexto de la renovación del mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas por parte del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que aprobó una extensión de seis meses, hasta marzo de 2027.

La GSF sustituyó a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), liderada por Kenia, que había sido autorizada en octubre de 2023 para contribuir a enfrentar la violencia de las pandillas en Haití y que operó con recursos limitados.

La Fuerza de Supresión de Pandillas fue aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 30 de septiembre de 2025, con un mandato inicial de 12 meses y una estructura prevista de 5,550 efectivos de seguridad, además de más de 50 empleados civiles, para ejecutar operaciones orientadas a desmantelar bandas armadas.

De acuerdo con cifras oficiales estadounidenses, la GSF cuenta actualmente con alrededor de 1,500 integrantes, aunque se prevé ampliar su despliegue hasta alcanzar los 4,000 efectivos.

En El Salvador, la Asamblea Legislativa había prorrogado el 1 de octubre de 2025 la participación de la Fuerza Armada en la MMAS por un año, del 2 de octubre de 2025 al 2 de octubre de 2026.

Cinco disposiciones del nuevo decreto

1. Ampliación del plazo: autoriza la participación de la Fuerza Armada de El Salvador en la GSF durante 12 meses adicionales, hasta octubre de 2027, con posibilidad de prórroga mientras continúe la misión.
2. Despliegue de aeronaves: contempla el uso de aeronaves equipadas para misiones específicas y con protección de otras aeronaves propias, de acuerdo con las necesidades de la operación.
3. Participación de personal civil y militar: permite desplegar personal salvadoreño civil y militar para colaborar en las diferentes tareas que requiera la misión en Haití.
4. Actividades operativas: autoriza la realización de actividades consideradas necesarias por la GSF, conforme a los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales.
5. Garantías jurídicas y coordinación internacional: faculta al presidente de la República para realizar los arreglos necesarios relacionados con la protección jurídica del personal salvadoreño, sin perjuicio del cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por el país, y contempla el apoyo mediante ayuda militar y equipamiento de defensa.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves un dictamen favorable para ratificar el “Acuerdo de alcance parcial entre el gobierno de la República de El Salvador y el gobierno de Belice”.

El acuerdo fue suscrito el 13 de agosto de 2026 luego de dos rondas de negociación.

Con el acuerdo, 422 productos salvadoreños tendrán acceso preferencial a Belice, 316 con arancel cero y 106 con reducciones parciales en plazos de 5 a 10 años. Entre los sectores salvadoreños beneficiados están la metal mecánica, industrias químicas, medicamentos, textiles, papel y cartón, plásticos y cauchos, y la industria.

Entre los 316 productos que tendrán arancel cero estarán las camisas de punto, las botellas de plástico y medicamentos para uso humano. Serán beneficiados gradualidad, cepillos, muebles de metal y preparaciones de atún.

Así mismo, 276 productos beliceños tendrán acceso preferencial a El Salvador, 194 con arancel cero desde la entrada en vigor y 82 con reducciones parciales con sectores beneficiados como agroindustria, alimentos y bebidas, maderas y muebles, papel y cartón, manufacturas de piedra, pieles y cuero.

El jefe de departamento de negociaciones y tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lisandro Landaverde, explicó que el acuerdo procura fortalecer las relaciones comerciales y económicos con Belice, con beneficios arancelarios y mecanismos para la solución de diferencias comerciales.

También acudió a la comisión el jefe de política económica internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Néstor Gámez Platero, quien aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores impulsa la estrategia de diplomacia económica y uno de los pilares de la misma es la suscripción de acuerdos económicos.

Por su parte, la subdirectora de acuerdos comerciales del Ministerio de Economía, María Renderos de López, señaló que se verán beneficiados por la reducción arancelaria a ciertos productos tanto de Belice como de El Salvador.

“Hay marco jurídico relacionado con eliminación de barrera, reglas claras en medidas sanitarias y que actualmente ya las cumplimos, lo que buscamos con este acuerdo es tener más certeza jurídica”, indicó Renderos, quien espera beneficios también para los 70,000 salvadoreños que viven en Belice.

La diputada Ana Figueroa, presidenta de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, respondió que esta es “una iniciativa muy muy interesante” y tiene el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países. “De esa forma dinamizar nuestra economía”, comentó. Luego de la visita de los funcionarios, el diputado Raúl Chamagua leyó el dictamen, que fue aprobado por los diputados.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, viajó a Argentina en donde sostuvo un encuentro con la senadora y jefa de la bancada del partido La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

De acuerdo con el comunicado oficial, Ulloa compartió logros de El Salvador en tecnología, infraestructura logística, salud, educación, seguridad y nuevas oportunidades de desarrollo.

El vicemandatario también se refirió a su próxima presentación en Argentina de su ensayo «La revolución pasiva: más allá de izquierda y derecha en El Salvador».

Bullrich, quien visitó El Salvador cuando era ministra de Seguridad en el gobierno de Javier Milei, como parte de una delegación de alto nivel y se reunió con el presidente Nayib Bukele.

En esa visita, la senadora reconoció avances en El Salvador.

El presidente de Argentina, Javier Milei, visitó El Salvador durante la segunda toma de posesión y la primera reelección de Bukele en junio de 2024. “¿Cómo es esto de ser reelecto?”, le preguntó Milei en esa ocasión. “Es necesario, es necesario». “Sí, obviamente, cuando uno emprende reformas”, respondió Milei, en esa ocasión.

Los partidos de oposición Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Vamos criticaron el plan revelado por el Gobierno para valorar la posible liberación condicional anticipada a algunos de los detenidos bajo régimen de excepción que son acusados de ser colaboradores de pandillas pero sin estar vinculados a delitos graves.

El partido Vamos, cuya diputada Claudia Ortiz ha sido criticada por pedir liberar a inocentes capturados bajo régimen de excepción, reaccionó con una crítica dirigida al Gobierno: “¿Quiénes están hablando de liberar pandilleros?” con un video publicitario: “Jodieron y jodieron con el libérenlos ya, el oficialismo y sus troles dijeron que los votos de Vamos fueron votos de sangre, ahora ellos dicen que van a liberar personas que han tenido que ver con pandillas”.

En el video, este partido explicó que siempre han pedido “debido proceso”, que se juzguen a los culpables y se liberen los “miles de salvadoreños que injustamente están presos”. “No queremos mareros libres, esos que se pudran en la cárcel, queremos a los salvadoreños inocentes con sus familias, queremos a los inocentes rehaciendo sus vidas”, señala.

 

¿QUIÉNES ESTÁN HABLANDO DE LIBERAR PANDILLEROS? #SalvadoreñoDateCuenta https://t.co/XndGP9a8Hp

— VAMOS (@vamoselsalvador) October 14, 2026

Por su parte, el diputado Francisco Lira, de Arena, también recriminó en un video que señala al Gobierno de querer liberar a quienes hacían función de “postes” y pregunta por liberación de inocentes.

“¿Y ahora, quién es el que quiere liberar a los delincuentes?, ¿o no son delincuentes?”, preguntó el diputado de Arena que recordó que Nuevas Ideas aprobó penas más duras para los colaboradores de pandillas.

“¿Y los que tienen carta de libertad, para cuándo? Ahí se llenaron las bocas en spots televisivos diciendo que nosotros queríamos liberar a pandilleros, ahora ustedes han dicho que quieren liberar a los postes. Ustedes son los que quieren liberar a los delincuentes”, afirmó Lira.

Se les acabó el cuento! ¿Quiénes son los que ahora proponen devolver a las calles a personas vinculadas con pandillas? ¿Son delincuentes o son inocentes? ¿Por qué se pretende dar prioridad a personas señaladas de colaborar con pandillas, mientras se sigue ignorando a salvadoreños que ya cuentan con una orden judicial de libertad y continúan encarcelados? ¿Por qué no comienzan por liberar a quienes ya tienen una orden de libertad? Son unos sinvergüenzas con doble moral. #FranciscoLira #QueNoTeMientan #LegislandoConResponsabilidad #CartaDeLibertadparaInocentes nocentes

— 🇸🇻 Francisco Lira (@franciscolirasv) October 15, 2026

El martes, el presidente Nayib Bukele que están evaluando la posible libertad condicional anticipada para personas acusadas de colaboradores de pandillas pero que no han tenido un vínculo para la comisión de delitos graves.

«Nosotros hemos establecido un criterio, de qué nivel de colaboración fue. Si colaboró para enterrar un cadáver, casi que merece cadena perpetua. Está mal lo que voy a decir pero, si colaboró en avisar que ahí venía la Policía, muchacho que lo ponían a la orilla del pasaje, es culpable, ¿pero qué tan culpable es?», explicó, ante la pregunta de una periodista sobre qué pasó con la comisión creada para evaluar casos de algunos capturados bajo régimen de excepción. El plan es beneficiar a «más o menos el 50 por ciento de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas con una liberación anticipada» con monitoreo y condiciones.

El Gobierno produjo un video en el cual asevera que la oposición busca liberar a las pandillas.

Una nueva ley transitoria para que los contribuyentes paguen impuestos y multas que adeuden al Ministerio de Hacienda será recibida el lunes en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

La “Ley especial y transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias, aduaneras, de tránsito y otras multas” otorgaría como plazo hasta el 11 de diciembre de 2026 para pagar tributos o multas adeudadas al fisco.

De acuerdo con el proyecto, los contribuyentes podrán acceder a una resolución de pago a plazos con una primera cuota equivalente al 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales y sucesivas. Estos planes de pago también aplicarán a las multas impuestos a obligaciones formales.

La nueva normativa permitirá que los pagos se realicen incluso después de la vigencia del decreto, que concluye el 11 de diciembre de 2026, de acuerdo con la resolución de pago a plazo de la Dirección General de Tesorería, que incluso podrá renovarlo “cuando concurran circunstancias que lo justifiquen”.

Podrán ampararse en la amnistía fiscal contribuyentes con deudas pendientes en la Dirección General de Impuestos Internos, Dirección General de Aduanas, Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y de Aduanas, con procesos pendiente en la jurisdicción contenciosa administrativa o constitucional, en la Fiscalía General de la República, bajo cobro judicial, y los infractores con multas de tránsito pendientes o recargos sobre multas por cualquier institución de la administración pública, excepto las municipalidades.

El decreto aplicará también a los contribuyentes que no efectuaron en su momento el pago del Impuesto sobre la Renta teniendo el Número de Pago Electrónico (NPE) vencido o también en casos en donde “se hayan declarado saldos a favor o declaraciones de mercancías registradas cuya fecha o plazo para liquidar o presentar la declaración hayan vencido”, incluyendo las correspondientes al periodo de septiembre de 2026 o multas que fueron impuestas hasta el 30 de septiembre de 2026.

El proyecto fue recibido el miércoles por el pleno legislativo y será recibido por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que está convocada para reunirse el lunes 19 de octubre.

El gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de reformas al Código Penal para castigar con prisión al propietario de vehículos de transporte público o de carga que permitan la conducción sin permiso o licencia; y también a estos conductores que carezcan de licencia o autorización.

Además, según la propuesta, cualquiera de estos delitos no serán conciliables.

Una primera reforma propuesta para el artículo 147-E castigaría con prisión de 2 a 5 años, como delito de conducción peligrosa, a los conductores de vehículos de transporte público de pasajeros y transporte de carga que no tengan autorización o licencia para hacerlo, aunque no hayan provocado un peligro para una persona determinada.

La reforma incrementaría la pena por conducción peligrosa cuando provoque homicidio o lesiones, a un máximo de 10 años de prisión para conductores de vehículos automotores, y hasta 15 años de prisión para conductores de vehículos de transporte público o de carga.

La propuesta también consiste en prohibir la conciliación, la mediación o la reparación integral del año como forma para extinguir la acción penal o terminar el proceso anticipadamente «en estos supuestos«, de acuerdo al último inciso propuesto en el artículo que trata sobre el delito de la conducción peligrosa en general.

Una segunda reforma castigaría, con una pena de 5 a 10 años de prisión, al propietario, poseedor o encargado de un vehículo de transporte colectivo de pasajeros o de carga de ocho toneladas o más que permita a otra persona conducir la unidad sin poseer la licencia correspondiente.

La pena se incrementaría en una tercera parte en caso de homicidio culposo o lesiones.

La propuesta también es prohibir la conciliación y la mediación para los propietarios de estos vehículos pesados, pero obligaría tanto a propietarios como conductores a responder civilmente por daños, lesiones o muertes que provoquen.

El proyecto de reforma ingresó al pleno este miércoles y pasó a la Comisión de Seguridad Nacional, que se reunirá el martes por la tarde.

El gobierno también presentó una propuesta de reformas al Código Procesal Penal que prohíbe la conciliación en el delito de lesiones culposas cometidas mediante la conducción de un vehículo de motor, homicidios y lesiones culposas cometidas con conducción peligrosa, y facilitación de transporte público o de carga a un conductor no autorizado.

El reporte de salvadoreños que han tramitado su Documento Único de Identidad (DUI) en el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) incrementó más de 100,000 nuevos registros durante un año.

Una comparación del registro de salvadoreños en el RNPN deja ver un incremento de 106,461 personas que tramitaron documentos únicos de identidad al 30 de septiembre de 2026, respecto al 30 de septiembre de 2025.

De esa cantidad, un 44 % del incremento reportado proviene de los salvadoreños en Estados Unidos, es decir, 47,417 personas que tramitaron su DUI. El aumento se da en menor cantidad en el resto de países: 3,875 en España, 1,975 en Italia y 1,299 en Canadá.

Así mismo, los registros de salvadoreños que tramitaron su DUI dentro del país, en el mismo año, incrementaron en 48,235, de los cuales 20,360 son mujeres y 27,875 son hombres.

Los mayores aumentos se reportan en los distritos de San Miguel, Colón, Santa Ana, San Juan Opico, Ahuachapán y Tonacatepeque.

El municipio de San Salvador no es el que muestra la mayor diferencia. Mientras en el municipio de San Salvador, los salvadoreños que tramitaron su DUI reportados aumentaron 516 en un año, en San Miguel el aumento fue 3,605. En La Libertad, se reportó un crecimiento anual de 2,904 registros de salvadoreños; en Santa Ana, 1,927; en Ahuachapán, 2,009.

En general, el RNPN reportó 6,583,612 salvadoreños que tramitaron su DUI hasta el 30 de septiembre de 2025 y, un año después, la cifra llegó a 6,477,396, una diferencia de 106,216. De estos 106,216 de aumento en el registro de salvadoreños, 52,883 son mujeres y 53,333 son hombres.

El grupos de edad con mayor crecimiento es el que oscila entre los 61 y 80 años, con una diferencia de 48,840 registros.