Categoría: Politica

El exembajador de El Salvador en la República de China, el abogado Aldo Álvarez, junto a otros profesionales conformarán el círculo de reflexión política que se denominará “Siglo XXI”, anunciaron este lunes en una conferencia de prensa.

El círculo está conformado por los abogados Juan Contreras y Aldo Álvarez, la educadora Mélida Villatoro, el politólogo Óscar Peñate y el especialista en administración pública Nelson Flores, quienes realizaron una conferencia de prensa en un hotel de San Salvador.

Estaban ausentes pero integrarán el grupo de reflexión: los sociólogos Mauricio Rodríguez y René Martínez, y el docente Rafael Góchez Fernández.

“Nos autoconvocamos, nadie nos ha convocado y decidimos conformar esta pluralidad para poner nuestros talentos individuales, nuestras capacidades personales en colectivo, para poder colaborar a empujar y apoyar este proyecto de país que está siendo llevado a cabo por el presidente Nayib Bukele”, expresó Álvarez, exsecretario de comunicaciones de Cambio Democrático (CD), partido que respaldó la primera candidatura presidencial de Bukele.

Álvarez agregó que consideran “que existen muchos opositores a este proyecto que tratan de confundir a la gente y que la única manera de combatir estas narrativas de explicarles y de dejarle clara a la gente cuál es la naturaleza real de las cosas”.

La “gran y hermosa ley” de presupuesto del presidente Donald Trump aprobada a inicios de julio incluye una tarifa de visa de integridad para los turistas extranjeros en Estados Unidos que ascenderá a $250 ajustable por la inflación.

Esta “Tarifa de Integridad de Visa” será exigida por la Secretaría de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos “además de cualquier otra tarifa autorizada por ley” “a cualquier extranjero al que se le haya emitido una visa de no inmigrante al momento de dicha emisión”.

La ley establece una tarifa de $250 o “el monto que el secretario de Seguridad Nacional establezca mediante reglamento”.

Aunque la ley establece que estas tarifas “no se eximirán y reducirán”, el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. “podrá reembolsar a un extranjero la tasa de $250 “tras el vencimiento de su periodo de validez” si el extranjero cumplió sus condiciones como no aceptar “empleo no autorizado” y si “no ha solicitado la extensión de su periodo de admisión” y ha salido de EE.UU. a más tardar cinco días después del último día; o se le extendió su estatus de no inmigrante o un ajuste al estatus de residente permanente.

La ley fue aprobada el 1 de julio por el Senado de Estados Unidos y firmada por el presidente estadounidense el 4 de julio.

El decreto fiscal y presupuestario del gobierno estadounidense incluye más de 20 tarifas de inmigración, como la tarifa de formulario I-94, de $24, y la tarifa relacionada con la renovación y prórroga de la Autorización de Empleo para personas en libertad condicional, de $275, o de renovación o prórroga de la Autorización de Empleo para solicitantes de asilo, también de $275, y para Estatus de Protección Temporal, por $500.

Las tarifas mencionadas se establecen “para el año fiscal 2025” en curso, que inició el 1 de octubre de 2024 y terminará el 30 de septiembre de 2025 y ajustables desde el año fiscal 2026, que inicia en octubre próximo.

Actualmente la tarifa para realizar el trámite de visa de no inmigrante no reembolsable asciende a $185. Esta tarifa se aplica para visas de turismo, negocios, tratamiento médico, tránsito, estudiante, medios de comunicación, intercambio, formación profesional, víctimas o testigos. La tarifa para el trámite de visa basadas en petición es $205 y aplica a trabajadores temporales, transferencias intraempresariales, personas con habilidades extraordinarias, entre otros.

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador no ha anunciado algún cambio.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes cuatro dictámenes favorables, incluido el dictamen 109, para la ratificación del contrato de préstamo por $75 millones suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF) “Programa sectorial de apoyo a la gestión integral para una salud de calidad en El Salvador” y que podrá ser usado para pago de obligaciones estatales o manejo de caja fiscal.

Los dictámenes serán aprobados posiblemente en la sesión plenaria, programada para este miércoles 16 de julio.

El crédito, cuya suscripción fue autorizada por la Asamblea Legislativa el 19 de junio de 2025, tendrá un plazo de 18 años, con dos años de gracia y, según la explicación de Hacienda, es un «reconocimiento» del CAF a esfuerzos del Ministerio de Salud, que de acuerdo al artículo 2 del decreto de autorización puede ser utilizado para pago de deudas del Estado.

En la sesión de este lunes, el director de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera, explicó a los diputados que el objetivo del programa del crédito del CAF es “contribuir a la consolidación del proceso de transformación integral del sector salud”, “fortalecimiento de infraestructura hospitalaria, atención primaria, integración de tecnología de vanguardia y el fortalecimiento del capital humano en salud”.

El préstamo incluiría, en palabras del funcionario, “la ampliación de hospitales y unidades de salud especialmente en zonas rurales y de alta vulnerabilidad”, salud digital y capacidad de respuesta de emergencias.

Sin embargo, el funcionario inmediatamente agregó que esos “objetivos ya el Ministerio de Salud en estos años está trabajando, ha desarrollado diferentes iniciativas, diferentes acciones con recursos de préstamos externos” o “del fondo general”, por lo que la CAF con este préstamo “lo que hace es reconocer esos esfuerzos y acciones” con este nuevo crédito con la modalidad SWAT o “Crédito de Enfoque Sectorial Amplio).

El préstamo puede ser utilizado en “obligaciones generales del Estado, diversas transferencias y apoyo a caja fiscal” según su decreto de autorización, así como otro crédito similar del CAF por $75 millones ya ratificado y que también puede ser utilizado en manejo caja fiscal.

Los legisladores también votaron por tres reformas presupuestarias:

1. Dictamen 106: Incorporación de $9 millones para la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República para la contratación de una consultoría con el fin de «la elaboración del diseño del Centro de Datos del Estado» que se realizará en un edificio del Estado que tengan un área de 3,500 metros cuadrados.

2. Dictamen 107: de recursos propios incorporaron $549,419 al Instituto Salvadoreño del Bienestar Magisterial (ISBM) para construir y equipar la clínica de de diálisis y prediálisis en San Miguel.

3. Dictamen 108: Incorporación de $500,000 de un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) al Ministerio de Salud.

El Salvador busca fortalecer lazos con Luxemburgo en la búsqueda de cooperación para el desarrollo, informó este lunes la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco. El gobierno luxemburgués aseguró que hablaron sobre «las relaciones bilalterales».

La canciller salvadoreña aseguró en sus redes sociales que también buscan cooperación en asuntos internacionales aunque no detallaron los temas a los que se refirieron durante su encuentro con su homólogo luxemburgués, Xavier Bettel.

Bettel escribió también en sus redes sociales que la conversación con Hill Tinoco fue «agradable», mientras que la diplomática salvadoreña dijo que fue un «fructífero diálogo». La Cancillería salvadoreña no ha informado sobre la reunión ni los acuerdos de la misma.

A inicios de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador informó que Luxemburgo inauguró su nueva sede de operaciones en suelo salvadoreño a través su Agencia de Cooperación Lux Dev.

Luxemburgo apoya proyectos por all menos 7.5 millones euros en El Salvador para iniciativas de autoempleo de jóvenes, además, del apoyo de 2 millones de euros para el fortalecimiento de la. Cooperación Sur-Sur.

The pleasure was mine, dear @Xavier_Bettel. I appreciated our productive dialogue on strengthening ties between El Salvador and Luxembourg, especially in cooperation for development and global affairs. Looking forward to continued collaboration. https://t.co/O4WG76g2z0 pic.twitter.com/1cjIqlbeCy

— Alexandra Hill Tinoco (@CancillerAleHT) July 14, 2025

La cantidad de vuelos con salvadoreños deportados han aumentado un 175 % entre enero y junio de 2025 según los datos recopilados por Witness at the Border. Junio ha sido el mes con más vuelos de salvadoreños deportados en lo que va del año.

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En enero se reportaron solo 8 vuelos con deportados procedentes desde Estados Unidos y con destino a El Salvador, sin embargo, para junio se registraron 22 vuelos, lo que representa un incremento del 175 % entre los dos meses.

En total, van 85 vuelos con connacionales reportados en lo que va del año. El informe de Witness at the Border se basa en las estadísticas reportadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

En enero llegaron a El Salvador ocho vuelos; en febrero se recibieron otros 11; par marzo los vuelos llegaron a 14; en abril la cifra bajó levemente a 13; en mayo volvió a aumentar a los 17 y finalmente en junio se reportaron otros 22 vuelos.

Las cifras indican que los vuelos han aumentado constantemente durante la administración de Donald Trump. En febrero se experimentó un aumento del 38 %; en marzo de 27 %; luego en abril se registró la única baja del 7 %, pero en mayo volvió a aumentar 31 % y en junio incrementó otro 29 %.

Solo durante junio de 2025, los países del Triángulo Norte concentran el 56 % de las deportaciones. El Salvador es el país con menos vuelos recibidos entre Guatemala (51), Honduras (43) y El Salvador con solo 22. El informe registra que en total salieron de Estados Unidos 209 vuelos con deportados en junio.

En marzo se recibieron vuelos provenientes de Estados Unidos con venezolanos para ser recluidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT). Las autoridades estadounidenses y salvadoreñas aseguraron que los suramericanos pertenecían al Tren de Aragua.

Entre los deportados se encuentran salvadoreños sin documentación legal, solicitantes de asilo, personas con antecedentes penales. En medio de las deportaciones masivas, expertos migratorios ven casi seguro que el gobierno estadounidense cancele el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños.

Los expertos también instan al gobierno salvadoreño a que desarrolle un plan integral de atención a salvadoreños migrantes para atenderlos con enfoques diferenciados de género, edad y derechos humanos, y brindarles atención psicosocial.

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), una de las cuatro empresas públicas del Estado salvadoreño, cerró el año 2024 con un patrimonio de $301.4 millones, $17 millones menos respecto al año 2023 cuando era de $318.4 millones pero más que los $282.8 millones con los cuales cerró el año 2022.

Sus activos cerraron en $900.5 millones y sus deudas o pasivos totales, $615.3 millones, lo que hace que se concluya una diferencia o patrimonio a su favor de $301.4 millones.

Sus balances, publicados en el Portal de Transparencia del Ministerio de Hacienda, muestran también que los ingresos por ventas han aumentado en la ANDA, pero que los gastos han superado sus ingresos al menos durante los últimos cinco años.

Por ello, los «resultados» de los últimos cinco años han sido negativos: en 2023 fue -48.9 millones y en 2024 -16.2 millones.

En 2024, la ANDA tuvo $256.5 millones de ingresos pero $272.7 millones en gastos, una diferencia de $16.2 millones. Esta diferencia en donde los gastos dejan atrás a los ingresos ha sido más grande en tres años anteriores: $65.9 millones en 2020, $61.2 millones en 2021 y una diferencia de $21.2 millones en 2022, siempre los gastos mayores a los ingresos.

El mayor gasto de la administradora estatal de agua se concentra en personal, gastos financieros y costos de venta. Sus ingresos, en su mayoría, provienen de sus ventas, que durante los últimos años van en aumento: desde $120.4 millones en 2020, $133.6 millones en 2021, $147.6 millones en 2022, $149.5 millones en 2023 y $158.6 millones en 2024.

El Ministerio de Hacienda publica en su Portal de Transparencia Fiscal los balances financieros y estados de resultados de las empresas públicas.

La publicación de la información está comprendida dentro del ángulo de transparencia del acuerdo del gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que el 27 de junio pasado aseguró que en la primera revisión del Servicio Ampliado para el gobierno salvadoreño «se promulgó una nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal; (ii) se publicó un decreto presidencial que limita las excepciones a la Ley de Contratación Pública; (iii) se publicó información financiera sobre las empresas estatales más grandes; y (iv) se facilitó el acceso a la información sobre contratos públicos». El FMI también reconoció que se «siguen tomando medidas para mitigar los riesgos asociados al Bitcoin y deshacer la participación del sector público en Chivo».

El gobierno pidió a la Asamblea Legislativa que incorpore en el presupuesto estatal $9 millones de un préstamo de $60 millones para la contratación de una consultoría en la elaboración del diseño y la adecuación del edificio en donde funcionaría un centro de datos.

Con el préstamo, se busca que se cumplan «estándares internacionales de certificación TIER III».

Se trata del contrato de préstamo 5937/OC-ES para financiar el «Programa para el Desarrollo de la Infraestructura de Datos de El Salvador», aprobado el 25 de marzo de 2025.

Los fondos serán recibidos en el presupuesto de la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República, según el proyecto de decreto, concretamente, $8,500,000 para bienes y servicios, y $500,000 para inversiones en activos fijos.

El proyecto de reforma presupuestaria no incluye más detalles. Los fondos solicitados terminarían de ejecutarse en diciembre de 2025.

Los fondos del préstamo buscan adecuar y equipar un edificio que ocupará un Centro de Datos del Estado y la capacitación de especialistas en infraestructura digital con «un enfoque especial en mujeres, niñas y personas con discapacidad».

Según el BID, este proyecto beneficiaría a 57 instituciones públicas, 1,140 trabajadores de tecnologías de información y 10,000 funcionarios públicos, y permitiría que todas las instituciones del Estado accedan a la «nube del Estado», aumente la disponibilidad de servicios en línea y mejore la gobernanza.

La iniciativa fue recibida el 9 de julio y será estudiada en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa este lunes.

El Gobierno pidió incorporar $500,000 al presupuesto general del Estado 2025 proveniente de un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para mejorar la atención de salud del país.

Los fondos del proyecto 8847 “Programa para la mejora de la atención en salud de El Salvador (Promas)”, serán distribuidos así:

-$93,900 para mejorar el acceso a servicios de salud de calidad dentro de un sistema basado en la atención primaria de salud.
-$22,400 para fortalecer la capacidad operativa del Ministerio de Salud para brindar servicios de atención médica de calidad.
-$25,000 para respuesta de emergencia contingente.
-$358,700 para la gestión de proyectos.

En el plan para mejorar la atención primaria de salud, el gobierno plantea en la reforma propuesta que buscará “la promoción y prevención de la salud a nivel comunitario, mejorar la prestación de servicios de atención sanitaria en el primer nivel de atención y en el nivel hospitalario” y “mejorar la infraestructura y equipamiento de la red de servicios”.

En administración, se menciona la “transformación digital de la salud”, el fortalecimiento de recursos humanos, capacidad de almacenamiento y distribución de medicamentos, insumos médicos y no médicos, y mobiliario del Ministerio de Salud.

En la realización de proyectos, según la solicitud, se busca “apoyar las gestiones de planificación, monitoreo, supervisión y seguimiento del proyecto, presentación de informes y auditorías financieras”.

Según la propuesta, $102,100 se ocuparán para bienes y servicios, $300,000 para gastos financieros, y $97,900 para activos fijos. Los fondos se terminarían de ejecutar a diciembre de 2025 según el proyecto de decreto.

La solicitud será recibida por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa el próximo lunes, junto a otras solicitudes de reformas presupuestarias para integrar fondos a la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República y a Bienestar Magisterial.

El Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) invertirá $549,419 para el proyecto «Construcción y equipamiento de Centro de Terapia dialítica y prediálisis del ISBM, municipio y departamento de San Miguel» con fondos propios, para lo cual el gobierno ha solicitado una reforma presupuestaria que incorpore dichos fondos.

Con $305,285 asignados al presupuesto 2025 para el proyecto, el refuerzo para la construcción del centro de terapia dialítica y prediálisis del ISBM contaría con un total de $854,704.

La propuesta fue recibida por la Asamblea Legislativa el 9 de julio y será estudiada en la Comisión de Hacienda, en la reunión convocada para este lunes 14 de junio.

Con los fondos se pretende completar el financiamiento del anticipo correspondiente al contrato de la obra, para continuar con las intervenciones y la construcción de las áreas médicas y administrativas del nuevo centro de terapia dialítica «destinado a proporcionar en la región oriental del país servicios a los usuarios del ISBM con insuficiencia renal», explicó el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, en su solicitud.

Los fondos provienen de saldos de años anteriores del ISBM y se destinará a infraestructura física en su totalidad.

Este dinero será ejecutado hasta diciembre de 2025 según el proyecto de decreto.

El presidente del Colegio Médico, Iván Solano, recibió en junio una factura de la Federación de Profesionales de la Medicina (Fedemed), a la hora de pagar su sello de especialista tramitado en el Consejo Nacional de las Especialidades Médicas (Conadem), que ya entregó más de 5,500 certificaciones según su sitio web.

Solano se declaró sorprendido al recibir su sello el 23 de junio de 2025, ya que, al pagarlo, en las oficinas del Conadem, recibió una factura de la Fedemed, una asociación de médicos, y no del recién creado Conadem.

Solano desconoce si el Conadem acordó que los fondos obtenidos por los sellos de las especialidades sean destinados a la Fedemed pero considera que debieran ser absorbidos por el Conadem y no por la asociación de médicos. El pago del sello asciende a $19.90.

«Mi sorpresa fue que esa factura, quien la emite no es la Conadem, sino que Fedemed, que es la Federación de Profesionales de Medicina, que es la que estuvo trabajando con los diputados de la bancada legislativa en la Ley de especialidades médicas, sorpresa, verdad», indicó el médico, quien ha recibido una certificación transitoria con una vigencia de 18 meses.

Para recibirla, el Conadem le comunicó había decidido en su sesión ordinaria 6-2025, del 2 de abril de 2025, que había cumplido los requisitos para considerarlo infectólogo y médico internista, y le instruyeron realizar una cita con el Conadem.

La Fedemed fue la gremial que, a través de su presidente, el pediatra Carlos Brizuela, presentó un proyecto de Ley de Especialidades de Profesiones Médicas, y también solicitó la creación de varios colegios para autorizar certificaciones de especialidades médicas. Los representantes de la Fedemed dicen representar al 90 % de los médicos del país.

Luego de la aprobación de la ley en 2024, el Conadem es la única instancia que puede certificar como especialistas a los profesionales de la salud con credenciales de una duración de un año. Si no se certifican pueden enfrentarse a una multa de hasta $180,000 e incluso a la suspensión o cancelación de su especialidad.

La ley establece un periodo transitorio de seis meses para obtener la credencial luego de un proceso de obtención de unidades valorativas evaluadas por un Comité Nacional de Educación Médica, para lo cual el Conadem otorgará un periodo de 18 meses.

El Conadem tendrá un presupuesto de $1.1 millón que le será transferido de Hacienda para lo que resta del año, de los cuales $463,575 será destinado a las remuneraciones de 45 empleados, $575,000 a bienes y servicios, $23,775 para compras de seguros de bienes y personas, y $50,000 para muebles y equipos informáticos.