Categoría: Politica

El movimiento Alianza Ciudadana pidió el domingo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no atrase su proceso para inscribirse formalmente como partido político y así poder competir en las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa y de alcaldes de febrero de 2027. Aseguran que presentarán más de las 50,000 firmas requeridas para completar su inscripción.

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René Landaverde, coordinador nacional de Alianza Ciudadana, aseveró que no van a permitir que la institución electoral los atrase en su proceso de inscripción, una vez hayan completado los requisitos exigidos por la ley para completar el procedimiento. Asegura que confía en el Tribunal.

«Lo que sí queremos es que el Tribunal Supremo Electoral como representante, como tribunal administrador de la justicia electoral, nos inscriba como partido una vez hayamos completado todos los requisitos, lo que no vamos a permitir es que nos estén atrasando».
René Landaverde, coordinador nacional de Alianza Ciudadana.

Landaverde sostuvo durante la conferencia de prensa que van «a cumplir con todos los requisitos» que establece la ley. Uno de los requerimientos es presentar al menos 50,000 firmas de salvadoreños en pleno ejercicio de sus derechos para que funjan como respaldantes del instituto político en organización.

Alianza Ciudadana pretende presentar 100,000 «como una forma de decir ‘no, es que no completaron las firmas’, no, si quieren más firmas, les vamos a traer más firmas», afirmó Landaverde, quien aseguró que detrás de cada líder comunitario que integra el movimiento «hay un montón de gente que eventualmente va a ser convocada para el proceso de constitución».

El líder del movimiento también dijo que confían «en que el Tribunal Supremo Electoral va a inscribir a la Alianza, obviamente cumpliendo todos los requisitos que la ley establece», pues indicó que no tienen «antecedentes» del Tribunal «que nos afecte como ciudadanos».

La Ley de partidos políticos en el Título II establece que los partidos se constituyen a partir de una escritura pública iniciada por al menos 100 ciudadanos en pleno goce de sus derechos, luego el partido en organización debe presentar una solicitud de proselitismo ante el TSE para que le sean autorizados libros oficiales para la recolección de las firmas en 90 días que duran las actividades de proselitismo.

Ayer, Alianza Ciudadana dio a conocer oficialmente que buscará inscribirse como partido político. Presentándose con una línea ideológica de «centro», aseguran que no serán oposición y que apoyan al presidente de la República, Nayib Bukele, para que siga gobernando «este país por cinco años más o por el tiempo que el pueblo le dé la gobernabilidad».

Un total de $46,575,000 ($46.5 millones) fue la nueva deuda adquirida por cuatro alcaldías de El Salvador durante 2024, del cual un 56 % se destinó al mantenimiento, un 38 % a consolidación de deudas y solo un 11 % a proyectos.

«El monto más importante lo conforman los préstamos contratados para gastos de mantenimiento de la operatividad del municipio, con el 55.7 %, equivalentes a $25,919.1 miles», indica el «Informe anual sobre la situación del endeudamiento público municipal», publicado en marzo de 2025 por el Ministerio de Hacienda.

Los préstamos para financiar proyectos de infraestructura vial ascendieron a un monto de $1,037.2 miles, equivalente al 2.2 % del total de la deuda contratada en 2024.
Ministerio de Hacienda en informe de deuda municipal 2024.

La mayor parte de la nueva deuda fue adquirida por San Salvador Centro, por $35.5 millones, de los cuales $25.6 millones destinó a «mantenimiento», es decir, un 72.1 %, y $9.8 millones para consolidación de deuda, un 27.6 % del desembolso total en el año.

Las otras alcaldías que adquirieron deudas en 2024 fueron San Salvador Este, $7.9 millones, todo para consolidar deudas; San Salvador Sur, $2.8 millones, $2.7 millones para proyectos; y Sonsonate Centro, $200,000, de los cuales $196,600 se destinaron a mantenimiento u operación de la comuna.

Más de la mitad de la deuda fue adquirida a una tasa de interés promedio de 9.5 % anual.

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¿Qué distritos conforman estos cuatro municipios?

San Salvador Centro: San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo.

San Salvador Este: Ilopango, Soyapango, San Martín y Tonacatepeque.

San Salvador Sur: Panchimalco, Rosario de Mora, San Marcos, Santo Tomás y Santiago Texacuangos.

Sonsonate Centro: Sonsonate, Sonzacate, Nahuilingo, San Antonio del Monte y Santo Domingo de Guzmán.

Los acreedores de la deuda municipal en 2024 fueron: Hencorp Valores, S.A., que realiza titularizaciones de fondos, es decir, compromisos de flujos de ingreso futuros, concentró el 54.8 % de la deuda adquirida en el año por las municipalidades. Presentaron tasas promedio de interés de 9.5 % y 9.7 % respectivamente.

El segundo fue el Banco Hipotecario de El Salvador, S.A., con un 38.6 % de la deuda; y el tercero fue el Grupo Fedecrédito, a una tasa de interés promedio de 13 % anual.

En total, Hencorp otorgó $25.5 millones, el Banco Hipotecario otorgó $17.9 millones y el Grupo Fedecrédito, $3 millones.

Por otra parte, en el mismo periodo, las alcaldías en general también realizaron una amortización a sus deudas por $74.5 millones, de los cuales $56.6 millones fueron cancelados por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Es así que la deuda municipal bajó $33.3 millones, un 4.2 % respecto a 2023, de $799.8 a $766.4 millones.

El informe de 2025 incluyó solo datos de 42 municipalidades con deuda pública, sin embargo, Hacienda advierte que no tiene la certeza de que incluya todos los préstamos contratados en 2024 por “el atraso en la contabilidad” de algunos municipios.

El u003cstrongu003eTribunal Supremo Electoral (TSE)u003c/strongu003e gastó casi medio millón de dólares en 247 viajes de los 10 exmagistrados y de empleados técnicos y operativos durante el período que inició el 1 de agosto de 2019 y que concluyó el 31 de julio de 2024. El mayor gasto fue en entrega de viu00e1ticos para los funcionarios electorales.nnLos reportes de viajes de misiones oficiales del TSE publicados en el portal de transparencia revelan que, en la anterior gestión, se realizaron 247 viajes internacionales, en la mayoría, los funcionarios participaron como observadores electorales y empleados que capacitaron organismos electorales en el exterior.nnEl primer viaje registrado en las bitu00e1coras se realizó el 8 de agosto de 2019 y el último el 29 de julio de 2024, dos días antes que los jueces electorales dejaran sus cargos de cinco años. De acuerdo con el cu00e1lculo realizado por Diario El Mundo, la institución solo en viu00e1ticos gastó $284,970. El magistrado que menos gastó en viajes fue Julio Olivo, el 7.8 % del gasto total.nnLa institución electoral gastó $70,624.24 en pagos de pasajes, la mayoría fue financiada por organizaciones que invitaban a los magistrados como observadores, capacitaciones y eventos. El gasto de viajes ascendió a $11,780 y en pagos de terminales y otros, $10,845.nnu003cstrongu003eEstimaciones del gasto total por cada magistrado propietario:u003c/strongu003enu003culu003entu003cliu003eExmagistrado del TSE, Guillermo Wellman: $80,845.63.u003c/liu003entu003cliu003eExpresidenta del TSE, Dora de Barahona: $62,156.45.u003c/liu003entu003cliu003eExmagistrado del TSE, Rubén Meléndez: $53,815.47.u003c/liu003entu003cliu003eExmagistrado del TSE, Noel Orellana: $39,429.58.u003c/liu003entu003cliu003eExmagistrado del TSE, Julio Olivo: $37,595.10.u003c/liu003enu003c/ulu003ennDe acuerdo con los datos de transparencia, en viajes del magistrado Wellman, el TSE erogó $15,950.63 en pasajes; $45,425 en viu00e1ticos; $18,030 en gastos de viaje y $1,440 para pagos de terminales u00e1reas. El gasto representa el 16.87 % del total. Le sigue la expresidenta Dora de Barahona, con $6,811.45 en pagos de pasajes; $37,980 en viu00e1ticos; $16,150 en viaje y $1,215 en pagos de terminal, representando el 12.97 % del gasto.nnLe sigue el exmagistrado Rubén Meléndez, en quien se gastaron $6,190.47 en pasajes; $33,135 en viu00e1ticos; $13,410 en viaje y $1,080 en pagos de terminales, lo que representa el 11.22 % del gasto total. Ademu00e1s, la institución erogó $9,202.08 en concepto de pasajes del exmagistrado Noel Orellana; otros $21,300 para viu00e1ticos; otros $8,252.50 en viajes y $675 en pagos de terminal, es decir, 8 % del total.nnEn el magistrado que menos gastó el TSE fue el exmagistrado Julio Olivo con $9,627.60 en pasajes; otros $19,180 en viu00e1ticos; ademu00e1s de $8,337.50 en «viaje» y $450 en pagos de terminal, lo que significó el 7.8 % de los $479,219.24 que gastó el Tribunal en los 247 viajes realizados a 27 países.nnu003ch2u003e71 viajes para capacitaciones de voto electrónico en el exterioru003c/h2u003enDesde el 16 de enero hasta el 23 de febrero de 2024, se realizaron 71 viajes de magistrados y técnicos para capacitar a los miembros de las Juntas Receptoras de Voto en el Exterior en países como Estados Unidos, Suecia, Nicaragua, Perú, México, Bélgica, España, Alemania, Costa Rica, Honduras, Costa Rica, Argentina, Colombia, Ecuador, Panamu00e1, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay.nnLos informes de los viajes de los nuevos magistrados del TSE aún no se han publicado en el portal de transparencia de la institución. Aunque se conoce que en los primeros meses viajaron a presenciar las elecciones de noviembre en Estados Unidos y en Ecuador.

El movimiento Alianza Ciudadana anunció oficialmente este domingo que buscará constituirse como un nuevo partido político en El Salvador de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2027.

El partido espera presentar 100,000 firmas para su inscripción.

El coordinador nacional de Alianza Ciudadana, René Landaverde, aseguró que este mismo domingo celebraron una Asamblea con líderes comunales donde acordaron la conformación de un nuevo partido político que buscará «crear agendas de trabajo desde la sociedad civil».

Landaverde recordó que «este es un movimiento que se inició hace tres años» y aseguró que en tres meses esperan presentar al menos 100,000 firmas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que sean inscritos formalmente para competir en los próximos comicios.

«Este día un poco el propósito es tomar una decisión de dar el siguiente paso y es formar un partido político, pero un partido político no igual a los que ya existen de derecha, de izquierda sino un partido ciudadanos… somos un partido de centro».

René Landaverde, coordinador nacional de Alianza Ciudadana.

El líder comunitario de San Salvador Centro de Alianza Ciudadana, Christian Silva, leyó el comunicado del movimiento, en el que aseveran que para avanzar como país apoyarán al gobierno central del presidente, Nayib Bukele, para «gobernabilidad, recursos económicos y la más importante la sostenibilidad».

Durante la Asamblea de líderes, Landaverde dijo que los planes de gobierno deben diseñarse para ejecutarse en un plazo de 20 años, por lo que, El Mundo le consultó si estarían a favor de ampliar los períodos presidenciales y respondió que apoyarían si el presidente Bukele buscará gobernar cinco años más.

«Nosotros sí creemos que un gobierno para que sea exitoso debe de ser de largo plazo y nosotros en ese sentido no tenemos ningún problema que el presidente Bukele siga gobernando este país por cinco años más o por el tiempo que el pueblo le dé la gobernabilidad, pero lo que nosotros sí creemos es que se debe construir acuerdos con la sociedad civil». René Landaverde, coordinador nacional de Alianza Ciudadana.

Otro miembro de Alianza Ciudadana, Fernando González, dijo que «no estamos divorciados con ningún sector» y aseguró que la diáspora «está consciente de la necesidad que hay de crear instrumentos políticos que sirvan a la sociedad» y afirmó que representa a una parte «de ese sector de la diáspora» pero al consultarle a qué organización pertenece se limitó a mencionar que están trabajando en Australia.

¿Cómo se están financiando?

El coordinador nacional Landaverde aseguró que «el financiamiento viene de los bolsillos de cada uno de nosotros, son recursos propios» y aseguró que no les dan fondos empresarios o narcotraficantes a «decirnos cómo vamos a hacer las cosas» y aseguró que para hacer el eventos «ponemos cinco pesos cada uno».

«Afortunadamente que quitaron la deuda política» dijo Landaverde, pues considera que era utilizada «para hacer negocios» con la política y señaló que ejemplo de ello es en las alcaldías. «A mí no me cabe ninguna duda que los contratos, los alcaldes y los concejos municipales se los dan a los amigos, a los compadres, a los parientes».

Sobre el régimen de excepción y señalamientos de violaciones a derechos humanos, Landaverde dijo que «el gobierno puede defenderse solo» y dijo que están agradecidos con Bukele porque ha dado las condiciones para que el país avance. «Los señalamientos que este gobierno ha tenido probablemente los que estuvieron antes o los que vengan en el futuro los van a tener porque nadie es perfecto», afirmó.

Sobre la minería metálica en el país, José Ventura del sector de veteranos dijo no estar de acuerdo en la implementación de esta explotación y pidió «al gobierno que se abstenga a la minería en el país, es un país muy chiquito, lo pueden explotar en países grandes, menos en nuestro territorio».

Para inscribirse como partido, Alianza Ciudadana debe presentar una solicitud ante el TSE presidido por Roxana Soriano, propuesta por Nuevas Ideas. Luego, el Tribunal deberá analizar la solicitud y autorizar el proselitismo para la recolección de al menos 50,000 firmas de respaldantes para admitir su inscripción.

Alianza Ciudadana, un movimiento que pretende constituirse como partido político dice que promoverán la gobernabilidad, recursos económicos y la sostenibilidad del gobierno actual. Christian Silva aseguró que no son un partido de oposición sino «de centro». pic.twitter.com/nlJtDQFcV2

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) April 6, 2025

Erick Contreras, concejal de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) en San Salvador Centro considera que la aprobación de de la nueva «Ley de creación de la Dirección de mercados nacionales y locales comerciales ubicados en espacios públicos» podría significar

·»la quiebra total» de algunas alcaldías.

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Contreras explicó en una publicación en redes sociales que, tomando en cuenta que sin Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), con la puesta en marcha de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) que asumirá la recolección de basura en todo el país y la posible aprobación de la nueva Ley de Mercados muchas comunas podrían quebrar totalmente y asevera que se estaría «deslegitimando y quitando más facultades a las municipalidades».

«Cuál es el objetivo, (de aprobar esta ley) solo ellos lo sabrán, solo queda manifestar que sin FODES, con la puesta en marcha de ANDRES y con la posible aprobación de la Ley de Mercados Nacionales, muchas alcaldías están destinadas a la quiebra total».

Erick Contreras, concejal de Arena en San Salvador Centro.

Contreras señaló en su publicación que podría parecer que el gobierno busca «consolidar aún menos alcaldías o dejar una sola por departamento» para concentrar «aún más el poder», sin embargo asegura que la centralización no es la solución a los problemas porque «solo trae más corrupción y calamidad».

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«Se sigue golpeando al mediano empresario y comerciante, cuando ellos siempre han sido el motor de la economía salvadoreña», afirmó Contreras.

Esta opinión dista de la visión que tiene el regidor también de Arena en el municipio de San Salvador Centro, Alejandro Nóchez, quien dijo a Diario El Mundo que la ley no busca privatizar los mercados porque sería una entidad pública la que administraría los mercados.

Por el contrario,

Nóchez aseveró que de ser aprobada, la nueva ley podría «ser una oportunidad para mejorar en beneficio de la población» aunque señaló que «también el tema de la centralización lastimosamente no llega a más personas, sino que a veces se reduce».

El concejal cree que el proyecto busca dar certeza a los comerciantes que ya tienen puesto y «puedan creer que se les va a quitar» que serían «los primeros que serán tomados en cuenta».

La Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto para el Instituto de Bienestar Animal (IBA) de $16.6 millones para el año 2025 pero, el pasado 8 de marzo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó el cierre del instituto y la destitución de sus funcionarios y personal.

El perfil de X del Instituto de Bienestar Animal no tiene actividad desde el 5 de marzo, cuando desmintió al entonces alcalde de San Salvador Este, José María Chicas, por la polémica de un refugio de animales con malas condiciones, tres días después de que el mandatario ordenara el cierre del IBA.

El Instituto de Bienestar Animal o IBA fue creado por medio de la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal el 25 de enero de 2022, pero diputados señalan que a la Asamblea Legislativa no hay llegado un proyecto de reforma o derogación.

“Aunque el refugio en cuestión (el refugio de Ilopango) estaba bajo la administración municipal y no del gobierno central, es evidente que ni el Instituto de Bienestar Animal (IBA) ni Polipet tomaron las acciones necesarias para evitar este problema. En consecuencia, he tomado la decisión de cerrar ambas instituciones y proceder con la destitución de todos sus funcionarios y personal”, publicó Bukele el 8 de marzo.

El IBA era presidido por Guillermo Alexander Hasbún Henríquez, presidente y director ejecutivo del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), quien fue nombrado por Bukele para ese segundo cargo el 3 de julio de 2023. Sin embargo, Hasbún no expresó, ni publicó nada al respecto en sus redes sociales. Ahora solo se describe como presidente del Cifco.

El IBA tiene 216 empleados y $16.6 millones según la ley de presupuesto vigente. La oficina del IBA no contesta su conmutador, que actualmente manda las llamadas telefónicas al buzón. En redes sociales, algunos internautas solicitaban que la institución no se suprimiera.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, cuestiona “varios vacíos legales sobre este tema y dice que se debe pasar por un proceso legislativo, si es que se deroga la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal o se modifica”.

“A la Asamblea Legislativa no ha llegado ninguna modificación, esto quiere decir que se deshizo una ley, se derogó sin haber pasado por el proceso legislativo que debería o si se hiciera alguna modificación, entonces, al final la ley está en el limbo, porque ¿adónde van a acudir ahora las personas que tienen problemas con los animalitos? Porque el IBA se supone que no existe. Entonces, nos encontramos con ese limbo legal”, señaló la diputada Villatoro.

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, dijo que toda esa información sobre el cierre del Instituto, la situación de los empleados que tenía, los fondos asignados, etcétera, tuvo que haberlo informado el presidente del IBA. “Toda esa información tuvo que haberla dado las autoridades, porque aquí a la Asamblea no ha llegado nada al respecto. Y si es más bien un show, si es más bien desviar la atención de temas importantes como pensiones, o las treguas con pandillas, creo que se quiere desviar la atención con un tema que parece una improvisación, realmente”, cuestionó Ortiz.

La deuda pública de los municipios de El Salvador cerró en $766.4 millones a diciembre de 2024, una disminución de $33.3 millones o 4.2 %, respecto al saldo de 2023.

El “Informe anual sobre la situación del endeudamiento público municipal” emitido por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda en marzo de 2025 detalla que el saldo de la deuda municipal se redujo de $799,850,200 en diciembre de 2023 a $766,472,500 en diciembre de 2024.

Las mayores amortizaciones de deudas fueron realizadas por San Salvador Centro, con $13.8 millones; San Salvador Este, con $4.9 millones, La Libertad Sur, con $3.9 millones; San Miguel Centro, con $3.6 millones; y Usulután Norte, con $2.8 millones.

El total de la deuda municipal no se recupera a los niveles anteriores al año 2020, cuando las alcaldías tenían una deuda total que oscilaba entre los $315 en 2012 y $590 millones en 2019.

En 2023 la deuda municipal había cerrado en $799.8 millones, siendo las alcaldías más endeudadas las de San Salvador, Santa Tecla, Soyapango, Sonsonate, Ilopango, Jiquilisco, Acajutla, San Miguel y Zacatecoluca. Las deudas de esos distritos oscilaban entre $10 y $155 millones.

Los mayores acreedores

Los mayores acreedores de las municipalidades de El Salvador son Fedecrédito, $308.7 millones; Hencorp Valores, S.A., $151.7 millones; el Banco Hipotecario, con un saldo de $85.4 millones; Bancos de los Trabajadores, con $93 millones; y cooperativas de ahorro y crédito, con $71.4 millones.

Las tres comunas que han comprometido fondos futuros a través de titularizaciones en Hencorp son San Salvador Centro ($121.7 millones) La Libertad Sur ($27.6 millones) y La Libertad Este ($2.2 millones).

La Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (Cosavi) mantiene un pago pendiente de $10,767,100 por parte de las municipalidades a diciembre de 2024. Otra de las cooperativas que concentran gran parte de la deuda de los municipios es la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina de R.L., con $57.1 millones.

Durante 2024, el Banco Hipotecario realizó desembolsos por $26.3 millones a las alcaldías en concepto de créditos, $10 millones a San Salvador Centro, $7.9 millones a San Salvador Este, $4.5 millones a La Libertad Oeste y $3.7 millones a San Miguel Centro. No todos los desembolsos provienen de créditos contratados en 2024, según el informe.

Pagaron $74 millones

Las municipalidades también amortizaron $74.5 millones de sus deudas, de los cuales $56.6 millones fueron cancelados por la Dirección General de Tesorería de Hacienda. Además de ello, cancelaron $72.7 millones de intereses, $22.3 con fondos municipales y $50.4 millones mediante la Dirección General de Tesorería.

Los mayores montos fueron cancelados por alcaldías de los departamentos de San Salvador, Usulután, La Paz, Sonsonate y La Libertad.

Alcaldías con mayores deudas (a diciembre de 2024)

1. San Salvador Centro: $175.5 millones.
2. San Salvador Este: $55.2 millones.
3. La Libertad Sur: $53.6 millones.
4. Usulután Norte: $28.7 millones.
5. La Paz Centro: $25.7 millones.
6. Usulután Este: $24.6 millones.
7. La Paz Este: $23.3 millones.
8. Sonsonate Centro: $22.1 millones.
9. Morazán Sur: $20.9 millones.
10. La Unión Sur: $20.8 millones.
11. San Miguel Norte: $19.5 millones.
12. Usulután Oeste: $18.6 millones.
13. La Unión Norte: $18.6 millones.
14. San Miguel Centro: $18.1 millones.
15. La Paz Oeste: $16.9 millones.
16. Sonsonate Este: $14.3 millones.
17. San Miguel Oeste: $13.8 millones.
18. Sonsonate Oeste: $11.4 millones.
19. La Libertad Este: $12.9 millones.
20. La Libertad Oeste: $12.6 millones.
21. La Libertad Costa: $10.4 millones.
22. San Salvador Sur: $7.6 millones.
23. La Libertad Norte: $6.2 millones.
24. Morazán Norte: $4.9 millones.
25. Sonsonate Norte: $4.8 millones.
26. San Salvador Norte: $1.4 millones.
27. San Salvador Oeste: $929,100.
FUENTE: Ministerio de Hacienda, informe de endeudamiento municipal, marzo, 2025.

Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) han emitido 14 acuerdos en lo que va de 2025, la mayoría corresponden a pronunciamientos y recomendaciones para los países miembros: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

En la página web del Parlacen, en la pestaña de «resoluciones» aparecen 13 acuerdos tomados por los parlamentarios de los seis países miembros, de los cuales seis son pronunciamientos; dos resoluciones; cinco recomendaciones y una declaración.

El Salvador posee representación en el Parlacen a través de 20 diputados propietarios de elección popular y sus respectivos suplentes.

En las cinco recomendaciones emitidas por el organismo regional, se cuenta un documento que busca «fortalecer la prevención, intervención y tratamiento del consumo de las drogas en la región» del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). El organismo hizo esta recomendación tomando en cuenta que «el abuso de drogas representa un grave problema de salud pública» por lo que sugirió a los ministros de Educación y Salud de la región para desarrollar «acciones comunes preventivas».

Asimismo, el Parlamento recomendó la aprobación de una «Ley marco para el fomento de la inclusión laboral de personas con discapacidad a través de incentivos fiscales» para que el sector privado genere oportunidades laborales para este sector. La normativa promete «derecho a un crédito fiscal escalonado» en el Impuesto sobre la Renta para las empresas.

Además, el organismo exhortó a los países por medio de recomendación para «tomar acciones para la promoción de la salud masculina» para promover el diagnóstico temprano de enfermedades crónicas como el cáncer de próstata, enfermedades cardiovasculares y diabetes que son «fundamentales para reducir la mortalidad masculina».

Por último, el Parlacen también recomendó la implementación de políticas para incluir la enseñanza del método braille y de la lengua de señas «dentro de los programas escolares» en todos los niveles de la región del SICA. Además, en una recomendación, realizó un «llamado de alerta» ante el aumento de la crisis migratoria.

Pronunciamiento emitidos por el Parlacen:

• Celebración del cese al fuego entre Israel y el grupo militar Hamas.
• Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia.
• Fortalecimiento de las políticas. y estrategias comunas en la lucha contra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
• Por el estado de salud del Papa Francisco.
• Reconocimiento a la labor de los guías de turismo en la región del SICA.
• Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Finalmente, el Parlacen emitió dos resoluciones: en una declaró el uso de donación de Marruecos sobre equipos de sonido, compra de micrófonos para salón de sesiones de la Asamblea Plenaria; y resolvieron la modificación del calendario parlamentario. Emitieron también una declaración sobre el canal de Panamá y la paz en la región centroamericana y del Caribe.

Al argumentar las razones de la necesidad de una nueva prórroga del régimen de excepción, el Gobierno asegura que hay acciones por parte de mujeres vinculadas a las pandillas «quienes han adoptado posiciones de mando orientadas a mantener la comisión de hechos delictivos».

Luego del tercer año del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó el 1 de abril la 37ª. prórroga, que inicia su vigencia este domingo 6 de abril.

Según el decreto de ley aprobado, el Gobierno asegura que reitera el «éxito» de la medida que viene implementando, sin embargo, sostiene que es «necesario» seguirla prorrogando, ya que «hay evidencia» de que las pandillas siguen operando y que «mujeres han adoptado posiciones de mando» en estos grupos delincuenciales.

El dato sobre el rol de mujeres en la estructura delincuencial de pandillas, también lo destacó el gobierno en el decreto anterior, cuando se aprobó la 36ª. prórroga.

«Es importante destacar que en la actualidad se desarrollan acciones a través de mujeres vinculadas a la organización, quienes han adoptado posiciones de mando, orientadas a darle continuidad al accionar criminal de estas estructuras», indica el documento enviado por el Ministerio de Justicia y Seguridad.

En este último decreto aprobado el 1 de abril lo reitera: «Se ha detectado que continúan desarrollándose acciones por parte de mujeres vinculadas a esas organizaciones criminales, quienes han adoptado posiciones de mando, orientadas a mantener la comisión de hechos delictivos«, se lee en el documento, según datos del Consejo de Ministros, liderado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública Gustavo Villatoro».

Sin embargo, en el documento no da más datos al respecto y tampoco el ministro de Seguridad, ni el de Defensa, Francis Merino Monroy, ni el fiscal general Rodolfo Delgado han brindado información sobre ello.

El documento también sostuvo que según lo «informado por el gabinete de Seguridad, hay evidencia de participación de los miembros de pandillas en la realización de hechos vinculados al narcomenudeo, ingreso de droga al país vía terrestre en transporte pesado y otras modalidades, presencia de sujetos vinculados a estas estructuras en las zonas urbanas del territorio nacional» y que buscan la «cercanía con las comunidades».

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, señala que es necesario que el gabinete de Seguridad dé información a los salvadoreños para también autoprotegerse.

«La población tiene que saber y estar alertada sobre nuevas formas delictivas o como han mutado las pandillas para cuidarse», dijo la legisladora.

Para Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico, el dato es un argumento para seguir prorrogando el régimen y queda a interpretación, ya que las autoridades no dan mayor información.

«¿Cómo es posible que, si aseguran que tienen ya 85,500 supuestos delincuentes encarcelados y aseguran que han desarticulado las pandillas, hoy dicen que son mujeres las que han tomado el control para esta criminalidad?, ¿y todos los millones que han gastado con el control territorial?, hoy están diciendo que son mujeres las que tienen el mando, para seguir prorrogando el régimen y seguir con las pérdidas de derechos humanos para toda la población, realmente tendrían que explicar bien toda la situación», aseveró Escobar.

Con esta aprobación de la 37ª prórroga del régimen, continúan suspendidos tres derechos constitucionales regulados en los incisos segundos de los artículos 12 y 13, y el artículo 24 de la Constitución de la República, relacionados a las garantías de defensa, período máximo de detención y privacidad de las telecomunicaciones, para todos los salvadoreños.

El ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gerald Campos Valverde, visitó el viernes el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad construida por el gobierno salvadoreño como parte de su política de «guerra contra las pandillas».

La visita se realizó como parte de una gira oficial a El Salvador y fue guiada por autoridades penitenciarias salvadoreñas.

Campos Valverde, acompañado por el viceministro costarricense de Justicia, Juan Carlos Arias, y la embajadora de Costa Rica en El Salvador, Lina Ajoy, recorrió por casi dos horas las instalaciones del Cecot, ubicado en Tecoluca, San Vicente.

El director del penal, Belarmino García, mostró a la delegación las medidas de seguridad del recinto, así como áreas como el comedor, la armería y uno de los pabellones donde están recluidos miembros de las pandillas MS-13 y Barrio 18.

Durante el recorrido, el ministro costarricense observó el funcionamiento interno del penal, donde, según explicó el director, los reos tienen rutinas estrictas, atención médica y tiempos definidos para alimentación.

«Yo acabo de ver un lugar que demuestra un absoluto respeto a derechos fundamentales», declaró Campos Valverde al finalizar la visita. Añadió que estudiarán las «buenas prácticas» del Cecot para evaluar su aplicación en Costa Rica.

El Cecot fue inaugurado en 2023 con una capacidad para albergar hasta 40,000 privados de libertad y se ha convertido en símbolo de la política de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele. Según el mandatario salvadoreño, su construcción costó $115 millones y fue diseñada por su propio gobierno.

Pese a la apertura del centro para la visita oficial, la delegación costarricense no accedió a la zona donde se encuentran recluidos más de 200 migrantes venezolanos, presuntos miembros del Tren de Aragua, que fueron deportados desde Estados Unidos. Hasta el momento, el gobierno salvadoreño no ha dado información oficial sobre el estado o condición legal de estos detenidos.

La visita de Campos Valverde se suma a la reciente realizada por la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, lo que refuerza el interés internacional por el modelo de seguridad aplicado por El Salvador y su controversial megacárcel.