El Ministerio de Relaciones Exteriores capacitó el lunes a sus empleados y miembros de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)sobre la aplicación de la Ley especial de beneficios y protección para la diáspora y personas en movilidad humana aprobada este mes por la Asamblea Legislativa.
La Cancillería salvadoreña indicó que la capacitación busca «fortalecer las capacidades técnicas del personal» para mejorar la atención que brindan a los salvadoreños migrantes «y a todas las personas en situación de movilidad».
Según la institución, la ley fue aprobada «tras un amplio proceso consultivo» tomando en cuenta «los retos actuales de la movilidad humana». Sin embargo, la organización Agenda Migrante aseguró que las organizaciones no fueron tomadas en cuenta en la elaboración de la normativa a pesar de su experiencia en el tema.
“Con esta nueva ley se marca un hito y El Salvador se coloca en mejor posición frente a otras naciones, uniéndose a otros países latinoamericanos como México y Ecuador, quienes tienen leyes similares en la materia”. Cindy Portal, viceministra de Diáspora y Movilidad Humana.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, indicó que con este nuevo marco normativo pueden trabajar «bajo una sola visión de servicio» para las personas con movilidad. «Contamos con un marco legal sólido» afirmó.
La funcionaria exhortó a los participantes de la capacitación a que asuman «con compromiso» la ejecución de la ley para convertirse en «promotores activos de su implementación» en sus lugares de trabajo.
Concluyó su participación inaugural en la capacitación, diciendo que deben compartir «información clara, precisa y oportuna» con migrantes, sector privado, sociedad civil, organismos internacionales, agencias y socios estratégicos para «fortalecer el desarrollo integral» del país.
La ley aprobada el 7 de agosto por la Asamblea Legislativa establece la creación de un Mecanismo cuya junta directiva estará conformada por el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana; por la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Migración y Extranjería, el Ministerio de Trabajo, la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Invest), el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y la Procuraduría General de la República (PGR).
La normativa considera la posibilidad de que se puedan suscribir alianzas con gobiernos locales «para trabajar de manera coordinada en la implementación de las acciones en materia de movilidad humana».
Aunque la normativa ofrece a los connacionales incentivos fiscales como exención de impuestos por el menaje de casa, la organización Agenda Migrante asegura que esto debe ir acompañado por «garantías de reintegración laboral, acceso a servicios de salud mental y reconocimiento de capacidades migratorias».
