Categoría: Politica

  • Gobierno pide financiamiento adicional de $120 millones del BIRF para infraestructura vial y transporte

    Gobierno pide financiamiento adicional de $120 millones del BIRF para infraestructura vial y transporte

    El gobierno está gestionando otros $120 millones con el Banco Mundial para el proyecto de transporte de personas y de carga con mejoras en la red vial e infraestructura en el área metropolitana de San Salvador, adicionales a un crédito de $150 millones suscrito y ratificado el año pasado.

    El nuevo proyecto se denomina «Financiamiento adicional para el proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador«.

    El financiamiento adicional de proyecto de transporte e infraestructura resiliente se sumaría al préstamo aprobado por $150 millones para el mismo objetivo el 9 de abril de 2024, y autorizado en enero de ese año.

    En esta ocasión, el viceministro de Hacienda, Luis Sánchez Castro, a solicitud del secretario jurídico presidencial, Adolfo Muñoz, y del vicepresidente Félix Ulloa, actuando como encargado del despacho presidencial.

    El nuevo préstamo tendría un plazo de 25 años con cuatro años y medio de gracia, con comisión inicial del 0.25 % del monto total del préstamo y 0.25 % anual sobre saldo no desembolsado.

    El primer préstamo con la misma finalidad ascendió a $150 millones, que tiene un periodo de ejecución de seis años e incluye la construcción de un bypass en Apopa de cuatro carriles y 10,655.12 metros de construcción, a un costo de $102.64 millones según el borrador de estudio de impacto ambiental.

    El bypass iniciará sobre la carretera de Oro entre las comunidades San Pablo y Los Elías y finalizará sobre el kilómetro 16 de la carrretera Troncal del Norte, incluye 12 «obras de paso a desnivel» para la incorporación de la Troncal del Norte y la Panamericana Este o carretera a Quezaltepeque y un puente sobre río Las Cañas.

    Este primer proyecto promete reducir la congestión en el área metropolitana del norte de San Salvador, con la construcción de carreteras y puentes, y financiamiento para respuestas a emergencias ante crisis por fenómenos naturales y cambio climático. El proyecto de decreto del segundo préstamo no tiene mayores detalles.

  • Firma legal da estos consejos a los migrantes en EEUU y reporta alza en consultas ante política de Trump

    Firma legal da estos consejos a los migrantes en EEUU y reporta alza en consultas ante política de Trump

    La abogada de inmigración Cynthia Grande, hija de padres salvadoreños y fundadora de The Grande Law Firm en Los Ángeles, California, detectó que solo en su firma las consultas legales de migrantes que sienten temor por las nuevas políticas de la administración Trump tuvieron un alza del 64 % desde febrero hasta antes de las redadas antimigrantes.

    Tras los operativos migratorios recientes, dice que las consultas aumentaron un 40 % adicional.

    «Recibimos llamadas de madres con miedo, padres que no saben si ir a trabajar o quedarse en casa. Nuestro rol como abogados no es solo técnico, es profundamente humano. Queremos que la comunidad sepa que no están solos, que hay caminos legales y personas comprometidas en orientarlos correctamente», expresó Grande, quien también es presidenta de Latina Lawyers Bar Association.
    ¿Qué recomendaciones generales hace esta firma legal a los migrantes en EE.UU.?1. No abrir la puerta a autoridades si no presentan una orden firmada por un juez.
    2. No firmar documentos sin entender su contenido o sin la presencia de un abogado.
    3. Tener preparada una carpeta con documentos importantes y un plan familiar.
    4. Evitar fuentes no oficiales y redes sociales como única fuente de información.
    5. Consultar siempre con abogados acreditados antes de tomar decisiones migratorias.

    Cynthia Grande, abogada de inmigración y presidenta de Latina Lawyers Bar Association.

    En una entrevista con Diario El Mundo, la abogada sugirió a los migrantes conocer sus derechos para protegerse e incluso evitar que los arresten.

    «Se han visto casos que Inmigración no ha detenido a personas porque esas personas sí conocían sus derechos y uno es mantener silencio; si está dentro de su carro no abrir la ventana a menos que haya una orden judicial; no abrir la puerta de la casa a menos que haya una orden judicial», recomendó.

    ¿Qué debe hacer un migrante si los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le quiebran los vidrios de su vehículo?

    Según la abogada, en estos casos los migrantes pueden intentar grabar o pedirle a un acompañante en el vehículo que grabe un video de lo que está pasando, ya que en ocasiones se puede iniciar una moción que argumente que la detención fue ilegal.

    ¿Recomienda al migrante acudir a una cita si tiene un trámite pendiente para otro estatus migratorio?

    «Depende de qué tipo de cita es, lo que recomiendo es que tengan abogados, consulten con abogados de inmigración. Las noticias donde se ven que personas han sido detenidas más que todo han sido en audiencias de corte de deportación… Cada tipo de entrevista tiene diferentes riesgos y beneficios», fue la respuesta de la abogada.

    Una de las situaciones más comunes de los migrantes, según Grande, es que ingresan sin permiso a los Estados Unidos, tienen un hijo ciudadano estadounidense y un empleador que los quiere patrocinar en la búsqueda de opciones para quedarse pero la situación se complica si la permanencia irregular supera un año.

    «Cuando alguien entra a los Estados Unidos sin permiso y está aquí por más de un año sin permiso, hay leyes migratorias que evita que pueda legalizar su estatus a menos que califique para un perdón».
    Cinthya Grande, abogada de inmigración.

    ¿Qué debe hacer un inmigrante o familiar de migrante si es capturado en una redada?

    Explicó que la situación es mucho más difícil para un migrante que ingresó a EEUU en los últimos dos años que para una persona que ya tiene 15 años de haber migrado y además tiene hijos estadounidenses.

    Esto ocurre, detalló, porque el gobierno de EEUU determinó que las personas que han ingresado en los últimos dos años no tienen derecho a tener una audiencia en un tribunal de migración y pueden ser deportados inmediatamente.

    Si es una persona que ha vivido en los Estados Unidos por muchos años, se incluye en la moción «toda la evidencia para demostrar que uno tiene su comunidad aquí en los Estados Unidos, que no va a huir en caso que le den la fianza» para que el juez determine y se le da seguimiento al caso, ya que dicha persona tendría procedimientos de deportación pendiente.

    «Primero se tuviera que analizar si pueden calificar para una fianza, después se tiene que meter la moción para pedir una audiencia para que le den la fianza», sugirió.

    Cynthia Grande, abogada de inmigración y presidenta de Latina Lawyers Bar Association.

    ¿Qué documentación debe tener lista un migrante en situación irregular que pueda ser objetivo de estas redadas contra migrantes o incluso con estatus de protección migratoria como TPS?

    Si no tienen familiares ciudadanos o residentes en EE.UU., debe tener comprobantes o evidencias de que ha vivido en los Estados Unidos por más de dos años, como pago de impuestos, estados de cuenta y recibos de impuestos sobre la renta. La abogada también recomienda tener fondos disponibles para pagar una fianza.

    ¿Qué deben hacer los empleadores si Inmigración no tiene una orden judicial pero quiere ingresar?

    «Es un poquito diferente con los empleadores, porque Inmigración puede entrar en lugares públicos, pero no pueden entrar en lugares que normalmente son solo para los empleados. Con los lugares privados, si Inmigración no tiene una orden judicial, no pueden entrar y eso puede ser un cuarto donde los empleados guardan sus cosas», explicó la representante de la firma legal.

    Autoridades detienen a una persona durante las protestas contra las redadas de la Administración Trump en Los Ángeles, California. EFE

  • Concejo de San Salvador Centro aún no discute sobre puestos disponibles y costo de arrendamiento en el Mercado de San Miguelito

    Concejo de San Salvador Centro aún no discute sobre puestos disponibles y costo de arrendamiento en el Mercado de San Miguelito

    Pese al notorio avance en la construcción del Mercado de San Miguelito, en San Salvador, el concejo del municipio de San Salvador Centro aún no ha discutido la cantidad de puestos que dispondrá la infraestructura ni los cánones de arrendamiento que deberán cancelar los comerciantes.

    El concejal del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Simón Paz aseguró en sus redes sociales que no conocen la cantidad de puestos disponibles para comerciantes, la distribución de los mismos y el costo del alquiler.

    «No sabemos cuántos puestos conforman el Mercado San Miguelito, cómo está la distribución, cuáles van a ser los cañones de arrendamiento, eso nosotros lo hemos venido planteando que se debe discutir dentro del concejo».
    Simón Paz, concejal del FMLN en San Salvador Centro.

    El regidor del partido de izquierda aseguró que una dificultad que tienen con la información es que, al asumir el manejo de los mercados la nueva Dirección de Mercados, todos los datos serán de manejo de dicha institución.

    Aseguró que los comerciantes se mantienen preocupados porque la alcaldía no les ha brindado información sobre el nuevo mercado y tampoco hay una fecha clara de la entrega de los puestos. «Tienen una tremenda incertidumbre porque nadie les dice nada, nadie les da respuesta», afirmó.

    Una fuente interna del concejo aseguró que los comerciantes han solicitado reuniones con la Gerencia de Mercados de la alcaldía, pero no les han dado respuesta. Añadió que había puestos sin energía eléctrica ni agua potable y que, la semana pasada, se volvieron a hacer las gestiones para el restablecimiento de los servicios.

    Simón Paz sugirió en sus redes que los comerciantes afectados por el incendio y que han soportado las inclemencias deberían ser los que estén «en primera fila» para acceder a los puestos del nuevo mercado.

    El Mercado San Miguelito se quemó la mañana del miércoles 22 de septiembre de 2021, fue el sexto mercado salvadoreño que sufrió un incendio solo durante ese año. Desde entonces, los comerciantes afectados fueron reubicados en las calles de alrededor del mercado.

  • Organización propone reducir a cuatro circunscripciones legislativas con nuevo censo de población

    Organización propone reducir a cuatro circunscripciones legislativas con nuevo censo de población

    El nuevo Censo de Población y Vivienda de El Salvador 2024 abre «la oportunidad» para que las instituciones correspondientes se planteen «un rediseño del sistema electoral» que corrija cambios a la legislación electoral, según el informe «Implicaciones del censo en el sistema electoral» elaborado por la organización Acción Ciudadana.

    Para la organización no gubernamental, los datos del VII Censo de Población abren la puerta para un posible rediseño del sistema electoral que corrija cambios «que lo han llevado a garantizar un partido hegemónico» y llevando así a un «detrimento de una representación plural».

    Acción Ciudadana explicó que las distorsiones que afectan el pluralismo político se mantendrán, mientras el legislador siga usando «la delimitación territorial administrativa» de los departamentos para determinar las circunscripciones. Actualmente, las circunscripciones para elegir diputado se basa en el territorio que abarca un departamento.

    Por ello, la entidad propone que, en lugar de ser 14 circunscripciones legislativas, sean solo cuatro:

    Región occidental: 14 diputados, de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán.
    Región central: 16 diputados: de San Salvador.
    Región paracentral: 17 diputados, de La Libertad, Cabañas, Cuscatlán y La Paz.
    Región occidental: 13 diputados, de San Vicente, San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión.

    No es la única propuesta de la organización. Otra es establecer 10 circunscripciones, a las que se asignen seis escaños cada una, para lo que se deberían agrupar departamentos manteniendo constante el tamaño de cada circunscripción.

    La tercera propuesta es crear circunscripciones basadas únicamente «en la población», en las que se defina un tamaño mínimo «para distritar y crearlas a partir de ese valor».El diseño actualUno de los errores que señala Acción Ciudadana es que el Código Electoral establece que cada departamento no puede tener menos de dos diputados y, según los resultados del censo, Cabañas tendría un legislador de acuerdo a su población.

    Sin embargo, por el mínimo de diputados, se debe ajustar la asignación de escaños; y San Miguel y Usulután terminarían perdiendo un diputado cada uno.

    El informe explicó que este ajuste lleva a que Cabañas esté sobrerrepresentada en un 28 % y Cuscatlán subrrepresentada en un -24 %.

    Por esto, Acción Ciudadana consideró que cambiando el sistema y distribuyendo 100 % los escaños legislativos de acuerdo con la población y sin ningún ajuste de ley, se conseguiría «oxigenar el sistema» a pesar de «que la fórmula electoral es restrictiva con los partidos pequeños».

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no ha planteado ningún resideño del sistema electoral y, sin alguna reforma, ya aprobó el Plan General de Elecciones (Plagel) y el presupuesto extraordinario para las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero de 2027. De mantenerse las reglas vigentes, los salvadoreños elegirían 44 concejos municipales y 60 diputados de la Asamblea Legislativa.

  • Las recomendaciones de la CEPAL a los legisladores de América Latina

    Las recomendaciones de la CEPAL a los legisladores de América Latina

    La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) consideró «urgente» que los parlamentos latinoamericanos realicen acciones para fortalecer la «gobernanza anticipatoria» –para construir agendas del futuro– ante un crecimiento económico bajo, la alta desigualdad y la gobernanza poco efectiva que enfrenta la región.

    La CEPAL califica de modelos exitosos los de la Unión Europea, Finlandia, Singapur, Chile y Uruguay, y plantea una serie de recomendaciones a los legisladores para «anticiparse a crisis futuras y fomentar una cultura política» de largo plazo.

    Según el documento, en Finlandia, la Comisión para el Futuro, creada en 1993 y con carácter permanente desde 2000, tiene 17 miembros del Parlamento Finlandés y tiene como misión presentar un informe sobre el futuro en cada gobierno, lo que se vuelve una «base» para la toma de decisiones gubernamentales. En Singapur, el Centro para Futuros Estratégicos es parte de la oficina del primer ministro.1. Crear comisiones de futuro parlamentariasLa CEPAL sugirió a los Estados crear comisiones de futuro parlamentarias para contribuir al diálogo, mejorar la toma de decisión y superar las trampas de desarrollo, ya que la falta de planificación a largo plazo perpetúa los problemas estructurales. Además, considera que contribuye a la democracia.

    Entre los parlamentos que tienen una comisión de futuro o entidad similar, están Brasil (2013), Chile (2012), Paraguay (2022) y Uruguay (2021).

    Según la entidad regional, involucrar a diversos actores en el proceso de toma de decisiones «es fundamental para la gobernanza anticipatoria» porque refleja «las necesidades y aspiraciones de la sociedad» y da «estabilidad para superar los vaivenes de los ciclos políticos».2. Desarrollar capacidades legislativasLa CEPAL sugiere implementar capacitaciones sobre análisis prospectivos de los legisladores o diputados, promover la colaboración con centros de investigación especializados, que formen una red de comisiones de futuro parlamentarias e incluso promover estas «Oficinas del Futuro» en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) y ParlAmericas.3. Comunicación efectiva sobre la gobernanza anticipatoriaLa Comisión Económica sugirió a los parlamentos comunicar los temas del futuro o «de prospectiva» en lenguaje claro, vincular la Agenda del Futuro con desafíos concretos de la región y aprovechar para ello la inteligencia artificial y las redes sociales.

    La CEPAL reitera que en América Latina solo Uruguay y Costa Rica son democracias plenas y retoma los índices de insatisfacción con la democracia en la región, que en promedio se mantiene en 69 %, y que en El Salvador es de 32 %, basándose en los datos de Latinobarómetro 2023.

  • Santa Ana Centro contrata a empresa para recolección de desechos por hasta $470,640

    Santa Ana Centro contrata a empresa para recolección de desechos por hasta $470,640

    La municipalidad de Santa Ana Centro contrató a la empresa Cinco Siete, S.A. de C.V., para realizar servicios de barrido, recolección y transporte de desechos sólidos hasta el sitio de disposición final en el municipio por hasta un valor de $470,640.

    El servicio de barrido, recolección y disposición final finalizaré el 12 de agosto de 2025 de acuerdo con el contrato, pero el paso puede prorrogarse o ser modificado según la Ley de Compras Públicas.

    Según el contrato, correspondiente a la licitación competitiva LC-01-AMSAC-2025, el costo de la recolección y transporte de desechos sólidos es de $29.50 por tonelada métrica.

    La municipalidad paga el costo del contrato de manera mensual según el servicio prestado en un plazo de 30 días calendario luego de la emisión de un quedan por el Departamento de Tesorería de la alcaldía.

    El contrato fue suscrito el 7 de marzo de 2025 por el alcalde Gustavo Acevedo y el apoderado de la empresa; y puede encontrarse en el Portal de Transparencia de la municipalidad.

    Cinco Siete, S.A. de C.V., es una empresa salvadoreña inscrita el 25 de abril de 2017 con la finalidad de toda clase de actividades lícitas para importar, exportar, distribuir y vender toda clase de armas, municiones y repuestos, vehículos, accesorios y repuestos, brindar servicios de seguridad y protección, a personas naturales y jurídicas, en el sector público o privado, seguridad electrónica, custodia e investigaciones privadas, asesoría y planificación de seguridad privada nacional e internacional, etcétera.

    Para resolver la recolección de basura en el país, el gobierno creó la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) que funcionará con un presupuesto de $2,316,483 bajo estudio por la Asamblea Legislativa. Tendrá una estructura de 171 empleados, incluido el director, según la nueva Ley especial de recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos.

  • César Marín, de Amnistía Internacional: «Esta declaración no es limitada a estas tres personas»

    César Marín, de Amnistía Internacional: «Esta declaración no es limitada a estas tres personas»

    César Marín, encargado senior de campañas y crisis de Amnistía Internacional, aseguró que la declaración que ha realizado esta organización internacional para considerar como «prisioneros de conciencia» a Ruth López, José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez no se limita a estas tres personas.

    El 1 de julio, Amnistía Internacional declaró a Pérez, López y Henríquez como prisioneros de conciencia.

    El representante de la organización de derechos humanos explicó que esta declaratoria es única de Amnistía Internacional y no tiene una implicación legal, sino que es una herramienta que marca un punto de inflexión para movilizar acciones nacionales e internacionales en torno a lo que está pasando en El Salvador.

    «Esta declaración no es limitada a estas tres personas, en el sentido que también aprovechamos con esta declaración de extender la preocupación sobre decenas de otras personas detenidas en El Salvador y expresamos toda la solidaridad con todas ellas».
    César Marín, Amnistía Internacional.

    Marín indicó que la declaratoria de prisioneros de conciencia «es una herramienta» que hace que Amnistía Internacional llame la atención «sobre las circunstancias específicas que se están viviendo en El Salvador en este momento», que consideran que viene materializándose desde hace varios años y que uno de sus ingredientes es la «puesta en prisión de personas que le resultan incómodas a las autoridades».

    «Es importante que resaltemos que, cuando hablamos de personas presas de conciencia, no estamos diciendo que son las únicas con las cuales Amnistía y todo el movimiento internacional que representamos en más de 90 territorios vaya a dirigirse solo a tres personas, estamos hablando de la generalidad de lo que esá ocurriendo en El Salvador y sobre todo las personas que están padeciendo estas violaciones a derechos humanos. No estamos dejando de lado a alguien, simplemente estamos poniendo el foco en estos tres casos para poder aumentar la exposición de lo que ocurre en El Salvador y esto de alguna manera engloba la situación de todas las personas que están padeciendo circunstancias similares», indicó el activista de derechos a nivel internacional, ante la pregunta si la declaratoria no incluiría al abogado Salvador Enrique Anaya, capturado el sábado 7 de junio.

    El representante da la organización indicó que la «categoría de prisionero de conciencia es única de Amnistía Internacional» y no existe legalmente ni tiene vinculación legal, pero que es «atesorada en el sistema internacional de justicia y de derechos humanos» especialmente en campañas y movilización.

    «Genera un punto de inflexión y de atención muy importante hacia las circunstancias que se viven en el país y hacia las circunstancias que viven las personas detenidas. Si bien no es vinculante, es una categoría que genera bastante interés y preocupación y moviliza la acción de distintas instancias internacionales al respecto, instancias que se van a mover ahora a partir de la declaración», subrayó.

    Detalló que la atención también se genera sobre otros contextos de violaciones a derechos humanos y mencionó casos de desapariciones señaladas en las deportaciones de extranjeros y su posterior reclusión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) o detenciones sin juicios bajo el régimen de excepción, así como arrestos de activistas con acusaciones infundadas.

    Luego de la protesta cerca de la residencia del presidente Nayib Bukele, por parte de miembros de la comunidad El Bosque, las autoridades capturaron el 12 de mayo al pastor José Ángel Pérez, coordinador de la cooperativa El Bosque, el 13 de mayo, al abogado, líder comunitario y miembro del Foro del Agua, Alejandro Henríquez. El 18 de mayo, fue arrestada Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la asociación Cristosal; y el 7 de junio, a Enrique Anaya, el abogado que pidió anular la inscripción de la candidatura a la reelección presidencial de Nayib Bukele. Mientras Pérez y Henríquez son acusados de resistencia agresiva y desórdenes públicos en calidad de coautores, López es acusada de enriquecimiento ilícito y Anaya es acusado de lavado de dinero. Los casos de López y Anaya fueron declarados en reserva total.

  • Alcalde de Sonsonate Norte dice «quizá hay que sancionar a quienes arrojen basura en la calle»

    Alcalde de Sonsonate Norte dice «quizá hay que sancionar a quienes arrojen basura en la calle»

    La municipalidad de Sonsonate Norte publicó en Facebook que multarán a quienes arrojen basura en la calle y ríos con sumas de hasta $74.25, pero el alcalde Hugo Zavaleta aseguró que para «disuadir», no se aplica en la práctica.

    Para Zavaleta mantener limpios los distritos que conforman el municipio es prioridad, pero también es una lucha constante. El municipio es conformado por los distritos de Juayúa, Nahuizalco, Salcoatitán y Santa Catarina Mazahuat.

    «Yo le compartía al jefe de la policía de Sonsonante Norte un video donde alguien está tirando basura y él me decía, «este no es sector de Ruta de Las Flores, sino ruta de la basura», porque llegamos nosotros y limpiamos y a los 15 días la gente ya llegó a botar basura, entonces la única forma de combatir este flagelo es multándolos, pero no todos los distritos lo tienen contemplado, eso es en la ley general que tenemos (Ley de Medio Ambiente) y va a haber que aplicar las sanciones respectivas», dijo Zavaleta este viernes en la entrevista de canal estatal.

    El alcalde cuestionó a la población que no deposita la basura en su lugar y simplemente la tira desde un vehículo o en el bus, provocando no solo una ciudad sucia, sino que se tapen tragantes y que hayan inundaciones con las lluvias.

    «La ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que no se ensucia. Hay gente que va en el carro, en el bus y tira la bolsa porque ya se tomaron el fresco o ya se comieron algo y la población ha agarrado la mala costumbre de que cuando está lloviendo fuerte aprovecha tirar la bolsa de la basura para que el agua se la lleve, más no sabe que esa basura va a llegar a obstruir un tragante y uno quiere dialogar, y decirle a la gente que no lo haga, pero resulta que quizá hay que sancionar», añadió el edil.

    El 27 de junio recién pasado la alcaldía de Sonsonate Norte publicó en su perfil de Facebook un llamado a la población a no tirar basura en lugares no autorizados, y les advierte que serán multados. Diario El Mundo consultó sobre esa ordenanza y el alcalde respondió que es para «disuadir, ya que actualmente las alcaldías no pueden poner ordenanzas».

    «Lo que se quiere es disuadir a la gente, lo que se está hablando es a través de la normativa legal que existe, y lo que se trata es que la gente no haga eso; mire en Estados Unidos a la gente le ponen multas, porque usted puede ver los ríos, las quebradas, que están colapsadas de basura por culpa de nosotros los seres humanos, pero ya está establecido en la Ley de Medio Ambiente, pero como ahorita no se han podido hacer reformas a las ordenanzas, así que ahorita estamos disuadiendo», explicó el alcalde de Sonsonate Norte a Diario El Mundo.

    Según la publicación de la comuna, la ordenanza contravencional para la Convivencia Ciudadana del distrito de Nahuizalco indica que la multa mínima «a las personas que arrojen o abandonen residuos o desechos de cualquier clase en aceras, calles, carreteras, playas, ríos, lagos, bosques, parques nacionales y otras áreas no autorizadas por leyes, reglamentos u ordenanzas municipales», será de $28.57 mientras que la máxima es de $74.24.

    Sin embargo Zavaleta reiteró que no quieren «estar de choque con la gente, sino disuadir, para que no boten basura, pero alguna decisión hay que tomar tarde o temprano y hago un llamado a la población a tomar conciencia y no botar basura en la calle, pero como ahorita no hay reformas, ni creación de ordenanzas nuevas, entonces nos vamos a basar en la ley creada desde la Asamblea Legislativa y aplicarla nada más».

    En la Ley de Medio Ambiente, el artículo 98-A establece que se aplicará una multa de $20 a quien arroje o abandone residuos o desechos de cualquier clase en aceras, calles, carreteras, playas, riberas de ríos o lagos, bosques, parques nacionales u otras áreas no autorizadas.

  • Gobierno pide presupuesto de $2.3 millones para ANDRES, que tendrá 171 empleados

    Gobierno pide presupuesto de $2.3 millones para ANDRES, que tendrá 171 empleados

    El gobierno pidió a la Asamblea Legislativa un presupuesto de $2,316,483 para que la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) inicie su funcionamiento en el ejercicio fiscal de 2025.

    Del total del presupuesto de la nueva entidad que se encargará de la recolección de desechos en distintos municipios, incluido San Salvador Centro, un total de $1,641,483 se destinaría a remuneraciones y $513,000 a bienes y servicios.

    También se asignan $92,000 en gastos financieros y $70,000 en inversiones en activos fijos, que puede ser infraestructura.

    El proyecto detalla un total de 171 empleados, con salarios desde los $450 y un máximo no detallado. Seis empleados tendrán un salario superior a los $2,301. La mayoría de los empleados, un total de 157, están clasificados como técnicos. El titular de ANDRES tendrá ingresos anuales de $40,000.

    La solicitud fue recibida el 2 de julio por la Gerencia de Operaciones Legislativas de la Asamblea Legislativa y fue enviada por el viceministro de Hacienda, Luis Enrique Sánchez Castro, a solicitud del secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, quien el 30 de junio recibió las instrucciones del vicepresidente Félix Ulloa, como encargado del despacho presidencial.

    La solicitud fue enviada por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que la recibirá el lunes para su estudio y posterior aprobación.

  • Vicepresidente Ulloa se reúne con representante de Acnur en El Salvador, interesado en alianzas con el sector privado

    Vicepresidente Ulloa se reúne con representante de Acnur en El Salvador, interesado en alianzas con el sector privado

    El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, aseguró durante una reunión con el nuevo representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Vito Trani, que el gobierno salvadoreño ha «enfrentado las causas estructurales» de la migración.

    Según una publicación de la Vicepresidencia de la República, Ulloa le dijo a Trani que las causas de la migración salvadoreña han sido la violencia provocada por las pandillas, abandono del sector agrícola y las secuelas del conflicto armado; y que «el gobierno del presidente Nayib Bukele ha enfrentado dichas causas estructurales de raíz».

    «El gobierno del presidente Nayib Bukele ha enfrentado dichas causas estructurales de raíz, reduciendo la migración irregular y logrando que El Salvador ya no figurara entre los países con mayores flujos irregulares hacia Estados Unidos».
    Vicepresidencia de la República.

    La vicepresidencia también informó que Ulloa y Trani acordaron realizar una visita conjunta a La Campanera, Soyapango, para «profundizar el impacto positivo de las intervenciones» que Acnur ha desarrollado en El Salvador y «reafirmar el compromiso gubernamental» en ello. El vicepresidente habría compartido con Trani cómo el gobierno habría «enfrentado con firmeza el fenómeno de la migración forzada».

    La vicepresidencia indicó que Trani, por su parte, dijo que «ha trabajado satisfactoriamente» con instituciones como el Ministerio de Vivienda y la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social y que además «han fortalecido los lazos en comunidades» como La Campanera.

    Según la publicación, Trani indicó que está especialmente interesado en «fortalecer alianzas con el sector privado, incluyendo instituciones académicas», aunque no se brindaron detalles al respecto.

    El Gobierno de El Salvador ratifica su compromiso por generar condiciones que prevengan la migración irregular. El Vicepresidente de la República de El Salvador, Sr. Félix Ulloa hijo (@fulloa51) sostuvo una reunión de cortesía con el nuevo Representante del Alto Comisionado de… pic.twitter.com/yAPrtxUMU1

    — Vicepresidencia ESA (@VCpresidenciaSV) July 4, 2025