Categoría: Politica

La alcaldía de Santa Ana Oeste habilitó un sitio web para la realización de trámites municipales, así como para la compra de sombreros por $75 para la recaudación de fondos para la ejecución de obras en las localidades según ha informado la comuna.

La comuna santaneca aseguró que los ciudadanos de Santa Ana Oeste pueden ingresar al sitio web https://alcaldiasao.gob.sv/ para realizar trámites, consultas y pagos por servicios «de forma rápida y segura».

El sitio web permite la realización de consultas al WhatsApp municipal, realizar pagos de solvencias y realizar denuncias por falta de atención adecuada por parte de los empleados municipales en los distritos de Chalchuapa, San Sebastián Salitrillo, El Porvenir, Candelaria de la Frontera, Santiago de la Frontera y San Antonio Pajonal.

Además, en el sitio también se pueden comprar los sombreros que vende la comuna. En la pestaña de «tienda» se ofrecen los sombreros a $75 cada uno. Actualmente, el producto aparece «agotado».

A finales de marzo, el alcalde de San Ana Oeste, Jorge Castro, aseguró que ya habían terminado los primeros 300 sombreros, es decir, que la comuna ya habría recibido $22,500 si cada uno se vendió a $75.

Castro ha asegurado que con la compra de los sombreros se ayuda a la ejecución de «proyectos en favor de las comunidades». La alcaldía estaría realizando envíos a todo el país y Estados Unidos.

La localidad creó la Ordenanza de contribuciones especiales para vender productos como sombreros y otros según el Diario Oficial de fecha 17 de marzo de 2025. La normativa tendría como objetivo «generar ingresos a través de diversas actividades».

La alcaldía también iniciaría con la venta de camisas estampadas a $13.56; cinchos a $20.34; pines a $18.08 y pulseras a $9.04. La ordenanza entró en vigencia el pasado 25 de marzo de 2025.

La nnministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé, entregó a la Asamblea Legislativa un proyecto de «Ley de creación de la Dirección de mercados nacionales y locales comerciales ubicados en espacios públicos».nnEl proyecto fue recibido a las 11:42 a.m. del 1 de abril, sin convocatoria de prensa, y pasó a estudio de la Comisión de Infraestructura, que ha programado su reunión el lunes 7 de abril a las 11:00 de la mañana.nnEl Gobierno argumenta que es necesario crear una Dirección que administre los puestos de venta o locales en los mercados y controle tanto a las personas o empresas que comercien en los espacios públicos, para «garantizar» una libre competencia y salubridad.nn

Esto sería lo más relevante de la nueva Ley de la Dirección de mercados y locales comerciales

n¿Cuáles mercados regulará?nMercados nacionales, locales comerciales en plazas, parques y espacios públicos. Habrá un «Registro Único de Puestos de Mercado» y un sistema informático de registro.nn¿Quién será la autoridad máxima?nLa ley crearía la «Dirección de Mercados Nacionales», que se relacionará con el Ejecutivo por medio de la Presidencia de la República.nEl nuevo director de Mercados Nacionales sería nombrado por el presidente de la República por un periodo de cinco años. Será la máxima autoridad. Deberá ser mayor de 30 años y tener «experiencia comprobable en materias relacionadas».nn¿Cómo se financiará?nPodrá recibir del Fondo General, de los cobros que realice y también podrá endeudarse. Podrán solicitar el Ejecutivo inversión para el diseño, construcción o remodelación de mercados municipales o de locales comerciales.nn¿Cuáles serán las atribuciones de la Dirección? –adjudicará los puestos de venta y podrá revocarlosnLa Dirección adjudicará los puestos de venta o locales o revocarán las adjudicaciones, y monitoreará el pago del arrendamiento de los puestos e impondrá sanciones. Usará los fondos para mejorar y expandir los mercados.nSegún el proyecto, la Dirección deberá dar «prioridad en la adjudicación» a los comerciantes que anteriormente ocuparon los puestos del mercado» y a «grupos en situación de vulnerabilidad del lugar donde se encuentre el mercado».nEntre sus 15 atribuciones, también estarían: administrar los mercados, garantizar que los puestos de venta tengan energía, agua, servicios sanitarios, emitirá instrumentos normativos para los mercados. También definirá el horario de los mercados.nn¿Cuáles son las atribuciones más importantes que tendrá el director nacional de Mercados?n1. Conocerá y resolverá las solicitudes de adjudicación de los puestos de venta dentro de los mercados y de los locales comerciales dentro de plazas, parques o espacios públicos.n2. Revocará las adjudicaciones.n3. Firmará contratos de arrendamiento de los puestos de venta.n4. Impondrá sanciones por infracciones.n5. Fijará tarifas de arrendamiento de los puestos de venta.nn¿Podrán pasar los mercados municipales a la Dirección de Mercados Nacionales?nSí. Los municipios podrán solicitar inversión para obras en los mercados municipales, pero «deberá manifestar su intención de entregar voluntariamente el bien inmueble» a comodato «a favor de la Dirección de Mercados Nacionales«.nEn todo caso, es decir, «sin perjuicio» de lo anterior, la Dirección también «podrá solicitar a los municipios la entrega de los referidos mercados y locales cuando lo considere pertinente».nn¿Qué prohibiciones tendrán los mercados?n1. Ventas ambulantes dentro de 100 metros de superímetro.n2. Puestos en los pasillos o vías de circulación interior.n3. Transferencia de puestos de venta.n4. Almacenar sustancias prohibidas, promover juegos de azar, efectuar negocios no relacionados al giro y otros.nn¿Cuáles serán las infracciones?nLas muy graves serán almacenar, vender o consumir sustancias ilícitas o de contrabando, explosivos, material peligroso o hacer desórdenes públicos. Las graves serían realizar acciones que alteren la disciplina y orden del mercado, plaza, parque o espacio público, botar basura, obstruir pasillos; y las leves, mantener el puesto de venta sucio, sin depósitos de basura.nn¿De cuánto serán las multas para los puestos de venta?nDe $5 a $25 para infracciones leves; de $26 a $50 para infracciones graves; y revocación de la adjudicación para infracciones muy graves.

Cuatro diputados de Nuevas Ideas presentaron un proyecto para reformar el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL) con el objetivo de evitar que los legisladores se abstengan en las votaciones de las iniciativas propuestas.

La reforma propuesta consiste en agregar un inciso final al artículo 86: «Las votaciones deberán consignarse a favor o en contra, de lo que se presente a consideración de la Asamblea, según lo establecido en este reglamento y la Constitución».

En su solicitud, los diputados argumentan que las votaciones «de lo que se presente a consideración» de la Asamblea Legislativa «deberían de someterse dichas votaciones ya sea a favor o en contra», «para una mayor certeza jurídica».

La iniciativa de reforma es firmada por los diputados Ernesto Castro, Suecy Callejas, Elisa Rosales y Alexia Rivas, todos legisladores integrantes de la junta directiva del Legislativo.

La propuesta para evitar los votos en abstención de los diputados pasó a estudio de la Comisión Política, que está convocada a reunirse el lunes 7 de abril a las 2:00 de la tarde, día en que entrevistará a cuatro candidatos a procurador general.

Actualmente, el reglamento únicamente establece que los diputados pueden votar a mano alzada o por medio electrónico, y también de manera nominal y pública, a viva voz, después de nombrar a cada diputado.

También establece que los diputados podrán «razonar» su voto por un máximo de cinco minutos o de forma escrita a la junta directiva.

El mismo reglamento establece como derechos de los diputados «participar con voz y voto en las sesiones plenarias» así como a votar según su voluntad individual y sin ninguna coacción.

El sistema de conteo de votos en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa registra tres tipos de votos: a favor, abstención y en contra. Un diputado también puede optar por no registrar ninguno de los tres tipos de votación, no presionando el botón o no levantando su mano.

Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, la abstención es una «opción voluntaria de participar en una votación parlamentaria sin manifestarse a favor ni en contra».

El artículo 125 de la Constitución establece: «Los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Son inviolables, y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan».

Al menos 47 salvadoreños, de los cuales el 61 % son mujeres, solicitaron asilo en Reino Unido de enero a diciembre de 2024, de acuerdo con el sistema de inmigración del gobierno britu00e1nico.

Las cifras obtenidas del Ministerio del Interior de Reino Unido indican que, durante los primeros cuatro meses solo siete salvadoreños pidieron asilo, de los cuales cinco son hombres y dos, mujeres, desde menores de edad hasta hasta una mujer entre 50 y 69 años.

En el periodo entre mayo y agosto, las peticiones de los salvadoreños aumentaron levemente a nueve solicitudes, cinco de mujeres y cuatro de hombres. Durante período, se contabilizó a un hombre mayor de 70 años.

En los últimos cuatro meses de 2024, de septiembre a diciembre, la cifra de peticiones de asilo aumentó en 244 %, de nueve a 31 solicitudes, 22 presentadas por mujeres y nueve, por hombres.

Dos peticionarios fueron menores de edad y una persona entre 50 y 69 años.

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Por otra parte, según el Ministerio del Interior de España, 733 salvadoreños pidieron protección internacional a España durante el mismo periodo, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024. Los salvadoreños solo representan el 0.43 % de las peticiones que recibe esa nación.

Ademu00e1s, la Dirección General de Protección Internacional española registró otros 356 salvadoreños que obtuvieron el estatus de «refugiado», mientras que otras 1,041 solicitudes terminaron en «casos desfavorables» y 27 fueron enviados a archivo.

Por otro lado, el año pasado en México los salvadoreños interpusieron 5,479 solicitudes de refugio de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), entidad que no actualiza sus datos desde enero de 2025.

En México, los salvadoreños presentaron un promedio de 456 solicitudes mensuales en el año, siendo el cuatro lugar de nacionalidades que mu00e1s solicitudes protección interpusieron en la nación azteca, representando el 6.9 % de todas las peticiones.

Las diputadas de Arena y Vamos pidieron públicamente a la junta directiva de la Asamblea Legislativa que incluya en la agenda legislativa las iniciativas que han propuesto contra Ley de Minería Metálica y no ignoren las más de 150,000 firmas de la sociedad civil presentadas por la Iglesia Católica.

“Es un llamado para la junta directiva pidiéndole que agende a la comisión correspondiente la propuesta que nosotros hicimos el 14 de enero, en la que pedíamos que se derogara la Ley de la Minería”, fue el llamado que hizo la diputada Marcela Villatoro, del partido de oposición Arena.

Sostuvo que, con las firmas que ha presentado la Iglesia Católica, «ya es un expediente suficiente para que pueda ser estudiada dentro de la Comisión» Política.

Claudia Ortiz, diputada de Vamos, expresó que en la Asamblea Legislativa no se ha dicho nada sobre el tema, ni siquiera “por el clamor de las firmas que presentaron” contra de la minería. Ortiz dijo que su propuesta de reforma a la Constitución de la República para la prohibición de la minería metálica sigue en pie.

“Yo decidí activarme y por eso he puesto a disposición en mi oficina el proyecto de ley de reforma constitucional, para garantizar a nivel de la Constitución, la ley más importante, el derecho al agua y la prohibición de la minería, para que ninguna Asamblea Legislativa en ningún momento pueda volverla a aprobar”, aseveró la diputada.

El 14 de enero pasado, la diputada Villatoro pidió en sesión plenaria el ingreso de una petición de derogatoria de la Ley de Minería Metálica en El Salvador aprobada el 23 de diciembre y vigente desde el 7 de enero de 2025.

“Es una ley altamente inconstitucional, el artículo 117 de la Constitución establece que es deber del Estado proteger los recursos naturales y el artículo 1 de la Constitución nos habla sobre el derecho a la vida y la protección a la misma. Es una ley altamente inconsulta”, argumentó. No recibió el apoyo de Nuevas Ideas y sus aliados; sino solo de su partido y de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.

El 18 de marzo, día en que la Iglesia Católica presentó una carta respaldada por 150,000 firmas de la sociedad civil en contra de la minería metálica, la diputada Ortiz intentó introducir una iniciativa de reforma constitucional que contemplaba la prohibición de la minería metálica.

«Esta mañana quiero someter a consideración de este pleno legislativo y, en atención al clamor de la feligresía católica y de todo el pueblo salvadoreño que está pidiendo se derogue la Ley de la Minería, quiero someter a votación una pieza para que se derogue la Ley de la Minería y otra con reformas constitucionales”, fueron las palabras de la diputada de Vamos. La iniciativa ni siquiera fue sometida a votación, ya que debía contar con al menos 10 firmas de diputados por ser solicitud de reforma constitucional.

Las diputadas de los partidos opositores, Arena y Vamos, cuestionan la falta de medicamentos y en cierre de dos clínicas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y creen que la directora, Mónica Ayala, le debe una explicación a la población.

“Esto es delicado, mire, no hay medicinas, la gente le dan citas por muchos meses después, hasta un año después y la gente está pagando por tener su seguro social, entonces, ¿por qué el ISSS no le está respondiendo a los salvadoreños? Sería bueno que dé la cara la directora del Seguro y le explique a la gente por qué”, aseveró la diputada de Arena, Marcela Villatoro.

La diputada se quejó de que muchos pacientes, incluso con enfermedades crónicas, no reciben sus correspondientes medicamentos del ISSS.

“La gente no logra medicinas, le toca comprarlas aparte, el caso de una persona que tiene enfermedad en sus riñones y ha tenido que estar comprándolo él, ha tenido tres infartos y lo que hicieron fue mandarlo para la casa, es preocupante esta situación”, reclamó.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, atribuye este problema a una mala administración y corrupción. “Hemos tenido una mala administración en los últimos años, que en el pasado hubo también mala administración y corrupción, es cierto, es totalmente cierto, pero quienes lograron el poder mayoritario, casi absoluto, no están haciendo absolutamente nada para mejorar los servicios públicos que el Estado le tiene que dar a la población”, criticó la diputada de oposición.

También, sostuvo que hay fallas en el servicio de salud pese a que ha habido recursos suficientes.

“Después de tantos préstamos, de tantos recursos no sabemos por qué están cerrando clínicas, por qué están cerrando escuelas, por qué no hay medicinas suficientes, los médicos no pueden ni recetar algo diferente porque les han prohibido decir que no hay medicina y no pasan de recetarle Acetaminofén», cuestionó.

El 13 de marzo pasado, el secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Seguro Social (Simetriss), Rafael Aguirre, aseguró que “el Seguro Social sigue con desabastecimiento de medicamentos” como Amoxicilina, Ibuprofeno, Diclofenac, Metocarbamol, Irbesartán, Verapamilo, Morfina y antidiabéticos, entre una lista de 50 medicamentos.

La diputada Claudia Ortiz, quien votó una vez más en contra en de una nueva prórroga del régimen de excepción, aseveró que se siguen capturando inocentes y reteniendo en las cárceles a personas pese a cartas de libertad.

«Necesitamos justicia sin margen de error. Si dejaron libre al «Crook» –cabecilla de pandilla que habría sido liberado en noviembre de 2021– y por otro lado hay inocentes, incluso personas fallecidas, eso no es justicia» –cuestionó la legisladora– «queremos justicia sin margen de error, justicia sin abusos, queremos seguridad y paz verdadera que no se base en ningún tipo de tregua ni acuerdos con grupos del crimen organizado», agregó.

La diputada dijo que, luego de tres años, se debe dar un «salto de calidad» con la medida para que no haya inocentes pagando crímenes que no cometieron.

Señaló que las instituciones de justicia deben ser «realmente independientes y que hagan investigaciones basadas en técnicas científicas» y «no solamente se hagan capturas masivas» y, en segundo lugar, que la verdadera justicia garantice que «quienes tienen responsabilidad por sus crímenes la paguen y quien no tiene nada que deber pueda mantenerse tranquilo, libre, trabajando, con su familia».

«Eso no lo tenemos y a tres años esta administración no ha corregido esos errores», insistió la legisladora de oposición.

Ortiz señaló que no se puede avanzar en una verdadera seguridad, si no se trabaja para eliminar las causas de la violencia como la pobreza y la «corrupción de gobiernos que han pactado con pandillas».

«Por otra parte hay que ir a las causas que han dado origen a la violencia en El Salvador, causa como la pobreza, la falta de educación, la falta de acceso a empleo, el ingreso insuficiente que tienen muchas familias, también la corrupción de gobiernos de diferentes partidos políticos que han hecho treguas con grupos de crimen organizado, de todo eso hay que ir a la raíz, para poder aspirar a una paz verdadera», aseguró.

La diputada de Vamos cuestionó también a la Dirección General de Centros Penales por negar la libertad a personas que tienen cartas de libertad emitidas por jueces. «Esto es muy grave para todos los salvadoreños, porque no puede existir un funcionario del Ejecutivo que tenga más poder que un juez en relación a la libertad ambulatoria de los salvadoreños», advirtió.

Después de tres años que el gobierno ha implementado el régimen de excepción, el gobierno registra más de 85,500 capturados, mientras, organizaciones de derechos humanos aseguran que han recibido, al menos 6,689 denuncias de capturas de «inocentes» y «380 muertes en manos del Estado».

La Asamblea Legislativa ratificó este martes el contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta $500 millones para el «Programa de apoyo a la sostenibilidad macroeconómica y fiscal de El Salvador», el cual fue suscrito el 31 de marzo pasado, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La ratificación del préstamo recibió 57 votos, de Nuevas Ideas y sus aliados. Arena y Vamos votaron en contra. El contrato de préstamo fue aprobado por el BID el 20 de marzo, su suscripción fue autorizada por la Asamblea Legislativa el 25 de marzo, Hacienda y el BID suscribieron el contrato el 31 de marzo y finalmente el contrato fue aprobado este 1 de abril por la Asamblea Legislativa.

El apoyo financiero de organismos multilaterales fue contemplado para mejorar la estabilidad financiera de El Salvador en el marco del acuerdo con el FMI.

El préstamo de $500 millones del BID tendrá una comisión de 0.75 % sobre el saldo no reembolsado, a partir de 60 días desde la suscripción del contrato, un plazo de siete años y a un interés resultante de la tasa de referencia más un margen aplicable para préstamos de capital ordinario.

La primera cuota del préstamo se debe pagar en tres años desde la vigencia del contrato y los intereses deberán pagarse semestralmente desde los seis meses a partir de la vigencia del contrato.

Tras cuatro años de negociación, en febrero de 2025, el gobierno de El Salvador llegó a un acuerdo con el FMI por aproximadamente $1,400 millones. El programa de financiamiento por $1,357.3 millones fue aprobado como parte de un financiamiento de Servicio Ampliado del Fondo (SAF), una modalidad de préstamo del FMI que se aprueba a países con graves problemas de balanza de pagos debido a deficiencias estructurales. Este financiamiento del FMI liberaría $3,500 millones en préstamos a favor de El Salvador.

Con los votos de 57 diputados de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa prorrogó, por 37ª vez, el régimen de excepción después de que este cumpliera tres años de vigencia el pasado 27 de marzo, luego de que lo solicitara el vicepresidente, Félix Ulloa, encargado del Despacho del presidente Nayib Bukele.

La nueva prórroga inicia este domingo 6 de abril y finalizará el próximo lunes 5 de mayo de 2025.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. La diputada Marcela Villatoro, de Arena, votó en abstención en la votación nominal y en la votación general no se encontraba en el pleno.

Con esta aprobación, continúan suspendidos tres derechos constitucionales regulados en los incisos segundos de los artículos 12 y 13, y el artículo 24 de la Constitución de la República, relacionados a las garantías de defensa, período máximo de detención y privacidad de las telecomunicaciones, para todos los salvadoreños.

“Las condiciones bajo las cuales fueron suspendidas las garantías constitucionales, decretadas el 27 de marzo de 2022 aún se mantienen”, expresó el documento enviado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en el documento basado en la sesión del Consejo de Ministros.

El gobierno reiteró en la petición de prórroga “que las medidas extraordinarias decretadas” desde el 27 de marzo de 2022 “han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción del número de homicidios y la captura de más de 85,500 individuos incluyendo principales líderes de pandillas”.

Argumentan que es necesario seguir prorrogando el régimen de excepción.

“Hay evidencia de participación de miembros de pandillas en la realización de los hechos vinculados al narcomenudeo, ingresando la droga al país vía terrestre, utilizando transporte pesado y otras modalidades… Se ha detectado que continúan desarrollándose acciones por parte de mujeres vinculadas a esas organizaciones criminales, quienes han adoptado posiciones de mando orientadas a mantener la comisión de hecho delictivos”, detalla la solicitud del Gobierno.

El diputado Mauricio Ortiz, de Nuevas Ideas, pidió la palabra para defender por qué es “necesario” seguir “cada mes» con el régimen.

“Estamos ya en el tercer aniversario de la ejecución del régimen de excepción y se sustenta desde el artículo 1 del a Constitución del a República. Hace un par de semanas, tuvimos declaraciones de nuestro ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, quien dijo que algunos menores de edad que recobraban su libertad, luego de estar internos por delitos, en la cárceles les ordenaban que, al salir, levantaran en las pandillas y les daban alguna posición para ser reconocidos como líderes de pandillas, estas situaciones nos ponen alerta y por eso se necesita la aprobación cada mes del régimen de excepción”, dijo el diputado cian.

Por su parte, el diputado Francisco Villatoro, de Nuevas Ideas, aseguró que “el presidente Donald Trump ha felicitado este trabajo y ha agradecido el apoyo del país para que ellos también puedan fortalecer la seguridad en su país, y estas buenas relaciones benefician a muchos salvadoreños que viven en Estados Unidos así como en el país”.

La diputada Helen Jovel, de Nuevas Ideas, habló de “oportunidades para jóvenes y de un Estado fuerte que no se doblega ante ningún criminal y de libertad”.

Walter Alemán, también legislador de Nuevas Ideas, aseguró que, con la nueva aprobación del régimen, están “demostrando que están comprometidos con todos los salvadoreños y que gracias a esta herramienta El Salvador se ha convertido en una nación segura.”

Con 58 votos, la Asamblea Legislativa reformó este martes la «Ley especial transitoria para la legalización del dominio de inmuebles a favor del Estado en el Ramo de Educación» para facilitar la legalización de propiedad de más de mil inmuebles a favor del Ministerio de Educación y Tecnología.

Con la reforma a la ley original, aprobada en 2015, los procesos para que las propiedades sean inscritas a favor de Ministerio se apilarán no solo a los terrenos donde operan centros educativos sino aquellos «en los que tenga interés el Ministerio, que sean propiedad de personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado».

Esta nueva disposición es introducida en el artículo 2 de la normativa, cuyos efectos fueron prorrogados por cinco años más, hasta el año 2030.

La diputada Evelyn Merlos, de Nuevas Ideas, detalló que la ley actual ha permitido legalizar 1,976 inmuebles a favor del Ministerio de Educación, en donde funcionan 1,618 centros educativos, pero aún faltan 1,636 inmuebles que «deben ser legalizados» en donde hay 1,232 centros educativos «por encontrarse en terrenos que no están inscritos a favor del Mined». Merlos rechazó que sea expropiación.

Podrá aplicarse a hipotecados o bajo el ISTA

La reforma permitirá aplicar las disposiciones también a las propiedades hipotecadas o bajo legalización del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), ya que fue eliminada la exclusión que se hacía de estas condiciones en el artículo 4.

Listado con información del CNR

La reforma también establece que la Dirección de Legalización de la Propiedad (DLP) del Ministerio de Vivienda, a petición de Ministerio de Educación, realizará los levantamientos topográficos de los inmuebles que formarán parte del listado de interés del Ministerio de Educación y serán presentados al Centro Nacional de Registros (CNR) para su revisión hasta tener una «resolución favorable».

Así mismo, la Sección de Notariado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) extenderá la reposición de los testimonios de los títulos de propiedad de los inmuebles en 30 días hábiles, «independientemente de qué fuere el titular del derecho», «con el solo requerimiento por escrito del Ministerio».

Con la reforma, la publicación necesaria para que se ciudadanos terceros se opongan a la legalización de propiedad se reducirá de dos a una sola vez en el Diario Oficial y el plazo para presentarse será 60 días. El listado también se publicará en el sitio electrónico del Ministerio de Educación.

¿Cómo será el proceso?

Si el Ministerio posee bienes inmuebles sin un título de dominio escrito, podrá «titular su derecho» mediante un proceso abreviado ante juez competente o notario.

Una condición es la posesión pacífica por al menos siete años. La reforma dice que, si hay un poseedor distinto, «bastará con la declaración jurada otorgada por el titular o a quien delegue para probar la posesión».

1. Ante notario el fiscal presentará solicitud escrita que exprese que el Ministerio es el poseedor.
2. El notario citará al síndico municipal y persona de quien se haya adquirido el inmueble, publicará un edicto en un periódico de circulación nacional, abrirá a pruebas en tres días hábiles.
3. Inspección del inmueble con un perito y ordenará citar al síndico municipal y se establecerá la posesión con base en la inspección, la prueba documental y la prueba testimonial.
4. Si hay derechos de varios propietarios (proindivisos) se realiza un proceso diferente: el fiscal presentará solicitud escrita ante notario, que realizará la inspección con perito, citando a los colindantes y al menos un copropietario, se levantará acta y la resolución.