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La Asamblea Legislativa reformó la Ley especial de estadísticas y censos, que rige la actividad estadística y censal de El Salvador, para introducir los conceptos de «ronda censal» e incluir las encuestas encargadas por el presidente de la República dentro de la categoría de «encuestas especiales».

En la «ronda censal» siempre fueron incluidos los censos nacionales, de población y vivienda, económico, agropecuario; en esta categoría fueron agregados el de pesca y Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Antes, la categoría solo era definida como «censos nacionales».

El artículo 2 de la ley define los rubros estadísticos de la función estadística y censal que funge el Banco Central de Reserva (BCR) en El Salvador.

La categoría de «estadísticas continuas» no fue modificada y siempre se incluyeron las sociodemográficas, género, salud, educación, culturales, empleo, previsión social, distribución del ingreso y costo de la vida, entre otras, así como las reguladas en la ley del BCR.

También, de las encuestas continuas fueron suprimidas las «encuestas especiales», las cuales no eran definidas y siempre quedaron como encuestas continuas las «sociales, demográficas, económicas, de precios, entre otras».

Dentro de las categorías, se introdujo el literal «e» de «encuestas especiales» que se definirán así: «en esta categoría se incluyen las encuestas solicitadas por el presidente de la República, así como otras que sean identificadas por el BCR y las requeridas por otras instituciones, por su relevancia para la formulación o evaluación de políticas públicas, que no estén comprendidas en los rubros anteriores. Estas últilas requerirán la declaración de interés previa por el Consejo Directivo del BCR».

Argumentó, primero, que la «ronda censal» es un término técnico estadístico internacional.

Según el BCR, “las encuestas especiales se han venido ejecutando» pero ahora necesitan que quede «específicamente detalladas en la ley».

Del artículo 14 de la ley actual, aprobada en 2023, ya se consideraba que el BCR podía realizar “encuestas nacionales que sean de interés general solicitados por el presidente de la República”, dicha disposición fue suprimida.

Con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa reformó este miércoles el presupuesto estatal de 2026 para trasladar $25,758,332 de dos instituciones disueltas al Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes (INABVE). Un total de $24.9 millones sería para el pago de pensiones que otorga el Estado a un grupo de personas adultas mayores y personas con discapacidad.

El Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd) y el Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (Conaipam) fueron disueltos en noviembre de 2025.

Los fondos se destinan al pago de las pensiones a personas con discapacidad amparadas bajo la Ley especial de inclusión de las personas con discapacidad y el pago de la pensión no contributiva para los adultos mayores según la Ley especial para la protección de los derechos de la persona adulta mayor.

De los fondos se destinarán $346,537 a la supervisión y vigilancia del cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad, $517,880 para protección y promoción de derechos a adultos mayores.

Un total de $24,983,915 serían destinados a pensiones a adultos mayores y a personas con discapacidad.

La ley de inclusión de personas con discapacidad se aplica a “todas las personas con discapacidad que se encuentren en el territorio salvadoreño”. Esta normativa, en su artículo 75 establece que “el Estado asignará una pensión universal diferenciada a dichas personas a fin de asegurarles una vida plena y digna”, por medio de una “evaluación de su discapacidad realizada por el Ministerio de Salud”.

La normativa indica que en ningún caso el acceso a un puesto de trabajo de la persona con discapacidad beneficiaria de esta pensión implicará su reducción o restricción al goce de la misma. Esta ley fue aprobada el 22 de junio de 2020, la cual derogó la Ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad de mayo de 2000.

Mientras, la ley para la protección de los adultos mayores, aprobada en enero de 2021, ampara a personas de 70 años o más, para quienes establece el derecho a gozar de una pensión, contributiva o no contributiva.

Con 59 votos, incluidos dos votos de Vamos y Arena, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles un decreto que autoriza la transferencia de 101 inmuebles del Fondo Social para la Vivienda al Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) para entregarlos a “familias con necesidad de vivienda o para establecer instituciones de utilidad pública”.

Los inmuebles están ubicados en Sonsonate, Santa Ana, San Vicente y San Salvador, tienen diferentes áreas y están ubicados en colonias como Valle del Sol de Apopa, Ciudad Futura de Cuscatancingo, Lotificación El Tránsito de Ciudad Delgado, San Luis Mariona de Cuscatancingo, en San Salvador; colonias como residencial La Fortuna y Santa Eugenia Altos 1 de Sonsonate, en Urbanización Las Américas de Metapán, en Santa Ana; y colonia Las Pampas, de Tecoluca, San Vicente, entre otras.

El decreto permitirá que Fonavipo entregue los inmuebles, ya sea en “compraventa, donación, constituir sobre ellos comodato, arrendamiento simple, con o sin promesa de venta o derecho de habitación a título gratuito”.

Fonavipo deberá priorizar “a las familias que en la actualidad ocupan los inmuebles según aplique” pero podrá beneficiar “a familias que cumplan con los criterios de los programas habitacionales que desarrollen para tales efectos”.

El valor de los inmuebles oscila entre los $3,000 hasta los $129,000 según el decreto.

Los beneficiarios que reciban inmuebles donados o subsidios no podrán transferirlo en un plazo de 20 años, excepto a Fonavipo para asignarlo a una nueva familia.

Si la familia es conformada por cónyuges, la escritura deberá estar a favor de ambos en proindivisión o del cónyuge que viva con los hijos.

Estos son los 101 inmuebles que serán transferidos a Fonavipo para familias necesitadas de vivienda o entidades de utilidad pública

Sonsonate:
-Lote de 67.31 metros cuadrados valorado en $8,600 en residencial La Fortuna, San Antonio del Monte.
-Lote 40 de residencial Santa Eugenia Altos 1, 50 metros valorado en $17,600.
-Residencial Santa Eugenia Altos 1, lote 23, 50 metros cuadrados valorado en $15,841.83.
-Tres lotes en lotificación San Emilio II, cada uno de 240 metros cuadrados, valorados en $129,000.

Santa Ana:
-Urbanización Las Américas, lote 3, Metapán, 50 metros cuadrados, valorado en $20,700.
-Cantón Loma Alta, lotificación Panamá, área 386.28 metros cuadrados, $16,700.
-Apartamento 37, block B, condominio residencial San Lorenzo, 34.31 metros cuadrados, $13,100.
-Residencial Bella Vista 1, Santa Ana, $10,500.
-San Juan III, San Sebastián Salitrillo, 235 metros cuadrados, $12,800.
-Urbanización Las Américas II, 42.50 metros cuadrados, $8,500.

San Vicente
-Cantón San Isidro, Tecoluca, 21,000 metros cuadrados. $21,500.
-Colonia Las Pampas, cantón el Carau, Tecoluca, 930.07 metros cuadrados, $13,307.40.
-Colonia Las Pampas, 984.47 metros cuadrados, $14,085.80
-Cantón El Carao, 586.49 metros cuadrados, $10,069.90.
-Lote 9, cantón El Carao, 1,041.08 metros cuadrados, $14,895.80.
-Lote 8, colonia Las Pampas, 1,079.05 metros cuadrados, $15,396.10.
-Colonia Las Pampas, 1,145.78 metros cuadrados, $16,393.80.
-Colonia Las Pampas, 985.51 metros cuadrados, $14,100,70.
-Colonia Las Pampas, 1,267.72 metros cuadrados, $18,138.50.
-Colonia Las Pampas, 1,340.51 metros cuadrados, $23,016.
-Colonia Las Pampas, 656.77 metros cuadrados, $11,276.52.
-Colonia Las Pampas, 579.21 metros cuadrados, $9,944.76.

San Salvador
-Lotificación Tikal Norte, Apopa, 61.70 metros cuadrados, $18,900.
-Lotificación Tikal Norte, Apopa, 72.73 metros cuadrados, $9,000.
-Residencial Miramundo, Apopa, 55 metros cuadrados, $16,100.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 61.87 metros cuadrados, $4,100.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 60.14 metros cuadrados, $11,700.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 74.90 metros cuadrados, $23,300.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 59.87 metros cuadrados, $13,100.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 69.81 metros cuadrados, $15,100.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 60.33 metros cuadrados, $13,600.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 59.95 metros cuadrados, $12,000.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 144.96 metros cuadrados, $18,600.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 60.14 metros cuadrados, $11,700.

-Lotificación El Tikal, Apopa, 61.49 metros cuadrados, $16,300.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 56.08 metros cuadrados, $3,000.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 72.78 metros cuadrados, $12,800.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 57.50 metros cuadrados, $16,300.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 53.39 metros cuadrados, $14,300.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 75.54 metros cuadrados, $24,100.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 58.21 metros cuadrados, $21,900.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 57.21 metros cuadrados, $11,200.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 66.60 metros cuadrados, $4,500.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 86.73 metros cuadrados, $31,400.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 61.85 metros cuadrados, $13,800.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 61.45 metros cuadrados, $21,100.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 61.86 metros cuadrados, $19,400.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 60.58 metros cuadrados, $8,600.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 78 metros cuadrados, $24,600.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 59.81 metros cuadrados, $16,100.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 58.99 metros cuadrados, $15,700.
-Lotificación El Tikal, Apopa, 72.80 metros cuadrados, $23,000.
-Urbanización Santa Teresa, Apopa, 50 metros cuadrados, $9,500.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $7,200.
-Proyecto habitacional Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $9,300.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $12,900.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $9,600.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $5,100.

-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $7,800.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $12,600.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $7,000.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $8,700.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $5,100.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $8,100.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $11,600.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $14,000.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $7,400.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $9,000.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $7,300.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $9,900.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $10,800.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $11,000.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $10,200.
-Urbanización Valle Verde, Apopa, 50 metros cuadrados, $9,200.
-Urbanización Valle Verde, Apopa, 50 metros cuadrados, $9,700.
-Urbanización Valle Verde, Apopa, 50 metros cuadrados, $11,700.
-Urbanización Valle Verde, Apopa, 50 metros cuadrados, $8,200.
-Urbanización Valle Verde, Apopa, 50 metros cuadrados, $8,900.
-Urbanización Valle Verde, Apopa, 50 metros cuadrados, $11,100.
-Urbanización Valle Verde, Apopa, 50 metros cuadrados, $9,200.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 52.50 metros cuadrados, $16,700.
-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 52.50 metros cuadrados, $8,000.

-Urbanización Valle del Sol, Apopa, 50 metros cuadrados, $7,200.
-Urbanización Brisas del Norte, Apopa, 50 metros cuadrados, $8,200.
-Urbanización Los Ángeles, Apopa, 26.88 y 5.16 metros cuadrados, $9,700.
-Urbanización Los Ángeles, Apopa, 26.88 y 5.16 metros cuadrados, $18,400.
-Condominio Las Terrazas, Ayutuxtepeque, 30.45, $27,800.
-Condominio Las Terrazas, Ayutuxtepeque, $21,900, 30.45 metros cuadrados.
-Comunidad Finca Argentina II, 60 metros cuadrados, $7,000.
-Condominio Reparto Nuevo Cayala, 38.61 metros cuadrados, $15,500.
-Cantón El Pino, Ciudad Delgado, 236.50 metros cuadrados, $8,200.
-Lotitificación El Tránsito, 105 metros cuadrados, $12,100.
-Cantón San Luis Mariona, 107.88 metros cuadrados, $5,100.
-Lotificación La Paz, 156.14 metros cuadrados, $6,400.
-Urbanización Ciudad Futura, 60 metros cuadrados, $9,100.
-Urbanización Ciudad Futura, 60 metros cuadrados, $10,700.
-Urbanización Ciudad Futura, 60 metros cuadrados, $10,700.
-Urbanización Lirios del Norte, 60 metros cuadrados, $10,700.
-Urbanización Lirios del Norte, 60 metros cuadrados, $20,800.
-Urbanización Lirios del Norte, 60 metros cuadrados, $11,500.
-Urbanización Lirios del Norte, 60 metros cuadrados, $10,500.
-Urbanización Lirios del Norte, 60 metros cuadrados, $10,800.

Con 59 votos, incluidos los tres de oposición, la Asamblea Legislativa incluyó a la comunidad 2 de noviembre del Distrito Italia en una ley de legalización de tierras luego de que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) resolvió desafectar la calle en desuso en donde estarían asentadas a 174 familias.

El diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, prometió a habitantes de la comunidad que estaban en el pleno que el Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) tramitará las 174 escrituras a cada una de las familias, luego de que las tierras les sean transferidas por el MOPT.

La reforma se hizo a la Ley especial para la legalización de calles, tramos de calle, carreteras, de derechos de vía y antiguos derechos de vía declarados en desuso y desafectados de uso público.

El diputado Ernesto Castro relató que en el año 2015, después de 15 años para recibir sus escrituras, los miembros de la comunidad se dieron cuenta que los habían estafado y, pese a una condena, aún no les resolvían.

“Continuaron con una nueva lucha, que era ver quién les resolvía. Pasaron muchas personas, políticos, aspirantes a alcaldes, aspirantes a diputados, diputados, de muchas denominaciones. Nadie les resolvía. Nosotros nos dimos cuenta de este tema que tenían por la comunicación que tenemos en el territorio con los líderes comunales, nos contactaron de esta comunidad, nos acercamos”, dijo.

Según Castro, ahora hay una buena comunicación entre órganos de Estado y por ello se reunieron con el ministro de Obras Públicas, Ernesto Castro, y la ministra de Vivienda, Michelle Sol, los acompañaron con un equipo técnico y legal. “Fuimos a la comunidad, se pusieron a trabajar y el día viernes 8 de mayo yo tuve el honor de visitarlos, me reuní con las 174 familias… Llegué con un papel en donde había una resolución legal de parte del MOPT donde ellos estaban de acuerdo con la desafectación de los terrenos”, indicó.

Un poco antes, en el pleno, la diputada Janet Molina pidió incorporar a la ley a la comunidad Michapa sector 1 y 2, de Cuscatlán Sur. Un total de 58 votos, incluidos los de oposición, votaron a favor de incorporar la iniciativa para que pasara a estudio de la Comisión de Infraestructura.
Esta ley fue aprobada el 10 de junio de 2009; hasta 2015, había 59 comunidades en la normativa.

Sumadas a las legalizadas durante el actual gobierno, llevan 74 comunidades legalizadas.

El diputado Felipe Interiano, de Nuevas Ideas, aseguró que llevan varias comunidades legalizadas y pidió “paciencia” al resto. “Quisiéramos tronarnos los deditos y resolver todo ese montón de problemas que nos heredaron, comunidades que nos han mencionado de 40 y 50 años esperando”, dijo el lunes.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió incorporar una pieza de correspondencia para crear un fondo para el incentivo de la vivienda accesible proveniente de una contribución especial del 3 % del costo total que ofrecen plataformas de alquileres turísticos de corta duración.

La diputada mencionó que las plataformas digitales como “Airbnb, Xpedia, Booking y otras han incrementado enormemente su mercado en El Salvador pero no han estado ni reguladas ni han contribuido a través de impuestos o de otra forma, también, al bienestar de los salvadoreños”.

Ortiz mencionó que los alojamientos en hoteles ya pagan 5 % de alojamiento al turismo y, por ello, sostuvo que “no es descabellado”.

La diputada mencionó que los fondos servirían para dar incentivos fiscales, programas de apoyo para mejoras o subsidiar seguros para las familias que arriendan viviendas con fines habitacionales.

“No es justo que desde el privilegio se les diga a los jóvenes que hoy por hoy se están preparando, que están estudiando, que están teniendo su primer empleo, que nunca van a poder pagar una casa… Mientras estamos viendo que estas plataformas cuyas empresas tienen activos que superan lo que El Salvador tiene como presupuesto general de la nación, mientras estas empresas siguen teniendo ganancias a costa de estos costos sociales que se generan en El Salvador”. Claudia Ortiz (Vamos).

Ortiz se refirió a una declaración de la ministra de Vivienda, Michelle Sol, en la cual aseguraba que había tres formas de adquirir una vivienda en El Salvador: heredar una casa, ahorrar dinero y comprarla al contado, y comprarla mediante un crédito con pago de interés.

“No es así de fácil realmente”, dijo Ortiz, quien sostuvo que la gente “explotó de indignación” ya que la funcionaria estaba hablando desde su privilegio.

#Diálogo21 | “Hay tres maneras de tener una casa: heredar dinero y pagarla al contado, ahorrar durante 10, 15 o 20 años para comprarla ‘cash’, o acudir a un banco y adquirir un préstamo”, afirmó la ministra de Vivienda, Michelle Sol. pic.twitter.com/LHMAynUoVJ

— Diálogo – GMV (@dialogo21) May 14, 2026

“Realmente quedó claro que, o no se tiene conocimiento de la realidad, o no importa la realidad, o los intereses que se están representando son otros. Lo que quedó más en evidencia es que el Estado no está haciendo nada para crear condiciones en el mercado de vivienda que permitan accesibilidad a la gente y que el Estado le está tratando de trasladarle la responsabilidad a los salvadoreños diciéndole que es culpa de ellos porque no tienen capacidad de ahorrar o porque no les hacen un préstamo”, expresó en el pleno.

Según la diputada de oposición, los jóvenes están esperando que las condiciones sean más justas y no que les regalen una casa.

El diputado Ernesto Castro sometió a votación la petición de Ortiz. Solo logró dos votos, el de ella y de la diputada Marcela Villatoro.

Posteriormente, Castro dio gracias al ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera Rodríguez, y a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, quienes estaban presentes en la Asamblea, por la legalización de 174 terrenos en la comunidad 2 de noviembre del Distrito Italia.

El ministro de Hacienda, Jerson Posada, explicó que las Alianzas Público Privadas (APP) consideradas en la nueva “Ley de alianzas público privados” bajo estudio en la Asamblea Legislativa podrán ser autosostenibles, que tienen tarifas a usuarios, o cofinanciadas, las cuales incluyen erogaciones estatales.

El funcionario aseguró que “las APP buscan proveer infraestructura y servicio público bajo principios de rentabilidad social, eficiencia económica, responsabilidad fiscal y distribución de riesgos”.

“Lo que estamos buscando con este proyecto es dinamizar de una forma mucho más expedita los procedimientos que se utilizan para la adjudicación de un proyecto APP sin perder el control fiscal y racionalizando los beneficios del mismo para la población”, dijo, el martes, en la Comisión de Tecnología Turismo e Inversión de la Asamblea.

Calificó la ley actual aprobada en 2013 como “muy burocrática”. El nuevo proyecto, dijo, busca “acelerar procesos, acortar tiempos, sin perder el control fiscal y siempre racionalizando los beneficios para la población”.

Definió las APP como la “vinculación que se materializa en un contrato a largo plazo entre el Estado, a través de una institución contratante, y un agente privado para proveer servicios públicos en conjunto o no con la infraestructura pública destinados a la habilitación y desarrollo de dichos servicios que involucra la distribución de riesgos entre las partes y puede incluir mecanismos de pago sujetos a la disponibilidad y el estándar de calidad de los referidos servicios y obras públicas, sean realizados por el Estado o por los usuarios”.

Definió las «APP autosostenibles» como aquellas en que los ingresos del agente privado “provienen de las tarifas o valores cobrados directamente a los usuarios” y permiten que el privado tenga una “rentabilidad adecuada al riesgo que asume”, “sin demandar recursos o garantís de ningún tipo proveniente del Estado”.

Y, luego, definió las APP cofinanciadas como aquellas en que los ingresos del agente privado “incluyen recursos, erogaciones o garantías a cargo del Estado durante toda o alguna parte de la vigencia del contrato”, sea “pagos firmes o contingentes”.

La Comisión estudia un proyecto de Ley de Alianzas Público Privadas (APP) enviado el 9 de abril por la ministra de Economía, María Luisa Hayem, con el cual se derogaría la ley que rige actualmente los Asocios Público Privados. El gobierno dice buscar agilizar la aprobación de este tipo de sociedades para realizar proyectos públicos sin descuidar la vigilancia que harán las entidades contratantes –los ministerios u otras instituciones estatales. Sin embargo, la oposición y sindicatos temen que las APP sean un mecanismo de «privatización» de los servicios de salud, educación y agua, debido a que en la propuesta se elimina la prohibición de hacer APP en estos tres sectores.

De un total de 3,086 trámites realizados por las organizaciones no gubernamentales en El Salvador en el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, de enero a marzo de 2026, la tercera parte, equivalentes a 1,199, fueron solicitudes de inscripción de estados financieros.

En los primeros tres meses del año 2026, Gobernación recibió únicamente 15 solicitudes de constitución de asociaciones y 10 de fundaciones.

La mayoría de solicitudes de constitución provinieron de iglesias, con 104. También, la institución reportó 920 solicitudes de certificaciones de órganos de administración y nóminas de miembros de iglesias.

Por otra parte, dos organizaciones solicitaron su proceso de liquidación y una presentó una solicitud para su disolución.

Durante el primer trimestre de 2025, el Ministerio de Gobernación también recibió similares cantidades de solicitudes de inscripción de estados financieros (1,172).

En este periodo hubo más solicitudes de constitución de asociaciones (25, 10 más) de fundaciones hubo 15 solicitudes y 129 de iglesias, 25 más que el primer trimestre del presente año.

Así mismo, durante el primer trimestre del año pasado, se reportaron 940 solicitudes de certificaciones de órganos de administración y nóminas de miembros para iglesias, 20 más que este año. Ese trimestre se reportaron 5 solicitudes de disolución y 2 de liquidación de ONG.

Durante el periodo enero a junio de 2023, fueron 966 trámites de calificación e inscripción de estados financieros.

En febrero pasado, el Ministerio de Gobernación recordó a la asociaciones y fundaciones sin fines de lucro que bebían presentar sus estados financieros. El último día para presentar este estado financiero fue el sábado 28 de febrero.

Según el artículo 27 del Reglamento de la Ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, están obligadas a enviar al Registro su balance general y estados financieros “debidamente auditados por auditor” dentro de los dos meses siguientes al cierre de su ejercicio económico.

Esta normativa, que existe desde noviembre de 1996, considera una infracción si las ONG no presentan sus balances financieros, así como estados de pérdidas y ganancias, debidamente dictaminados por un auditor. No presentar estos balances o no llevar contabilidad formal es una infracción que les puede conllevar una multa entre $57.14 y $1,142.85.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) hizo una contratación el 15 de mayo del servicio de agencia de viajes para el suministro de boletos aéreos y terrestres al exterior y desde el exterior para El Salvador en el año 2026.

De acuerdo a las Compras Públicas de El Salvador, mediante el proceso código 1900-2026-P0080, se hizo la contratación de servicio de agencia de viajes, adjudicando un contrato or $14,999 a la agencia de viajes Inter Tours.

Los datos publicados indican que el monto planificado ascendió a $50,000.00 pero el monto certificado asciende a $15,000.00.

La adjudicación se firmó, según Comprasal, el 18 de mayo de 2026, y se hizo mediante el proceso de subasta inversa.

Según una publicación de infodemia.com.sv, la procuradora, Raquel de Guevara, destinó $227,536.46 en el pago de viajes y viáticos, uniendo los periodos octubre-diciembre de 2022, enero-junio de 2023 y el año 2025.

Sin embargo, la funcionaria reservó la información sobre sus viajes por un periodo de cuatro años.

El partido Vamos cuestionó al Ministerio de Hacienda por qué en el proyecto de nueva Ley de Alianzas Público Privadas (APP) se elimina el límite de inversión que puede hacer el Estado en un asocio o alianza público privada para dar servicios públicos a la población, a lo que Hacienda respondió que no serán aprobados los APP que puedan implicar un riesgo financiero para el Estado.

Ayer el gobierno volvió a descartar que se vaya a privatizar los servicios públicos de educación, salud y recursos hídricos, y manifestó que por el momento no hay proyectos de APP para prestar servicios en estos tres sectores.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se refirió, en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, a que la actual Ley de Asocios Público Privados establece un límite del 3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el monto que puede aportar el Estado en los proyectos de APP pero señaló que la nueva propuesta de ley eliminaría dicho límite.

«No será aprobado un proyecto que va a tener un impacto en las finanzas públicas a mediano y largo plazo o que va a afectar las finanzas a mediano y largo plazo”. Jerson Posada, ministro de Hacienda.

“El monto acumulado de pagos firmes y contingentes cuantificables, netos de ingresos contingentes, asumidos a título de contratos de asocio público-privado, calculado a valor presente, no podrá exceder el 3 % del PIB del año inmediato anterior”, indica el artículo 20, sobre “Obligaciones fiscales derivados de los contratos”, que detalla además que serán consideradas deuda pública “solo para afectos de contabilidad”.

La diputada preguntó al ministro de Hacienda, Jerson Posada, si haber eliminado el límite del 3 % del PIB para la inversión estatal en los APP genera algún «tipo de riesgo fiscal o compromiso de las finanzas públicas».

El ministro respondió que Hacienda realizará dos estudios fiscales para la creación de cada APP y que así “se controlará que cualquier propuesta de APP no vaya a tener implicaciones fiscales en mediano y largo plazo”.

¿Habrá algún techo a las obligaciones contingentes?, insistió Ortiz posteriormente.

“Es que, vuelvo y repito, no todos los proyectos tienen obligaciones (estatales), pueden existir obligaciones contingentes pero ahí radica la importancia de los análisis fiscales que se realizarán previo a la aprobación de cualquier proyecto APP», remarcó el funcionario.

El titular de Hacienda prometió que «si en esos análisis fiscales se identifican riesgos de costos contingentes a futuro, pues, estos (APP) no serán aprobados». «No será aprobado un proyecto que va a tener un impacto en las finanzas públicas a mediano y largo plazo o que va a afectar las finanzas a mediano y largo plazo”, manifestó.

“No habrá nada oculto», sobre erogaciones a las APP

Ortiz preguntó cómo Hacienda garantizará que los pagos contingentes no se convertirán en «deuda oculta» en los proyectos APP cofinanciados y si estas cifras erogadas por el Estado serán publicadas.

El funcionario prometió que “todo se va a incorporar en el presupuesto” y que “no habrá nada oculto”.

“Cualquier costo asociado a las APP, cualquier proyecto, lo he dicho varias veces, el Ministerio de Hacienda velará por que presupuestariamente cada entidad contratante tenga la capacidad de financiarlo a través de su presupuesto y cualquier incorporación presupuestaria es aprobada por este Órgano Legislativo, no puede haber nada oculto, cualquier costo va a estar demostrado en el presupuesto”, fue su respuesta.

La nueva Ley de APP fue presentada el 9 de abril de 2026 y se mantiene bajo estudio en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, presidida por la diputada Dania González. Hasta ayer, habían recibido las opiniones del presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones (Invest), Rodrígo Ayala, y del ministro de Hacienda, Jerson Posada, y recibirán la próxima semana al director ejecutivo del Centro Nacional de Registros, Camilo Trigueros.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, conversó este martes con el nuevo Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUDSV), Jairo Acuña-Alfaro, para «dar seguimiento a las principales líneas de cooperación».

Según el comunicado de la Vicepresidencia, Ulloa destacó «la importancia de garantizar la continuidad de los proyectos estratégicos impulsados junto al PNUD» vinculados al «desarrollo y al fortalecimiento de las capacidades territoriales».

Ulloa también invitó al Representante Residente del PNUD a visitar los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) «para conocer de primera mano las transformaciones que se impulsan desde el tejido social salvadoreño».

Por su parte, según la Vicepresidencia, Acuña-Alfaro «reconoció la apertura del Gobierno salvadoreño por sostener este primer acercamiento formal» luego de haber presentado sus credenciales en mayo de 2026 a la vicecanciller de la República, Adriana Mira.

Según el comunicado, el representante del PNUD reconoció a Ulloa y al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por el proceso de transformación que vive el país y manifestando la disposición del PNUD de continuar acompañando iniciativas de desarrollo humano, innovación, digitalización, fortalecimiento institucional y generación de oportunidades para el bienestar de la población.