El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, aseguró que en El Salvador se facilitaron las capturas de los pandilleros debido a que el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tenía un listado de 70,000 pandilleros ya que pretendían hacer un partido político con ellos y sus familiares.
Ulloa relató en una entrevista en el programa “Esta boca es mía” de Uruguay de la “guerra declarada” contra las pandillas desde el 27 de marzo de 2022, fecha que marcó el inicio del régimen de excepción. Señaló que el Estado tenía el derecho del Estado a salir en defensa de su población y que por ello declararon la guerra justa por autoridad legítima.
Luego, se preguntó: “¿Por qué fue tan fácil agarrarlos?, ¿por qué hemos ganado esta guerra sin que haya habido confrontaciones, muertes?”
La entrevistadora lo interrumpió para cuestionarle si pactaron con las maras. “No, no, no. Los fuimos a capturar porque el Gobierno del FMLN tenía la lista de 70,000 pandilleros, su ministro de Seguridad, que hoy está preso, el general (David) Munguía Payés, dijo que iba a ser un partido político con los mareros, y que tenía 70,000 ya en las listas y que lo iba a hacer con los familiares y todo. Es decir, ellos tenían la base de datos de dónde estaban, lo que pasa que no operaban porque sí tenían pacto con las maras”, respondió el funcionario.
Ante una pregunta sobre la necesidad de pruebas o evidencia para capturar a integrantes de bandas criminales, Ulloa también subrayó que, en el país, con el régimen de excepción, bastó tener el perfil y la base de datos para ir a capturarlos. «Bastaba el perfilamiento y la base de datos que teníamos para ir a traerlos y por eso hemos capturado y están detenido más de 90,000 sin que haya habido muertos», indicó.
En abril de 2023, el vicemandatario había dicho en France24 que las capturas masivas de pandilleros se realizaron con un listado de perfiles en una operación «impecable«. «Sin consecuencias graves, porque la operación ha sido impecable, porque las fuerzas del orden han llegado con los listados directamente a capturarlos”, dijo en esa ocasión.
El gobierno reportó en septiembre “más de 93,162 terroristas” capturados al defender la prórroga 55ª del régimen de excepción que inició su vigencia el 28 de septiembre y concluye el 27 de octubre de 2026.
La Asamblea Legislativa sumará esta semana un total de 13 créditos, una garantía crediticia y una emisión de títulos valores por un monto de $1,971.4 millones que ya pasaron autorización y ratificación.
La autorización y la aprobación son las primeras dos votaciones necesarias que, junto a las reformas presupuestarias correspondientes, permiten al Estado empezar a recibir los desembolsos de las nuevas deudas contraídas.
Se trata de deudas que oscilan entre los $9.6 millones y $501.2 millones, en su mayoría con un destino específico. Solo dos de los 15 instrumentos aprobados poseen un destino flexible, ya que sus fondos pueden ser utilizados para obligaciones generales del Estado o transferencias: el préstamo de $501.2 millones y la emisión de títulos por $100 millones.
En el caso de los préstamos y la garantía, los mayores acreedores son el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $625 millones; seguido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial, por $617.9 millones; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por $445 millones; y la Corporación Andina de Fomento (CAF), por $150 millones.
El monto mayor ha sido un préstamo del BIRF autorizado y ratificado en abril que es desembolsado a cambio de resultados educativos que presente el Gobierno. El primer desembolso, por $131 millones, se realizará después de una reforma presupuestaria acordada el lunes al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt).
Entre los requisitos para recibir los desembolsos de este préstamo está incrementar el porcentaje de estudiantes desde 2º grado hasta 2º año de bachillerato con niveles de suficiencia en matemática y lectura, implementar una plataforma digital de aprendizaje y un sistema de evaluación del aprendizaje, mejorar el sistema de gestión de datos educativos y dotar de computadoras portátiles y tabletas a estudiantes y docentes. Sin embargo, los fondos pueden ser utilizados para «acciones estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado que en sus distintas formas requieran liquidez y transferencias varias».
La emisión de títulos por $100 millones aprobada en abril también puede ser utilizada en «prioridades, obligaciones, transferencias o necesidades».
El resto de préstamos o la garantía sí tiene un destino fijo según los decretos aprobados.
Así, el segundo préstamo mayor, que asciende a $195 millones, fue otorgado por el BID, aprobado el 29 de enero de 2026 para el programa de modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador «San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez».
Le sigue un crédito de $185 millones del BCIE destinado al proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable Guluchapa en el área metropolitana de San Salvador y otro de $155 millones del BCIE para el programa de infraestructura vial y movilidad urbana fase II.
Luego aparecen dos créditos por $150 millones cada uno, uno otorgado por el BID y otro por el BCIE, tienen como destino decretado el control de inundaciones en el área metropolitana de San Salvador y un programa de construcción de infraestructura y rescate de escenarios deportivos fase II. Estos, según el proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda, podrían empezar a ser ejecutados el próximo año.
El resto de créditos se destina a proyectos de generación de empleo o créditos empresas, becas universitarias y su seguimiento, DoctorSV, centro de maternidad El Nido, luminarias en carreteras, financiamiento adicional al proyecto Crecer y Aprender Juntos y una planta solar fotovoltaica en San Matías, La Libertad.
España mantiene 400 proyectos activos en El Salvador, con $40 millones en ejecución durante 2026, informó la embajadora española en el país, Sonia Álvarez, el lunes, durante la celebración de la Fiesta Nacional de España, en la que destacó cuatro décadas de cooperación bilateral y la continuidad de los programas de desarrollo.
“Seguimos acompañando a El Salvador con 400 proyectos activos y $40 millones en ejecución en este 2026”, afirmó la diplomática, quien reiteró que la cooperación española ha destinado más de $1,000 millones al país durante los últimos 40 años.
La cooperación abarca áreas como agua, educación, paz, patrimonio, igualdad de género, desarrollo e instituciones. Álvarez recordó que esta relación se remonta a iniciativas posteriores al terremoto de 1986 y destacó que el objetivo es contribuir al desarrollo de capacidades locales.
“La cooperación más valiosa no es la que crea dependencia sino la que crea capacidades para construir un futuro mejor”, expresó.
La embajadora indicó que España mantiene su respaldo al proceso de integración centroamericana y que actualmente ejecuta 14 proyectos de cooperación regional, con un presupuesto estimado de $6 millones. Sostuvo que la visita de Eva Granados en mayo permitió abordar estos vínculos y conmemorar los 25 años de la relación de España con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
La diplomática sostuvo que la relación con El Salvador no se limita al pasado compartido, sino que también busca contribuir a una economía más competitiva y sostenible.
La embajadora recordó la visita realizada en mayo de 2026 por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Eva Granados, en el marco de los vínculos de cooperación entre ambos países.
Además de la cooperación al desarrollo, Álvarez destacó la relación comercial entre ambos países y afirmó que España es el principal socio comercial europeo de El Salvador en lo que va de 2026.
Según las cifras compartidas durante el acto, las misiones comerciales organizadas para empresas españolas aumentaron un 64 % respecto al año anterior. Anunció la presencia de una delegación del Principado de Asturias en El Salvador y la llegada de una misión comercial de la Comunidad Autónoma de Madrid en las próximas semanas.
En materia de inversión, afirmó que España fue el principal país inversor en El Salvador en 2024, mientras que en el segundo trimestre de 2026 ocupó el segundo lugar, con $140 millones.
La embajadora reiteró, además, el compromiso de España con los principios de libertad, democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, multilateralismo y legalidad internacional. Al referirse a la guerra en Ucrania, condenó lo que calificó como “provocaciones inaceptables” y subrayó la importancia del respeto a los principios de las Naciones Unidas.
La celebración de la Fiesta Nacional de España reunió a representantes del Gobierno salvadoreño, entre ellos el secretario de Comercio, Miguel Kattán; el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro; el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; y las ministras de Economía y Turismo, María Luisa Hayem y Morena Valdez.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró que la prohibición de la conciliación o mediación en delitos cometidos por personas reincidentes habituales no es inconstitucional por violación a la prohibición de múltiple juzgamiento.
“No podrán conciliarse o mediarse los delitos cometidos por reincidentes habituales”, reza el inciso segundo del artículo 38 del Código Procesal Penal, que fue impugnado por un ciudadano demandante que argumentó que viola el artículo 11 inciso 1º de la Constitución, la prohibición de múltiple juzgamiento.
De acuerdo a la Sala, la Asamblea puede restringir el acceso de mecanismos alternos por la gravedad de los hechos, la afectación de bienes jurídicos o el peligro de determinadas conductas, sin que ello signifique que se descarte la resocialización en estos casos.
“El legislador puede establecer respuestas diferenciadas frente a fenómenos delictivos diversos, siempre que las restricciones que adopte encuentren una justificación constitucionalmente legítima, se apoyen en elementos objetivos vinculados con la conducta regulada y respeten los límites derivados de los derechos fundamentales y de los principios de proporcionalidad, igualdad y resocialización”, argumenta la sentencia.
La resolución de la Sala indica que la prohibición de la conciliación o mediación con personas reincidentes habituales es una “medida necesaria” y asevera que esta “no elimina las salidas diferenciadas ni los objetivos de resocialización”.
Un segundo argumento de la Sala es que la disposición “no incrementa la pena prevista para el delito atribuido, no agrava la responsabilidad penal, no altera las reglas de determinación de culpabilidad, no restringe el derecho de defensa, no modifica la presunción de inocencia ni supone un nuevo juicio” sobre hechos anteriormente sancionados.
En esta línea, la Sala agregó como argumentos “la protección de la víctima, la preservación de la coherencia interna del sistema de justicia restaurativa” y la articulación entre “mecanismos restaurativos y fines preventivos del proceso penal”.
“Es lícito que el legislador decida qué modelos procesales considera mejores para la realización de los fines constitucionales y legales que persigue”, citó la Sala, una resolución previa.
“La posición jurídica afectada por la medida presenta un peso constitucional inferior al que correspondería a garantías como la libertad personal, la defensa, el debido proceso o la presunción de inocencia”, indica la Sala.
El ciudadano demandante argumentó que la negativa para conciliar implica una sanción para alguien que ya fue sancionado por un delito similar.
En el proceso, la Asamblea defendió la disposición legal alegando que la conciliación parte de la buena fe y que “sería un despropósito habilitar este beneficio a personas que tengan esta forma habitual de concebir su vida en sociedad”, pues sería “darles una oportunidad no merecida”.
El fiscal general, por su parte, argumentó que el Legislativo tiene la “potestad de decretar” y de establecer excepciones”, y que los reincidentes son “personas con las que no se logra el fin resocializador de la pena”. Agregó que no es aplicable la prohibición del doble juzgamiento en el caso porque no se trata del mismo hecho o delito.
La resolución fue emitida el 2 de septiembre de 2026 y fue publicada en el Diario Oficial del 14 de septiembre del mismo año.
España reafirmó sus vínculos diplomáticos, económicos y de cooperación con El Salvador durante la celebración de su Fiesta Nacional, la noche del lunes, en un acto encabezado por la embajadora española en el país, Sonia Álvarez, quien destacó los 40 años de cooperación bilateral y la continuidad de iniciativas conjuntas en diferentes áreas.
Al evento asistieron el secretario de Comercio de El Salvador, Miguel Kattán; el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro; el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; y las ministras de Economía y Turismo, María Luisa Hayem y Morena Valdez.
Durante su discurso, Álvarez describió a España como un país con una profunda vocación americana, mediterránea y europea, y reiteró su compromiso con la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, el multilateralismo y la legalidad internacional.
La diplomática también se refirió a la guerra en Ucrania, iniciada por Rusia hace cuatro años, y condenó lo que calificó como “provocaciones inaceptables”. Señaló que esto ha fortalecido la unidad europea e instó a respetar los principios de las Naciones Unidas.
Embajadora de España, junto al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. / Alex Montes.
Cuatro décadas de cooperación española
Uno de los principales ejes del discurso fue el aniversario de los 40 años de cooperación española en El Salvador, una relación que, según la embajadora, ha abarcado áreas como agua, educación, paz, patrimonio, igualdad de género, desarrollo e instituciones.
Álvarez recordó que la cooperación se remonta a iniciativas posteriores al terremoto de 1986 y afirmó que, durante este periodo, España ha invertido más de $1,000 millones en el país.
“Seguimos acompañando a El Salvador con 400 proyectos activos y $40 millones en ejecución en este 2026”, indicó, además.
La embajadora sostuvo que la cooperación debe basarse en el acompañamiento y el intercambio de conocimientos y experiencias, con objetivos compartidos entre ambos países. “La cooperación más valiosa no es la que crea dependencia sino la que crea capacidades para construir un futuro mejor”, destacó.
Recordó la visita realizada en mayo de 2026 por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Eva Granados, a El Salvador, en el marco de las actividades vinculadas con la cooperación española y su presencia en Centroamérica.
La embajadora de España, Sonia Álvarez, conversa con el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. / Alex Montes.
El principal socio comercial europeo
En el ámbito económico, Álvarez destacó que España se mantiene como un socio comercial relevante para El Salvador y afirmó que es el principal socio comercial europeo del país en lo que va de 2026.
Según la diplomática, durante este año se ha registrado un incremento del 64 % en las misiones comerciales organizadas para empresas españolas a El Salvador, respecto al año anterior.
La embajadora señaló que una delegación del Principado de Asturias acompañó la celebración y anunció la próxima llegada de otra misión comercial de la Comunidad Autónoma de Madrid.
En materia de inversión, aseveró que España fue el principal país inversor en El Salvador en 2024 y señaló que, durante el segundo trimestre de 2026, ocupó el segundo lugar, con $140 millones.
Álvarez también destacó el papel de las instituciones y de la Cámara de Comercio Española-Salvadoreña, que cumple 60 años, en el fortalecimiento de las relaciones empresariales. Sobre los proyectos de inversión, subrayó la importancia de la confianza, la permanencia y la generación de empleo.
Celebra acuerdo de aviación civil
La embajadora destacó la modificación del acuerdo bilateral de aviación civil entre ambos países, así como la presencia de Iberia y la llegada de Iberojet a El Salvador. Expresó su expectativa de que una nueva compañía aérea española se incorpore a las operaciones entre ambos países.
En el campo científico y académico, recordó que en 2025 se celebraron las primeras jornadas científicas hispano-salvadoreñas y adelantó que esperan realizar una segunda edición en las próximas semanas.
También, señaló avances en los intercambios científicos, los acuerdos universitarios y la movilidad académica. De acuerdo con las cifras compartidas por la diplomática, durante 2026, se han concedido 277 visados a estudiantes que buscan cursar estudios de pregrado o posgrado en España.
En el ámbito cultural, informó que se han desarrollado 315 actividades en lo que va del año, con más de 10,070 participantes.
Respaldo a la integración centroamericana
Álvarez reiteró el respaldo español al proceso de integración regional y señaló que, en el marco de la cooperación regional de España, se ejecutan actualmente 14 proyectos con un presupuesto estimado de $6 millones.
En seguridad, destacó el aumento del intercambio formativo y la cooperación en áreas como la ciberdelincuencia. Recordó la participación conjunta de ambos países en la misión de paz de las Naciones Unidas en Líbano, una colaboración que, según indicó, se ha mantenido durante 18 años, y mencionó la base Miguel de Cervantes.
La diplomática hizo referencia, además, a la visita realizada en junio por la canciller salvadoreña Alexandra Hill a Madrid y la participación del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano celebrado los días 1 y 2 de octubre.
Al referirse al vínculo entre ambos países, Álvarez destacó que las relaciones bilaterales no dependen exclusivamente de los gobiernos o las embajadas, sino también de los ciudadanos y de los intercambios que mantienen las sociedades. Recordó la presencia de la comunidad española residente en El Salvador, integrada por más de 5,000 ciudadanos.
Los diputados de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa leyeron este lunes la solicitud gubernamental para transferir 50 camiones pesados de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) a la empresa estatal Constructora El Salvador, S.A. de C.V. y aprobaron inmediatamente que se aprobara el dictamen para autorizar la transferencia a la sociedad anónima.
Luego de la lectura de solicitud realizada por la diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, el presidente de la Comisión, diputado Salvador Chacón, del mismo partido pidió a los diputados votar para aprobar el dictamen. Todos votaron. Chacón pidió posteriormente leer el dictamen, que ya estaba preparado y fue leído por la diputada Rosales.
«Este modelo centralizado de gestión pública no solo ha garantizado el uso transparente de los recursos estatales sino que transformado la calidad de vida de las comunidades vulnerables… La aprobación de este instrumento legal resulta oportuna y altamente conveniente para los intereses de la nación ya que otorga el marco normativo idóneo para que la DOM capitalice a su empresa filial sin comprometer la propiedad del Estado», leyó Rosales parte del dictamen. Agregó que así se reduce «la contratación de terceros» y se traduce en más utilidades de la DOM.
La aprobación del decreto, prevista para la sesión plenaria del próximo miércoles, autorizaría la transferencia de 50 camiones pesados marca Sany año 2025, todos con placas nacionales, valorados en su total en $5.7 millones.
El objetivo de la transferencia sería buscar que esta empresa desarrolle más obras en los sectores público o privados para generar utilidades a la DOM y esta pueda desarrollar obras municipales.
La Constructora El Salvador es una sociedad anónima estatal constituida el 28 de abril de 2023 de la cual la DOM es accionista mayoritaria; la DOM se puede financiar de ingresos del Estado y de préstamos estatales. Se desconoce cuáles son los accionistas privados de la empresa.
Los camiones fueron adquiridos por la DOM el 10 de febrero de 2026 y tienen un valor de $115,081.02 cada uno.
En 2023, la DOM le transfirió a la Constructora El Salvador otros bienes por $14.1 millones como plantas asfálticas, excavadoras, motoniveladoras, retroexcavadoras, compactadoras, concreteras, vibradores de concreto, martillos demoledores y otros.
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de Paraguay, encabezada por su presidente, Basilio Gustavo Núñez, para promover el intercambio de experiencias entre ambos países, informó este lunes la Vicepresidencia.
El funcionario invitó a los legisladores paraguayos para que visiten el país y conozcan de primera mano los avances que sostuvo.
Los senadores paraguayos, según el comunicado, manifestaron interés en conocer la experiencia de El Salvador en educación e infraestructura hospitalaria.
Ulloa abordó la solicitud relacionada con la repatriación de los restos del artista paraguayo Agustín Pío Barrios, “Mangoré”, presentada como un asunto de interés histórico.
Ulloa expuso como positivas las reformas jurídicas e institucionales relacionadas a la seguridad de El Salvador, así como iniciativas económicas y tecnológicas, entre ellas la “adopción del bitcóin en 2021” y la creación de un marco regulatorio especializado en activos digitales.
Destacó el papel de la Comisión Nacional de Activos Digitales en el desarrollo de mecanismos regulatorios y la promoción de la innovación financiera.
Ulloa destacó el crecimiento del sector turístico y mencionó que el país recibió más de 4.1 millones de visitantes en 2025. Mencionó el sello Family Friendly de ONU Turismo, iniciativa impulsada por la primera dama, Gabriela de Bukele, para promover espacios y servicios turísticos adecuados para las familias.
Reiteró la disposición de El Salvador de compartir experiencias en seguridad, educación, modernización institucional e innovación tecnológica.
Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Senadores de Paraguay, Dionisio Amarilla, reconoció como logros de El Salvador la seguridad, el combate a la corrupción y la atracción de inversiones.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes una reforma a la Ley general de presupuesto del Estado de 2026 para incorporar $78 millones que provienen en su mayoría de la recaudación del impuesto IVA, con el fin de financiar “obligaciones prioritarias e ineludibles” de instituciones del Estado para su funcionamiento en el último trimestre de 2026.
“Actualmente existen algunas instituciones del sector público dentro ellas tenemos obligaciones prioritarias ineludibles que deben ser atendidas durante este último trimestre del año y que requieren de cobertura presupuestaria por un total de $78 millones”, justificó Laura Michelle Arce, subdirectora de presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Un total de $52.9 millones provendrán del pago de IVA, $16.5 millones provienen del Impuesto sobre la Renta; $2.4 millones del impuesto a productos específicos, $4.4 millones de impuestos diversos y 1.8 millones de impuesto sobre comercio exterior.
¿Cuál es el destino de los $78 millones según el mismo Gobierno?
Ramo de Salud: $18.8 millones para «pago de bienes y servicios, y complementar la compra de medicamentos, insumos y equipos para los diferentes establecimientos de salud».
Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT): $15 millones para proyectos estratégicos de nación en obras de construcción, mantenimiento y reparación de la red vial, así como derechos de vía a nivel nacional».
Ministerio de la Defensa Nacional: $14 millones para Plan Control Territorial, recuperación y rehabilitación de territorios a nivel nacional.
Presidencia de la República: $14 millones. Para secretarías y adquisición de maquinaria, equipos informáticos y tecnológicos, derechos de propiedad intelectual. La subdirectora de presupuesto detalló que los fondos garantizarán “la continuidad y operatividad de las secretarias” de la Presidencia.
Ministerio de Relaciones Exteriores: $6 millones para gastos de operatividad de las representaciones diplomáticas y consulares, compra de “bienes y servicios esenciales” para el “funcionamiento de la Secretaría de Estado”.
Fiscalía: $6 millones para capacidades operativas y tecnológicas de “sus diferentes unidades operativas”.
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH): $1.5 millones para la organización e implementación de un observatorio electoral, incluye cámaras y computadoras.
Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina): $2.7 millones para financiar programas de acogida privados de su medio familiar para el funcionamiento de programas y lograr así la integración social.
Diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dictaminaron el lunes una reforma al presupuesto general del Estado 2026 para incorporar $131 millones provenientes del préstamo de $501 millones del Banco Mundial cuyos fondos se destinarán “a obligaciones generales del Estado” que requieran fuente de liquidez y transferencias varias.
El préstamo $501,253,133 se aprobó el 21 de abril de 2026 para la operación “Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital”.
Delia Reyes, subdirectores de inversión y crédito público del Ministerio de Hacienda, recordó que el crédito fue otorgado “bajo la modalidad de financiamiento basado en resultados y se focaliza en el reconocimiento por parte del BIRF de los esfuerzos y logros en materia de educación”.
Se sustenta indicadores vinculados a áreas de apoyo al aprendizaje, desarrollo de capacidades e información para el sistema educativo y la infraestructura para el aprendizaje.
Algunos de estos indicadores o resultados esperados son:
Incrementar el porcentaje de estudiantes desde 2º grado hasta 2º año de bachillerato con niveles de suficiencia en matemática y lectura.
Implementación de una plataforma digital de aprendizaje, mejoras en el aprendizaje de matemáticas y lectura.
Implementación de un sistema de evaluación del aprendizaje y mejoras en el sistema de gestión de datos educativos para sustentar la toma de decisiones.
Dotación de computadoras portátiles y tabletas para estudiantes y docentes para el uso de tecnología en el aula: integración del uso de la tecnología en el aula.
Al final de su intervención, sobre la solicitud de reforma presupuestaria, la subdirectora general de Inversión y Crédito Público dijo que el crédito “da cobertura presupuestaria de forma oportuna a diversas operaciones estratégicas del gobierno”.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dictaminó este lunes la ratificación del contrato de préstamo por hasta $75 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el proyecto de equipamiento del Centro de Maternidad «Nacer con Cariño, El Nido».
El dictamen 270 fue aprobado de manera unánime. La ratificación se daría en la sesión plenaria de este miércoles 14 de octubre.
La subdirectora general de Inversión y Crédito Público, Delia Reyes, informó hoy a los diputados que el contrato de préstamo fue suscrito con el representante de la CAF el 30 de septiembre de 2026.
El plazo del préstamo es 18 años y tiene 4.5 años de periodo de gracia.
Uno de los objetivos específicos del proyecto financiado por el CAF será descentralizar el modelo de salud materno infantil del centro de maternidad El Nido en las zonas occidental y oriental del país, con intervenciones en áreas de los hospitales San Juan de Dios de Santa Ana y San Miguel.
De acuerdo con Reyes, incluirá el equipamiento del centro de maternidad El Nido en San Salvador: equipamiento médico, clínico, tecnológico y de soporte, e incluye equipo para control prenatal, equipamiento para salas de parto y recuperación, equipos para quirófanos obstétricos y manejos de emergencias, incubadoras, cunas térmicas, y equipamiento para neonatología y equipos para unidades cuidados intensivos neonatales.
En el hospital nacional “San Juan de Dios” de Santa Ana, se construirá un área de 1,461 metros cuadrados y se adquirirá equipo médico para 6 unidades de trabajo de parto, 4 islas neonatales, 2 quirófanos obstétricos, 5 salas de alojamiento conjunto con capacidad de 20 plazas.
En el hospital nacional “San Juan de Dios” de San Miguel, se construirá un área de 1,960 metros cuadrados y se adquirirá equipo médico para 6 unidades de trabajo de parto, 3 islas neonatales, 2 quirófanos obstétricos, 5 salas de alojamiento conjunto con capacidad para 20 plazas, sistema de soporte para la operación del equipo médico de la red y mobiliario clínico y no clínico.
El resultado esperado del préstamo es, según Reyes, es “brindar servicios de salud integral a nivel de todo el país para la atención de la mujer desde el embarazo y desde el niño de su gestación conforme a la Ley nacer con cariño”.
