Categoría: Politica

La Embajada de China Popular en El Salvador aseveró que “el uso de visas como arma” no frenará los lazos entre China y los países centroamericanos.

“No ahuyentará a quienes tienen una mentalidad sobria. Tampoco frenará los florecientes lazos entre China y los países centroamericanos”, indicó la oficina diplomática a través de X.

La cuenta del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China Popular aseveró que continuarán “fortaleciendo la cooperación con los países centroamericanos” y que contribuirán “a la prosperidad local” y a brindar “beneficios más tangibles” a dichas poblaciones.

China rechazó la política de restricción de visado a los centroamericanos que estén o se hayan vinculado con China Popular y señaló a Estados Unidos de tener una diplomacia al estilo de “intimidar a los pequeños”. “China deplora los ataques infundados de Estados Unidos, su diplomacia coercitiva y su injerencia en las relaciones de China con estos países”, indicó.

El jueves pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una nueva política para restringir las visas estadounidenses a centroamericanos que trabajen o hayan trabajado con el Partido Comunista Chino, una política que también afectará a sus familiares.

“Estados Unidos se compromete a contrarrestar a influencia corrupta de China en Centroamérica y a detener sus intentos de subvertir el Estado de derecho… Como resultado, estas personas y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos”, dijo Rubio.

La prohibición del ingreso a territorio estadounidense está dirigida a los centroamericanos que se encuentran en sus países y “actúen intencionalmente en nombre del Partido Comunista Chino” y “a sabiendas dirijan, autoricen, financien, brinden apoyo significativo o lleven a cabo actividades que socaven el Estado de derecho en Centroamérica”. También afectaría a los centroamericanos que hayan participado “previamente” en dichas actividades a nombre del Partido Comunista Chino para socavar el Estado de derecho en Centroamérica.

Los gobiernos de China Popular y de El Salvador restablecieron relaciones diplomáticas en agosto de 2018 tras romper relaciones con Taiwán; una de las donaciones más recientes fue la Biblioteca Nacional El Salvador (BINAES) y está por construir el Estadio Nacional El Salvador.

En febrero de 2025, el secretario Marco Rubio le «planteó» al presidente Bukele «estrategias para contrarrestar la influencia del Partido Comunista Chino en el hemisferio para salvaguardar la soberanía y los intereses de ambas naciones y la región» según su portavoz Tammy Bruce.

El concejo municipal de San Salvador Centro aprobó una nueva ordenanza para otorgar las solvencias municipales en los distritos de San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo, manteniendo los costos diferenciados para las solvencias físicas e incluyendo una emisión digital por $5.

La nueva ordenanza, que está vigente desde el sábado 6 de septiembre, incorpora que la solvencia municipal puede obtenerse “a través de cualquiera de los medios electrónicos habilitados”.

Las tasas para la obtención de las solvencias físicas se mantienen en los cinco distritos de San Salvador Centro:

• San Salvador: $5
• Mejicanos: $5
• Ayutuxtepeque: $5
• Ciudad Delgado: $3
• Cuscatancingo: $1.44

Sin embargo, la ordenanza agrega una emisión digital por cada solvencia de contribuyente o no contribuyente por $5 para hasta 3 visualizaciones, según el artículo 8 de la ordenanza publicada.

El funcionario delegado para suscribir las solvencias municipales siempre será el tesorero municipal y el requisito para obtenerla serán estar al día en el pago de los tributos municipales, intereses y multas, entre otros.

Con esta aprobación, se derogó la ordenanza sobre la materia aprobada el 12 de marzo de 2021 por el concejo de San Salvador y las normativas relacionadas en el resto de distritos.

En junio pasado, la Asamblea Legislativa reformó el Código Municipal para eliminar las solvencias de impuestos, tasas o contribuciones municipales como requisito para la inscripción de una sociedad mercantil en el Registro de Comercio. Únicamente será necesaria para la modificación, transformación, fusión y disolución de una sociedad.

Esta reforma también estableció que las solvencias pueden ser emitidas por un medio electrónico y no solo en papel simple.

El Salvador tiene un potencial de generación de energía geotérmica de unos 600 megavatios (MW) de capacidad instalada, de los cuales 500 quedarían disponibles para que privados puedan explotarlos, según el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez.

En sus explicaciones a los diputados, que aprobaron el proyecto de Ley de Energía Geotérmica sin modificaciones, el presidente de la CEL detalló que hay «identificados» casi 600 MW de energía geotérmica que pueden desarrollarse en territorio salvadoreño y el Estado tiene el plan de desarrollar 100 megavatios en cinco años.

«Quedan 500 que alguien más pueda venir a desarrollar, al aperturarlo a que lo puedan hacer empresas que quieran explotar este recurso, lo vamos a hacer en menos tiempo”. Daniel Álvarez, presidente de la CEL.

Con la participación de privados, ejemplificó, podrían generar ya no 100 megavatios sino 200 en ese plazo de cinco años.

Actualmente la empresa subsidiaria de la empresa estatal CEL, LaGeo, tiene una capacidad instalada total de 204.4 megavatios (MW) y una producción neta del 21.8% de la energía eléctrica que se produce en El Salvador, según la misma institución. La capacidad instalada de la central geotérmica de Ahuachapán es 95 MW y de la central de Berlín es 109.4.

Nueva ley no modificará planes de generación estatal, dice CEL

El presidente de la CEL indicó que la ley no modifica los planes que tiene el Estado en explotación geotérmica a través de LaGeo, subsidiaria de la CEL.

Además, prometió que se respetarán las regulaciones medioambientales y que respetarán el recurso hídrico.

«Nosotros reinyectamos el recurso, lo volvemos al manto de donde viene y no se tira a cualquier lado, por eso es que han durado tanto tiempo las plantas», indicó, ante las dudas sobre el respeto al medio ambiente expresadas por la diputada Cesia Rivas, del partido Vamos.

Lo lograrán, según el funcionario, ya que la Dirección General de Hidrocarburos y Minas (DGHM) verificará que la explotación se realice con la experiencia de LaGeo.

“No es que nos van a venir a contar cómo se hace un campo geotérmico. ¿Cómo lo van a hacer?, como nosotros digamos que se hace porque no nos van a venir a enseñar cómo hacer un campo geotérmico”, prometió.

En Latinoamérica solo hay siete países que generan energía con pozos geotérmicos, los países con mayor capacidad instalada son México (976), Costa Rica (262.66) y El Salvador (204.4) según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La energía geotérmica, que se obtiene a través del calor de la tierra, tuvo una inversión privada en la década de los años 2000 con la empresa italiana Enel en la central de Berlín.

Sin embargo, en 2023, el consorcio inglés panameño InterEnergy ganó dos licitaciones, una para construir una planta geotérmica en Chinameca, en San Miguel, con una capacidad de 20 MW y otra en San Vicente de 10 MW, en una adjudicación bajo la modalidad de “construye, opera y transfiere” con la condición de que 20 años después de su funcionamiento pase a propiedad del Estado.

La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso) anunció su cierre debido a la actual situación política del país, en donde señalan un “cierre del espacio cívico”, y la promulgación de la Ley de Agentes Extranjeros, vigente desde el pasado 7 de junio.

“Tras 33 años de labor en favor de la democracia, las ciencias sociales y la ciudadanía en El Salvador, Fudecso anuncia su disolución ante el cierre del espacio cívico y la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros”, escribió Fudecso en X.

En un comunicado publicado la tarde de este lunes, la Fundación calificó la nueva Ley de agentes extranjeros de ser una “ley de censura” y una “ampliación de la aplicación del régimen de excepción contra la ciudadanía”.

La nueva ley, según la fundación, afecta la ayuda financiera extranjera a las entidades no gubernamentales con un “impuesto arbitrario”, multas y amenazas de responsabilidades penales, en referencia al impuesto del 30 % sobre transferencias o donaciones extranjeras recibidas por personas naturales o entidades que operan en El Salvador y multas de hasta $250,000.

“Aclaramos que Fudecso no ha sido ni es agente de ninguna entidad o gobierno extranjero. Preferimos disolver a Fudecso que perder nuestro derecho a ser ciudadanos libres”. Fudecso.

Según la Fundación, “la principal amenaza de esa ley es la discrecionalidad para actuar contra las organizaciones no gubernamentales otorgadas al presidente de la República, al Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Local y al fiscal general, legalizando sus potenciales arbitrariedades”.

Hace cuatro días, el 4 de septiembre, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), que nació en 1988, anunció su cierre debido a las condiciones de la nueva normativa.

La Ley de Agentes Extranjeros obliga a cualquier persona u organización que reciba financiamiento extranjero a que se registre como «agente extranjero» en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) y obliga a los «sujetos obligados» a dar cualquier información sobre sus actividades o finanzas que considere y le pide el RAEX; y cobrarles un impuesto del 30 % sobre los fondos extranjeros. Fue anunciada por el presidente Nayib Bukele luego de una protesta cerca de su residencia.

El Ministerio de Economía realiza los “últimos detalles” de la apertura de un “Laboratorio de Tecnología” que será financiado a través del cobro por servicios cuyo dinero será destinado a un “Fondo de Actividades Especiales para la Prestación de Servicios de Tecnología en Transformación Digital”.

El lanzamiento del laboratorio de tecnología se realizará bajo una marca, que aún no ha sido divulgada.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable 131 para crear el nuevo Fondo, que se denominará “FAES”. Con este laboratorio, el gobierno busca la “generación de empleo con nuevas tecnologías”.

“Es el primer escenario donde empezamos a hablar de este Laboratorio de Tecnología debido a que es un proyecto importante para el Ministerio, cuya fecha de apertura se espera que sea este año”. Marta Solís de Iglesias, asesora del Minec.

Una asesora del Minec explicó este lunes a los diputados de la comisión que la creación del fondo pretende “contar con las facultades de cobrar por servicio” y que será creado –y abierto en una próxima fecha de 2025– para mantener la “sostenibilidad operativa” de este nuevo laboratorio que a su vez busca “acelerar la creación” de soluciones de tecnologías sostenibles, impulsar oportunidades de negocio y desarrollar “talento especializado”.

Aclaró que no se cobrará “a la ciudadanía en general” sino a empresas grandes: “La intención no es cobrarle a la ciudadanía general, sino más bien se refiere a clientes muy especializados que tienen que ver con empresas grandes”.

La implementación del laboratorio está a cargo de la División de Innovación y Competitividad del Minec, que ha venido “trabajando” con empresas tecnológicas.

El laboratorio, explicó, busca “impulsar la innovación, el emprendimiento digital y tecnológico así como promover la transformación digital y la competitividad del sector empresarial a nivel nacional e internacional”.

“En este espacio, las empresas podrán conocer sobre nuevas tecnologías que les permitirán mejorar su productividad, manteniéndose competitivas en un mundo con clientes cada vez más demandantes”, leyó una presentación.

Los servicios proveídos por el laboratorio estarían orientados al fortalecimiento de capacidades tecnológicas, como coworking, exposiciones tecnológicas, conexión estratégica o el uso del laboratorio por empresas grandes “que quieren exponer sus marcas”. Las tarifas o cobros deberán ser autorizadas por Hacienda. El proyecto de ley, que tiene siete artículos, no detalla los servicios ni las tarifas de los servicios que serían cobrados.