Categoría: Politica

La embajadora de El Salvador en los Estados Unidos, Milena Mayorga, aseguró que durante su gestión las relaciones con el gobierno de Trump se han fortalecido por instrucciones del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

“Durante mi gestión como Embajadora, hemos fortalecido relaciones con las instituciones del gobierno del Presidente Donald Trump, siguiendo los lineamientos de nuestro Presidente Nayib Bukele”, expresó ayer, luego de que se reuniera la canciller salvadoreña y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristie Noem.

La canciller salvadoreña informó tuvo “un diálogo directo y constructivo” y detalló que abordaron “los avances de la cooperación bilateral y reafirmamos el compromiso de fortalecer aún más la relación en áreas de interés en común”.

“Acordamos trabajar de manera coordinada y con determinación para avanzar en soluciones que brinden estabilidad a los salvadoreños en Estados Unidos. En ese sentido, destaqué el aporte de la diáspora al desarrollo económico y social de ambos países”, indicó.

El acuerdo más reciente entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador fue el convenio comercial que revirtió para El Salvador el arancel del 10 % impuesto por Trump a varios países a cambio de que El Salvador genere condiciones beneficiosas a las empresas estadounidenses a servicios digitales estadounidenses, energía, actividades mineras, compra de reactores nucleares, entre otros.

El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de El Salvador del sábado 8 de febrero de 2026, emitido por el Ministerio de Economía.

Otro de los acuerdos con la administración Trump permitió recibir más de 250 venezolanos acusados de formar parte de la banda criminal Tren de Aragua para que El Salvador los tuviera recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una decisión que generó polémica y cuestionamientos en Estados Unidos y que ha provocado denuncias de torturas por parte de los extranjeros. Al final, fueron entregados al régimen de Nicolás Maduro a cambio de presos políticos.

La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, se reunió con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, para conversar sobre los avances de la cooperación bilateral, informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

Amboas funcionarias acordaron “avanzar en un trabajo coordinado” para contribuir a la “estabilidad de los salvadoreños en Estados Unidos como parte de las buenas relaciones que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele mantiene con la nación norteamericana”.

También conversaron sobre el programa de Movilidad Laboral que da facilidades a los salvadoreños para tener oportunidades de empleo temporal en los Estados Unidos.

Ambas funcionarias analizaron los resultados conjuntos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional según la Secretaría.

El comunicado indica que el gobierno de Nayib Bukele reafirmó su compromiso por fortalecer la relación con el gobierno de Trump para la cooperación en seguridad y la prosperidad de ambos países.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, se reunió en París, Francia, con el subsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Yasushi Masaki.

Según Vicepresidencia, se abordó «la posibilidad de ampliar la participación» de El Salvador en comités prioritarios, especialmente en áreas regulatorias y de inversión, como parte de una aproximación responsable y basada en resultados.

En la reunión participaron la directora del Centro de Desarrollo, Ragnheiður Elín Árnadóttir, y otros altos funcionarios.

En su intervención, Ulloa sostuvo que El Salvador atraviesa “un proceso integral de transformación basado en la seguridad, la estabilidad institucional y la apertura económica”. Según el funcionario, estos factores “han permitido posicionar al país como un actor innovador y consolidar sectores emergentes como la tecnología digital y los activos digitales”.

Agregó que el país “ha mejorado significativamente su clima de negocios”, lo que —indicó— ha impulsado la instalación de empresas internacionales y el desarrollo de nuevos ecosistemas tecnológicos. Añadió que este proceso proyecta “una imagen internacional distinta y confiable que requiere aliados estratégicos”.

De acuerdo con el comunicado oficial, las autoridades de la OCDE “valoraron positivamente estos avances”, calificaron a El Salvador como “un país innovador” y reiteraron su disposición de acompañar el proceso de modernización institucional y fortalecimiento de políticas públicas.

En el encuentro, se abordó la posibilidad de ampliar la participación salvadoreña en comités prioritarios, especialmente en áreas regulatorias y de inversión, “como parte de una aproximación responsable y basada en resultados”.

La organización coincidió en continuar profundizando el diálogo técnico con El Salvador y extendió una invitación al país para participar en la Reunión de Alto Nivel prevista para noviembre de 2026.

Antes de la reunión y a su llegada al Château de la Muette, sede de la OCDE en París, Ulloa firmó el libro de honor del organismo, en lo que el comunicado describió como una muestra del fortalecimiento de la relación institucional entre El Salvador y la entidad multilateral.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un organismo internacional creado en 1961 que reúne a 38 países para promover políticas públicas orientadas al crecimiento económico sostenible, la estabilidad financiera y la mejora del bienestar social.

La OCDE no otorga préstamos ni financiamiento, su función principal es servir como foro de cooperación entre gobiernos para elaborar recomendaciones de política pública, realizar estudios y evaluaciones comparativas entre países, y promover buenas prácticas en áreas como economía, educación, inversión, gobernanza, transparencia y regulación.

El embajador del Sistema de Integración Centroamericana (Sica) ante las Naciones Unidas, Daniel del Valle, informó este viernes, de la reunión que sostuvo con el ministro de Cultura, Raúl Castilo, ex diputado de Nuevas Ideas.

“Conversación muy productiva sobre cómo la cultura: patrimonio, talento y creatividad; puede convertirse en una ventaja cmpetitiva para proyectar al país y fortalecer la región. ¡Seguimos construyendo puentes!”, posteó.

Del Valle realizó una visita de cortesía a la ministra de Turismo, Morena Valdez, el 17 de febrero y manifestó que El Salvador está “consolidando un modelo que combina ambición, marca país y resultados”.

Mencionó “una narrativa moderna que posiciona a El Salvador como protagonista en la región”, además de “cifras históricas de visitantes, más inversión”.

Manifestó que la realización del Ironman 70.3, una competencia que reunirá este domingo 22 de febrero a unos 1,200 atletas de 28 países en El Salvador, demuestra que “Centroamérica puede competir y ganar en el mapa internacional cuando hay visión”.

La organización Acción Ciudadana anunció este viernes que realizará un monitoreo y seguimiento sistemático a cada etapa de las elecciones internas de los partidos políticos en El Salvador, un proceso que debe darse según la Ley de partidos políticos en los institutos políticos, desde marzo hasta julio de 2026 para elegir a los candidatos.

Evaluarán el nivel de transparencia y analizarán ciertos estándares básicos de calidad democrática. Este monitoreo, aclaró la AC, “no evalúa la legalidad de las elecciones internas ni sustituye la autoridad electoral”.

En la primera fase el análisis se concentrará en la información publicada por los partidos políticos en sus redes sociales y en sus sitios webs: solo evaluarán información pública y verificable de los institutos políticos. El seguimiento no se dará a cuentas personales.

Evaluación de transparencia de las elecciones internas de los partidos. Criterios de evaluación:

1. Convocatoria y planificación.

2. Marco normativo que regula la elección.

3. La participación y las candidaturas en competencia.

4. Los resultados y el cierre del proceso de las internas.

La escala de puntajes en la evaluación de transparencia será:

0 puntos: no publicado

1 punto: publicación parcial

2 puntos: publicación completa

El máximo que podrá tener un partido político son 16 puntos más 1 punto adicional por información complementaria.

El nivel de transparencia de un partido político podrá ser alto (13 a 17 puntos), intermedio (9 a 12), bajo (5 a 8) y nulo (0 a 4).

Una vez concluidas las elecciones internas, la AC analizará otros tres indicadores sobre la calidad democrática del proceso electoral interno de cada partido político, evaluando tres indicadores:

1. Competencia electoral: alta cuando existen más de dos postulaciones por cargo, media con dos postulaciones y nula si hay una sola candidatura.

2. Participación de la militancia de las internas: alta cuando supera el 60 % de asistencia, media entre el 50 y 60 %, y baja cuando es inferior al 50 %.

3. Inclusión de mujeres: alta cuando es superior al 50 % de candidaturas, media entre el 30 y 50 %, y baja igual o menor al 30 %.

Los resultados del monitoreo se presentarán en avances periódicos desde marzo de 2026 y al finalizar las internas de todos los partidos políticos se presentará un resultado consolidado.

Las convocatorias y las elecciones internas para elegir candidaturas a presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes deben realizarse entre el 6 de marzo 2026 y el 29 de julio de 2026, según el calendario electoral publicado por el Tribunal Supremo Electoral, basado en los tiempos que da la Ley de partidos políticos y el Código Electoral.

La activista salvadoreña Ruth López, crítica del Gobierno del presidente Nayib Bukele y detenida desde mayo de 2025, fue galardonada con el Premio al Héroe contra la Delincuencia y la Corrupción, lo que suma un quinto reconocimiento para la abogada.

El galardón es otorgado por primera vez por el Proyecto de Reportería sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP), una de las organizaciones de periodismo de investigación más grandes del mundo, con sede en Ámsterdam y con presencia en seis continentes, informó este viernes la reconocida organización Cristosal, a la que pertenecía López.

«Ruth López Alfaro es una figura destacada en la lucha contra la corrupción sistémica y los excesos autoritarios en El Salvador, es una defensora del Estado de derecho reconocida internacionalmente», apuntó la organización Proyecto de Reportería en un comunicado publicado en su página web.

Según la ONG, la abogada «lideró esfuerzos legales fundamentales en la administración del presidente Nayib Bukele, que incluyen investigaciones sobre el uso indebido de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19, el espionaje estatal a través del software espía Pegasus y la falta de transparencia en torno a la implementación del Bitcóin en el país».

Subrayó que, a partir de 2024, «el segundo mandato de Bukele ha significado un aumento alarmante del acoso, la persecución y la criminalización de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil».

«La detención arbitraria de López el 18 de mayo de 2025 es parte de una ofensiva continua contra defensores de derechos humanos y periodistas», indicó.
Señaló que «a pesar de su reclusión, López sigue siendo un símbolo de la resistencia contra la criminalización de la disidencia».

La organización recordó que Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia en 2025 y la Asociación Americana de Abogados la distinguió con el Premio Internacional de Derechos Humanos 2025.

La organización alertó que, en El Salvador, «el uso excesivo de la prisión preventiva se ha utilizado en muchos casos para mantener a personas detenidas durante años sin juicio. Esta práctica sistemática ha sido criticada por los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos, considerándola una forma de castigo impuesta a opositores políticos y defensores de derechos humanos».

El Premio al Héroe representa el quinto reconocimiento a la trayectoria de López y el cuarto a nivel internacional, según Cristosal.

La activista, que se desempeñó como jefa del área Anticorrupción de Cristosal y reconocida por la BBC en 2024 como una de las mujeres más influyentes del país centroamericano, fue detenida el 18 de mayo pasado bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de López y del abogado Enrique Anaya, también detenido y crítico del Gobierno de Bukele, porque enfrentan un «riesgo de daño irreparable» a sus derechos a la vida, integridad y salud.

La junta directiva de los afectados del fraude de la Cooperativa Santa Victoria (Cosavi de RL) presentó el miércoles una carta a la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador para solicitar una audiencia.

Entre los afectados que firmaron la carta algunos se identificaron como ciudadanos estadounidenses, como Ana Carolina Castrillo, Marilin Turcios, Matilde Vanegas, Salvador Cáceres y Eduardo Castaneda Soto.

«Soy ciudadana norteamericana, sabemos que Estados Unidos se caracteriza por ser un país democrático, generoso, un país que ayuda y especialmente nosotros necesitamos de la intervención de los Estados Unidos porque tenemos casi dos años peleando, solicitando, tocando puertas y todas se nos cierran. El Estado dice que ya pagó el 90 %, eso no es cierto… A mis 68 años no voy a venir a comenzar a trabajar cuando todo el dinero que he podido ahorrar durante mi vida me ha sido quitado», afirmó una de las afectadas, frente a la Embajada.

“Solicitamos respetuosamente a su digna envestidura una nueva petición de audiencia, la cual sería la tercera solicitud (la primera fue el 30 de julio de 2024, la segunda el 7 de noviembre de 2025)”, indica la misiva.

Insistieron en que no se han reunido con algún representante de la Embajada, como lo aseguraron en enero pasado. La Embajada aclaró que el 7 de noviembre oficiales de la Embajada “hablaron con miembros del grupo para recibir su carta” y que “no ha habido ninguna reunión posterior”.

El presidente de la junta directiva de los afectados, Juan José Ortiz, explicó que durante las dos recientes semanas fallecieron tres personas afectadas del fraude más, totalizando 11 personas fallecidas que eran afectadas del fraude: una doctora en medicina de 69 años, la madre de un socio de Cosavi y Donaldo Turcios, quien falleció de insuficiencia renal.

Aseguró que Turcios “tenía dos cuentas de $75,000 cada una” cuando desde el 30 de octubre de 2025 estaba habilitada la capa de los $70,000 de devolución de los fondos a los socios de la cooperativa.

La Fiscalía General de la República informó en mayo de 2024 que estaban procesando judicialmente a 32 personas, entre ellos 8 directivos de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R.L. (COSAVI, de R.L.), por los delitos de defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. El fraude asciende a $35 millones; sin embargo, la captura del exgerente de COSAVI, Manuel Alberto Coto Barrientos, por autoridades hondureñas, terminó en una tragedia en donde también falleció el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas y otros dos altos mandos de la PNC de El Salvador.

Puede leer: Cronología: cómo fue la captura y la muerte del gerente de COSAVI

La devolución del dinero a los socios a Cosavi va por la capa de los $70,000 anunciada por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) en octubre y habilitada desde el 1 de noviembre en la agencia de la calle Gabriela Mistral de San Salvador.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) informó el miércoles que han iniciado una auditoría financiera en el Hospital Nacional de Ilobasco «Dr. José Luis Saca», en Cabañas.

“Estamos evaluando a detalle el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Nuestro equipo técnico, liderado por la Regional de San Vicente, verificará la ejecución presupuestaria para asegurar que los recursos beneficien a los salvadoreños”, indicó la institución en redes sociales.

La institución también inició una auditoría en el Hospital San Jerónimo Emiliani, en Sensuntepeque, para verificar la elaboración y ejecución de sus estados financieros del ejercicio 2025.

En 2025, también informaron de auditorías en el Hospital Nacional de Chalchuapa; otra auditoría en el Hospital Nacional Dr. Mazzini Villacorta en Sonsonate; en el Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana, Hospital Nacional Francisco Menéndez, de Ahuachapán; Hospital Nacional Dr. Jorge Arturo Mena, de Santiago de María, en Usulután; Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima, en Cojutepeque; Hospital Nacional de Suchitoto, Cuscatlán Norte; Hospital Nacional de San Juan de Dios, de San Miguel; Hospital Nacional General de La Unión; Hospital Nacional Santa Teresa, de Zacatecoluca.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) informó en redes sociales que inició la auditoría externa de su Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS).

En redes sociales informó que la auditoría es realizada por el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN) bajo la norma ISO37001:2016.

“Este proceso evaluará la eficacia de los controles, la gestión de riesgos, los canales de denuncia y los registros que respaldan el sistema, reafirmando la política de cero tolerancia al soborno y la mejora continua institucional”, indicó la institución.

“Con la absoluta claridad que todos y cada uno de los que conformamos esta institución, la CCR, estamos totalmente comprometidos con el sistema de gestión antisoborno, entendemos que la implementación exitosa de este sistema no descansa únicamente con la aprobación normativa que como alta dirección lo hicimos, sino que es una responsabilidad individual y colectiva de cada servidor público de la institución”, indicó el presidente de la CCR, Walte rSosa, en el video publicado de una reunión.

El primer magistrado de la CCR, Julio Bendek, aseguró que la institución no solo debe ser técnica e “independiente” sino debe tener credibilidad.

“Nosotros somos como la sombrilla que abraza al resto de instituciones”, dijo por su parte el segundo magistrado, José Rodrigo Flores.

El OSN es una institución de derecho público con personería jurídica propia que ofrece consultas y asesoría en materia de normalización y forma parte de organizaciones internacionales de normalización.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró ayer, en una conversación con creadores de contenido que el legislador publicó en X, que aún no han recibido la iniciativa de reforma de pensiones del Poder Ejecutivo y que todas las propuestas mencionadas, como aumento de la edad de jubilación, son “especulación”.

“Obviamente es un tema bien delicado y, como lo decía ayer, yo ahorita todo lo que están diciendo, es lo único que hay que dejar bien claro, que si le van a subir, que si le van a quitar, que si le van a hacer para lo otro, hasta el día de ahora, todo eso es especulación porque no hay nada oficial”, indicó.

Sin embargo, el político sostuvo que evaluarán si hay que hacer cualquier “observación o ajuste” que haya que hacer.

Afirmó que el problema del sistema de pensiones “tiene un pecado de origen” y compartió un audio del exdiputado Mario Ponce en el cual dice que votaron por la “privatización de las pensiones sin buscarle fuente de financiamiento”.

“Nosotros como diputados todavía no hemos recibido esa iniciativa del Ejecutivo… Que si le van a quitar, que si le van a hacer para lo otro, hasta el día de ahora todo es especulación porque no hay nada oficial”. Ernesto Castro, presidente de Asamblea Legislativa.

Diferentes economistas han mencionado como alternativas de financiamiento del sistema de pensiones la revisión de la comisión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el cambio de la fórmula del cálculo de la pensión, la renovación del periodo de gracia que tiene el Estado para amortizar a su deuda con el fondo de pensiones, la inversión de los ahorros de los cotizantes en instrumentos con rentabilidad del 9 %, la mejora de salarios y, la propuesta más frecuente, el aumento de la edad de jubilación y la tasa cotización.

Castro destacó que antes de la reforma de 2022 había pensiones superiores a los $6,000 y que la erogación para las pensiones de unas 648 personas era aproximadamente $6.5 millones. “En aquella reforma que se hizo eso se cortó, primero se dejó un mínimo de $400, ya nadie puede recibir menos de $400 y se le puso un tope, que son $3,000”, señaló.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) el gobierno se comprometió a publicar el 10 de febrero de 2026 una propuesta de reforma de pensiones para implementarla a partir del año 2026.

El estudio actuarial emitido por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) publicado en diciembre de 2025 por el Ministerio de Hacienda concluyó que habrá un déficit en el gasto de pensiones equivalente al 59 % del Producto Interno Bruto (PIB) desde 2024 hasta el año 2070 y que hubo un «fuerte deterioro» –del 50 al 45 % del PIB– del patrimonio de los ahorros en las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) y de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) entre 2020 y 2024.

El artículo 7 de la «Ley de sostenibilidad fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas», aprobada por la Asamblea Legislativa en junio de 2025, compromete al Gobierno a limitar la deuda pública con pensiones al 80 % del PIB para el año 2030, 75 % en 2035 y 70 % en 2045.