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La Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes) convocó para este sábado 11 de julio a más de 34,000 abogados del país para que participen en las elecciones de 18 candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) que arrancan a partir de las 8:00 de la mañana en 14 sedes judiciales.

La presidenta del Comité Central de Elecciones de la Fedaes, Isnelda Segovia, informó la jornada de votación se llevará a cabo a partir de las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Detalló que ayer «se procedió a trasladar todo el material debidamente embalado a cada una de las sedes».

Se trata de una elección con 39 Juntas Receptoras de Votos (JRV), 10 de las cuales están en el Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia de la Corte Suprema de Justicia, ubicado sobre la Diagonal Universitaria y 15 Avenida Norte.

Son 21 candidatos que participarán en las elecciones de los cuales se elegirán 18, que conformarán un listado de donde la Asamblea Legislativa deberá nombrar a tres consejeros propietarios y tres suplentes que conformarían el CNJ durante los próximos cinco años. Los tres consejales propietarios que representan al sector de abogados en el CNJ aspiran a ser reelectos y se someterán al proceso de votación. La Fedaes ha exhortado a tener una votación «masiva».

Los centros de votación de elecciones de abogados – sábado 11 de julio

San Salvador: Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia de la Corte Suprema de Justicia, Diagonal Universitaria y 15 Avenida Norte, San Salvador, 10 Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Santa Ana: Centro de Desarrollo Infantil, 1ª Avenida Sur, entre 5ª y 7ª Calle Oriente, número 5, frente a parroquia El Carmen, entrada sobre la 1ª Avenida Sur, contiguo a Banco América Central, 3 JRV.

Sonsonate: Centro Judicial Sonsonate Dr. Galindo Polh, 2 JRV.

Ahuachapán: Centro Judicial de Ahuachapán Dr. Romeo Fortín Magaña, 2 JRV.

La Libertad: Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, 3 JRV.

Chalatenango: Centro Judicial Chalatenango, 2 JRV.

Cuscatlán: Centro Judicial Cojutepeque, 2 JRV.

La Paz: Centro Judicial Zacatecoluca Dr. Miguel Tomás Molina, 2 JRV.

Cabañas: Centro Judicial Sensuntepeque Dr. Jesús Velasco, 2 JRV.

San Vicente: Centro Judicial San Vicente Dr. Savelio Navarrette, 2 JRV.

Usulután: Centro Judicial de Usulután Dr. Enrique Córdova Padre, 2 JRV.

San Miguel: Centro Judicial de San Miguel Dr. David Rosales P., 3 JRV.

Morazán: Centro Judicial San Francisco Gotera Lic. José Orlando Meléndez Macay, 2 JRV.

La Unión: Centro Judicial La Unión Dr. Hugo Lindo, 2 JRV.

El Gobierno de El Salvador respaldó este viernes una declaración suscrita por 13 países del continente, entre estos Estados Unidos, en la que se expresa preocupación por recientes declaraciones y acciones que habrían puesto en duda la integridad del proceso electoral en Colombia y generan incertidumbre sobre la transición presidencial.

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, no reconoce la legitimidad del Gobierno del presidente electo, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, e insiste en que las elecciones del pasado 21 de junio estuvieron marcadas por un supuesto fraude durante el escrutinio por «manipulación de algoritmos». Espriella, respaldado por Trump, fue declarado ganador con 12.9 millones de votos.

La declaración fue emitida por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, en el marco del grupo denominado Escudo de las Américas.

Los gobiernos afirmaron que observan «con profunda preocupación» las acciones y declaraciones que cuestionan la legitimidad del proceso electoral colombiano y sostienen que la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas y oficializada por las autoridades electorales constituye la base de la legitimidad del poder público. Agregan que desconocer los resultados proclamados oficialmente representa un menosprecio a la voluntad popular y a los principios del Estado de Derecho.

La declaración rechaza cualquier acción, declaración o decisión que busque deslegitimar el mandato conferido por los ciudadanos, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales o impedir la transición entre gobiernos, conocida en Colombia como el proceso de empalme.

Según el documento, esa transición constituye un deber constitucional e institucional orientado a garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento de la voluntad expresada por los votantes.

Petro y Espriella han descartado reunirse personalmente durante la transición, por lo que el traspaso de funciones se desarrolla únicamente entre los equipos designados. Espriella ganó en segunda vuelta con el 49.65 % sobre el 48.70 % del izquierdista Iván Cepeda, de acuerdo con el 99.65 % del conteo preliminar.

El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Markwayne Mullin, habló sobre las alternativas para que los tepesianos salvadoreños permanezcan en Estados Unidos e informó que la determinación sobre si extenderá o terminará el TPS para El Salvador será anunciada en un aviso en el Registro Federal.

El funcionario de la administración Trump que está a cargo de la Secretaría de Seguridad Nacional desde marzo de 2026 señaló que una decisión oportuna debe ser tomada por “el 11 de julio de 2026”. El TPS se vence el 9 de septiembre de 2026.

Esta es parte de la respuesta que Mullin dio, el 2 de julio de 2026, al congresista demócrata Thomas Suozzi, quien pidió un periodo de transición de dos años para el TPS de El Salvador.

“Debido a que el TPS es una protección humanitaria temporal sujeta a revisión periódica y posible terminación, para quienes califican, buscar una opción de inmigración legal subyacente es a menudo la forma más duradera de permanecer en los Estados Unidos” Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional.

En la carta, el secretario Mullin explicó que el TPS fue una medida temporal para extranjeros que estaban experimentando condiciones como conflictos armados, desastres naturales, pero que “el TPS no tiene la intención de servir como un sustituto del asilo o un camino hacia la residencia permanente”.

El funcionario centró posteriormente su misiva en las alternativas que pueden tomar los salvadoreños bajo TPS para permanecer en los Estados Unidos: peticiones familiares para solicitar el estatus de residente permanente legal, visas de inmigrantes para empleo si hay un empleador patrocinador o solicitudes de asilo, clasificación de estudiante o acción diferida.

“En la medida en que su oficina esté asistiendo a electores individuales que son beneficiarios del TPS de El Salvador y que deseen comprender o seguir estas opciones, lo alentamos a utilizar los canales de enlace con el Congreso y de trabajo de casos de USCIS existentes”, indicó en su carta.

Hace una semana, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Naomi Fellows,  aseguró que el TPS que ampara a aproximadamente a 200,000 salvadoreños «comienza con la palabra temporal» pero que la decisión será tomada por el Departamento de Seguridad Nacional.

El congresista demócrata Thomas Suozzi, representante demócrata por Nueva York, pidió al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, extender la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, que beneficia a unos 200,000 salvadoreños y cuya vigencia se vencerá el próximo 9 de septiembre de 2026.

En cartas enviadas el 22 de junio y el 3 de julio de 2026, el legislador argumentó que poner fin al programa afectaría a miles de familias salvadoreñas establecidas en Estados Unidos y que las opciones migratorias planteadas por el titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no representan una solución para la mayoría de los beneficiarios.

Suozzi propuso en su segunda carta que el gobierno otorgue un permiso de permanencia temporal (parole, o libertad condicional migratoria) y establezca un período de transición de dos años para quienes pierdan la protección del TPS.

El congresista, también exalcalde de Glen Cove, señaló que cerca del 90 % de los salvadoreños amparados por el TPS trabajan en Estados Unidos y contribuyen al sostenimiento de «miles de niños ciudadanos estadounidenses», por lo que advirtió que una terminación del programa tendría graves consecuencias para esas familias. «Dejar que la designación de TPS se agote y arriesgarse a arrancarlos de sus familias es inhumano y antiamericano», advirtió Suozzi.

La nueva petición surgió luego de que Mullin respondiera, en una carta fechada el 2 de julio, que los beneficiarios del TPS pueden optar por otras vías migratorias para permanecer legalmente en Estados Unidos, como peticiones familiares, visas basadas en el empleo o solicitudes de asilo. El secretario sostuvo que el TPS fue concebido como una protección humanitaria de carácter temporal y no como una sustitución del asilo o una vía a la residencia permanente.

«Debido a que el TPS es una protección humanitaria temporal sujeta a revisión periódica y posible terminación, para quienes califican, buscar una opción de inmigración legal subyacente es a menudo la forma más duradera de permanecer en los Estados Unidos», fueron las palabras del secretario Mullin. El titular del DHS detalló que la decisión sobre la continuidad del TPS para El Salvador será anunciada mediante un aviso publicado en el Registro Federal.

«Las vías que usted describe no estarán disponibles para la mayoría de los titulares de TPS, incluso si son elegibles. Las vías que usted describe son limitadas y la mayoría de los titulares de TPS no son elegibles», le respondió el congresista, un día después.

El legislador contestó que, si los tepesianos «se ven obligados a abandonar el país», la mayoría tendrá «prohibido regresar o buscar el estado permanente durante 10 años» y que, si hubiera una camino para la residencia permanente, lo tomarían o lo hubieran tomado. Agregó que los pocos «elegibles para vías hacia el estatus legal», tendrían que «asegurar con éxito su nuevo estado antes de la expiración del TPS en casi dos meses». «Dados los tiempos de procesamiento típicos, esto es altamente improbable», advirtió.

Para el congresista demócrata, la vía de visa de inmigrante basada en la familia no es posible, ya que el salvadoreño bajo TPS debiera haber sido admitido legalmente en Estados Unidos y la mayoría ingresó sin documentación y no fueron admitidos legalmente cuando llegaron a Estados Unidos. «Como usted sabe, los no ciudadanos que no han sido admitidos o liberados no son elegibles para asegurar el estatus permanente en los Estados Unidos, incluso si hay una visa de inmigrante basada en la familia o el empleo disponible», le señaló.

El congresista mencionó como obstáculos la imposibilidad del patrocinio de familiares elegibles por parte de los menores estadounidenses, la no elegibilidad para visas de inmigrantes para empleo cuando el TPS expire y la poca probabilidad que obtengan la aprobación de un asilo, por lo que insistió en solicitar un periodo de transición ordenado de dos años para prepararse para la pérdida de protecciones. Según Suozzi, las consecuencias de la terminación del TPS serían separación de familias, de hijos ciudadanos estadounidenses, detenciones y deportaciones.

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) anunció este viernes que estará desarrollando jornadas de entrega de Documento Único de Identidad en los Estados Unidos y España, en su campaña de producción de documentación para salvadoreños en el extranjero.

En Estados Unidos, el sábado 11 de julio, habrá jornadas de documentación de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía en tres direcciones:

• San Francisco, California: 500 Golden Gate Ave. San Francisco, CA, 94102.
• Dallas, Tx. 76010 N Stemmons Fwy. Suite 400, Dallas, TX 75247.
• Houston, Tx. 8300 Bissonnet St Ste. 400. Houston, TX 77074.

También habrá jornadas móviles en Annapolis, Maryland, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en la dirección 273 Hilltop Ln, Annapolis MD 21403; y en Oak Ridge, Tennesse, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en la 161 Robertsville Rd Suite D, Oak Ridge, TN 37830-5057.

En España, también habrá una jornada el sábado 11 de julio de 2026, de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía, en tres direcciones y en horarios específicos:

• Madrid, 10:00 a.m. a 1:00 p.m.: Calle de Villanueva 35, local bajo, 28001, Madrid, España.
• Sevilla, 10:00 a.m. a 2:00 p.m.: Avenida Menéndez y Pelayo, número 8, piso 5, 41004, Sevilla, España.
• Barcelona, 10:00 a.m. a 1:00 p.m.: Garrer del Dr. August Pi I Sunyer, 12, primer piso. Les Corts, 08034, Barcelona.

El Salvador tendrá un representante en la Asamblea Legislativa por cada 417,000 salvadoreños que residen en el exterior, según los cálculos presentados este viernes en un análisis comparado de la organización Acción Ciudadana.

La representación legislativa salvadoreña de sus compatriotas en el extranjero es similar a la adoptada en Ecuador y República Dominicana en Latinoamérica y en Portugal en Europa; sin embargo, se señala que no hay una “relación uniforme” entre la población de la diáspora y la cantidad de escaños asignados a la misma.

Así, Colombia tiene un solo diputado de la diáspora pero tiene 5 millones residiendo en el exterior, mientras que Ecuador posee 6 diputados para una población de 2.4 millones en el exterior, una tasa de 1 por cada 400,000.

Francia es el país que aparece con mayor cantidad de diputados de la diáspora pero su tasa de representación baja a 227,000 franceses en el extranjero por cada diputado de su diáspora.

El Salvador, con una población aproximada de 2.5 millones en el exterior, se agenciará por primera vez 6 diputados para la circunscripción de la diáspora.

Sin embargo, el estudio de Acción Ciudadana observa que El Salvador aplicó una “fórmula híbrida de asignación del voto en el exterior”: una parte de ciudadanos en el extranjero votarán por una circunscripción especial del exterior (circunscripción 15) y otra parte continuará asignando su voto al departamento de domicilio de su Documento Único de Identidad. Por ello, sugiere “estandarizar la circunscripción para la asignación de votos”.

Además, la AC observa que la reforma que asignó diputados a la diáspora fue oscura porque no desarrolló el procedimiento matemático detrás de la asignación y redistribución de escaños, es decir, no se conoció cómo se determinó que los 6 diputados de la diáspora se recortarían de las circunscripciones de San Salvador (5) y La Libertad (1).

Países: ¿cuánta población en el exterior tienen por diputado de diáspora?

• Colombia: 1 diputado ≈ 4.7 – 5 millones por diputado
• Ecuador: 6 diputados ≈ 400,000 por diputado
• República Dominicana 7 diputados ≈ 414,000 por diputado
• Francia 11 diputados ≈ ≈ 227,000 por diputado
• Italia 8 diputados ≈ ≈ 800,000 por diputado
• Portugal 4 diputados ≈ 450,000 por diputado
• Rumania 4 diputados ≈ 1,150,000 por diputado
• Croacia 3 diputados ≈ 1,067,000 por diputado
• El Salvador 6 diputados ≈ 417,000 por diputado

Fuente: estudio comparativo de Acción Ciudadana.

El concejo municipal de La Unión Sur aprobó la Ordenanza para la protección y bienestar de animales de compañía en municipio de La Unión Sur, vigente desde el sábado 4 de julio, que establece multas desde tres hasta 10 salarios mínimos, es decir, desde $1,226.40 hasta $4,088.

Esto significa que la municipalidad está facultada para aplicar multas por las infracciones que se cometan en cualquiera de sus ocho distritos: La Unión, Conchagua, El Carmen, Intipucá, Meanguera del Golfo, San Alejo, Yayantique y Yucuaiquín.

Entre las infracciones muy graves están algunas relacionadas al abandono de las mascotas, incluso durante algunas horas.

Por ejemplo, podrían ser sancionados con una multa entre 7 y 10 salarios mínimos –entre $2,861.60 y $4,088– las personas que abandonen animales «dentro de un inmueble o la vía pública» o que los abandonen «en los establecimientos que se dediquen a su compraventa, encerrados por más de 12 horas, sin alimentos, agua, acceso a luz y temperatura adecuada».

El mismo rango de multas se aplicará para quienes tengan mascotas y no les den agua y alimentación, o que permita que el animal esté en la vía pública «sin identificación y sin supervisión», excepto los gatos que se considera pueden «permanecer sin supervisión».

Además, si el animal tiene «problemas de socialización» o conducta agresiva, el propietario podrá recibir ese rango máximo de multa si no tiene bozal, correa o pechera.

La ordenanza también establece multas para infracciones graves que tendrían multas entre 4 y 6 salarios mínimos; y leves, con multas entre 1 y 3 salarios mínimos.