Categoría: Politica

  • ISP se hará cargo de gastos de funeral para cotizantes de AFP y pensionados según ISSS

    ISP se hará cargo de gastos de funeral para cotizantes de AFP y pensionados según ISSS

    El Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) se hará cargo del pago de los gastos funerarios por la muerte de personas pensionadas tanto del sistema público (Unidad de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, UPISSS) como del sistema privado (Administradoras de Fondos para Pensiones o AFP).

    El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) informó, en un comunicado emitido el 9 de enero, que el beneficio de «auxilio de sepelio» será pagado por el ISP y menciona entre los beneficiados a los «cotizantes activos del sector público/privado» y los pensionados.

    El ISP es la institución que sustituyó al Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) con nuevas funciones, como aprobar la emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) –adquiridos por las AFP con los ahorros para pensiones– para financiar obligaciones previsionales.

    La prestación de gastos de funeral estaba incluida en el artículo 216 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) –derogada en diciembre de 2022– que otorgaba el beneficio por los fallecimientos de los pensionados mediante el «Régimen de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales», el cual es administrado por el ISSS.

    Sin embargo, la prestación aún sigue vigente en la ley del ISSS, concretamente en su artículo 66, que establece que «el fallecimiento del asegurado o pensionado causará derecho a una cuota única para gastos de sepelio que el Instituto (ISSS) entregará a sus deudos o a quien hubiera costeado los funerales».

    Pero un analista consultado al respecto aseguró que la ley del ISSS solo estipula la prestación «para los beneficiarios del ISSS, por lo que, salvo alguna reforma que puedan hacer, no aplicaría para los del SAP», es decir, para los cotizantes o pensionados que cotizaron en las AFP. Sin embargo, el ISSS prometió, en el comunicado, que la prestación aplicará a los «pensionados de AFPs».

    Patricio Pineda, de la Mesa por una Pensión Digna, explicó que el beneficio está fundamentado en el decreto 696 del año 2020, una reforma a la Ley del INPEP que otorgaba la prestación en caso de fallecimiento de pensionados. Esta reforma cita el artículo 66 del ISSS, aún vigente, que otorga al asegurado o pensionado la «cuota única para gastos de sepelio».

    Pineda cree que el ISP tomará los fondos de la «Cuenta de Garantía Solidaria (CGS)», un fondo que financia las pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia cuando se agotan los ahorros del pensionado en el Fondo de Pensiones en su Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones, así como el pago de Certificados de Traspaso y las devoluciones de aportes a afiliados que no cumplen requisitos (artículos 97 y 119).

    ¿De dónde salen los fondos de la CGS? De la cotización a cargo de los empleadores de los trabajadores que cotizan en las AFP y de las cotizaciones especiales de la pensión mensual de los afiliados pensionados por vejez. La ley indica que, si la CGS es insuficiente para cubrir las obligaciones, «le corresponderá concurrir al Estado» según el «artículo 50 de la Constitución de la República».

    Pineda sostiene que no se sabe cuánto dinero tiene la CGS actualmente. «En base a análisis actuarial ronda más o menos en $2,500 millones disponibles», dice, pero sostienen que toda esa información está bajo reserva.

  • Bukele sancionó la Ley de Minería Metálica e inició vigencia el 7 de enero

    Bukele sancionó la Ley de Minería Metálica e inició vigencia el 7 de enero

    El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sancionó el lunes 23 de diciembre de 2024 la Ley General de Minería Metálica, por lo cual derogatoria de la prohibición de la minería metálica en territorio salvadoreño inició su vigencia 15 días después, el martes 7 de enero de 2025.

    La ley permite la exploración, explotación y extracción de metales, así como toda actividad minera metálica, en el suelo y subsuelo y en el dominio marítimo de El Salvador, sin necesidad de concesión aprobada por la Asamblea Legislativa.

    La institución encargada de regular estas actividades será la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DEHM) –que tendrá una Dirección de Minas (DM)– pero el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) serán encargados de “preservar el recurso hídrico” y de que se cumplan “las condiciones medioambientales.”

    La explotación minera podrá ser realizada únicamente por el Estado pero podrá hacerlo “a través de sociedades en la que posea participación accionaria y de economía mixta.” La ley no establece el mínimo de participación accionaria que deberá tener el Estado en estas sociedades.

    La ley prohíbe expresamente el uso de mercurio, aunque no del cianuro. El resto de sustancias deberán ser autorizadas por la DM.

    Un hombre se lava las manos en un río contaminado por la actividad minera en Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, El Salvador, el 5 de diciembre de 2024. / AFP.

  • Organizaciones marcharán el domingo por los Acuerdos de Paz y contra régimen de excepción

    Organizaciones marcharán el domingo por los Acuerdos de Paz y contra régimen de excepción

    El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) convocó este viernes a una marcha en conmemoración de los 33 años de la firma del Acuerdo de Paz que ocurrió el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, México.

    Durante la conferencia de prensa gritaron consignas contra la minería y contra el régimen de excepción. “Defendemos inocentes, no a delincuentes”, exclamaban.

    La marcha partirá a las 8:00 del parque Cuscatlán.

    Según Francisco Parada, del BRP, en la marcha exigirán “un cese a la persecución política, arrestos arbitrarios, despidos y despojos de las tierras”. Sonia Urrutia, representante del BRP, hizo un “llamado” a la movilización por “desmontar esta militarización” del gobierno.

    A la marcha se unirán los miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), cuyo representante, Samuel Ramírez, aseguró que pedirán la libertad de todos los inocentes capturados durante el régimen de excepción, una medida que cumplirá tres años el 27 de marzo de 2025.

    “Miren lo que pasó en Izalco, un conflicto interno dentro de las pandillas, pareciera que no hay control en las pandillas ni siquiera en las cárceles, entonces, ¿qué pasa con este régimen?”, dijo Ramírez.

    Fidel Antonio Zavala, quien denunció torturas luego de estar detenido y ahora es vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidech), agregó que el régimen de excepción es “un régimen que está matando la gente allá dentro”. “Eso no es control en las cárceles, el control lo tienen los reos, no el gobierno. Derechos humanos como se pelearon hace 33 años no hay”, expresó.

  • Casi 6,000 empleados públicos han sido despedidos en ocho meses

    Casi 6,000 empleados públicos han sido despedidos en ocho meses

    Casi 6,000 empleados públicos han sido despedidos del gobierno desde junio de 2024 hasta enero de 2025, según las cifras del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), la mayoría registrados en la Asamblea Legislativa y la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

    El Movimiento ha registrado 2,250 despidos de junio a septiembre de 2024, además de otros 3,498 cesados desde el 19 de octubre hasta enero de 2025, sumando 5,748 trabajadores despedidos de la administración pública en lo que va del segundo mandato presidencial de Nayib Bukele.

    Los primeros 2,250 recortes

    • 900 empleados del gobierno central.
    • 450 empleados de alcaldías.
    • 900 empleados de la Asamblea Legislativa.

    De los 3,498 empleados despedidos desde el 19 de octubre, al menos 75 eran sindicalistas, según las estimaciones preliminares que no descartan que las instituciones continúen despidiendo empleados debido

    a al recorte de más de 9,000 plazas del presupuesto general 2025 aprobado.

    En el último reporte del MTD, se destaca la ANDA con al menos 500 despedidos, ninguno era miembro del sindicato de trabajadores; y le sigue la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con 420 empleados cesados de sus labores.

    Las instituciones con menos despedidos son la Unidad de Salud de Rosario de Mora, con uno; la Unidad de Salud de Santo Tomás, con dos; y la Unidad de Salud de Panchimalco, Zacamil y de los Planes de Renderos, con tres cada una.

    El MDT contabilizó otros 20,650 empleados públicos despedidos desde junio de 2019 a mayo de 2024, es decir, durante el primer mandato del presidente Nayib Bukele. El movimiento pidió al gobierno un solo pago de una «indemnización justa, equitativa» a quienes «han cumplido la edad de retiro».

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  • ISSS dice que auxilio de sepelio para pensionados no está suspendido

    ISSS dice que auxilio de sepelio para pensionados no está suspendido

    El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) informó este viernes que el «auxilio de sepelio no está suspendido», en referencia a una carta que circuló en redes sociales en la cual se informaba que este beneficio fue derogado por la nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones.

    En redes sociales, se divulgó una carta de los jefes de beneficios económicos y de aseguramiento, recaudación y beneficios económicos del ISSS, en la cual se comunicaba el resultado del acuerdo 2024-2549.DIC, mediante el cual se habría ordenado «el cese inmediato del pago de auxilio de sepelio ante el fallecimiento de los pensionados de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) y del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).

    En la carta se explicaba que la nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones, aprobada en diciembre de 2022 y vigente desde enero de 2023, había derogado dicha prestación.

    Este viernes, el ISSS comunicó que la prestación del «auxilio de sepelio» continúa vigente.

    Es más, en la aclaración del ISSS, establece que la prestación de auxilio de sepelio será para los «beneficiarios de sus pensionados fallecidos, pensionados de la UPISSS, cotizantes activos del sector público/privado y pensionados de AFP».

  • EEUU extiende TPS para El Salvador por 18 meses hasta septiembre 2026

    EEUU extiende TPS para El Salvador por 18 meses hasta septiembre 2026

    El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos extendió por 18 meses el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador

    La extensión del TPS, que beneficia a unos 180,300 salvadoreños, inicia el 10 de marzo de 2025 y finaliza el 9 de septiembre de 2026.

    “TPS ha sido extendido. El 17 de enero inicia la reinscripción. Más detalles se darán próximamente”, indicó la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, en X.

    Esta extensión permite a los beneficiarios retener el TPS hasta el 9 de septiembre de 2026, si ellos continúan siendo elegibles para el programa. Los beneficiarios existentes que deseen extender su estatus hasta el 9 de septiembre de 2026 deben volverse a registrar durante un periodo de 60 días de reinscripción.

    Los 60 días de reinscripción inician el 17 de enero hasta el 16 de marzo.

    El DHS informó la importancia de no esperar a que los Documentos de Autorización de Empleo (DAE) venzan para iniciar la reinscripción.

    El 20 de junio, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) extendió la validez de los permisos de trabajo «Documentos de Autorización de Empleo (EAD)» hasta el 9 de marzo de 2025. La extensión también incluyó Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudan amparados el mismo estatus.

    El anuncio detalla que, a través del aviso del Registro Federal, divulgado hoy con fecha 17 de enero, «el DHS extiende automáticamente hasta el 9 de marzo de 2026, la validez de ciertos EAD emitidos previamente bajo la designación TPS de El Salvador».

    Además, agrega que, como prueba de autorización de empleo continuada hasta el 9 de marzo de 2026, «los beneficiarios del TPS pueden mostrar su EAD con la notación A12 o C19 bajo Categoría y una fecha de “Vencimiento de la tarjeta” del 9 de marzo de 2025, 30 de junio de 2024, 31 de diciembre de 2022, 4 de octubre de 2021, 31 de enero de 2021, 4 de enero de 2021, 2 de enero de 2020, 9 de septiembre de 2019 o 9 de marzo de 2018».

    Esta extensión automática se da porque «el DHS reconoce que no todos los que se reinscriben pueden recibir un nuevo EAD antes de que expire su EAD actual».

  • Sala admite demanda contra Dirección de Impuestos y suspende cobros a sociedad

    Sala admite demanda contra Dirección de Impuestos y suspende cobros a sociedad

    La Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de amparo interpuesta por una sociedad contra una resolución que determinó el pago de Impuesto sobre la Renta del ejercicio fiscal 2011 y una multa emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) del Ministerio de Hacienda.

    La demanda de amparo fue interpuesta por la sociedad Emilia S.A. de C.V. contra la resolución del 18 de junio de 2014, la confirmación de la resolución por parte del Tribunal de Apelaciones de la misma instancia y contra una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 21 de diciembre de 2022.

    Según los demandantes, citados en la admisión de la Sala, la resolución vulneró los derechos a la seguridad jurídica, propiedad y a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional, ya que el director de impuestos internos delegó a la jefa de la Unidad de Audiencia y Tasaciones la determinación del impuesto y de la multa.

    La sociedad enfrenta un estado tributario «insolvente», algo que le impide inscribir bienes inmuebles y celebrar contratos, y sufre embargos de bienes.

    Como medida cautelar, los magistrados suspendieron el cobro del impuesto y la imposición de la multa mientras dure el proceso de amparo hasta que emitan sentencia.

    «La Dirección General de Impuestos Internos deberá de abstenerse de exigir el cumplimiento de la resolución de 18 de junio de 2014», indicaron, además de que «no se generarán intereses o multas adicionales por la falta de pago ni se podrá considerar como insolvente a la sociedad demandante por el no pago de los tributo y sanciones pecuniarias».

    La resolución fue emitida por los magistrados José Ángel Pérez, Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahum Martínez y un magistrado suplente el 6 de noviembre de 2024.

  • Castro sobre fideicomiso que piden afectados de Cosavi: "Sería interesante que la SSF nos lo proponga"

    Castro sobre fideicomiso que piden afectados de Cosavi: «Sería interesante que la SSF nos lo proponga»

    El presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, no considera que ellos como diputados puedan crear el Fideicomiso que piden los afectados del fraude millonario en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L (COSAVI), ya que fue un trato «entre privados», sin embargo, respondió que, en todo caso, debería ser la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) la que «lo proponga.»nnDiario El Mundo le pidió su valoración al presidente de la Asamblea Legislativa sobre la propuesta de los afectados en el fraude de crear un Fideicomiso por medio de un banco estatal y que el gobierno tome de garantía los $230 millones que según la titular de la SSF, Evelyn Gracias, posee COSAVI en activos fijos y cuentas por cobrar.nn“¿Cómo? O sea, ellos proponen que nosotros, de un fondo, de un contrato privado, entre un privado con un privado, que tomaron decisiones en privado, que nosotros lamentamos, repito, el resultado, que las decisiones de un privado, que ahora nosotros vengamos y hagamos un fideicomiso, para que todos cubramos el fideicomiso de un acuerdo entre privados?”, cuestiona Castro.nnPolítica | El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo que sería interesante que la Superintendencia del Sistema Financiero proponga aprobar un fideicomiso para cubrir los ahorros de los afectados por el desfalco de Cosavi. Video de @Jessmonic pic.twitter.com/DlXYwtCugSnnAl insistirle que los afectados proponen que se cree el fideicomiso y que el Estado tome de garantía los activos fijos y deudas por cobrar que tiene la cooperativa, incluso de algunas alcaldías, el presidente del Legislativo señaló que en todo caso esa propuesta tendría que ser iniciativa de la SSF.nn“Sería interesante que la Superintendencia, en su momento, que son los que regulan eso, nos lo propongan, que sea la Superintendencia, porque nosotros no queremos intervenir en algo en donde ya están regulados.” nErnesto Castro, presidente de Asamblea Legislativa.nnEl presidente del Legislativo agregó, además, que, ya que se supone que la SSF está trabajando junto con los afectados, en conjunto notifiquen lo que necesitan para cumplirle al 20 % que dice la Superintendencia que falta devolverle sus ahorros.nn“Nosotros esperamos ahora que la Superintendencia, después de lo que han hecho, del trabajo que están haciendo, junto con ellos, seguramente será así, ellos vengan y nos notifiquen qué es lo que necesitan, para solventar ese 20 %”, señaló.nnAl inicio de sus declaraciones, el presidente de la Asamblea había expresado su satisfacción ante la habilitación de la capa de devolución hasta los $30,000 a los socios de COSAVI. “Ellos pueden retirar sus ahorros y con esto están cubriendo, lo dijo la Superintendencia, el 80 % de los ahorrantes”, dijo.nnAnte la aseveración de los afectados sobre que la Superintendencia del Sistema Financiero “miente” con esos datos, como sostuvo el vocero de los afectados COSAVI, Juan José Ortiz, el 7 de enero, esto respondió Castro:nn“Cuando tú me decís ‘es que eso es mentira’ pero la Superintendencia presentó papeles y, cuando presentan papeles y ellos dicen que es el 80 %, pues, es obvio que es el 80 %, porque hay pruebas de eso, hay que ver que hay pruebas de qué es mentira, pues, hay que estar abiertos a eso”, fueron sus palabras.nnEl presidente de la Asamblea reiteró que seguirán “vigilantes, atentos a este caso que ha sido muy importante y muy lamentable para que continúen con ese 20 % que aún falta.”nnEl fraude millonario fue revelado por la Fiscalía General de la República el 9 de mayo de 2024, hace ochos meses.

  • Alejandro Nóchez dice en Arena hay amenazas de expulsión "solo por opinar"

    Alejandro Nóchez dice en Arena hay amenazas de expulsión «solo por opinar»

    Alejandro Nóchez, concejal de San Salvador Centro y exalcalde de Ayutuxtepeque, cuestionó a la dirigencia actual del partido Arena, haciendo referencia a «amenazas de expulsión» a «los pocos funcionarios públicos» que tiene el partido político «por observar y opinar».

    «No sé si después de esto también seré uno que buscarán iniciarle un proceso interno o me bloquearán poder seguir sirviendo a los salvadoreños», escribió en X.

    Según Nóchez, en Arena «no escuchan propuestas o las ignoran», buscan «organizar grupos paralelos» a los funcionarios que trabajan en territorios. «Cuestionan periodistas», agregó.

    Una polémica se desató el jueves luego de que la diputada Marcela Villatoro exhortara a realizar la auditoría anunciada por el presidente de Arena, Carlos García Saade, no solo a los «anteriores Coenas» sino también al «actual Coena».

    El presidente de Arena, Carlos García Saade, respondió con cuestionamientos a la diputada sobre la divulgación de su planilla legislativa y su ausencia en reuniones; mientras Villatoro le respondió que ya publicó su planilla y que el Coena no la convoca «desde hace años», pero consideró la respuesta de Saade como «una amenaza» de expulsión.

    El 7 de enero pasado, García Saade anunció una auditoría a los fondos recibidos por el partido Arena, ya que han detectado, afirmó, «deudas ficticias» en anteriores Coenas. La diputada Marcela Villatoro aseveró que es necesario auditar también al Coena actual.

  • Presidente de la CSJ se abstiene de conocer amparo por omisión en protección a víctima de pandillas

    Presidente de la CSJ se abstiene de conocer amparo por omisión en protección a víctima de pandillas

    La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aceptó la abstención solicitada por el presidente del Órgano Judicial, Henry Alexander Mejía, para no conocer una demanda de amparo interpuesta en el año 2018 por una víctima de desplazamiento forzado por la violencia que ejercían las pandillas, debido a que sería parte demandada.

    El magistrado Mejía explicó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que él figura como miembro de una de las autoridades demandadas debido a su nombramiento, el 23 de septiembre de 2024, como presidente del Órgano Judicial.

    La demanda fue interpuesta por representantes de una víctima de desplazamiento forzado contra la supuesta omisión del jefe de la Delegación de San Salvador Centro de la Policía Nacional Civil (PNC), jefe de la Unidad de Delitos Relativos a la Vida de la Oficina Fiscal de Santa Elena, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, de la Asamblea Legislativa, de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia.

    Las instancias policiales y fiscales son señaladas de no desarrollar acciones de protección y seguridad para la libre circulación de la demandante y su grupo familiar cerca y en los entornos de su residencia, además de «la aparente falta de diligencia en la investigación de las amenazas, del desplazamiento forzado y del homicidio de su madre», según el escrito.

    La demandante también señaló que la Comisión Coordinadora y la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia cometieron «omisión» porque no elaboraron leyes, normativas y protocolos de actuación para “garantizar la protección de las víctimas de desplazamiento forzado interno”.

    Según el abogado Abraham Ábrego, ante la Sala de lo Constitucional hay interpuestas cinco demandas por parte de víctimas de desplazamiento de pandillas en la época con mayor delincuencia y violencia pandilleril. En el caso en el cual el presidente de la CSJ ha solicitado abstenerse, abierto desde el año 2018, la víctima sufrió un atentado por parte de miembros de pandillas.

    La abstención del funcionario fue comunicada por la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa en la primera sesión plenaria del año, el 5 de enero de 2025. La notificación de la Sala pasó a estudio de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa.