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Un total de 1,145 salvadoreños con estatus migratorio irregular han sido retenidos en los primeros tres meses de 2026 en Estados Unidos, de los cuales 501 fueron encontrados en la frontera sur con México, según datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés).

Los datos incluyen aprehensiones en las fronteras bajo el Título 8 que realiza la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) y personas inadmisibles siempre bajo el Título 8 que son detectadas por la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) en fronteras terrestre norte, terrestre suroeste y, a nivel nacional, por vía aérea, terrestre y marítima.

El promedio mensual de encuentros, sin embargo, 380 salvadoreños al mes, es 11 veces menor que los 4,143 mensuales reportados durante el primer trimestre de 2024.

En general, las cifras de las detenciones de migrantes reportadas por fuerzas fronterizas estadounidenses han sufrido una baja drástica desde febrero de 2025.

Las autoridades fronterizas detectaron durante 2024 entre 3,600 y 5,000 migrantes cada mes; pero desde febrero del año siguiente las cifras oscilaron entre 211 a 379 cada mes.

Solo en la frontera sur de los Estados Unidos se han reportado 135 encuentros de salvadoreños en enero, 169 en febrero y 197 en marzo de 2026, los dos últimos meses, un aumento del 25 y 16 %.

En marzo se reportó un incremento mensual de 22 % en los encuentros de migrantes de todas las nacionalidades, un total de 11,732 retenciones.

Los datos no incluyen detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que opera dentro del territorio de Estados Unidos y no en las fronteras.

La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos, copresidida por el congresista demócrata James McGovern, realizará una audiencia el 16 de abril de 2026 en la cual escucharán a testigos sobre el régimen de excepción en El Salvador cuya vigencia inició el quinto año.

A la audiencia están convocados: Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y periodista de El Faro; Isabel Carlota Roby, abogada principal de América Latina del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy; Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal; Juan Pappier, subdirector de las Américas de Human Rights Watch (HRW); Susana SáCouto, directora de la Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra de Washington College of Law de la Universidad Americana; y Andrés Martínez-Fernández, analista senior de políticas para América Latina de la Fundación del Patrimonio.

De acuerdo al anuncio de la Comisión, los testigos discutirán la situación en El Salvador y ofrecerán recomendaciones a Estados Unidos.

La audiencia promete ser abierta a los miembros del Congreso, público interesado y medios de comunicación; y se transmitirá en vivo a través del sitio web de la Comisión.

El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022 después de una matanza de más de 80 salvadoreños realizada en tres días por las pandillas, 62 de los cuales fueron cometidos en un solo día.

La medida de seguridad facilitar que las autoridades capturen y mantengan detenidas a las personas por más de 72 horas sin ser llevadas ante un juez, ya que extiende el plazo de detención administrativa a 15 días; así mismo suspende derechos constitucionales relacionados a la privacidad de las telecomunicaciones y al derecho de defensa.

«Los funcionarios del gobierno afirman que afecta la duración de la detención administrativa de personas vinculadas a estructuras criminales y la interceptación de sus comunicaciones, pero que muchas organizaciones de derechos humanos reclaman que suspende los derechos fundamentales», resume la Comisión.

La Comisión señala que organizaciones de derechos humanos afirman haber documentado la detención arbitraria masiva, la tortura, las desapariciones forzadas y las violaciones del debido proceso, incluida la imposibilidad de acceder a un abogado y juicios masivos, menciona también el exilio de periodistas y las detenciones o amenazas contra abogados y defensores de derechos humanos.

Así mismo, indica que, en septiembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de Ruth López y Enrique Anaya, ambos capturados, y exhortó al gobierno a garantizar acceso a su familia y a sus abogados, y revisar la legalidad de sus arrestos.

El Gobierno registra más de 91,000 personas arrestadas señaladas de ser pandilleros o terroristas y niega que se cometan violaciones a derechos humanos como torturas o muertes violentas dentro de las cárceles, aunque admite un margen de error en las capturas.

El embajador de El Salvador en Austria, Kennedy Obed Reyes Lazo, también inició el proceso de acreditación como embajador concurrente ante la República de Eslovaquia, con la entrega de copias de estilo al embajador al director de Protocolo de Cancillería de Eslovaquia, Igor Maukš.

Reyes se reunió con el director del Departamento de las Américas de Eslovaquia, Vit Koziak, con el secretario de la Cámara de Comercio de Eslovaquia, Martín Hrivik, y con una turoperadora de Eslovaquia con la cual aseguró que iniciarán “acciones para posicionar a El Salvador como un destino emergente y atractivo en el mercado eslovaco”.

Reyes Lazo ocupa los siguientes cargos:

• Embajador de El Salvador en Austria
• Representante permanente de El Salvador ante Naciones Unidas en Viena
• Representante permanente de El Salvador ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
• Representante permanente de El Salvador ante la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO o ONUDI)
• Representante permanente de El Salvador ante la Academia Internacional Anticorrupción
• Embajador de El Salvador en Eslovenia

Reyes Lazo fue ministro consejero de la Misión Permanente de El Salvador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, Estados Unidos, desde marzo de 2019.

El año pasado aún se desempeñaba en la OEA. En junio de 2025, asistió al 55º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA como embajador adjunto de El Salvador ante la OEA, en St. John’s Antigua y Barbuda, según el consolidado de misiones del Ministerio de Relaciones Exteriores de abril-junio de 2025.

Reyes Lazo se graduó de Maestría en Diplomacia, el 20 de diciembre de 2018, del Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática (IEESFORD), fundada en 2010 por Cancillería de la República, al sustituir a la Academia Diplomática de El Salvador Mauricio “Borgonovo Pohl”.

La embajadora de Turquía en El Salvador, Gül Büyükerşen, concluyó su misión en El Salvador luego de cuatro años y recibió la Orden Nacional “José Matías Delgado” de la ministra de relaciones exteriores salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco.

Hill Tinoco le agradeció por su “compromiso decidido y su valiosos acompañamiento” e informó que consolidaron avances en fortalecimiento político y diplomático, apertura de la Embajada de El Salvador en Turquía (Türkiye), impulso a la inversión y comercio, cooperación en áreas clave y solidaridad.

La diplomática también se reunió con Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas que preside la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa.

La legisladora le agradeció públicamente su apoyo para el fortalecimiento de lazos entre ambas naciones, indicó en su cuenta de X.

Gül Büyükerşen entregó en julio de 2022 las copias de estilo como embajadora de Türkiye en El Salvador; en esa ocasión, la canciller realizó la invitación para el ministro Mevlüt Çavuşoğlu para que visitara el país, a fin de consolidar proyectos estratégicos. En esa ocasión, coincidieron en establecer un Foro Bilaterial de Negocios permanente.

El Salvador inauguró su embajada en Turquía en enero de 2022. Ambos países también suscribieron un convenio de cooperación bilateral en materia educativa.

La organización Acción Ciudadana advirtió que cuatro partidos políticos no han divulgado los requisitos de participación en las elecciones internas de candidatos a presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes; y los otros seis partidos los han publicado “parcialmente”.

De los diez partidos políticos, los partidos que no han divulgado los requisitos de participación, según el informe, son: Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), Fuerza Solidaria (FS), Nuevas Ideas y Vamos.

“En la mayoría de casos, no se detallan los requisitos, sino que se remite a estatutos o reglamentos que no siempre son de fácil acceso para la ciudadanía, lo que limita la transparencia”, indica el primer reporte de transparencia, correspondiente al periodo marzo-abril de 2026 sobre el “Monitoreo de elecciones internas 2026”.

El resto de partidos han divulgado parcialmente los requisitos: Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Democracia Salvadoreña (DS), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC).

En detalle, señala que Arena remitió a ver requisitos y procedimientos establecidos, pero no los detalló; DS remitió a los estatutos y reglamento interno; el FMLN remitió al reglamento pero tampoco divulgó los requisitos en la convocatoria; Gana menciona la inscripción en el registro del partido; Nuevas Ideas asevera que se definirán posteriormente; PCN remite a normativa legal y partidaria; y PDC menciona que los requisitos serán proporcionados por la Comisión Electoral Nacional (CEN) del partido.

Según la AC, Vamos es el único partido que indicó explícitamente que no participará en elecciones para presidencia y vicepresidencia; y el resto no especifica claramente los cargos de las candidaturas a elegir en las internas.

Un total de diez partidos políticos convocaron a elecciones internas de los candidatos que participarán en los comicios presidenciales, legislativos y municipales del 28 de febrero de 2027. La Ley de partidos políticos les exige elegir a sus candidatos con voto directo, secreto e igualitario de la mayoría de sus afiliados inscritos en un padrón.

En la evaluación de transparencia, la AC determinó que cuatro partidos políticos no han divulgado la fecha de las elecciones internas: DS, FMLN, PCN y Vamos.

A diez meses de las elecciones legislativas, municipales y presidenciales, el diputado Ernesto Castro hizo un llamado a jóvenes estudiantes que visitaron la Asamblea Legislativa para tomar “decisiones” sobre el rumbo del país, sobre todo por la edad que tienen y advirtió que tienen dos opciones.

“Como yo siempre digo, la decisión es bastante fácil, porque son dos opciones las que se tienen, es continuar con el camino que se lleva, sabiendo que hay muchísimo trabajo por hacer o regresar a cómo se manejaba el país antes, esas son las decisiones que se tienen que tomar y esas son las decisiones que seguramente ustedes, por la edad que ustedes tiene, ya van a ser protagonistas de esas decisiones”, expresó en un video difundido en redes sociales por el político.

Un grupo de docentes y estudiantes del Complejo Educativo Católica Fray Martín de Porres, de Santa Marta, Soyapango, fue recibido el jueves en la Asamblea Legislativa, según las fotografías publicadas por el titular legislativo.

Castro les dijo que es importante que se involuquen y luego señaló que “no importa cuál sea la decisión” que tomen. “Que nunca dejen que otros tomen las decisiones por ustedes”, indicó.

Posteriormente, los instó a tomar las riendas del país y les dijo que son una generación presente, no futura.

“Los políticos que estamos acá vamos y venimos y en algún momento nosotros nos tenemos que irn de aquí, pero el país está aquí. Ustedes son la gerenación que tiene que tomar ya las riendas de este país, ustedes son los jóvenes que pueden comenzar a hacer cambios en este país, en sus comunidades”, fueron sus palabras.

Las palabras del político, del partido oficial, Nuevas Ideas, fueron pronunciadas en el mezanine del Salón Azul, lugar en donde la Asamblea dispone de un lugar para el público invitado en las sesiones plenarias.

El 28 de febrero de 2027 se celebrarán elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa y de concejos municipales, así como de presidente y vicepresidente de la República. Las presidenciales de 2029 fueron adelantadas a 2027 luego de una reforma constitucional que prolongó el periodo presidencial de cinco a seis años.

El gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de una nueva «Ley de alianzas público privadas» que derogaría la actual «Ley especial de asocios público privados» y abriría la posibilidad de que las instituciones del Estado suscriban contratos con empresas privadas para la infraestructura o prestación de servicios de salud, educación pública y de recursos hídricos.

La propuesta mantiene la prohibición de realizar alianzas público privados para la seguridad nacional, inteligencia del Estado, servicios de seguridad pública y justicia, en contratos regidos por leyes especiales o en concesiones para explotar hidrocarburos y minerales.

Sin embargo, eliminaría las exclusiones que contiene la actual ley en el artículo 3: «prestación pública de los servicios de salud, incluso los prestados por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social» (ISSS), «la prestación de servicios de educación pública, tal como se definen en la Ley General de Educación», «la Universidad de El Salvador» –la única estatal–, «los recursos hídricos, excepto el diseño, construcción, reparación, mejoramiento, equipamiento, operación y mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales en el área metropolitana de San Salvador, San Miguel y Santa Ana».

Según la solicitud enviada por la ministra de Turismo, Morena Valdez, buscan «regular los procedimientos» para crear las alianzas entre públicos y privados «para la provisión de infraestructura y servicios públicos».

Con la nueva propuesta, los contratos del Estado con empresas privadas para prestar servicios públicos podrían durar hasta 50 años, según el artículo 11, incluyendo sus prórrogas. Actualmente, el artículo 8 establece un plazo máximo es 40 años.

«El país ha experimentado avances significativos en materia institucional, jurídica y económica, lo cual ha fortalecido la seguridad y previsibilidad necesarias para fomentar la participación del sector privado en proyectos estratégicos», argumenta el gobierno en el proyecto de decreto, entregado el 9 de abril a la Asamblea.

La propuesta, que inaplicaría la Ley de Compras Públicas en los procesos de licitación de obras o servicios bajo la modalidad de alianzas público-privadas, establecería tres modalidades de contratos: para la provisión de infraestructura pública, para la provisión de servicios públicos, y para la provisión de infraestructura y servicios públicos.

El proyecto plantea la creación de una nueva Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP) que estará dentro del Ministerio de Hacienda.

La DAPP podrá declarar de interés público los proyectos de iniciativa privada y aprobar la «admisibilidad de las iniciativas presentadas por las entidades contratantes», y la entidad contratante elaborará las bases de licitación, una Comisión de Evaluación de Ofertas –integrada por la entidad contratante y la DAPP– evaluará las propuestas y la entidad contratante aprobará o rechazará su recomendación.

Actualmente, el Consejo Directivo del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa, hoy Invest) tiene la competencia de aprobar los proyectos de asocio público privado, sus bases de licitación y sus proyectos de contrato.

La iniciativa ingresó ayer en el pleno legislativo y fue trasladada a la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, la cual se reúne el martes próximo.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa recibirá el próximo lunes una solicitud de autorización de un nuevo préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $150 millones para financiar la construcción o rescate de escenarios deportivos.

Se trata del «Programa de construcción de infraestructura y rescate de escenarios deportivos fase II» (Prodeporte).

La solicitud del Ministerio de Hacienda, por instrucción de la Presidencia de la República, detalla que el crédito será pagado en un plazo de 20 años, incluyendo cuatro años de gracia.

Las comisiones de los créditos serán de 0.25 % anual sobre saldos no desembolsados del préstamo por comisión de compromiso, y 0.25 % sobre el monto total del préstamo por comisión de seguimiento y administración.

El BCIE anunció el enero que aprobó este financiamiento para modernizar 13 escenarios deportivos en nueve departamentos: La Unión, Santa Ana, La Paz, Usulután, Cabañas, San Vicente, San Miguel, Chalatenango y Morazán. Según el BCIE, entre los escenarios destacan el Estadio Óscar Quiteño en Santa Ana y el Estadio Juan Francisco Barraza en San Miguel.

El programa Prodeporte fase I recibió un financiamiento del BCIE por $115.2 millones para la renovación de escenarios deportivos del Área Metropolitana de San Salvador.

El Ministerio de Hacienda, por instrucciones de la Presidencia de la República, pidió el jueves a la Asamblea Legislativa que lo autoricen a suscribir un convenio de préstamo en especie con la empresa AGM El Salvador, S.A. de C.V., por un monto de $23,785,985.87 para la instalación de luminarias LED en la red vial nacional.

El contrato fue otorgado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) por $26,428,873.19, de los cuales la empresa financiará en préstamo en especie $23.7 millones y el gobierno aportará $2,642,887.32, el 10 % del monto.

Se trata del contrato C-06/2025 «Suministro e instalación de luminarias con tecnología LED en tramos priorizados de la red vial, a nivel nacional, código 8499, tramos Sacacoyo-Acajutla, periférico Claudia Lars, carretera Troncal del Norte (San Salvador-Apopa) y Carretera de Oro (Apopa-San Martín)».

La contratación se realizó según la Ley especial para la contratación de obra pública y servicios esenciales con financiamiento incluido aprobada el 30 de noviembre de 2022 por la Asamblea Legislativa y reformada en 2023, aprobaciones criticas por la oposición porque consideró que genera riesgos de corrupción y de privatización de servicios públicos.

El préstamo se pagará a una tasa de interés fija del 5 % anual sobre el monto pendiente de amortización a un plazo de dos años, en pagos semestrales, el primero seis meses después de que el MOPT emita una certificación de entrega de avances previstos en el contrato.

Integrantes del Movimiento «Todos somos El Espino» llegaron a la Asamblea Legislativa para solicitar que no se construya  el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco) en terrenos estatales ubicados en la Finca El Espino.

El movimiento pidió a los diputados ser recibidos en el pleno o en una comisión de trabajo.

«Ahí se conserva casi la mitad del agua que se consume. Queremos que se preserve, ya no más construcciones o ver de qué manera se puede hacer de una forma que ya no impacte a nadie», afirmó una de las integrantes, de acuerdo con un video difundido por la Radio YSUCA.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, aseguró que este movimiento ha hecho gestiones al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Administración nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la Fiscalía General de la República (FGR), Cancillería y la Presidencia de la República. «A la fecha siguen esperando respuestas», reclamó, en el pleno.

Han firmado más de 39,000 personas de forma física su rechazo a la construcción del Cifco en El Espino.

Creemos en un El Salvador moderno, pero también sano, resiliente y verde. Claudia Ortiz (Vamos).

Ante la Asamblea Legislativa, el movimiento ha acudido en tres ocasiones, según la diputada, sin haber tenido respuesta. «Han venido tres veces a solicitar que este pleno les dé una audiencia para leerles una carta», dijo.

Por ello, Ortiz optó por leer la carta en el pleno, aprovechando que en abril se conmemora el «Día de la tierra». «Todos tenemos la obligación con la humanidad y con las próximas generaciones de preservarlo, de cuidarlo, de protegerlo. Me quito la camiseta partidaria y me pongo la camiseta de esta causa ciudadana», aseveró.

En la carta, los integrantes solicitan «revisar y suspender la construcción del Cifco en esta ubicación» y «evaluar alternativas que permitan desarrollo sin sacrificar un ecosistema irreemplazable».

Luego de la lectura de la carta por la diputada Ortiz, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, prosiguió la sesión plenaria.

Castro, minutos antes de la sesión plenaria, había dicho a medios de comunicación que no han tocado la solicitud de la Iglesia Católica con firmas de ciudadanos para derogar la Ley de minería metálica.

El movimiento recordó, en la misiva dirigida a la Asamblea Legislativa, que aún está vigente el decreto que declaró como «zona de reserva forestal» y «zona protectora del suelo» una porción de terreno al noroeste del inmueble denominado El Espino en donde «solo podrán efectuarse aprovechamientos del bosque en forma técnica y científica que asegure la conservación de los recursos».

El 16 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa transfirió 55,711.13 metros cuadrados de terreno al CIFCO para que el Gobierno de China Popular construya su nueva sede.

En la aprobación del decreto, la diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, mostró un mapa de zona «urbanizable» en El Espino y Ortiz le preguntó «cómo de repente» aparece como área urbanizable y atribuyó el cambio a que puede ser realizado a través de una «decisión administrativa». En esa ocasión, en el pleno, el diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN) prometió que no se botará ningún árbol.