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Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó el miércoles dos reformas a la Ley de Presupuesto General del Estado de 2026 para incorporar $209 millones provenientes de un préstamo del Banco Mundial y de excedentes en la recaudación tributaria. Los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Vamos, de oposición, no votaron a favor de las modificaciones.

Una de las reformas incorporó $131 millones provenientes de un préstamo de $501.25 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo del Grupo Banco Mundial. Los recursos del préstamo se desembolsan por logros educativos pero pueden destinarse a obligaciones generales del Estado que requieran liquidez y a transferencias diversas, según el decreto del préstamo.

El crédito fue aprobado el 21 de abril de 2026 para financiar el programa «Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital», bajo la modalidad de financiamiento basado en resultados educativos.

Entre los indicadores para aprobar los desembolsos están incrementar el porcentaje de estudiantes con niveles de suficiencia en matemática y lectura, el desarrollo de plataformas digitales, el fortalecimiento de los sistemas de evaluación educativa y la dotación de computadoras y tabletas para estudiantes y docentes.

La segunda reforma incorpora $78 millones provenientes de excedentes en la recaudación tributaria, principalmente de los impuestos al valor agregado (IVA) y sobre la renta. El dinero servirá para cubrir obligaciones prioritarias de ocho instituciones públicas durante el último trimestre de 2026.

Con ambas modificaciones, el presupuesto estatal incorpora $209 millones adicionales: $131 millones procedentes de financiamiento externo y $78 millones de ingresos tributarios superiores a los proyectados.

La distribución de los $78 millones contempla las siguientes asignaciones:

Ministerio de Salud: $18.8 millones para bienes, servicios, medicamentos, insumos y equipos.

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte: $15 millones para construcción, mantenimiento y reparación de la red vial.

Ministerio de la Defensa Nacional: $14 millones para el Plan Control Territorial.

Presidencia de la República: $14 millones para gastos de funcionamiento de sus secretarías y adquisición de equipos.

Ministerio de Relaciones Exteriores: $6 millones para la operatividad de embajadas y consulados.

Fiscalía General de la República: $6 millones para fortalecer sus capacidades operativas y tecnológicas.

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos: $1.5 millones para implementar un observatorio electoral.

Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia: $2.7 millones para programas de acogimiento e integración social.

Diputados de oposición pidieron que los fondos de la sociedad anónima Constructora El Salvador, S.A. de C.V. sean auditados por la Corte de Cuentas de la República, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara la transferencia de bienes de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, propuso recomendar a la Corte de Cuentas auditar las transferencias de la DOM a la constructora y que «revise la eficiencia, la eficacia y la transparencia» de la sociedad anónima.

La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, señaló que la DOM es la accionista mayoritaria de la empresa Constructora El Salvador.

«Debemos recordar que también la DOM está bajo la supervisión de la Corte de Cuentas como la institución garante del uso de los fondos de todas las instituciones», expresó Rosales, quien mencionó algunas obras de la sociedad constructora en escuelas.

La diputada Ortiz preguntó cuál es el problema, entonces, de recomendar que la Corte de Cuentas audite las transferencias que le son trasladados por la DOM a la Constructora El Salvador. Ortiz consideró que esta es prácticamente una entidad privada que es financiada con fondos públicos.

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), también se refirió a la afirmación de que la DOM es auditada por la Corte de Cuentas y advirtió que «la Corte de Cuentas no audita a la Constructora El Salvador porque es privada». «Que se le están dando bienes públicos a una institución privada que no está siendo auditada por la Corte de Cuentas», señaló.

«¿Por qué no puede auditar la Corte de Cuentas bienes que están siendo trasladados a una institución privada?, bueno, aunque yo a la Corte de Cuentas no le tengo fe», cuestionó.

Ambas diputadas de oposición consideraron que se trata de una empresa privada «financiada con fondos públicos» y cuestionaron la falta de eficiencia en el trabajo de la DOM.

«La queja que escuchamos en todas partes, en Santa Ana, San Salvador, San Miguel, Chalatenango, casi todos los lugares, la gente se queja de lo mismo, alcaldías ausentes de las comunidades y ausencia de obras cercanas a la realidad de la gente», dijo Ortiz.

El diputado Francisco Lira, de Arena, preguntó quiénes son los accionistas de la Constructora El Salvador. Sostuvo que crean «empresas mixtas» con la «vieja confiable» de que la DOM es la accionista mayoritaria.

La Ley de la Corte de Cuentas establece en su artículo 106 que las personas naturales o jurídicas privadas con relaciones contractuales con el Estado están obligadas a proporcionar a los auditores gubernamentales confirmaciones sobre operaciones y transacciones.

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una reforma para exonerar hasta por 10 años del precio base y la tasa anual el servicio de internet por satélite directo a teléfonos móviles, una tecnología que no estaba contemplada en la ley de exoneración aprobada en 2022.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, quien votó en contra, explicó que el espectro radioeléctrico pertenece al Estado y por ello otorga concesiones a privados para que lo utilicen a cambio de un pago base y una tasa anual.

La diputada de Vamos criticó que la reforma «no introduce la obligación de ampliar la cobertura» a las empresas beneficiadas con la exoneración de los costos de la concesión. Por ello solicitó que el dictamen regrese a la Comisión de Tecnología «para poderle poner dientes a esta ley».

Ortiz criticó que no respondieron cuántos concesionarios y cuánto ha dejado de percibir el Estado por este tipo de exoneraciones que actualmente únicamente benefician a proveedores de internet satelital de modalidad fija.

Según la diputada, la empresa que sería beneficiada con la reforma es Starlink, por lo que consideró que se reviva la propuesta gubernamental del satélite Cuscatlán.

«Si vamos a poner en manos de privados un recurso estratégico, sería bueno retomar esa promesa de tener un satélite Cuscatlán», dijo, en el pleno.

De acuerdo con Ortiz, los Estados «deben tener mucho cuidado» de poner el espacio radioeléctrico en manos de empresas «que podrían tener más poder que el propio Estado».

«Hoy por hoy, el único proveedor que tiene la capacidad de brindar el servicio de internet satelital en la modalidad directo a los dispositivos es Starlink». Claudia Ortiz (Vamos).

Por su parte, la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, aseguró que según el censo poblacional de 2024, el 79.8 % de la población utiliza internet y el 75.5 % tiene un teléfono inteligente, y cuatro de 10 hogares cuentan con internet residencial.

Señaló que la reforma elimina «cualquier barrera económica para facilitar esa conectividad» en las zonas de difícil o sin cobertura.

«Esta reforma nos va permitir impulsar el servicio de internet satelital en todo nuestro país, especialmente en esas zonas rurales y comunidades donde las redes tradicionales no tienen esa cobertura. Dania González, diputada de Nuevas Ideas.

«Realmente lamento que los argumentos sean bien superficiales», respondió Ortiz. Preguntó por qué la reforma no establece exigencias o metas de cobertura a las empresas beneficiadas «a cambio de regalarles la concesión sin ningún pago».

«Lamento informarles que uno de los artículos de esta ley no habla de ningún tipo de meta, de condición, de desempeño, que permita al Estado decir: te regalé el espectro radioeléctrico por 10 años y a cambio me dice tú me diste este y este beneficio, y si no lográs esas metas, te reduzco o te quito la concesión», señaló la legisladora de oposición.

El diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, felicitó a la Comisión, y aseguró que Starlink podría invertir en el país, así como la inversión que prometió el español Grupo Cox que anunció una inversión de $2,900 millones en una planta de gas natural de $1,800 millones, construcción de plantas solares, almacenamiento de electricidad y un proyecto de saneamiento de agua potable por $600 millones.

Con 56 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó el contrato de préstamo por $75 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el proyecto de equipamiento del Centro de Maternidad «Nacer con Cariño, El Nido» y la construcción con equipamiento de áreas de maternidad en los hospitales de Santa Ana y de San Miguel.

La ratificación fue aprobada en el pleno del miércoles 14 de octubre con votos de 56 diputados presentes, de Nuevas Ideas y de partidos aliados. Diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Vamos no votaron.

El préstamo deberá ser pagado en 18 años pero goza de 4.5 años de gracia, el plazo para pagar la primera cuota.

Parte de los fondos servirán para equipar el centro de maternidad El Nido en San Salvador, y otra parte para construir un área de 1,461 metros cuadrados en el hospital San Juan de Dios de Santa Ana y un área de 1,960 metros cuadrados en el hospital San Juan de Dios de San Miguel.

Cada una de estas áreas de maternidad regional tendrán: 6 unidades de trabajo de parto, 3 o 4 islas neonatales, 2 quirófanos obstétricos y 5 salas de alojamiento conjunto con capacidad de 20 plazas.

El equipo del centro de maternidad El Nido en San Salvador será destinado al control prenatal, salas de parto y recuperación, quirófanos obstétricos, manejos de emergencias, incubadoras, cunas térmicas, neonatología y unidades cuidados intensivos neonatales.

La Asamblea Legislativa autorizó este miércoles a la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) a que transfiera 50 camiones marca Sany año 2025 valorados en $5.7 millones a la sociedad anónima industrial Constructora El Salvador de la cual la DOM es la accionista mayoritaria. Cada camión tiene un valor de $115,081.02.

El gobierno dice que el objetivo es desarrollar obras de gran magnitud a nivel privado y estatal, que la empresa logre utilidades y que la DOM tenga mayor capacidad de hacer obras municipales.

La sociedad Constructora El Salvador fue constituida el 28 de abril de 2023 también recibió una transferencia de equipo y plantas asfálticas por $14.1 millones también provenientes de la DOM, que se financia de ingresos corrientes del Estado, asignaciones del Fondo General de la Nación y de préstamos.

Esta vez, la oposición cuestionó que fondos públicos terminen en una empresa privada o mixta, y volvió a preguntar quiénes son los miembros de la junta directiva de la Constructora El Salvador.

«Levanta alertas», «fondos públicos»

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, pidió auditar las transferencias de la DOM a la Constructora El Salvador. La iniciativa solo tuvo tres votos.

«Levanta grandes alertas a la población saber que bienes públicos están siendo transferidos a una sociedad anónima», expresó la diputada de Vamos.

Agregó que pueden haber ocurrido otras transferencias que por su monto inferior no hayan pasado por la Asamblea Legislativa. Ortiz dijo que «la DOM está ausente» y las «calles están en mal estado», por lo que pidió distinguir las obras públicas financiadas con ganancias de la sociedad Constructora El Salvador o con otras fuentes.

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuestionó que se financie con fondos públicos la empresa Constructora El Salvador, que tiene accionistas privados y que, por ser privada, indicó que «no es auditada» por la Corte de Cuentas.

«¿Cómo vamos a financiar empresas privadas con dinero de los salvadoreños y que esta Asamblea Legislativa esté legalizando esas chabacanadas?, lo peor es esa competencia totalmente desleal… Va a trabajar y hacer estas obras a favor del Gobierno con los recursos del Gobierno, así qué chivo tener una empresa». Marcela Villatoro (Arena).

El diputado Francisco Lira, del mismo partido, señaló al gobierno de usar los fondos públicos para enriquecerse. «En los mismos municipios están las calles malas», expresó.

Defienden obras de la DOM

Por su parte, el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, dijo que «se vienen dar baños de pureza cuando tuvieron la oportunidad por 20 años de dejar todas las calles de este país debidamente reconstruidas». Soriano se refirió a diputados de oposición como «macetas» y aseguró que los gobiernos anteriores dispusieron de fondos para hacer obras «pero se lo robaron».

Soriano dijo que la DOM ha realizado «más de 65 proyectos» en La Unión.

«Esto está fácil, colegas, el día de hoy tienen la oportunidad de votar para transferir 50 vehículos a la Constructora El Salvador, propiedad del Estado, para que siga reconstruyendo escuelas, hospitales, calles, puentes, unidades de salud, cascos urbanos, agua potable», expresó Soriano, quien es diputado por el departamento de La Unión.

«Corrupción»

El diputado Francisco Lira preguntó al oficialismo por qué han recortado el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para el año 2027 y por qué no aprobaron la ley para aumentar las penas a 60 años de prisión por los delitos de corrupción.

Respaldando las preguntas de Lira, la diputada Villatoro señaló a diputados de Nuevas Ideas de tener un «pecado original» por sus vínculos con partidos como el FMLN

«Camaleones, cínicos, desvergonzados… Esta Asamblea Legislativa va a ser juzgada, cuando el día de mañana el poder se vaya, me voy a morir de la risa cuando los vea presos a ustedes por todas esas decisiones que han hecho en contra de los salvadoreños pasándose la ley por todos lados… El que obra mal le va mal», expresó.

Por su parte, el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, preguntó cuántos diputados tiene Arena y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). «Al que obra mal le va mal», expresó. Recriminó a Arena el no haber votado por la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción o el desafuero de los exdiputados Norman Quijano y Alberto Romero.

«Porque nos dicen garrapatas pero ellos son larvas, ameobas, moscas, eso es lo que son», exclamó. En referencia a la oposición, señaló que los empresarios «les cuelgan el teléfono» porque «no son nada».

«Ese que está ahí es un misógino que ha despotricado contra dos mujeres, es un patán, que se le olvida que trabajó para Arena», reaccionó por su parte la diputada Villatoro, quien recordó que sí votó por el desafuero del diputado Alberto Romero.

El subjefe de fracción de Nuevas Ideas, diputado Caleb Navarro, pidió respeto sin usar «el escudo» de la violencia de género y enumeró a miembros de Arena procesadas penalmente y que han sido condenadas por enriquecimiento ilícito.

La diputada Villatoro respondió leyendo un listado de las compras cuestionadas durante la pandemia covid-19. «Cerraron la Cicies (Comisión Internacional de Investigación contra la Corrupción) y estos casos se quedaron chiflando en la loma», indicó. La legisladora, quien recordó que al inicio de la discusión les dijeron a los diputados de oposición «macetas», le dijo a Navarro que podía regalarle más DoloCream.

El diputado Ernesto Castro aseguró que la oposición viene de «un proceso de extinción» del cual aún no es consciente. Castro, al final, sometió a aprobación la transferencia de la DOM a la Constructora El Salvador: 57 votos a favor y 3 en contra. Luego decretó un receso hasta las 4:30 p.m. de este miércoles.

El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), solicitó este miércoles la conformación de una comisión especial de alto nivel para garantizar el respeto de los derechos humanos de personas inocentes detenidas durante el régimen de excepción en el país.

“Hablaron sobre la liberación de personas con vínculos con pandilleros, la pregunta es ¿dónde quedan los verdaderos inocentes que tienen carta de libertad desde hace meses y que al final el sistema no reacciona para su liberación?”, cuestionó, al referirse a declaraciones del presidente Nayib Bukele sobre la evaluación de procesos contra personas acusadas de colaborar con las pandillas para una libertad condicional anticipada.

Lira cuestionó en qué lugar quedan las personas inocentes frente a personas vinculadas con la colaboración de las pandillas y que serán liberadas de manera anticipada según declaraciones presidenciales.

“¿A quién le vamos a dar prioridad?, ¿a esos colaboradores de pandilleros o realmente a las personas que están pagando un delito que no han cometido?”, preguntó.

El arenero volvió a solicitar la creación de una comisión de alto nivel que fue pedida por él el 5 de marzo de 2025.

Explicó que la comisión tendría representación del Ministerio de Seguridad y Justicia, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República (PGR), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), academia y sociedad civil.

“Ayer dejó entrever que se iba a crear esa comisión”, indicó, sobre las afirmaciones de Bukele. “Espero ahora que también ustedes de Nuevas Ideas puedan respaldar esta iniciativa”, añadió.

La iniciativa de Arena únicamente tuvo tres votos, dos de Arena y uno de Vamos.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseveró que están evaluando la posible liberación condicional anticipada para personas procesadas o acusadas de «colaboradores» de pandillas, pero que no han tenido un vínculo para la comisión de delitos graves. «Nosotros hemos establecido un criterio, de qué nivel de colaboración fue. Si colaboró para enterrar un cadáver, casi que merece cadena perpetua. Está mal lo que voy a decir pero, si colaboró en avisar que ahí venía la Policía, muchacho que lo ponían a la orilla del pasaje, es culpable, ¿pero qué tan culpable es?», dijo el mandatario el martes.

La abogada Ivania Cruz, abogada representante de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc), una organización de asistencia legal, aseveró que un presidente no puede liberar a nadie, en respuesta a las declaraciones del gobernante salvadoreño, Nayib Bukele, sobre un plan para liberar a personas acusadas de colaborar con las pandillas.

“Que en El Salvador no existe un Estado de Derecho, ya que no le corresponde a un “presidente” liberar a nadie, eso comprueba la falta de independencia de los órganos estatales”, indicó en X.

Sin embargo, la abogada sugirió tomar en cuenta el listado de personas que entregaron al comisionado de los derechos humanos, Andrés Guzmán, de personas consideradas inocentes y que fueron detenidas bajo el régimen de excepción.

Bukele confirmó que tienen un plan de liberar anticipadamente a un 50 % aproximadamente de personas detenidas y que estarían acusadas de colaborar con las pandillas, pero cuyo vínculo no tuvo implicaciones en la comisión de delitos graves.

“Estamos evaluando los casos para ofrecer una liberación anticipada a una gran cantidad de reos que sí son culpables, que sí merecen estar en la cárcel, pero en las condiciones especiales que vivía nuestro país, tal vez se puede hacer una excepción con una gran cantidad de ellos”, expresó el mandatario, quien aseguró quien realiza este trabajo se le puede llamar comisión o sistema.

Detalló que han establecido un criterio que consiste en determinar el nivel de colaboración que hizo la persona detenida con las pandillas. “Si colaboró para enterrar un cadáver, casi que merece cadena perpetua. Está mal lo que voy a decir pero, si colaboró en avisar que ahí venía la Policía, muchacho que lo ponían a la orilla del pasaje, es culpable, ¿pero qué tan culpable es?», reflexionó.

El Gobierno registra más de 93,162 personas capturadas bajo régimen de excepción y una caída de homicidios en el país, mientras las organizaciones registran más de 500 personas detenidas muertas en las cárceles y más de 6,500 denuncias de violaciones a derechos humanos entre las que dominarían las capturas arbitrarias.

Ivania Cruz junto con Rudy Joya son los portavoces de la Unidehc a quienes España les aprobó el asilo político según dieron a conocer en marzo de 2026 por considerar que sufrían de acoso legal. Contra ambos fueron giradas órdenes de captura por agrupaciones ilícitas y comercialización irregular de lotificaciones, señalamientos que ellos rechazan y califican de falsos.

 

El Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) tiene a disposición una herramienta que promete hacer un cálculo aproximado de la pensión por vejez para los cotizantes del sistema de pensiones público y privado.

Puede acceder a cualquiera de los simuladores en este enlace.

Según el ISP, el monto definitivo dependerá de la información y documentación que se presente cuando se tramite la pensión en la institución previsional donde está afiliado.

Al simulador para el sistema público debe introducirle los siguientes datos: la fecha de nacimiento de la persona, el género, los años y los meses trabajadores, el salario promedio de los últimos 10 años y el Instituto en el que se encuentra afiliado y al cual cotiza, es decir, Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) o el ISP (antes INPEP).

El sistema público previsional tiene una fórmula que favorece más al pensionado: el monto se define según el artículo 152 de la Ley integral del sistema de pensiones y del incremento del 30 % aprobado en el artículo 98 de la ley, con los descuentos mencionados por el artículo 154.

Así, por ejemplo, para una mujer de 56 años con un salario promedio de $600 y 25 años de laborar, cotizando al ISP, le resulta una pensión de $368 que llega a $400 con el aumento del 30 %, pero registra descuentos por $31.2 por cotización del Seguro Social.

Si cotizó al sistema privado, además, tiene que registrar su saldo de cuenta individual y su salario mensual actual. Además, tiene que responder si hizo uso del adelanto del 25 % anual. Para una mujer de 56 años que retiró el 25 % de adelanto y tiene un salario de $600, con un ahorro de $40,000, su pensión resultante es de $304 según el simulador, aunque tenga ese nivel de ahorro.

El sistema público de pensiones aún tiene 1,059 cotizantes, aunque tiene 83,002 pensionados. La cantidad de beneficiaros que ya reciben una mensualidad, ya sea por vejez, sobrevivencia o invalidez, hace que el Estado requiera financiar estas obligaciones previsionales de los ahorros de los cotizantes en el sistema privado.

El mecanismo permite que las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP), que administra el sistema de pensiones privado, invierta el dinero de los ahorrantes en instrumentos estatales a cambio de un interés del 7 % anual pero con beneficios como un periodo de gracia de cuatro años.