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El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, reiteró este jueves que se inscribirá en la elecciones primarias del partido gobernante Nuevas Ideas (NI) para buscar un tercer periodo como diputado. Castro dijo que buscará su reelección el pasado 20 de diciembre de 2025.

«Yo voy a inscribirme a las internas, para someterme a todo el proceso interno y luego ver qué sucede», afirmó hoy Castro a periodistas, quien antes de ser diputado en 2021 fue secretario privado del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

El parlamentario, que también lidera la Asamblea desde el 2021, agregó que desconoce si todos los diputados de su partido, 54 de 60 que componen el Órgano Legislativo, y si el partido establecería alianzas con otras formaciones.

NI convocó el martes 7 de abril a los comicios internos para elegir a los candidatos a la Presidencia, en los que se prevé que Bukele busque un tercer mandato consecutivo sin rivales entre sus filas, Vicepresidencia, Asamblea Legislativa y concejos municipales para las elecciones generales de 2027.

La posibilidad de un tercer mandato consecutivo para Bukele se abrió tras una reforma electoral exprés abanderada por su partido Nuevas Ideas, que domina el Congreso.

La Asamblea Legislativa aprobó y ratificó, en una sola jornada el 31 de julio de 2025 sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, para suprimir las prohibiciones constitucionales para la reelección presidencial.

A finales de diciembre de 2025, Bukele dijo en una entrevista con el youtuber español David Cánovas Martínez, conocido como ‘The Grefg’, que le gustaría seguir gobernando el país centroamericano por «diez años más», aunque aclaró que es solo un deseo.

Bukele asumió el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo, a pesar de que en ese momento lo prohibía la Constitución, y que concluiría en 2029. Sin embargo, la reforma constitucional adelantó las elecciones presidenciales a 2027, con el fin de celebrar comicios generales y establecer que, a partir de ese año, el período presidencial se extienda a seis años.

Bukele defendió en ese momento la reelección inmediata y señaló que «el 90% de los países desarrollados permiten» la reelección indefinida.

La Asamblea Legislativa reformó este jueves la Ley de energía de electricidad para regular la «generación distribuida» de energía, que proviene de generadores conectados directamente a redes de distribución, como la energía solar.

La reforma fue aprobada con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. Arena y Vamos no votaron.

Con la reforma, los llamados «generadores distribuidos» interconectado en redes de distribución del mercado minorista «solo podrán vender su energía a las distribuidoras» a través de Contratos de Abastecimiento en Distribución (CAD), que deberán cumplir los lineamientos emitidos por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).

Esta Dirección establecerá los precios para los contratos de abastecimiento en distribución, en función de la promoción de la «competencia y el traslado de los beneficios de los mismos a la tarifa de los usuarios finales».

La DGEHM también emitirá lineamientos para regular los cargos relacionados con la interconexión de proyectos de generación distribuida a las redes de distribución; el decreto le da 12 meses para aprobarlos.

Con el apoyo técnico de la Unidad de Transacciones (UT), la DGEHM también realizará estudios para determinar la capacidad máxima de generación en el sistema y por cada circuito de distribución, evaluar su impacto económico.

En la Comisión de Tecnología de la Asamblea Legislativa, el director general de energía, Daniel Álvarez, aclaró que la modificación no será retroactiva, por lo cual los contratos suscritos hasta antes de la vigencia de la reforma no se modificarán.

Según el funcionario, la reforma busca el abaratamiento del precio de la energía solar que, sin la reforma, no se definen por competencia.

La Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) tiene 40 días a partir de la vigencia del decreto para adecuar la Norma Técnica de Interconexión Eléctrica y Acceso de Usuarios Finales a la Red de Transmisión.

La Unidad de Transacciones tiene 18 meses a partir de la vigencia del decreto para adecuar su reglamento y organización para «desarrollar la operación» del mercado minorista.

Así mismo, las distribuidoras tienen 15 días para presentar el detalle de los cargos de interconexión de plantas de generación distribuida para su aprobación; y deberán reportar trimestralmente a la Dirección el avance de procesos relacionados con proyectos.

El decreto permite renovar los contratos de abastecimiento en distribución celebrados antes de la vigencia del decreto 49 del 27 de julio de 2024 pero bajo lineamientos de la Dirección.

La Asamblea Legislativa reformó este jueves el artículo 158 del Código Tributario para que los rendimientos que generen los títulos valores en el mercado salvadoreño, realizadas únicamente por personas o sociedades domiciliadas en el extranjero, no sean sujetas a la retención ni al pago del Impuesto sobre la Renta.

La reforma se aprobó con votos de 56 diputados de Nuevas Ideas y sus aliados.

El Gobierno argumentó que, con la eliminación de la retención que actualmente es del 3 % sobre estas ganancias, buscan aumentar la inversión extranjera.

Las ganancias de estas inversiones extranjeras en valores salvadoreños ya tenía un impuesto especial, ya que en general la retención del Impuesto sobre la Renta por pagos a personas o sociedades «no domiciliadas» en el país es del 20 %.

La reforma estableció que las personas no domiciliadas “no estarán sujetas a la retención ni al pago del Impuesto sobre la Renta” por las inversiones en títulos valores u otras inversiones en el mercado de valores salvadoreño, primario o secundario.

Sin embargo, en forma de «compensación», según Hacienda, en el mismo artículo también establecieron que las casas corredoras de bolsa domiciliadas en El Salvador estarán “obligadas a remitir a la Administración Pública” un informe “de los inversionistas no domiciliados que operen o inviertan en el mercado de valores” salvadoreño.

El informe deberá ser remitido dentro del plazo para enterar lo retenido según el artículo 62 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece diciembre del año en que se incurrió el costo.

La Asamblea Legislativa ratificó el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $150 millones para financiar el “Proyecto de apoyo al control de inundaciones en el área metropolitana de San Salvador”.

La ratificación fue aprobada con 57 votos, que incluyeron dos diputados de Arena. Claudia Ortiz, de Vamos, no votó.

El préstamo tiene un plazo de 23 años, la primera cuota en 90 meses en pagos semestrales hasta la total cancelación del crédito.

El préstamo se desarrollará en cinco años, así: $3.6 millones en el primer año, $9.1 millones en el segundo año, $64.9 millones en el tercer año, $63.3 millones en el cuarto año y $8.8 millones en el quinto año.

La mayor parte de presupuesto, $63.6 millones, se destinará a las lagunas de laminación y $30.1 millones para mejorar los sistemas de drenaje de las colonias Santa Lucía y Médica.

En total, se espera que se rehabiliten los sistemas de drenaje de las colonias Médica, en San Salvador, y Santa Lucía, en Soyapango; se construirán lagunas de laminación en la quebrada de Buenos Aires, Santa Tecla, y en la quebrada Merliot, La Libertad; se rehabilitarán las bóvedas en la quebrada El Piro, Santa Tecla; y sobre el bulevar Constitución, en San Salvador; y también se actualizaría el plan maestro de drenaje del área metropolitana de San Salvador (AMSS) y se harían estudios de preinversión para proyectos de drenajes.

La Asamblea Legislativa reformó este jueves la Ley del presupuesto del Estado 2026 para incorporar $1,128,430 que financiarían obras complementarias en el proyecto de bypass de San Miguel y $7,258,105 de excedentes del presupuesto que se destina al Fondo de Conservación Vial (Fovial) para mantenimiento de la red vial.

La reforma para incorporar fondos al Fovial fue aprobada con 59 votos, incluidos los dos de Arena y el voto de Vamos. El cambio al presupuesto para más obras en torno al bypass de San Miguel recibió 57 votos.

La primera reforma, explicó Hacienda el lunes, financiará la protección en taludes en los kilómetros 9 y 10 del tramo desde Hato Nuevo hasta El Papalón: 1,945 metros cuadrados de mallas metálicas ancladas, revestimiento con concreto lanzado de 3,500 metros cuadrados y obras de drenaje superficial.

“A pesar que el bypass de San Miguel ya está finalizado, quedaron algunas obras complementarias, que se iban a realizar en el marco del bypass San Miguel”, explicó el diputado Caleb Navarro, sobre la reforma presupuestaria financiada por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA).

La segunda reforma trasladará $7,258,105 de excedentes en el cobro de derechos y multas y del cobro de $0.10 por galón de diésel o gasolina para el Fovial: $1,893,516 de la aplicación de la Ley de derechos fiscales para la circulación de vehículos y $5,364,589 del cargo del $0.10 por la compra de cada galón de diésel, gasolina y sus mezclas con otros carburantes, según el “Régimen temporal de financiamiento complementario” creado mediante decreto 736 del 18 de julio de 2017, modificado mediante decreto 102 el 20 de julio de 2021.

La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, la presentación del «Informe sobre la cuenta del último presupuesto y estado demostrativo de la situación del tesoro público y del patrimonio fiscal de 2025».

El informe fue aprobado con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados; tres diputados, de Arena y de Vamos, votaron en contra.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, reclamó la falta de entrega del informe.

«Quiero dejar constancia en esta sesión plenaria que en fecha 27 de marzo solicitó a la Comisión de Hacienda y a la junta directiva de la Asamblea Legislativa que se nos entregara una copia de dicho informe, y hasta esta fecha no se nos ha hecho entrega de dicho documento», reclamó la legisladora.

La obligación es que se entregue a la Asamblea Legislativa, que está conformada por los 60 diputados y diputadas. No sé si a los demás colegas les interesa tener el documento o van a votar o van a puyar el botón solo porque se los ordenan. Esta diputada no puede votar a favor de un documento al que la Asamblea Legislativa no le ha dado acceso. Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

El informe detalló que el Gobierno recaudó el 96 % de la proyección de ingresos corrientes: de una proyección de $8,434 millones, el Estado recibió $8,092 millones. Los ingresos tributarios sumaron un total $7,794 millones para 2025.

En el informe se asevera que el Estado cerró el año 2025 con un patrimonio negativo de -$9,763.3 millones, ya que sus activos suman $26,744.8 millones y los pasivos suman $36,508.1 millones.

El carácter negativo es afectado por los números del Gobierno Central, ya que el patrimonio de las descentralizadas y empresas públicas es positivo. Sobre este carácter, Hacienda no emitió comentarios en la Comisión de Hacienda celebrada el lunes, en donde enfatizó la ejecución y liquidación del presupuesto estatal 2025.

El informe comprende la ejecución de ingresos y gastos, así como los activos y pasivos, y el patrimonio de 140 entidades del sector público: 32 entidades del Gobierno Central, 41 instituciones descentralizadas adscritas al Ramo de Salud que incluye 31 hospitales nacionales, 52 instituciones descentralizadas no empresariales, cuatro empresas públicas y 11 instituciones descentralizadas con presupuestos especiales.

Hacienda está obligado por Constitución (artículo 168 ordinal sexto) y por la Ley de Administración Financiera del Estado (Ley AFI, artículo 105 literal K) a rendir este informe.

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la autorización al Ministerio de Hacienda para que suscriba un nuevo contrato de préstamo que asciende a $501.2 millones para el programa de aceleración de aprendizaje e innovación digital, pero que podrá utilizarse en transferencias y obligaciones generales del Estado.

El préstamo, aprobado con 56 votos de Nuevas ideas y sus aliados, es gestionado por el gobierno salvadoreño al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y sería otorgado bajo la modalidad de reconocimiento por los esfuerzos realizados en educación.

Aunque el destino del financiamiento se define para «financiar el Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital», el mismo decreto autoriza en el artículo 2 a que los fondos puedan ser utilizados para apoyar «acciones estratégicas del Gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuente de liquidez y transferencias varias».

• Monto del préstamo: $501,253,133.
• Plazo: hasta 25 años con 5 años de gracia.
• Amortización: cuotas semestrales consecutivas si es posibles iguales hasta la cancelación del mismo.
• Intereses: tasa de referencia más un margen variable, efectuándose una fijación automática de la tasa de referencia si los desembolsos sean iguales o excedan los $50,125,313.
• Comisión inicial: 0.25 %.
• Comisión de compromiso: 0.25 % anual sobre saldo no desembolsado.

El ministro de Hacienda, en su solicitud, publicada este jueves 9 de abril luego de su aprobación, aseguró que el préstamo busca «continuar impulsando acciones orientadas a fortalecer el aprendizaje en la educación básica».

En los considerandos del decreto, se explica que el crédito se otorgará «bajo la modalidad de financiamiento basado en programas y resultados, en reconocimiento y apoyo a los esfuerzos que el gobierno ha realizado y continúa impulsando en materia de educación, en rubros tales como perfeccionamiento de las prácticas pedagógicas y la incorporación de la tecnología en el sistema educativo nacional, que permitan desarrollar la capacidad del país, mejorar la eficacia y la eficiencia gubernamental».

Este mecanismo o modalidad permite que los fondos sean usados en obligaciones estatales que no tengan fuente de liquidez o transferencias, o acciones del gobierno.

La autorización del préstamo fue aprobado con dispensa de trámites. El proceso de aprobación requiere la aprobación o ratificación del mismo luego de la suscripción del contrato entre el BIRF y Hacienda.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, participó en un conversatorio sobre seguridad nacional, Estado y derechos humanos organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, México.

Según el comunicado de prensa, el conversatorio se dio en el marco de la cátedra “Dong Nguyen Huu”. Según la Universidad de Chiapas, esta cátedra es sobre democracia y lleva el nombre de un reconocido activista social internacional.

De acuerdo con la Vicepresidencia, en su “intervención”, Ulloa agradeció por “abrir” el debate para “compartir la experiencia de El Salvador en seguridad y aseguró que “no se trata de exportar un modelo” sino de “dar a conocer los esfuerzos” de El Salvador para “recuperar la paz, el orden y la institucionalidad”.

Un grupo de organizaciones, como el Movimiento de Víctimas del Régimen en El Salvador (Movir), el Movimiento Universitario de Penamiento Crítico, la Red Interfacultades para la Inversigación Social de la Universidad de El Salvador, Universitarios por la Democracia, el Colectivo de Derechos Humanos Herberth Anaya Sanabria, la Fuerza Estudiantil Salvadoreña y el Colectivo de Artistas y Profesionales Consecuentes, solicitaron al rector de la Universidad Autónoma de Chiapas suspender una conferencia que impartiría Ulloa sobre seguridad y derechos humanos, alegando que en El Salvador hay violaciones a derechos humanos y violación a la Constitución de la República.

En el comunicado de la Vicepresidente, se asevera que el funcionario participó en un conversatorio sobre el tema.

El anuncio original era una “conferencia magistral” sobre “Seguridad nacional, Estado y derechos humanos”.

“¿El gobierno dando cátedra de derechos humanos?, el colmo del cinismo”, cuestionó Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario.

Mientras las plazas ocupadas por técnicos en el Estado salvadoreño han aumentado en 39.1 %, las asignadas a puestos administrativos y docentes han disminuido levemente durante los últimos 10 años, según el informe de «Estadísticas sobre recursos humanos del gobierno de El Salvador del 2009 al 2025».

El análisis se basa en datos del Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH) y es publicado por el Ministerio de Hacienda año tras año.

La variación más sensible ha ocurrido en las plazas de técnicos, ya que en el año 2015 había 38,845 plazas y, diez años después, han aumentado a 54,041, un crecimiento de 15,196 plazas técnicas.

El siguiente aumento sensible se ha dado en las plazas de ejecutivos, que si bien es una cantidad mucho menor, aumentaron 24.1 %, de 1,875 a 2,328 plazas en la misma década.

Según el informe publicado por el Ministerio de Hacienda, las plazas de seguridad aumentaron apenas un 1 % en la última década, lo que implicó la creación de 263 plazas adicionales, de 24,882 a 25,145, en dicho periodo.

Las plazas de docentes han disminuido un 8.5 % en los diez años, de 47,151 en 2015 a 43,147 en el año 2025. Esto implica un recorte de 4,004 plazas de docentes.

Por otra parte, las plazas destinadas a personal administrativo han disminuido en un 23.1 % en el Estado, lo cual implica 8,581 plazas menos, ya que el Estado pasó de tener 37,110 a 28,529 empleados públicos administrativos.

El personal de servicio también disminuyó levemente en un 8.9 % en la misma década, pasando de 12,234 a 11,145 plazas, con una baja de 1,089.

En general, según el mismo informe, el tamaño del Estado aumentó 132,594 plazas en 2009 a 161,623 en 2015. La cantidad de empleados públicos llegó a su pico más alto en 2022 cuando llegó a tener 180,448 plazas. En el último año analizado, las plazas estatales suman 164,335 en 2025.

El informe detalla que no se incluyen el Ministerio de Defensa, el Órgano Judicial, el Órgano Legislativo, la Corte de Cuentas de la República y las empresas públicas.

Para el año 2026, solo el Gobierno Central programó 126,820 plazas, regresando al tamaño que tenía en 2016, cuando poseía 126,830 plazas, pero el gasto en salarios tuvo un aumento de $1,227 a $1,520 millones. De 2025 a 2026, según los presupuestos respectivos, hubo un recorte de 1,829 plazas en el Gobierno Central.

El Salvador se mantiene por tercer año como régimen híbrido con un puntaje de 4.57 en su democracia y se ubicó en el puesto 96 según el Índice de Democracia 2025 publicado el 7 de abril de 2026 por la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU).

La calificación que la EIU da a la calidad democrática de El Salvador bajó cuatro centésimas respecto al 4.61 que logró en el Índice 2024, en donde bajó una décima respecto al 4.71 de 2023.

El Salvador bajó del puesto 95 al 96 y regresó al peldaño de 2023.

La EIU, que evalúa cada año la salud en democracia de 167 países del mundo, clasifica los países en cuatro fases: democracia plena, democracia defectuosa, régimen híbrido y régimen autoritario.

América: índice 2025 de la EIU de The Economist

Costa Rica: 8.29. Rango: 19. Régimen: democracia plena.

Panamá: 7.04. Rango: 44. Régimen: democracia defectuosa.

Honduras: 4.87. Rango: 92. Régimen: híbrido.

Guatemala: 4.65. Rango: 94. Régimen: híbrido.

El Salvador: 4.57. Rango: 96. Régimen: híbrido.

Nicaragua: 1.97. Rango: 150. Régimen: autoritario.

Canadá: 9.08. Rango: 9. Régimen: democracia plena.

Estados Unidos: 7.65. Rango: 34. Régimen: democracia defectuosa.

México: 5.4. Rango: 81. Régimen: híbrido.

Colombia: 6.04. Rango: 73. Régimen: democracia defectuosa.

Venezuela: 2.13: Rango: 144. Régimen: autoritario.

Perú: 5.88. Rango: 76. Régimen: híbrido.

Bolivia: 5.38. Rango: 83. Régimen: híbrido.

Brasil: 6.76. Rango: 50. Régimen: democracia defectuosa.

Paraguay: 6.04. Rango: 73. Régimen: democracia defectuosa.

Argentina: 6.89. Rango: 49. Régimen: democracia defectuosa.

Chile: 7.97. Rango: 27. Régimen: democracia defectuosa.

Uruguay: 8.92. Rango: 12. Régimen: democracia plena.

La calificación se obtiene de cuatro indicadores: libertades civiles, pluralismo y proceso electoral, funcionamiento del gobierno, cultura política y participación política. El Salvador fue ubicado entre los 10 países del mundo con mayor deterioro en libertades civiles (noveno lugar en deterioro), cultura política (décimo) y funcionamiento del gobierno (quinto lugar). Las notas están en una escala del 0 al 10 y se basan en 60 indicadores.

En el mundo el informe ubica a Noruega como el país más democrático del mundo y asegura que Rumania pasó de ser un régimen híbrido a una democracia defectuosa, impulsada por una fuerte participación que contribuyó a la derrota de un candidato respaldado por Trump.

América Latina y el Caribe tiene su primera mejora en una década con un promedio de la región de 5.71 de un 5.61, de los 24 países en la región 13 mejoran su calificación, según el informe.