El Ministerio de Hacienda solicitó ayer a la Asamblea Legislativa una reforma al presupuesto general del Estado 2026 para incorporar $137,000 de una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para becas dirigidas a jóvenes salvadoreños de tercer ciclo. La solicitud será estudiada por la Comisión de Hacienda, que se reúne el próximo lunes.
Se incorporarán $137,000 al presupuesto del Ministerio de Educación para el programa de Becas Bicentenario para estudiantes de tercer ciclo y educación media en los departamentos de Ahuachapán, La Libertad y La Unión.
Los fondos provienen de un convenio de $625,000 para 125 o 250 becas como máximo, entre 25 y 50 becas por año, con una duración máxima de cinco años de estudios.
El plazo para ejecutar los desembolsos del BCIE se modificó de nueve a cinco años, periodo que finaliza en 2027, por lo que el desembolso de 2026 actualmente de $100,000 se incrementa a $237,000 para ampliar la cuarta promoción con 137 becas adicionales.
Del programa, ya se ejecutaron $150,000 con los cuales se financiaron tres promociones; y los $100,000 inicialmente programados para 2026 financiarían una cuarta promoción de 25 becas.
Con la modificación realizada, el desembolso de 2026 se incrementa a $237,000, para ampliar la cuarta promoción con 137 becas adicionales.
La cantidad acumulada de becas son 137 becas: incluyen gastos de alimentación, transporte, conectividad y materiales educativos.
Los jóvenes deben cumplir las condiciones del Programa de Becas Bicentenario. Los estudiantes deben tener alto rendimiento académico, estar en condiciones de vulnerabilidad social y con escasos recursos económicos; deben pertenecer a cinco centros educativos seleccionados: Sor Clara Quiroz, Walter A. Soundy, Dr. Arturo Romero, General Fabio Morán y José Pantoja Hijo.
La Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes), el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de El Salvador (UES) y las universidades privadas entregaron a la Asamblea Legislativa ternas de candidatos a miembros propietarios y suplentes del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) del periodo 2026-2031. El pleno legislativo recibió los listados en la sesión del miércoles.
El CNJ es la institución encargada de llevar un registro de abogados, proponer a los jueces y magistrados ante la Corte Suprema de Justicia, así como evaluar a los jueces y magistrados y enviar los resutlados a la Corte.
El pleno del CNJ está conformado por siete consejeros: tres abogados del país propuesto por el gremio de abogados, un abogado docente de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la UES, un abogado docente universitario de las otras facultades, escuelas o departamentos de derecho de las universidades privadas del país, un abogado propuesto por el Ministerio Público y un miembro electo por los magistrados de cámaras de segunda intancia, jueces de primera instancia y jueces de paz.
Su periodo de funciones son cinco años.
Por las universidades, las ternas de la UES fue enviada por el decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales; y las de universidades privadas, por el decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales “Dr. José Matías Delgado”. Por la Corte, las propuestas fueron remitidas por el presidente del Comité Electoral Judicial.
El miércoles a las 7:45 p.m., la Asamblea Legislativa aún no había publicado las propuestas enviadas en su sitio web. Las piezas de correspondencia recibidas son información oficiosa del Órgano Legislativo, según el artículo 11 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Los abogados, que tienen tres puestos del CNJ según la ley, proponen una terna de propietarios y una terna de suplentes por cada cargo, es decir, 18 nombres: Santos Guerra Grijalba, Karla Cecilia Roque de Rodríguez, Alexander Efraín Ticas Navarro, Sonia Aracely López Sandoval, Maritza Venancia Zapata Cañas, Edwing Armando Zeledón Hernández, Jaime Roberto Reyes Guzmán, Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez, Rodrigo Alberto Aguirre Espinoza, Alcides Salvador Funes Teos, Alba Geraldina Paredes de Bonifacio, Doris Deysi Castillo de Escobar, Eduardo Antonio Pérez Hernández, Dianna Maricela de la O Palacios, Manuel Alexander Guevara Hernández, Alejandro Alberto Fuentes Lino, Julia Ingrid Abigail Calderón de Hernández y Fátima Mercedes Martínez de Méndez.
Por las universidades privadas, fueron propuestos: Verónica Lisseth González Penado, César Edgardo Castaneda y William Rafael Rebollo como candidatos a miembros propietarios del CNJ; y Óscar Antonio Canales Cisco, como candidato a suplente.
El Consejo Nacional de la Judicatura es la institución responsable de proponer candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de cámaras de segunda instancia, jueces de primera instancia y jueces de paz. Sus integrantes son elegidos y pueden ser destituidos por la Asamblea Legislativa con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados electos.
La diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición Vamos, intentó introducir la propuesta de “Ley de búsqueda de personas desaparecidas”, en la agenda de la Asamblea Legislativa, presentada por el “Bloque de búsqueda de personas desaparecidas” pero solo tuvo su propio voto, uno de 60.
“Las familias decidieron transformar ese dolor, ese calvario, ese luto, porque no se logra cerrar el ciclo luego de perder una persona y no saber si está viva o no, todas esas experiencias en una propuesta de ley”, dijo en la sesión plenaria del miércoles.
En su intervención en el pleno, Ortiz señaló a las instituciones del Estado de revictimización y de negligencia al negarles información a los familiares.
Votación para incorporar el proyecto de ley de desaparecidos a la agenda de la plenaria del miércoles. / Asamblea Legislativa.
“Este día tenemos a bien solicitar una modificación de agenda para que esta propuesta de ley pueda iniciar el proceso de ley y solicitamos que se introduzca por medio de la sesión plenaria y pueda pasar a la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia”, solicitó.
“Quiero ser muy enfática en esto. No es un favor el que les estoy pidiendo. En nombre de las víctimas, de sus familiares, de las madres que han venido este día y todas las miles de familias que tienen un familiar desaparecido que no han encontrado justicia, esto no es un favor, es una obligación del Estado salvadoreño”, dijo, después de mostrar la fotografía del Josué Siliézar Miranda y otros jóvenes desaparecidos.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sometió a votación la propuesta. Solo logró un voto, el de Claudia Ortiz. Luego, sometió a votación la incorporación de la pieza 1-A para aprobar la prórroga 54 del régimen de excepción, 57 votos.
De acuerdo con los solicitantes, la normativa plantea la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas en el cual instituciones como la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal trabajarían de “manera coordinada, articulada y con una respuesta unificada, rápida e integral para las familias”; se crearía un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas “para que la búsqueda no dependa de acciones aisladas ni de la voluntad una institución o funcionario”; y se crearía un banco nacional de ADN para la comparación de perfiles genéticos de personas desaparecidas, familiares y restos humanos no identificados.
Votación para incorporar el proyecto de ley de desaparecidos a la agenda de la plenaria del miércoles. / Asamblea Legislativa.
Uno de los argumentos que expuso el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, ante el Consejo de Ministros, para solicitar la 54ª prórroga del régimen de excepción, ha sido la captura de miembros de pandillas que buscan delinquir y “recuperar presencia territorial”, pero también reportan el arresto de jóvenes con conductas afines.
Concretamente habla de “detención de jóvenes en la comisión de ilícitos realizados con patrones conductuales afines a pandillas, uso similar de jerga, creación de rituales y participación en tráfico de drogas” que buscaban “reproducir prácticas” de las pandillas.
Seguridad se refirió también a las capturas integrantes de pandillas o personas vinculadas a estas que buscaban cometer delitos, establecer nexos delictivos, pandilleros con tatuajes alusivos a dichos grupos criminales, y decomisos de droga y teléfonos. El gobierno argumentó que estas pandillas buscan la “preservación de su influencia”.
En este reporte, el gobierno habla de “la captura de más de 92,959 terroristas”. No detalla si en esta cifra global incluye a todos.
La representante del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, no cree que haya capturas a ese nivel.
Cada mes, el gobierno reporta una cifra de personas capturadas bajo el régimen de excepción a quienes identifica como “terroristas”. Según esos reportes, se han capturado de 180 hasta 350 supuestos pandilleros mensuales.
Los datos oficiales reportados cada mes dan cuenta de que en febrero los capturados por el régimen aumentaron en 300 respecto al reporte de enero.
Así, el gobierno reportó 350 capturados en marzo, 340 capturados en abril, 310 en mayo, 180 en junio, 260 en julio y 219 en agosto, todos los capturados son identificados como “terroristas”.
“No creo que sea real. Sí hay detenciones de pandilleros, identificados con tatuajes que está claro que han pertenecido a las estructuras. Si hay detenciones, tienen que ser personas que son colaboradores”, indicó la representante del SJH.
Escobar sostiene que la demanda de las personas en la búsqueda de asesoría en la organización que dirige ha disminuido sensiblemente. “La gente no busca ayuda como antes, masivamente”, indicó.
No cree tampoco que todos los capturados reportados sean pandilleros. “Si ellos les ponen textualmente pandilleros (terroristas), es una mentira más grande, porque en la estructura de la criminalidad el pandillero es el que está más alto, están los de chequeo, colaboradores voluntarios, luego los obligados”, afirmó.
La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles la 54 prórroga del régimen de excepción que mantiene suspendidas tres garantías constitucionales relacionadas al tiempo máximo de detención administrativa, privación de las telecomunicaciones y al derecho de la defensa.
Mientras diputados de Nuevas Ideas destacaron que son 35 homicidios en lo que va del año 2026, la organización SJH señala que durante el régimen de excepción han muerto 564 personas detenidas bajo custodia estatal.
La Asamblea Legislativa reeligió y juramentó este miércoles a Walter Salvador Sosa Funes, Julio Guillermo Bendek Panameño y José Rodrigo Flores Ramos como presidente, primer y segundo magistrado de la Corte de Cuentas de la República minutos después de que el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, los propusiera en el pleno y que los diputados Serafín Orantes y Reinaldo Carballo, del PCN y PDC, respaldaran inmediatamente la misma propuesta.
Los magistrados estarán en sus cargos del 28 de agosto de 2026 al 27 de agosto de 2029.
La diputada Alexia Rivas leyó el dictamen favorable de la Comisión Política, que indicó que el pleno debía «deliberar públicamente» y elegir a los tres funcionarios de un total de 17 personas evaluadas.
Luego de la lectura del dictamen, el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, hizo la propuesta. «Esta elección era un simple trámite de pasillos. Estos cambios se entregaban a través de un nefasto reparto de cuentas», indicó.
A las 5:30 p.m., Chamagua anunció que, basándose en las entrevistas realizadas, «como miembros de la fracción de Nuevas Ideas nosotros proponemos» a Walter Salvador Sosa Funes en el cargo de presidente de la Corte de Cuentas de la República; a Julio Guillermo Bendek Panameño como primer magistrado y José Rodrigo Flores Ramos como segundo magistrado. El magistrado presidente fue cuestionado por Nuevas Ideas por la mora en la Cámara de Segunda Instancia.
La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió la palabra y anunció que no votarían por la elección, debido a la afinidad de todos los candidatos con el Gobierno, algo que calificó como lamentable porque son funcionarios que deben «contarle las costillas al Gobierno».
«Lastimosamente, todos los candidatos sin excepción alguna manifestaron un tipo de elogio o ensalzar, hablar únicamente que si eran electos, gracias a este gobierno, y hablaban todos maravillas de las instituciones de Gobierno, creo que eso es lamentable, al final porque esto quiere decir que sus decisiones no van a ser decisiones únicamente para beneficio de los salvadoreños. La Corte de Cuentas debe contarle las costillas al Gobierno, dónde va cada centavo de los salvadoreños y por eso no tienen que tener ningún tipo de amor con ningún partido político o de gobierno», afirmó.
Después, los partidos aliados de Nuevas Ideas respaldaron la propuesta de Nuevas Ideas.
«Estamos completamente de acuerdo con la propuesta hecha por el diputado Chamagua. Ratificamos esta propuesta y públicamente aquí daremos nuestros votos junto con mi colega Rebeca Rodríguez que nos acompaña en este pleno, así nuestra propuesta», dijo el diputado Serafín Orantes, del Partido de Concertación Nacional (PCN), sin explicar por qué estaban de acuerdo con la elección de dichos funcionarios.
El diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), pidió la palabra para respaldar la propuesta del diputado Chamagua: «Ratifico la propuesta que ha sido formulada y daré mi voto».
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que «después de analizar los 17 entrevistados» se llegó a la propuesta «tomando en cuenta que la Corte de Cuentas necesita esa continuidad para seguir manejando tal como lo han hecho durante estos últimos periodos y sobre todo en el caso del licenciado Walter Sosa, que de alguna manera lleva la mitad de un periodo». «Nosotros creemos que vale la pena que se continúe», agregó, luego de señalar que «todos eran profesionales que contaban con la experiencia y la capacidad para estar al frente de esa institución».
Castro advirtió a los magistrados que estarán «muy atentos» desde la Asamblea Legislativa: «Auditar y pedir cuentas a todos los funcionarios públicos, así tiene que ser; también tienen que dar el ejemplo, desde este órgano de Estado vamos a estar atentos, muy atentos, al trabajo que se esté realizando, vamos a darle un voto de confianza», expresó.
El dictamen 22 de la Comisión Política fue sometido a votación a las 5:54 p.m. y fue aprobado con 57 votos.
En las votaciones nominales y públicas por cada uno de los tres magistrados, todos recibieron 57 votos. Por la elección de los tres, votaron en contra las diputadas Claudia Ortiz, de Vamos; Marcela Villatoro y Silva Regalado, de Arena.
La juramentación de los tres funcionarios finalizó a las 6:19 de la tarde.
El diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, juramenta a los magistrados Walter Sosa, Julio Bendek y Rodrigo Flores. / Transmisión legislativa.
La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la ley de transferencia de un inmueble del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en el Barrio La Cruz del distrito de Suchitoto, Cuscatlán Norte, al Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) para que un grupo de familias de la comunidad Shafik Hándal puedan legalizar sus propiedades en el lugar.
Se transferiría un área de 10,116.31 metros cuadrados, de un total de 21,962.9564 metros cuadrados.
La “Ley especial para la transferencia por parte del Estado y gobierno de El Salvador en el Ramo de Agricultura y Ganadería de una porción de inmueble a favor del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) ubicado en el distrito de Suchitoto, municipio de Cuscatlán Norte, departamento de Cuscatlán, para beneficiar a las familias de la comunidad Shafik Handal, así como a las instituciones o entidades calificadas para prestar servicios en interés de dicha comunidad” fue aprobada con 59 votos. Vamos no votó.
La comunidad tiene 42 familias según una nota de Fonavipo del 29 de noviembre de 2023 pero el 15 de marzo de 2023 se informaba de un censo de 55 familias en la misma comunidad. En 2019 se detallaba que la comunidad era conformada por 89 familias.
Con 59 votos, incluidos los dos votos de Arena, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles un canje de notas entre El Salvador y Japón para entregar becas a seis funcionarios públicos de estudios de maestría en universidades japonesas para el año 2027.
El proyecto de la Agencia Internacional del Japón (JICA) busca que funcionarios altamente capacitados realicen sus estudios de posgrado y regresen al país a aplicar sus conocimientos.
El canje de notas fue aprobado como dictamen 79 de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno.
El canje de notas firmado el 24 de julio contempla una cooperación de 201 millones yenes japoneses o $1.2 millones para becar a seis funcionarios. Con el programa de cooperación se alcanzaría un total de 39 funcionarios salvadoreños beneficiados.
La donación se hará efectiva siempre y cuando los estudios se realicen entre la vigencia del acuerdo y el 31 de diciembre de 2034.
El programa de cooperación con la formación profesional de algunos funcionarios salvadoreños se ejecuta desde el año 2020, becando a 33 funcionarios públicos en estudios de posgrado en universidades de Japón.
Aunque el proyecto no detalla las instituciones a las que pertenecen los funcionarios beneficiados, se conoce que los beneficiados anteriormente laboran en Presidencia, de la misma Cancillería, así como de los ministerios de Obras, Economía, Agricultura, Vivienda, Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Banco Central de Reserva, Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Universidad de El Salvador y Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una nueva prórroga del régimen de excepción que mantiene suspendidas tres garantías constitucionales relacionadas al tiempo máximo de detención administrativa, privación de las telecomunicaciones y al derecho de la defensa.
La prórroga se aprobó con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.
Esta es la prórroga 54 del régimen de excepción, para la cual el gobierno reportó 92,959 terroristas capturas de supuestos pandilleros o “terroristas”, un aumento de 219 capturas respecto a los 92,740 capturados reportados en la 53ª prórroga.
Cada mes, el gobierno reporta una cifra de personas capturadas bajo el régimen de excepción a quienes identifica como “terroristas”. Según esos reportes, se han capturado de 180 hasta 350 supuestos pandilleros mensuales.
Capturas bajo régimen de excepción según Ministerio de Seguridad
Enero: 91,000
Febrero: 91,300 (300 más respecto al mes pasado)
Marzo: 91,650 (350)
Abril: 91,990 (340)
Mayo: 92,300 (310)
Junio: 92,480 (180)
Julio: 92,740 (260)
Agosto: 92,959 (219)
Durante la aprobación, el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseguró que los 35 homicidios en El Salvador en lo que va del año 2026 “es una diferencia abismal con respecto a los vecinos inmediatos”.
“Ese cambio lo vamos a devolver a capa y espada. Desde esta Asamblea Legislativa, nos vamos a encargar de seguir haciendo todas las reformas de ley para que garanticen que las pandillas nunca más salgan libres a las calles. Y si debemos aprobar el régimen de excepción mil veces más, lo vamos a hacer hasta acabar con el último pandillero que se esconda en cualquier lugar de El Salvador”, afirmó Soriano.
Para el diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el régimen de excepción es la “única receta constitucional” pero aún necesitan prorrogando porque la delincuencia aún persiste.
Las organizaciones han denunciado que el gobierno utiliza el régimen de excepción también para cometer violaciones a derechos humanos. De acuerdo con el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) durante el régimen de excepción han muerto 564 personas detenidas bajo custodia estatal.
“Es lamentable que se contradiga el gobierno porque ellos mismos dicen que somos el país más seguro del hemisferio occidental, entonces, ¿por qué no levantan la medida?”, cuestionó la representante del SJH.
Según Escobar, la respuesta a esta pregunta es que “el régimen ya no sirve para materia de seguridad sino que le sirve al gobierno como “política de terror, y de ocultamiento de la corrupción y enriquecimiento ilícito de los gobernantes actualmente”.
La prórroga 54 inicia su vigencia el sábado 29 de agosto y concluye el domingo 27 de septiembre de 2026.
La Asamblea Legislativa entregó este miércoles diplomas de reconocimiento a los árbitros salvadoreños Iván Arcides Barton Cisneros y David Jonathan Morán Santos.
Antes de la entrega, el diputado Ernesto Castro, aseguró que es un gran aficionado al fútbol. “Tengo la fe de que algún día veré la Selección en un Mundial, sin embargo, Iván y David hoy puedo presumir que vi a dos salvadoreños en una semifinal de la Copa del Mundo”, expresó. Les aseguró a los galardonados que son el ejemplo de que “el trabajo, la disciplina y el sacrificio rinden frutos”.
En su discurso, Iván Barton relató que, cuando jugaba a ser árbitro con empaques de golosinas como tarjetas roja y amarilla, descubrió que era su pasión. “Jóvenes de El Salvador, concéntrense en destacar en sus estudios, aléjense de malas compañías, no crean en las fantasías, sigan sus sueños pero manteniendo los pies sobre la tierra”, afirmó.
Barton afirmó que “ya está en extinción ese El Salvador” en el cual le “mostraban las armas de fuego antes de iniciar un partido en una cancha”.
“No es solo tarea de los diputados, del presidente, de los funcionarios, es tarea de todos. Apreciemos, valoremos lo que tenemos, seamos agradecidos, veamos lo positivo, subámonos al mismo barco pero sobre todo rememos todos en la misma dirección”, expresó. Inmediatamente instó a recordar que “perfecto solo Dios”.
Entrega del diploma de reconocimiento al árbitro Iván Barton. / Captura de transmisión legislativa.
En la Copa Mundial de la FIFA 2026, Barton dirigió los juegos entre Turquía y Paraguay, Japón y Suecia, Suiza y Colombia, y la semifinal entre Francia y España. Así, acumula siete partidos mundialistas como árbitro central. Nació en Santa Ana el 27 de enero de 1991, es licenciado en Ciencias Químicas de la Universidad de El Salvador y ejerció como docente de química orgánica, obtuvo su gafete FIFA en 2018. Desde entonces, ha participado en competencias como la Copa Oro, Concacaf Champions Cup, Leagues Cup, Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Copa Mundial de Clubes de la FIFAy la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.
También, David Morán ha sido árbitro asistente internacional FIFA desde 2015 y ha participado en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, la Copa Mundial de la Fifa 2026, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en sus ediciones 2023 y 2025; la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA y en múltiples ediciones de la Copa de Oro de la Concacaf.
El bloque de personas desaparecidas en El Salvador presentó este miércoles a la Asamblea Legislativa una propuesta de “Ley de búsqueda de personas desaparecidas” en el marco del 30 de agosto, por la conmemoración del “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”.
El proyecto de ley fue recibido por el partido Vamos, el único partido que les concedió una reunión.
De acuerdo con los familiares, enviaron el proyecto de ley al Ministerio de Seguridad y Justicia, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Instituto de Medicina Legal, Policía Nacional Civil y todos los partidos políticos. «Y todos los partidos políticos, el único que no nos recibió (la carta con el proyecto de ley) fue el partido Nuevas Ideas», indicó una de las familiares.
Una representante del movimiento explicó que la propuesta, construida por los familiares de personas desaparecidas, busca llenar los vacíos legales para la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas.
“Esta ley representa la esperanza de volver a encontrar a quienes un día salieron de casa y nunca regresaron, una búsqueda que no puede depender de esfuerzos aislados”, expresó con la voz quebrada la familiar de una persona desaparecida.
Según el comunicado de prensa, el proyecto de ley consta de 40 artículos y busca establecer un marco normativo e institucional que garantice la búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas, así como la atención integral de sus familiares.
De acuerdo con los solicitantes, la normativa plantea la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas en el cual instituciones como la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal trabajarían de “manera coordinada, articulada y con una respuesta unificada, rápida e integral para las familias”.
Con la aprobación de la normativa, se crearía un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas “para que la búsqueda no dependa de acciones aisladas ni de la voluntad una institución o funcionario”.
También plantea la creación de un banco nacional de ADN para la comparación de perfiles genéticos de personas desaparecidas, familiares y restos humanos no identificados.
De 56 personas desaparecidas registradas por el bloque, solo han sido encontradas dos personas y solo un caso está judicializado. “Aunque ya existe la Fiscalía, el 99 % nadie tiene información de sus seres queridos desaparecidos. Hay una indiferencia total de parte del Estado”, afirmó la familiar.
La normativa también contempla la creación de una base única de información de reportes, geolocalización, identificación de restos humanos; un tratamiento con respeto a los familiares de los desaparecidos y las desapariciones de personas ocurridas durante el conflicto armado salvadoreño.
En enero de 2026, la fracción legislativa de Vamos pidió la modificación de agenda de la sesión plenaria para introducir una iniciativa de «Ley de búsqueda de personas desaparecidas». No logró los votos suficientes para ser agendada en la sesión plenaria; en esa ocasión, el diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, aliado de Nuevas Ideas, sugirió que la Unidad de Vida de la Fiscalía retome el tema.
