Categoría: Politica

  • Diputados prorrogan plazo para sustituir unidades de transporte público

    Diputados prorrogan plazo para sustituir unidades de transporte público

    A solicitud de diputados de Nuevas Ideas, la Asamblea Legislativa prorrogó este martes el plazo para que los transportistas puedan realizar trámites de concesiones o permisos de transporte público y completar el proceso de sustitución de las unidades que por cumplir 20 años de fabricación fueron sacadas de circulación.

    El plazo para que los transportistas sustituyan las unidades que cumplieron 20 años de antigüedad y mantengan sus permisos vigentes vencía el 18 de enero de 2025 y, con el decreto aprobado hoy, fue extendido por 18 meses, es decir, hasta julio de 2026.

    El decreto 744 del 20 de junio de 2023, las “Disposiciones transitorias para la sustitución de vehículos, refrenda de vehículos, cambio de concesionarios, ampliación de plazos de contratos de concesión y adopción de medidas provisionales,” fue prorrogado con 56 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se abstuvo; y no votaron las diputadas Raquel Serrano y Marcela Villatoro, de Arena.

    El decreto legislativo 774 otorgó 18 meses para sustituir las unidades de transporte que cumplieron 20 años y no se renovaron en los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023; en julio de 2024, fue prorrogado hasta el 18 de enero de 2025.

    El diputado Salvador Chacón, de Nuevas Ideas, explicó que el decreto es “poderle dar a los diversos empresarios del sector transporte una prórroga para que puedan ponerse al día con el tema de las sustituciones, el tema de los permisos, cambios de concesionarios y así puedan darle la continuidad al servicio de transporte público.”

    “Un llamado a los concesionarios y transportistas para que se puedan poner al día. Se va a dar una prórroga por 18 meses para que puedan solventar estos impasses con el ente rector, que es el VMT.”
    Salvador Chacón (Nuevas Ideas).

    Lucio Vásquez, vocero de la Mesa Nacional de Transporte, explicó que se trata de las unidades que cumplieron 20 años de antigüedad de 2019 a 2023, unidades que ya no pueden circular y que, con el decreto, mantienen sus permisos o “líneas” para poder sustituirlas por unidades más recientes.

    “Quedan vivas las líneas, más no la unidad. Antes moría la unidad, moría la línea. Si yo no sustituía en el tiempo correcto, ahí moría la línea, a pesar de tener un convenio de concesión con el Estado… ¿Qué es lo que está haciendo este decreto?, manteniendo la línea activa,” explicó.

    Sin embargo, el decreto no beneficiaría a los empresarios de transporte que tengan unidades que cumplan 20 años de antigüedad en 2024 y 2025, sino hasta las que cumplieron 20 años en 2023, es decir, las fabricadas en 2003.

  • Asamblea deroga Ley del Fondo de Apoyo Municipal que asignaba $50 millones a alcaldías

    Asamblea deroga Ley del Fondo de Apoyo Municipal que asignaba $50 millones a alcaldías

    Con 57 votos, la Asamblea Legislativa derogó la Ley del Fondo de Apoyo Municipal (FAM), una normativa creada en agosto 2022 para asignar $50 millones anuales a las alcaldías con poblaciones más pequeñas en el país, luego de la reducción del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes) aprobada en noviembre de 2021.

    Los diputados de oposición, dos de Arena y una de Vamos, votaron en contra.

    Según el decreto aprobado, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, podrá emitir disposiciones para verificar el reintegro de los fondos FAM entregados a las alcaldías y cuya ejecución no ha sido comprometida, para su devolución al Fondo General de la Nación.

    El plazo para verificar este reintegro es 90 días después de transferidas las cuotas del FAM correspondiente a diciembre.

    La modificación de agenda, solicitada por el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, fue aprobada con 56 votos.

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    La “Ley del fondo de apoyo municipal para atender proyectos, actividades sociales o de servicios sociales de los municipios” fue aprobada el 17 de agosto para transferir $50 millones a los municipios para pagar servicios básicos como recolección de desechos y alumbrado, proyectos sociales como viviendas, becas o dirigidos a emprendedores, mujeres, jóvenes, adultos mayores u otros grupos vulnerables.

    En 2024 el Fondo de Apoyo Municipal se redujo de $50 millones a $41.6 millones a lo largo del año y se omitió en el presupuesto 2025, en el cual se aumentó la asignación a la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) de $314.3 millones a $361.2 millones.

    El Fondo era recibido por municipios con una población no mayor a 73,000 habitantes, excepto Antiguo Cuscatlán, del departamento de La Libertad; el 14 % se destinaban a 59 municipios con 1 a 5,000 habitantes, el 40 % a 105 municipios con poblaciones de 5,001 a 15,000 habitantes; un 22 % eran asignados a 49 municipios con una población entre 15,001 y 30,000 habitantes; y el 9 % se destinaban a 15 municipios con una población de 30,001 a 45,000 habitantes.

    En abril de 2024, la Ley especial de transición para la reestructuración municipal facultaba a las alcaldías a utilizar el FAM y el Fodes para atender “cualquier necesidad” únicamente en los dos primeros años de la administración municipal durante el proceso de transición a partir de mayo de 2024.

    En 2021, la Asamblea redujo el Fodes del 10 % al 1.5 % de los ingresos corrientes netos del presupuesto general del Estado a los municipios.

  • Marcela Villatoro pide derogar Ley de Minería Metálica: solo tres votos

    Marcela Villatoro pide derogar Ley de Minería Metálica: solo tres votos

    La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) pidió este martes en sesión plenaria el ingreso de una petición de derogatoria de la Ley de Minería Metálica en El Salvador aprobada el 23 de diciembre y vigente desde el 7 de enero de 2025.

    “Es una ley altamente inconstitucional, el artículo 117 de la Constitución establece que es deber del Estado proteger los recursos naturales y el artículo 1 de la Constitución nos habla sobre el derecho a la vida y la protección a la misma. Es una ley altamente inconsulta”, expresó al inicio de la sesión plenaria.

    La legisladora de oposición agregó que más del 60 % de los salvadoreños están en contra de la minería, más de 18,000 salvadoreños han firmado para que esta ley sea derogada en la plataforma change.org y que la iglesia católica les ha solicitado a los diputados derogar la ley de minería metálica.

    Villatoro cuestionó sobre los supuestos estudios que supuestamente existen en torno a la minería metálica y afirmó que dos estudios del pasado concluyeron que la minería metálica no es factible en El Salvador por su densidad poblacional. «La minería mata, la minería envenena y nos vamos a ver todos los salvadoreños enfermos y muchos muertos, por la culpa de ustedes», afirmó.

    La petición de la diputada de oposición solo logró tres votos, dos de Arena y uno de Vamos. «Con tres votos a favor no hay resolución», dijo el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa.

    Para extraer un anillo se necesitan más de 20 toneladas de roca y tierra de extracción, es demasiado lo que tendríamos que contaminar nuestro medio ambiente para que pudiese existir la minería. Y si un río es contaminado se contaminan todos porque nosotros dependemos del río Lempa.
    Marcela Villatoro (Arena).

    Marcela Villatoro, diputada de Arena, pidió derogar la Ley de Minería Metálica. / Jessica Guzmán.

  • Requisitos, plazos y lugares para pedir los gastos funerarios de cotizantes y pensionados

    Requisitos, plazos y lugares para pedir los gastos funerarios de cotizantes y pensionados

    El Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) informó cuál es el proceso y las fechas límites que deben seguir los beneficiarios o familiares de cotizantes o pensionados por vez que fallezcan, para tramitar el pago de los gastos funerarios.

    ¿Cuáles son los documentos que debe presentar?

    De la persona fallecida, si fue cotizante activo, debe presentar: Documento Único de Identidad (DUI) de dicha persona y partida de defunción. Un requisito para el cotizante es que debe haber cotizado al menos en los meses previos a la fecha de fallecimiento.

    De la persona fallecida, si era pensionada, debe presentar su DUI y la partida de defunción.

    De la persona beneficiaria, debe presentar: el DUI, el documento que compruebe su calidad de beneficiario; y la factura o documento que compruebe los gastos funerarios con fecha de fallecimiento y los nombres del fallecido y beneficiario.

    ¿Dónde realizar el trámite en el ISP?

    El trámite se puede realizar en cualquiera de los Centros de Atención del ISP disponibles en todo el territorio nacional.

    1. ISP Ahuachapán: 1a. Calle Poniente, 2-5 Barrio Centro San Antonio, Ahuachapán. Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Tel. 2560-9200 Ext. 658.
    2. ISP Santa Ana: Calle libertad oriente entre 9ª. y 11ª. calle oriente, Santa Ana. Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 p.m. Tel. 2560-9200 ext. 655.
    3. ISP Sonsonate: 5ª. Calle Pte. No. 2-3 Barrio El Pilar, Sonsonate Centro. Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Tel. 2560-9200 ext. 657
    4. ISP Plaza Soho: Segundo nivel, local #L2-208, Plaza Soho, La Libertad. Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábado 08:00 am a 12:00 m. Tel. 2560-9200.
    5. ISP Mejicanos: Residencial Santa María 2, Calle Magisterial, block H, casa #1, Mejicanos. Lunes a Viernes: 8:00 am a 4:00 p.m. Teléfono: 2560-9200.
    6. ISP Escalón: 87 Avenida Norte #720, Col Escalón San Salvador. Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Teléfono: 2560-9204.
    7. ISP (sede central): Entre 15 y 17 Calle Poniente, Centro de Gobierno, San Salvador. Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Tel. 2560-9200.
    8. ISP Chalatenango: 4ª. Calle Oriente No. 11, Barrio San Antonio, Chalatenango. Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Tel. 2560-9200.
    9. ISP Cabañas: Centro de Gobierno, Barrio El Calvario, Sensuntepeque. Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Tel. 2560-9200.
    10. ISP Usulután: 2ª. Avenida Norte No. 21, Barrio La Parroquia, Usulután. Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Tel. 2560-9200 ext. 647.
    11. ISP San Miguel: Centro de Gobierno, 8ª. Avenida Sur y 15 Calle Oriente, San Miguel. Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Tel. 2560-9200 ext. 644.
    12. ISP Morazán: Centro de Gobierno, Barrio Las Flores, No. 10, San Francisco Gotera. Morazán. Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 04:00 p.m. Tel. 2560-9200 ext. 646.
    13. ISP La Unión: Centro de Gobierno, Avenida General Cabañas, La Unión. Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm.

    El ISSS informó el viernes que el ISP se haría cargo del pago de los gastos funerarios por los fallecimientos de los pensionados por vejez y de cotizantes activos del sistema de pensiones, tanto privado como público.

    El ISP aclaró que quienes recibirán la prestación son los cotizantes activos y los pensionados por vejez, tanto los que cotizan o cotizaron a las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) y de la Unidad de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (UPISSS).

    ¿Cuáles son los plazos para pedir al ISP el gasto funerario de cotizantes y pensionados?

    Si el beneficiario –cotizante o pensionado– falleció del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, la fecha límite para solicitar el beneficio es el 30 de abril de 2025.

    Para los fallecimientos de los beneficiarios que acontezcan a partir del 1 de enero de 2025, el beneficio se debe solicitar 60 días después del fallecimiento.

    Actualmente, el beneficio está legislado en la Ley del ISSS, aún no ha habido una reforma para garantizar el beneficio para los cotizantes de las AFP.

  • Auditoría forense en Arena iniciará con fiscalización al actual Coena: García Saade

    Auditoría forense en Arena iniciará con fiscalización al actual Coena: García Saade

    La auditoría forense que se realizará a los últimos 20 años del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) iniciará con la fiscalización del período del actual presidente de Consejo Ejecutivo Nacional (Coena), Carlos García Saade, anunció él mismo este martes.

    Durante una entrevista en radio YSKL, el

    presidente del Coena, Carlos García Saade, dijo que la auditoría forense iniciará fiscalizando su período en el instituto político porque no pueden pedir transparencia a anteriores dirigencias, «si no comenzamos por nosotros mismos».

    García Saade señaló que la auditoría iniciaría «en unos días» aunque reconoció que aún están «cotizando» con algunas empresas y explicó que la auditoría externa al partido se contrató desde 2023, pero la nueva fiscalización estará orientada a verificar los gastos efectuados por el partido.

    Además, indicó que la auditoría financiera externa se ejecuta cada mes para «transparentar los gastos de la actual renovación».

    «Como renovación de Arena vamos a iniciar el proceso de auditoría forense, iniciando por nuestro periodo porque no podríamos nosotros pedir transparencia para atrás si no comenzamos por nosotros mismos».

    Carlos García Saade, presidente del Coena.

    El dirigente del partido tricolor también criticó por qué «tanta gente ha saltado ante el anuncio de la auditoría». «¿Por qué se han molestado si lo que pedimos es transparencia?», cuestionó, refiriéndose a declaraciones de la diputada Marcela Villatoro, en las que

    pedía que también se auditara la dirigencia actual del partido.

    La semana pasada, el concejal de San Salvador Centro, Alejandro Nóchez, aseveró que en Arena hay

    «amenazas de expulsión» contra los «pocos funcionarios públicos» que tiene el partido «por observar y opinar».

    Al respecto, García Saade dijo sobre Nóchez que se debe «preguntar a Alejandro a qué se refiere» porque no ha «recibido ningún tipo de postura ni de iniciativa por parte de él».

    García Saade indicó que, al concluir la auditoría a su período, van «a ir comenzando a ver hacia atrás». Reiteró su descontento con una deuda de $7 millones que dejaron las administraciones pasadas y el hallazgo dentro de esos $7 millones de «deudas ficticias».

    Durante 10 años,

    el partido habría recibido más de $70 millones en financiamiento, según un informe de Acción Ciudadana.

  • Cancillería reinaugura oficina en Santa Ana para atender 1.4 millones de salvadoreños

    Cancillería reinaugura oficina en Santa Ana para atender 1.4 millones de salvadoreños

    El Ministerio de Relaciones Exteriores reinauguró el lunes sus oficinas en Santa Ana para realizar trámites de auténticas y apostillas luego de que las instalaciones permanecieran cerradas para su remodelación.

    La ministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, aseguró en sus redes sociales que esperan atender al menos a 1.4 millones de salvadoreños residentes en la zona occidental de país con trámites como registro familiar y atención a personas en movilidad.

    «Hoy reinauguramos la Oficina Regional de Cancillería en Santa Ana, un espacio estratégico que beneficiará a más de 1.4 millones de salvadoreños en la zona occidental del país».
    Cindy Portal, viceministra de Diáspora y Movilidad Humana.

    Portal aseveró que los beneficiarios podrán acceder a servicios «modernos y de calidad». La oficina occidental de la Cancillería salvadoreña está ubicada sobre la calle Libertad, en la intersección entre la 9a. y 11a. avenida Norte en las instalaciones de Gobernación en Santa Ana.

    Los empleados de Cancillería atenderán a los salvadoreños de lunes a viernes en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Al evento de reinauguración, asistió el alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, y el presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco.

  • Gobierno disuelve el Instituto de Legalización de la Propiedad y traslada funciones a Vivienda

    Gobierno disuelve el Instituto de Legalización de la Propiedad y traslada funciones a Vivienda

    El Instituto de Legalización de la Propiedad (ILP) deberá transferir todos los archivos, expedientes, bases de datos, credenciales, accesos, códigos fuentes de sistemas informáticos, documentos físicos o digitales y otros activos al Ministerio de Vivienda, durante los primeros tres meses del año 2025.

    Así lo dicta el decreto ejecutivo 31 emitido por el presidente Nayib Bukele el 17 de diciembre de 2024 y vigente desde el 1 de enero de 2025.

    En el acuerdo para disolver el ILP, el presidente Bukele consideró que deben «dar un paso a la modernización» y habla de una «visión que permita concentrar las diferentes dependencias existentes para asegurar una administración más coordinada, consistente y eficiente».

    Según el artículo 4 del decreto, el ILP indemnizará al personal no indispensable. La institución posee aproximadamente 80 empleados, que serán evaluados por el Ministerio de Vivienda para considerar su «continuidad de las competencias» o «para las necesidades organizacionales y administrativas del Ministerio de Vivienda».

    El patrimonio y los activos también serán transferidos al Ministerio de Vivienda.

    Dan nuevas atribuciones de Vivienda

    Al Ministerio de Vivienda le fueron agregadas tres atribuciones relacionadas a la actividad del ILP: brindar seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra a familias de escasos recursos y dar asistencia técnica a instituciones para la legalización de inmuebles, facilitar la legalización de inmuebles en tugurios y zonas marginales en lotificaciones no autorizadas que requieren regularización, y ejecutar procesos de legalización de derechos de propiedad.

    Estas nuevas atribuciones fueron aprobadas por el Consejo de Ministros a través de una reforma al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, el 17 de de diciembre de 2024, mismo día en que se decretó la disolución del ILP.

    El ILP fue creado en 1991 como una institución descentralizada adscrita a la Presidencia de la República para dar asistencia técnica en el registro de inmuebles para familias de escasos recursos económicos y a cargo de un director nombrado por el presidente de la república. Ese año, se creó el programa “El Salvador país de propietarios” para beneficiar a poseedores de lotes en tugurios y zonas marginales.

    Fue a partir de 1994 que se aprobó una reforma para que el ILP fuera dirigido por un Consejo Directivo integrado por cinco miembros, de Vivienda, Obras Públicas, Planificación, Justicia y la entonces Secretaría Nacional de la Familia.

    A partir de una reforma en 2012, al ILP también se le facultó para ejecutar y dirigir los procesos de regularización de los derechos de propiedad, así como calificar de interés social los proyectos destinados a personas de escasos recursos económicos.

    Una reforma posterior pasó el ILP de Presidencia al Ministerio de Vivienda.

    El ILP tuvo un presupuesto de $1,545,941 durante el año 2024, de los cuales $1.2 millones se destinaron para remuneraciones, $225,941 para bienes y servicios, $23,930 para gastos financieros y $7,130 para activos fijos. Del total, $934,755 provienen del gobierno y $611,186 de convenios.

    La institución realiza mediciones de inmuebles, elaboración de planos, inscripción de documentos, escrituraciones, mantenimientos catastrales, actos previos a la escrituración, aprobación técnica de planos, análisis jurídicos, entre otros. Durante 2023, el ILP realizó 1,214 escrituraciones individuales según su memoria de labores.

    Actualmente, su Consejo Directivo está presidido por la ministra de Vivienda, Michele Sol de Castro.

  • Tres condiciones para profundizar relaciones con la gestión Trump en EE.UU. según exasesor en Senado

    Tres condiciones para profundizar relaciones con la gestión Trump en EE.UU. según exasesor en Senado

    Carl Meacham, exasesor del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, parte del panel en la presentación del Índice de Riesgo Político 2025, explicó que los países que quieran profundizar su relación con Estados Unidos deben cumplir tres condiciones ante la «presión enorme y riesgos significativos» que implicará la gestión Trump para América Latina.

    Alinearse con «los intereses» de EE.UU., reducir la dependencia de China e involucrarse en las iniciativas de seguridad de Estados Unidos son las condiciones mencionadas.

    El informe Riesgo Político 2025 define el año 2025 como «un año decisivo para América Latina» por la «incertidumbre global que general el regreso de Trump», quien asume el gobierno estadounidense el 20 de enero.

    Los autores del informe sugieren «ponerle lupa» a Centroamérica, Venezuela, México, Nicaragua y Argentina. En el caso de América Central, advierte que las deportaciones masivas –que podrían afectar a 11 millones de inmigrantes– y las restricciones a las remesas «podrían incrementar la inestabilidad» en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

    Meacham, quien fue parte del personal para América Latina del senador republicano Richard Lugar en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, aseguró que pese a los «desafíos» «hay oportunidades» y definió tres áreas o condiciones que «tendrían que poder alcanzar los países que quieren tener relaciones con Estados Unidos más profundas».

    1. Alineación estratégica con los intereses de Estados Unidos. Aseguró que Argentina y El Salvador tienen esa afinidad pero que países como Brasil y Colombia, con «estrechos lazos con China van a tener una situación difícil».

    2. «La participación en iniciativas de seguridad regional liderada por Estados Unidos van a recibir mayor apoyo de los Estados Unidos».

    3. «Diversificación económica, países que tratan de reducir su dependencia económica de China y explorar nuevos acuerdos bilaterales con Estados Unidos pueden beneficiarse de una relación con Estados Unidos».

    Un enfoque más punitivo y transaccional

    Meacham señaló que el regreso de Trump implicará «un enfoque más transaccional» entre EEUU y América Latina, en torno a restricciones comerciales, deportaciones masivas y competencia geopolítica con China.

    Según el experto, las relaciones comerciales de la región cambiarán con el retorno de Trump al poder, de un enfoque cooperativo “hacia uno más punitivo y transaccional”.

    “Su administración ha demostrado una preferencia de acuerdos bilaterales utilizando aranceles como herramienta de negociación”, advirtió, ejemplificando las amenazas de aranceles del 25 % contra Canadá y México para re-equilibrar el comercio hacia Estados Unidos.

    El regreso de Trump al poder traerá un enfoque más transaccional, unilateral, en las relaciones entre EEUU con América Latina, estos desafíos girarán en torno a restricciones comerciales, deportaciones masivas y competencia geopolítica con China, sin embargo, las oportunidades que mencioné para estabilizar asociaciones estratégicas son las más básicas para la administración Trump y es importante que la región conozca con mucha claridad”.
    Carl Meacham, exasesor del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.

    Según el experto, América Latina enfrenta «riesgos significativos» ante la administración Trump debido a una «política exterior que profundiza el unilateralismo, el transaccionismo y el expansionismo de Estados Unidos».

    «Esto incluye amenazas a la estabilidad regional a través de imposiciones arancelarias, políticas migratorias y reclamaciones territoriales, como recuperar el control del Canal de Panamá, anexar partes de Canadá y Groenlandia”, explicó.

    Aseguró que estas actitudes de Estados Unidos «no solo alinean a socios comerciales clave sino también crean tensiones en la OTAN colocando a América Latina en una posición precaria entre los intereses de Estados Unidos y China».

    Deportaciones como «herramienta de negociación»

    Señaló que la deportación, que afectaría a 11.7 millones de personas que viven en EEUU sin estatus legal, plantean «una presión enorme sobre México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que van a estar en lucha para reintegrar a los migrantes retornados», además de que advirtió que la interrupción de las remesas «crearía una inestabilidad económica y social significativa en Centroamérica y México».

    Meacham augura que probablemente «la administración Trump va a usar las deportaciones como herramienta de negociación para avanzar en sus prioridades políticas».

    Aseguró que también la región sentirá los efectos del «enfoque más militarizado» con planes anunciados para expulsar a migrantes ilegales.

  • San Salvador Centro aprueba $253.4 millones para 2025: ¿cómo se distribuirán?

    El concejo de San Salvador Centro –San Salvador, Ayutuxtepeque, Mejicanos, Cuscatancingo y Ciudad Delgado– aprobó, el 18 de diciembre de 2024, un presupuesto de $253.4 millones para el año 2025.

    Un total de $52 millones de los fondos disponibles para este año provienen de impuestos, $90.3 millones de tasas y derechos pagados por los capitalinos, $82.6 millones de financiamiento y $7.7 millones de contribuciones especiales.

    Una cantidad menor, $4.1 millones, provienen del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes).

    ¿Cómo se distribuye el gasto en San Salvador Centro?

    Distrito de San Salvador
    Remuneraciones: $38.7 millones.
    Bienes y servicios: $47.3 millones.
    Gastos financieros: $3.7 millones.
    Transferencias corrientes: $46.1 millones.
    Inversiones en activos fijos: $61.8 millones.
    Total: $197,868,641.99

    • Centro de Formación Laboral de San Salvador: $1,44,038.12
    • Administración General de Cementerios de San Salvador Centro: $2,403,781
    • Comité de Festejos de San Salvador: $4,487,570.50
    • Administración municipal de mercados de San Salvador: $6,686,036.59.
    • Secretaría de Cultura de San Salvador: $2,541,825.
    • Secretaría de la Mujer y Familia de San Salvador: $2,812,132.
    • Instituto Municipal de Deportes y Recreación: $3,600,919.81.
    • Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos: 30,853,000.

    Distrito de Mejicanos
    Remuneraciones: $4.3 millones.
    Bienes y servicios: $6.3 millones.
    Gastos financieros: $149,347.
    Transferencias corrientes: $1.3 millones.
    Inversiones en activos fijos: $1.08 millones.
    Total: $13,341,887.31.

    Distrito de Ayutuxtepeque
    Remuneraciones: $738,022.36.
    Bienes y servicios: $1,744,854.81.
    Gastos financieros: $64,975.77
    Transferencias corrientes: $480,000.
    Inversiones en activos fijos: $71,505.28.
    Total: $3,320,709.33

    Distrito de Cuscatancingo
    Remuneraciones: $2.3 millones.
    Bienes y servicios: $3.1 millones.
    Gastos financieros: $78,646.77.
    Transferencias corrientes: $745,400.
    Inversiones en activos fijos: $777,638.86.
    Total: $7,089,717.32.

    Distrito de Ciudad Delgado
    Remuneraciones: $3.2 millones.
    Bienes y servicios: $8.09 millones.
    Gastos financieros: $161,579.
    Transferencias corrientes: $39,500.
    Inversiones en activos fijos: $6.5 millones.
    Total: $19,013,261.24.

    El concejo también aprobó, el 23 de octubre pasado, un incremento de su presupuesto municipal 2024 en $1,370,284.78, haciendo un total de $195,831,605.12, es decir, $195.8 millones.

    En el área de los ingresos se refuerza el endeudamiento público y de transferencias de capital. En el área de los gastos, también se modificaron asignaciones en adquisición de bienes y servicios, gastos financieros, transferencias corrientes y amortización de endeudamiento público.

    • Adquisición de bienes y servicios: se refuerza con $88,600.
    • Gastos financieros y otros: se refuerza con $12,791,817.73.
    • Transferencias corrientes: se refuerza con $1,098,035.78.
    • Amortización de endeudamiento público: se refuerza con $8,443,246.82.
  • Índice de Riesgo Político 2025 prevé inestabilidad por Trump y reordena los 10 riesgos en América Latina

    Índice de Riesgo Político 2025 prevé inestabilidad por Trump y reordena los 10 riesgos en América Latina

    La inseguridad y el crimen organizado, la corrupción y una nueva ola de deportaciones masivas son los primeros riesgos políticos de América Latina según el más reciente «Informe de Riesgo Político en América Latina 2024«, que advierte una incertidumbre por el inicio del gobierno de Donald Trump el 20 de enero.

    Según el informe, publicado este lunes el Centro de Estudios Internacionales (CEIUC), las políticas migratorias de Trump, como las deportaciones masivas y las restricciones a las remesas, podrían incrementar la inestabilidad en países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, «exacerbando problemas de pobreza y violencia».

    El regreso de Trump al poder traerá un enfoque más transaccional, unilateral, en las relaciones entre EEUU con AL, estos desafíos girarán en torno a restricciones comerciales, deportaciones masivas y competencia geopolítica con China.
    Carl Meacham, exasesor del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU.

    El informe advierte que cinco de los primeros diez riesgos son factores geopolíticos: persistencia de la inflación, agravamiento del cambio climático, auge del proteccionismo, irrelevancia regional y escalada de conflictos bélicos.

    Estos son los 10 riesgos políticos en América Latina según el Índice de Riesgo Político 2025:

    1. Inseguridad, crimen organizado y narcotráfico. Se mantiene como riesgo número uno de la región de América Latina de 2024 a 2025.

    2. Aumento de corrupción e impunidad. Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales, advirtió que la lucha contra la corrupción está estancada y hay poca claridad de la relación entre política y dinero. Se mantiene como segundo riesgo político.

    3. Nueva ola migratoria y deportaciones masivas. La nueva ola migratoria y deportaciones masivas suben del quinto al tercer lugar como riesgo de carácter estructural.

    4. Democracia sin delivery y avance del autoritarismo. Baja de tercer a cuarto lugar entre el top 10 de los riesgos políticos de América Latina.

    Si bien Latinobarómetro muestra un alza marginal de dos a tres puntos en la valoración de la democracia sigue persistiendo que la mitad de los latinoamericanos son indiferentes al régimen político mientras el gobierno le resuelva sus problemas”.
    Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales.

    5. Desinformación y polarización tóxica. La desinformación y polarización tóxica, que promueve una política del insulto, un tema con el auge de de las redes sociales, aparece como quinto riesgo político más grave. Este riesgo no apareció entre los 10 riesgos políticos de 2024.

    6. Persistencia inflacionaria, que si no se resuelven los conflictos bélicos y hay un auge de proteccionismo, puede generar una presión inflacionaria.

    7. Agravamiento de cambio climático. Estaba en décimo y sube al séptimo lugar.

    8. Auge del proteccionismo. Una economía global que aumenta aceleradamente sus medidas proteccionistas, como una herramienta de presión política.

    9. Irrelevancia regional. Una política de “sálvese quien pueda”. “Brasil aspirando a hacer este G8, esta octava economía; Argentina con Milei buscando marcar una distinción ideológica, Petro en Colombia siendo un comentarista político distinto, lo mismo ocurre con Bukele, vemos poco ánimo de integración”, dice Jorge Sahd, director de Centros Estudios Internacionales.

    10. Escalada de conflictos bélicos. Se mencionan la guerra de Rusia en Ucrania y el conflicto entre Israel y Gaza como principales. El director de Centros de Estudios Internacional señala que «aquí será clave cómo serán los primeros 100 días en el gobierno de Trump, si tendrá una forma disruptiva de negociación».