Categoría: Politica

  • Gran Ducado de Luxemburgo inaugura nueva sede en San Salvador

    Gran Ducado de Luxemburgo inaugura nueva sede en San Salvador

    El Gran Ducado de Luxemburgo inauguró la semana pasada las instalaciones de su nueva sede de operaciones en San Salvador a través de la Agencia de Cooperación Lux Dev. Las autoridades no informaron dónde está ubicada la nueva sede.

    La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, aseguró que la inauguración de estas oficinas refleja el «compromiso continuo de fortalecer nuestros lazos bilaterales» y para «seguir trabajando en iniciativas conjuntas» para los salvadoreños.

    Durante su discurso, Mira también agradeció a la nación «el respaldo de esta nación europea por medio de iniciativas enfocadas al autoempleo de jóvenes» en el que se han usado 7.5 millones de euros.

    «Esta apertura de sede es la culminación de un trabajo constante y que es la decisión de instalarse en El Salvador. Estamos muy contentos porque esto significa que hay planes de trabajo a futuro».
    Adriana Mira, viceministra de Relaciones Exteriores.

    De parte del gobierno salvadoreño estuvieron presentes en el evento la vicecanciller, Adriana Mira, y la directora de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), Karla de Palma.

    Mientras que, por parte del Gran Ducado de Luxemburgo, asistió el director de la Agencia, Manuel Tonar, el representante residente de la agencia, Frank Wolff, y el encargado de programas, Thierry Girad.

  • Eximen de impuestos donación de medicinas de Fundación y compra a AstraZeneca

    Eximen de impuestos donación de medicinas de Fundación y compra a AstraZeneca

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa exoneró del pago de impuestos, incluyendo IVA y derechos arancelarios a la importación (DAI) «una donación de medicamentos para leucemia» y la compra de otro medicamento para el» tratamiento contra el cáncer de pulmón» no microcítico con mutación positiva de EGFR.

    Según el proyecto enviado por el ministro de Salud, Francisco Alabí, el Ministerio de Salud compró 475 cajas de «Osimertinib Tagrisso 80m (30 comprimidos) a AstraZeneca», en «sustitución parcial» de un «contrato de compraventa por anticipado para el «suministro de AZD2222», nombre que le dio a la vacuna contra el «covid-19» desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca.

    Este contrato de compraventa sustituido parcialmente fue firmado entre la FundaGeo y el Ministerio de Salud. La adquisición del nuevo medicamento para cáncer de pulmón está amparado en la factura 6400025032 del 28 de agosto de 2024 y el convenio de cooperación entre Minsal y LaGeo del 22 de abril de 2022.

    La Comisión también aprobó una exoneración a una donación de otro medicamento para la leucemia que realizará la «Fundación MaxAid», una organización con sede en Seattle, Estados Unidos, que tiene un programa global sobre el cáncer.

    La donación busca beneficiar a «pacientes del Hospital Nacional Rosales que padecen leucemia mieloide crónica o tumores de estroma gastrointestinales «(GIST).

    Son «900 cajas de Glivec FCT 400 mg. y 500 cajas de Glivec FCT 100 mg». Los diputados aprobaron ambas exoneraciones por unanimidad.

    Aunque en la presentación de la Dirección General de Aduanas se presentaron ambas como donaciones, el diputado Christian Guevara aclaró que una era donación y el otro expediente es una exoneración a la adquisición que está haciendo el Ministerio de Salud.

  • Avalan garantías para $190 millones del BID para que Bandesal dé créditos a mipymes

    Avalan garantías para $190 millones del BID para que Bandesal dé créditos a mipymes

    Diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobaron este lunes los dictámenes 62 y 63 para autorizar al Ministerio de Hacienda a otorgar las «garantías soberanas del Estado» en dos créditos que suman $190 millones y que están siendo gestionados por el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

    El primer préstamo por $60 millones servirá para dar préstamos a las micro, pequeña y mediana empresas (mipymes) que quieran invertir en ahorro de energía y reducción de gases de efecto invernadero.

    El segundo préstamo por $130 millones serviría para dar créditos a las mipymes para que inviertan en centros de datos o compra de equipo o programas informáticos. Es el «Programa de apoyo a la transformación tecnológica y digital de mipyme en El Salvador».

    Los créditos a las mipymes serán otorgados mediante las instituciones financieras intermediarias (IFI) o bancos a condiciones aún no detalladas.

    Según Delia Reyes, subdirectora de Inversión y Crédito Público, el artículo 148 de la Constitución permite al Poder Ejecutivo otorgar una garantía previa autorización de la Asamblea Legislativa. La gestión de estos préstamos, según la funcionaria, inició en el segundo semestre de 2023.

    Ambos préstamos deben ser cancelados al BID en un plazo mayor a los 23 años. Para otorgar los créditos a las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, conocidas como «mipymes», que serán beneficiadas, se exigirá «ser un cliente solvente sujeto de crédito».

    Las condiciones de dos créditos por $130 millones que dará el BID a Bandesal para préstamos a las mipymes

    1. Préstamo de $60 millones para reducir emisiones de gases de efecto invernadero de las mipymes
    Condiciones:

    Plazo del préstamo: 23.6 años.
    Periodo de gracia: 7 años.
    Tasa de interés: variable base SOFR más margen aplicable a préstamos de capital ordinario.
    Comisión del crédito: hasta 0.75 % por año.

    ¿Para qué destinos darán los créditos a las mipymes en el programa de reducción de gases de efecto invernadero?
    1. Calderas de alta eficiencia
    2. Iluminación de alta eficiencia
    3. Motores y bombas eléctricas de alta eficiencia
    4. Hornos de alta eficiencia
    5. Sistemas solares térmicos
    6. Sistema de biogás
    7. Generación solar fotovoltaica

    ¿Quiénes serían los beneficiarios?
    Micro, pequeña y mediana empresas (mipymes) de todos los sectores de la economía.

    ¿Cuáles serán los requisitos?
    1. Ser un cliente solvente sujeto de crédito.
    2. Usuarios que califiquen como mipymes.
    3. Cumplir con requisitos del crédito de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI).

    2. Préstamo de $130 millones del BID a Bandesal la transformación digital de las mipymes
    Condiciones:
    Plazo del préstamo: 23 años y seis meses.
    Periodo de gracia: 7 años.
    Tasa de interés: variable base SOFR más margen aplicable a préstamos de capital ordinario.
    Comisión del crédito: hasta 0.75 % por año.
    Pagos: semestrales.

    ¿Para qué destinos darán los créditos a las mipymes en el programa de transformación digital?
    1. Compra de equipo, maquinaria y programas informáticos.
    2. Contratación de garantías extendidas, actualizaciones y mantenimiento de equipos y maquinarias.
    3. Capacitación en transformación tecnológica digital, certificaciones y capital de trabajo asociados a la transformación tecnológica.
    4. Construcción o remodelaciones de centros de datos.

    Durante la aprobación, la diputada Dania González (Nuevas Ideas), preguntó cuáles son las instituciones financieras intermediarias (IFI) para que los propietarios de los negocios lo sepan y cuáles podrían ser las tasas de interés para los créditos que serían otorgados a las mipymes.

    La subdirectora de crédito público respondió que las IFI son «todos los bancos, las facultadas para otorgar créditos a los usuarios». Explicó que las micro, medianas y pequeñas empresas están definidas por la cantidad de sus empleados a partir de 10, 50 y 100 trabajadores; y en función del volumen de sus ventas, de $175,000 anuales, $1.7 millones anuales y $7 millones anuales.

    El diputado Edgardo Mulato (Nuevas Ideas) preguntó detalles sobre la tasa de interés que deberá pagar el Estado salvadoreño al préstamo al BID.

    La representante de Hacienda explicó que la tasa SOFR sustituyó a la tasa LIBOR, la base para determinar el costo del financiamiento y es variable, pero que actualmente asciende al 6 % anual.

  • Manuel "El Chino" Flores: "La Ley Anticorrupción es una ley que protege a sus corruptos"

    Manuel «El Chino» Flores: «La Ley Anticorrupción es una ley que protege a sus corruptos»

    El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) calificó la Ley Anticorrupción como «impopular» y aseveró que ha sido creada por el gobierno para proteger «a sus corruptos» y perseguir «a los empleados».

    La ley aprobada el viernes por la Asamblea Legislativa sería «impopular» entre los salvadoreños según el secretario general del FMLN, Manuel «El Chino» Flores, pues asegura que la normativa busca «proteger a sus corruptos» mientras persigue «a los empleados».

    «Después de estar aprobando leyes impopulares como por ejemplo, la ley anticorrupción que prácticamente es una ley que protege a sus corruptos porque de aquí en adelante a los que van a perseguir son a los empleados no a los funcionarios».
    Manuel «El Chino» Flores, secretario general del FMLN.

    Flores considera que con esta normativa se deja «fuera a Probidad» la sección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde los funcionarios deben presentar sus declaraciones patrimoniales antes de asumir un cargo y después de ejercelo.

    La nueva legislación fue aprobada el viernes con 59 votos de los diputados de Nuevas Ideas, Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Partido de Concertación Nacional (PCN) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Solo Vamos se abstuvo en la votación.

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    Por otro lado, Acción Ciudadana y Cristosal señalan que la Ley Anticorrupción promovida por el presidente Nayib Bukele reúne lo ya «regulado en otras leyes», por ello, la califican como un «recopilatorio» pues los funcionarios y empleados siempre deberán presentar sus declaraciones a la Sección de Probidad de la CSJ.

    Actualmente, la declaraciones patrimoniales no son públicas, por lo que, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, aseguró que «cada vez hay menos información respecto a la presentación de estas declaraciones».

    Con esta nueva ley, la Fiscalía General de la República (FGR) tendría que asumir la dirección del nuevo Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (Sinac). La semana pasada, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que tienen «la capacidad de asumir estas nuevas responsabilidades».

  • FMLN señala al Gobierno de "esconder" cifras de deportados

    FMLN señala al Gobierno de «esconder» cifras de deportados

    El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) señala al Gobierno de Nayib Bukele de «esconder» las cifras de los salvadoreños deportados desde Estados Unidos.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró la semana pasada de no han recibido deportaciones masivas.

    El secretario general del FMLN, Manuel «El Chino» Flores acusó este lunes al gobierno de «esconder completamente toda la información» sobre los salvadoreños deportados aunque dijo que los salvadoreños se enteran «a través de las redes».

    «Hay deportaciones que no se están dando a conocer en nuestra población, están escondiendo completamente toda la información respecto a las deportaciones».
    Manuel «El Chino» Flores, secretario general del FMLN.

    Flores aseguró que tienen información de «ya hay persecución por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos». «Pero siempre en las redes encontramos la información», afirmó el dirigente partidario.

    El dirigente de izquierda señaló al gobierno y a los diputados de «guardar silencio» ante los compatriotas deportados. Las autoridades salvadoreñas no han revelado la cifra de deportaciones desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió su segundo mandato.

    La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, asegura la semana pasada que solo han recibido las deportaciones «habituales» pero no masivas como habían sido anunciadas por el presidente Trump durante su campaña presidencial.

    «Han venido regular los (vuelos ordinarios), pero no en esa deportación masiva que ha sido anunciada en otros países, definitivamente que no», indicó la vicecanciller a medios de comunicación.

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) reportó en 2024 que 15,284 salvadoreños con estatus irregular en el país norteamericano habían sido deportados siendo el tercer año con más deportaciones desde 2018.

  • Acevedo: deportación masiva provocaría «catástrofe» en El Salvador y ve «carta de negociación» en oferta de Bukele

    Carlos Acevedo, economista y estudioso de la política nacional e internacional, calificó este lunes de «carta posible de negociación en el futuro para beneficiar a los migrantes» la oferta del presidente Nayib Bukele de encarcelar a criminales extranjeros, incluso estadounidenses, en El Salvador.

    «Es una carta posible de negociación en el futuro para beneficiar a los migrantes. Sí, yo creo que está bien, a veces tenés que negociar con el diablo», dijo en la entrevista de La Tribu de este lunes.

    Aseguró que el gobierno ya «negoció con las pandillas en la primera etapa» y que lo consideró en aquel momento una «decisión correcta porque las pandillas tenían de rehenes a la población de El Salvador». «Obviamente no lo reconoce pero obviamente así fue», añadió.

    Según Acevedo, en El Salvador los criminales extranjeros «van a sentir el ácido, van a estar deseando haberse quedado en las cárceles de Estados Unidos».

    «Yo el beneficio mayor que le veo es que es una potencial carta de negociación a la hora de buscar un trato preferencial para los salvadoreños allá».
    Carlos Acevedo, economista.

    El también expresidente del Banco Central de Reserva explicó una deportación masiva de salvadoreños desde Estados Unidos provocaría una «catástrofe» en El Salvador, echando al traste cualquier esfuerzo del gobierno por mejorar la economía local.

    «Todo lo que haciendo el gobierno para tratar de levantar la economía se va al carajo», fueron sus palabras.

    Lo explicó: hay 1.4 millones de salvadoreños en Estados Unidos según el Censo de Población de Estados Unidos y la mitad de estos está en estatus irregular, además hay 1.2 millones de salvadoreños nacidos en Estados Unidos.

    Si se deportan 700,000 personas en estatus irregular, El Salvador no tendría capacidad de dar empleo, educación y salud a 700,000 personas más, además de las remesas que dejarían de llegar a El Salvador.

    Esto, agregó, provocaría «una economía en recesión con 700,000 (salvadoreños) más buscando empleo, bienes públicos, sería una crisis humanitaria social que no sé si alguna vez hemos visto en El Salvador».

  • Gobierno creará una agencia nacional y un registro de Inteligencia Artificial

    Gobierno creará una agencia nacional y un registro de Inteligencia Artificial

    El Gobierno creará una Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), que estará adscrita a la Presidencia de la República y coordinará actividades relacionadas a la Inteligencia Artificial (IA) en El Salvador.

    La ministra de Economía, María Luisa Hayem, entregó a la Asamblea Legislativa el proyecto de «Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías» el pasado 6 de febrero, a las 2:48 p.m. El proyecto ingresó mediante cambio de agenda en medio de la sesión plenaria.

    La ley promete que el Estado asistirá a los desarrolladores para registrar sus innovaciones de IA que sean de su propiedad intelectual.

    El proyecto, que será estudiado por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa, exige a las entidades o personas que realicen actividades con datos de dominio abierto o de su propiedad, que no tengan fines comerciales o uso público general, se inscriban en el Registro Nacional de Desarrollo, Innovación y Aplicación de IA.

    Los sujetos que se encuentren en el Registro deberán cumplir una normativa técnica «según las hubiera» y tendrán ciertos beneficios como ser exentos de «responsabilidad alguna» por «consecuencias no deseadas o errores que deriven de ellas».

    Otra salvaguarda para ellos es la exención de responsabilidad a desarrolladores de IA por el uso «indebido» de herramientas, si demuestran «esfuerzos razonables» de garantizar estándares de seguridad y ética.

    La normativa también busca que ninguna entidad privada ponga condiciones para mejorar resultados generados por la IA, excepto «la legislación salvadoreña». Sin embargo, toda propiedad intelectual desarrollada de la IA pertenecerá a la entidad o persona desarrolladora.

    Si estas actividades de la IA se relacionan con las funciones de instituciones públicas o son supervisadas por alguna autoridad administrativa también deberán cumplir normas de seguridad establecidas por la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE).

    Además, la Agencia de Inteligencia Artificial diseñará el marco de «evaluación de riesgos» que deberán aplicar los sistemas con «datos confidenciales, reservados o personales»; tendrá 90 días para hacerlo.

  • TSE integrará a Fuerza Solidaria en Junta de Vigilancia Electoral

    TSE integrará a Fuerza Solidaria en Junta de Vigilancia Electoral

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó esta semana a la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) que autorizó al partido Fuerza Solidaria para integrarse a este ente fiscalizador, sin embargo, Vamos denuncia que no se aumentó el presupuesto y que se mantienen deudas.

    La directora de Vamos ante la JVE, Wendy Alfaro, aseguró que el TSE les envió esta semana una correspondencia para informarle que Fuerza Solidaria había sido autorizado para integrarse la Junta y les solicitó que «fueran incluidos dentro del presupuesto».

    Alfaro criticó que «el presupuesto actual de $865,010 es para ocho partidos» y no para 11 como se le pide actualmente. Este presupuesto se mantiene desde 2021, y aunque nuevos partidos han sido inscritos, este no se ha aumentado para la fiscalización.

    El Código establece que el TSE debe incluir en su presupuesto anual, el presupuesto de la JVE y solicitar un refuerzo presupuestario “al constituirse un nuevo partido político”.

    «Esta semana que inició hemos leído esa correspondencia, donde se nos informaba que ellos ya habían sido autorizados y que pues se solicitaba que fueron incluidos dentro del presupuesto».

    Wendy Alfaro, directora de Vamos ante la JVE.

    Por ello, Alfaro dijo a Diario El Mundo que han solicitado un refuerzo presupuestario de $200,000 para «incluir a los partidos que no están dentro del presupuesto», así como para «suplir las otras necesidades de vigilancia» que no se están cumpliendo por falta de fondos.

    En ese sentido, la representante partidaria aseguró que la Junta de Vigilancia Electoral «no está jugando el papel que mandata la ley», pues «hay deficiencia en las economías y no tenemos presupuestos». «Hay muchos procesos que no se cumplen porque dependemos directamente del TSE», afirmó Alfaro a los medios de comunicación.

    Persiste deuda en las dietas

    Además, Alfaro indicó que aún persiste una deuda acumulada con representantes partidarios de institutos políticos desaparecidos como Nuestro Tiempo y Cambio Democrático (CD), cuyos representantes no recibieron el pago de sus dietas.

    «A la fecha se va acumulando una deuda desde partidos que no existen pero que se tiene que cumplir porque así lo dice la ley, pero sumado a ello, ahora se integra un nuevo partido a la Junta», indicó.

    Hasta junio de 2024, Diario El Mundo documentó que «en dietas se debían al menos $134,642.40 acumulados desde 2021» hasta mayo de 2024. Las dietas se debían a representantes de del Partido Independiente Salvadoreño (PAIS), Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) y a los partidos cancelados Nuestro Tiempo y CD.

    El Código Electoral reconoce a la JVE como un organismo permanente que debe fiscalizar la conformación del Registro Electoral, la emisión y entrega de los Documentos Únicos de Identidad (duis) y el estricto cumplimiento de la ley en los procesos electorales de El Salvador.

  • Organizaciones señalan que ley anticorrupción recoge lo ya "regulado en otras leyes"

    Organizaciones señalan que ley anticorrupción recoge lo ya «regulado en otras leyes»

    Las organizaciones Acción Ciudadana y Cristosal señalan que la nueva Ley Anticorrupción aprobada a propuesta del presidente Nayib Bukele reúne lo ya «regulado en otras leyes» y la califican como un «recopilatorio» de obligaciones contempladas en otras disposiciones.

    Además, dudan de la capacidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para asumir sus nuevas responsabilidades.

    El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, aseguró a Diario El Mundo que lo planteado en la ley anticorrupción «ya está regulado en otras leyes» como la obligatoriedad de presentar declaraciones de patrimonio de los funcionarios contemplada en el artículo 3 de la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos.

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    Escobar criticó que «muchos» funcionarios del gobierno actual «no han presentado» sus declaraciones patrimoniales en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y señaló que «cada vez hay menos información respecto a la presentación de estas declaraciones».

    «Mucho de lo que está planteando el presidente en esa supuesta ley ya está regulado en otras leyes. Por ejemplo, el tema de las declaraciones de patrimonio. Es cierto que en la ley está que se presenta cada inicio o final de gestión y que debe de ser público, pero nosotros lo que vemos es que muchos de sus funcionarios no la han presentado».
    Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.

    Por su parte, la jefa Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth López, aseveró a El Mundo que la ley «es una recopilación de obligaciones que ya se encuentran recogidas en otras regulaciones», aunque reconoce que estas «podrían considerarse ampliadas para todas las instituciones públicas y no solo para el Ejecutivo», de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (RIOE).

    Sin embargo, López asegura que «en el país ninguna institución constitucional y legalmente a cargo cumple con su función de enfrentar seriamente la corrupción y en la impunidad», mientras que Escobar considera que el actual gobierno «no ha tenido nunca una actitud de combate a la corrupción». «Solo ha perseguido selectivamente la corrupción», afirmó.

    «El anteproyecto es una recopilación de obligaciones que ya se encuentran recogidas en otras regulaciones y que si bien podrían considerarse ampliadas para todas las instituciones públicas… Lo cierto que en el país ninguna institución constitucional y legalmente a cargo cumple con su función de enfrentar seriamente la corrupción».
    Ruth López, jefa Anticorrupción y Justicia de Cristosal.

    Escobar reprochó que, pese a que la Ley de Acceso a la Información Pública contempla la divulgación de las declaraciones patrimoniales, esto «no lo están cumpliendo» los funcionarios actuales. «Lo que está diciendo el presidente son cosas que ya están reguladas y que no están cumpliendo ellos», indicó.

    ¿La Fiscalía está capacitada?

    Ambos analistas coinciden que, para conocer si la Fiscalía General de la República (FGR) está capacitada para asumir la dirección del nuevo Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (Sinac), se debe conocer si es independiente para «perseguir la corrupción».

    Escobar considera que la independencia es necesaria porque, si no, «no van a perseguir adecuadamente la corrupción, porque van a responder a los intereses políticos de la Presidencia o de la Asamblea Legislativa».

    Para López, en la FGR no solo se requiere de «más presupuesto» para cumplir con sus nuevas funciones, sino que hay que tomar en cuenta «la curva de aprendizaje» que ha significado «la salida de muchos fiscales de experiencia» que fueron retirados en 2021 por decreto.

    Además, considera que «es evidente la falta de independencia del titular» de la FGR, pues considera que «responde a intereses políticos partidarios»; Rodolfo Delgado asumió la Fiscalía el 1 de mayo de 2021 cuando el entonces fiscal fue destituido por Nuevas Ideas.

    El miércoles pasado, el fiscal Delgado aseguró a los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa que tienen «la capacidad para asumir estas nuevas responsabilidades». La nueva normativa fue aprobada por el pleno este viernes.

  • Bukele dice en El Salvador no hay oposición sin dinero de USAID

    Bukele dice en El Salvador no hay oposición sin dinero de USAID

    El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseveró este domingo que «no hay oposición sin dinero de USAID», la agencia gubernamental de ayuda internacional de Estados Unidos que tiene los fondos congelados por orden de Donald Trump, junto con una imagen aérea de la protesta contra la minería en la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES).

    Bukele aseguró que «toda la oposición local convocó a una manifestación masiva contra la minería» y se unieron al «llamamiento», el «90 %» de las organizaciones no gubernamentales, «universidades, iglesias y grupos activistas».

    «Llevaron a cabo una campaña de un mes en los principales medios de comunicación y las redes sociales, contaron con el apoyo de los medios de comunicación más poderosos del país, eligieron un día festivo (el domingo) para que nadie tuviera que trabajar, organizaron actos preparatorios y más. Esto es lo que lograron. Está claro que no hay oposición sin dinero de USAID», dijo en redes sociales.

    En la protesta realizada esta mañana frente a la BINAES asistieron jóvenes estudiantes, algunos miembros de la Federación Estudiantil Salvadoreña (FES) y del Bloque de Rebeldía y Resistencia Popular (BRP).

    La Asamblea Legislativa revirtió la prohibición de la minería metálica el 23 de diciembre de 2024. A la oposición a la minería metálica se ha unido la Iglesia Católica.

    Después de su segundo triunfo electoral, en febrero de 2024, Bukele declaró a la oposición «pulverizada» y dijo que El Salvador sería la primer democracia con un solo partido político. Luego de una reducción en la cantidad de diputados de 84 a 60, la oposición quedó solo con tres escaños.