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Unos 30 jóvenes salvadoreños recibieron becas para estudios de maestrías en España. Las formaciones serán recibidas de forma virtual e incluyen un año de pasantías en España, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería salvadoreña indicó que las becas han sido entregadas por la Escuela de Negocios Formato Educativo de España y por el gobierno salvadoreño a través de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO).

La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, detalló que las maestrías ofrecen estudios en dirección estratégica, innovación y emprendimiento, liderazgo, marketing, medioambiente, gestión de proyectos y otros. El plan de estudios incluye un año de pasantías en Madrid, España.

«Un paso más hacia la construcción de un país con más oportunidades. Felicitaciones a los becarios que, con su talento y compromiso, representan el presente y futuro de El Salvador».
Karla de Palma, directora general de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO).

Mira aseguró que estas maestrías «fortalecerán la formación» de los jóvenes salvadoreños «en áreas clave para el desarrollo del país». Las maestrías ofrecidas tienen duran solo un año y son recibidas virtualmente.

Además, las autoridades realizaron un acto de despedida para otros 34 becarios que iniciaron su formación el año pasado y que están próximos a viajar a España para completar una semana de intercambio con otros 600 participantes.

Gracias a la sólida alianza entre @cancilleriasv, a través de @AgenciaEsco, la @EmbEsElSalvador y @FEducativo, entregamos 30 becas completas para estudios de maestría, que fortalecerán la formación de nuestros jóvenes en áreas clave para el desarrollo del país, tales como: pic.twitter.com/DPaVe35W1i

— Adriana Mira (@AdrianaMiraSV) June 25, 2025

El excomisionado de derechos humanos y de libertad de expresión en el gobierno salvadoreño, el colombiano Andrés Guzmán, aseguró que en El Salvador «falta capturar 40,000 pandilleros» ya que tienen identificados «120,000 pandilleros que estaban dentro del territorio nacional».

«Operando creo que no están pero no sabemos dónde están y qué están haciendo. En España hace un par de semana detuvieron 23 de la 18 (…), son organizaciones terroristas multinacionales, están desde Estados Unidos hasta Panamá», dijo en una entrevista transmitida el 21 de junio de 2025, en el programa «Café Jurídico» de Focus Noticias de Colombia que puede encontrarse en YouTube.

El exfuncionario, quien dijo que tiene una buena oferta para irse a trabajar a Washington «en temas de consultoría política y consultoría en manejo legal de temas con la Comisión Interamericana» de Derechos Humanos (CIDH), reiteró que en las cárceles de El Salvador «no» se violan los derechos humanos.

«Los privados de libertad no se les viola ni un solo derecho y, si hubiera sido un centímetro de violación de derechos, yo no hubiera trabajado allá, yo soy un hombre decente, trabajé incansablemente para que eso nunca sucediera y le puedo meter mis manos al fuego porque hoy a ninguna persona que esté privada de libertad en El Salvador se le violan los derechos», fueron las palabras del colombiano.

En El Salvador está vigente actualmente la 39a prórroga del régimen de excepción, una medida con la cual el Gobierno ha reportado las capturas de 86,400 «terroristas» desde el 27 de marzo de 2022, mientras que organizaciones como la asociación Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (OUDH) han registrado más de 6,000 denuncias de violaciones a derechos humanos entre capturas arbitrarias, torturas y muertes de detenidos en las cárceles. En el país, el 37.4 % de la población cree que es necesario implementar otras medidas y el 59.7 % que es necesario seguir prorrogando el régimen según una encuesta publicada el 19 de junio.

¿Bukele en la Corte Penal Internacional?

El exfuncionario respondió con un «no» a la pregunta si creía que el presidente Nayib Bukele terminará en la Corte Penal Internacional.

«Algunos afirman que tarde o temprano Nayib Bukele va a terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o incluso en la Corte Penal Internacional, ¿usted cree eso?», le preguntó el entrevistador.

«No. Yo trabajé y fui el abogado de El Salvador durante dos años y trabajé todos los casos en la Corte interamericana y en la Comisión. Durante mi trabajo, creo que recibí más de unas 30 denuncias, de las 30, ninguna sola prosperó… Yo celebro cualquier unión y cualquier trabajo que haga el mundo por acabar a los terroristas que amedrentan y le dan miedo al mundo», respondió.

El 19 de junio pasado, la Fundación El Amparo Internacional anunció que denunciarán al presidente salvadoreño y «a la cadena de mando», a quienes señalan de responsables de crímenes de lesa humanidad, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El excomisionado dijo que en El Salvador montó un sistema de litigio estratégico con inteligencia artificial para analizar denuncias e informes de la sociedad civil, «cruzarlos, configurarlos». «Había muchas exageraciones», opinó. Lo que podía ser verdad, dijo, lo enviaban a «entidades disciplinarias para que lo investigaran». Detalló que en El Salvador la inteligencia está «muy activa» antes de que «los delincuentes se reúnan o hagan cualquier tipo de acción» para evitar que suceda y «el trabajo pos» en donde «los jueces han sido juiciocísimos».

Hizo consultoría al gobierno

Guzmán también fue cuestionado sobre cómo terminó asesorando al presidente Nayib Bukele y relató que su compañía de informática forense y tecnologías «Adalid» quebró. «Quedé hipotecado, quebrado hasta dónde no más. Dentro de las consultorías que yo había hecho, le había colaborado en temas de inteligencia y ciberseguridad dentro del Plan Control Territorial y tuve la fortuna de conocer al presidente Bukele», comentó.

Agregó que «en pandemia» se «olvidó de El Salvador» y que se «concentró» en su compañía en Colombia que la vio «acabarse» y que no vio otra posibilidad que volverse empleado «como delegado en la protección de datos y libertad de expresión en ambientes digitales» en la Defensoría del Pueblo de Colombia, en donde se encontraba cuando recibió la llamada de Bukele, quien le dijo necesitaba «una estrategia y sacar adelante el país por todas las críticas que ha tenido El Salvador en derechos humanos».

Andrés Guzmán Caballero fue nombrado comisionado de derechos humanos y libertad de expresión de El Salvador desde el 24 de mayo de 2023 hasta 16 de mayo de 2025; el decreto ejecutivo de creación del cargo de comisionado de derechos humanos y libertad de expresión fue emitido el 19 de mayo de 2023. La Secretaría Jurídica de la Presidencia asevera que fue «nombrado a partir del día 3 de junio de 2024» en el segundo periodo presidencial de Nayib Bukele.

Los salvadoreños están divididos entre quienes están de acuerdo en prorrogar el régimen de excepción y quienes creen que es necesario buscar otras medidas para sustituir este decreto, que desde el 27 de marzo de 2022 tiene suspendidos en el país tres derechos constitucionales para facilitar las capturas.

Mientras el 59.7 % de los salvadoreños creen que el régimen de excepción debe continuar en el país, el 37.4 % de los salvadoreños responde que “es hora de buscar otras medidas”, según la encuesta más reciente del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, realizada del 14 al 24 de mayo de 2025, y presentada el 19 de junio.

Si bien la mayoría dijo no tener ningún temor ante el régimen de excepción (65.2 %), un 34.8 % de los salvadoreños respondió que tenía algún nivel de temor, ya sea poco, algún o mucho temor.

La nota promedio que le otorgó la población al régimen de excepción fue 7.78, en una escala de 0 al 10.

Sin embargo, de las personas que aseguran que es necesario buscar otras medidas para sustituir al régimen de excepción, un 66.8 % aprueban dicha medida una nota promedio de 6.13 al régimen.

Según el mismo estudio, cuando se les preguntó cuál es el principal logro del gobierno de Nayib Bukele, la mayoría (66.6 %) respondió “el combate a la delincuencia y la seguridad” y solo un 1.7 % contestó que es la continuidad del régimen de excepción. Y, de quienes señalan fracasos, el 4.6 % respondió que es el “régimen de excepción” y el arresto de personas inocentes.

El gobierno anunció el sábado 21 de junio un nuevo cerco militar en San Bartolo, Ilopango, con el despliegue de 2,000 elementos entre policías y soldados; y capturó a 40 estudiantes de tres institutos nacionales señalados de estar formando una nueva pandilla.

Lectura > Los cercos militares desde 2022

Recientemente, la diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, rechazó la idea de eliminar el régimen de excepción.

“A los que dicen: ‘quiten el régimen’, ‘ya no hay mareros’, ¿esto es lo que quieren que regrese? Pues no vamos a permitir que se vuelvan a reagrupar, pandilleros asesinos”.
Alexia Rivas, diputada de Nuevas Ideas, el 24 de junio.

Esa fue la reacción de la diputada al operativo de la Fiscalía General de la República para “desmantelar una nueva pandilla en formación” en el Instituto General Francisco Menéndez (Infraamen), en el Instituto Nacional Albert Camus y el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI).

Para René Valiente, director de Investigaciones de Cristosal, la mayoría de los detenidos durante el régimen de excepción han sido arrestados “sin acceso a real a una defensa”, ya que “la mayoría no ha tenido audiencia con un juez ni cuenta con una sentencia formal”.

“Los familiares de personas detenidas peregrinan entre instituciones y centros penales buscando información, enfrentan cobros por alimentación, transporte y otros gastos. El régimen ha normalizado el aislamiento, los malos tratos, la tortura y la negligencia médica”.
René Valiente, director de investigaciones de Cristosal, en X.

Según Valiente, el CECOT es “una herramienta de propaganda” ya que “oculta el rostro de un sistema penal violento, desigual y arbitrario” y no refleja cómo funciona el sistema carcelario en El Salvador.

Las «Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción«, que dio a la Fiscalía General un plazo de hasta 24 meses para acusar a los supuestos pandilleros en «una sola causa» con criterios de «estructura, denominación, funcionamiento, territorio», vence en agosto de 2025.

El decreto fue aprobado el 26 de julio de 2023 y está vigente desde el 25 de agosto de 2023. Fue aprobado con el fin de prolongar el periodo de detención de los detenidos en el régimen de excepción para poderlos acusar, a más tardar en dos años, que se vencerían en agosto, en «un solo proceso penal, por su pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita», ya sea por la estructura, el funcionamiento, territorio «u otros que resulten aplicables a criterio del fiscal».

Miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) pidieron el miércoles a la Asamblea Legislativa que el decreto no sea prorrogado. «Que ya no prorroguen el decreto 803, un decreto que le ha permitido a la Fiscalía ampliar el tiempo de detención de una manera arbitraria, primero son 72 horas en un país donde se respeta el Estado de Derecho y, si la Fiscalía no encuentra delito, tiene que ser libre. Pero luego el régimen decretó que fueran 15 días, la Fiscalía no pudo comprobar el delito para miles de personas que están presas, se les dio seis meses, tampoco; se le dio un año, dos años, tres años, y ese plazo vence el 25 de agosto de 2025», dijo Samuel Ramírez, representante del Movir.

El decreto 803 de «Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción» y otro decreto 804 de reformas a la Ley contra el crimen organizado fueron sancionados por el presidente Nayib Bukele el 31 de julio de 2023.

Expertos independientes o «procedimientos especiales» del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas enviaron una carta al gobierno de los Estados Unidos, además de comunicación relacionada a los gobiernos de El Salvador, Venezuela y Cuba, para manifestar preocupación sobre la posible violación al derecho internacional de los derechos humanos en las deportaciones de ciudadanos venezolanos y salvadoreños a El Salvador.

La carta fue enviada el 23 de abril de 2025 y publicada 60 días después en el sitio de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OHCHR).

Los «procedimientos especiales» son expertos independientes en derechos humanos que informan y pueden intervenir «mediante cartas» a los Estados, pueden hacer llamados urgentes, exponer hechos o denuncias, estándares internacionales y exponerles preocupaciones, según la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

En este caso, el país en cuestión es Estados Unidos relacionado a El Salvador sobre las deportaciones de venezolanos y salvadoreños de Estados Unidos a El Salvador al amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros.

Entre las preocupaciones mencionadas por los expertos de la ONU están: «la prohibición de la expulsión ilegal o arbitraria, el derecho a no ser detenido arbitrariamente, el derecho al debido proceso en la expulsión de migrantes y solicitantes de asilo, el derecho a la vida familiar y los derechos de los niños, la obligación de no devolución, la prohibición de la desaparición forzada y el requisito de condiciones humanas de detención».

En la misiva, se mencionan 108 presuntas víctimas e instan «al Gobierno de Su Excelencia a revisar estas leyes, políticas y prácticas para garantizar que toda medida adoptada cumpla con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos».

«Migrantes en una prisión de justicia penal»

Los expertos de la ONU señalaron que desconocen el procedimiento legal aplicado y el estatus legal de los detenidos para probar sus presuntas asociaciones con pandillas o cualquier actividad criminal, y advierten que es posible que «se haya identificado individuos con Tren de Aragua basado en sus tatuajes, ropa, actividad social y estatus migratorio».

«No parecen estar bajo investigación criminal en El Salvador, no tienen estatus migratorio legal allí y están sujetos a una detención renovable de un año aparentemente como migrantes en una prisión de justicia penal. La detención arbitraria prolongada también podría constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante», dicen en su comunicación los procedimientos de la ONU.

Señalan falta de información sobre los detenidos a pesar de solicitudes y que el gobierno de El Salvador ha negado la asistencia consular a Venezuela. Señalan que los detenidos no tienen comunicación con sus abogados, «duermen en camas de metal sin colchones y están confinados en sus celdas durante 23 horas al día, privados de tiempo al aire libre», con escaso acceso a alimentos, agua, medicamentos esenciales para enfermos crónicos, entre otros.

También, piden que explique «qué salvaguardas de derechos humanos están incluidas en el acuerdo de deportación y detención entre los Estados Unidos y El Salvador, incluida cualquier disposición para una deportación efectiva».

La carta se refiere a las deportaciones realizadas el 15 de marzo desde Texas, Estados Unidos, de 238 venezolanos y 23 salvadoreños, de los cuales 137 aparentemente fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y otros 101 bajo la ley de inmigración de los Estados Unidos; entre el 30 y 31 de marzo, de otras 17 personas, 7 venezolanos y 10 salvadoreños, presuntos pandilleros; y el 12 de abril, otros 10 presuntos pandilleros. Muchos de los deportados se encuentran en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) ubicado en el distrito de Tecoluca, San Vicente Sur.

La solicitud firmada por 12 relatores o expertos advierte que, mientras esperan una respuesta, exhortan a adoptar medidas para «evitar cualquier daño irreparable a la vida y la integridad personal de los afectados».

¿Quiénes firman la carta?

1. Ben Saúl, Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
2. Gabriella Citroni. Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
3. Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
4. Balakrishnan Rajagopal. Relator Especial sobre una vivienda adecuada como componente del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto.
5. María Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
6. Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.
7. Jorge Katrougalos, Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.
8. Cecilia M. Bailliet, Experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional.
9. Gehad Madi, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes.
10. Alice Jill Edwards, Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
11. Siobhán Mullally, Relator Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
12. Laura Nyirinkindi, Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.

La Asamblea Legislativa aprobó dos reformas a los presupuestos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para comprar unidades de transporte para transportar los productos de los agromercados y del Centro de Desarrollo Profesional del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF) para equipar a su centro de San Bartolo, en Ilopango.

La primera reforma se dio al presupuesto del MAG incorpora una donación de $725,000 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para comprar 12 tráileres de carga con capacidad de 10 quintales, ocho camiones con capacidad de 3.5 toneladas, cuatro camiones de 10.5 toneladas, dos camiones de 2.5 toneladas, dos pick ups, que servirían para trasladar productos a los agromercados y la Central de Abastos.

El proyecto se denomina «Apoyo a la cadena de suministros de productos agropecuarios para la comercialización a nivel nacional”. La reforma al presupuesto del MAG fue aprobada con 60 votos, de todos los partidos.

La segunda reforma incorpora $2.18 millones al INCAF para equipar, con robots industriales y de fresado, centros de torneado, simuladores de neumática e hidráulica, estaciones de aprendizaje de electricidad y celdas de mantenimiento electromecánico. Esta reforma también fue aprobada con 60 votos, de todos los partidos.

En marzo de 2025, la Asamblea reformó el presupuesto para transferir $40 millones del Ministerio de Hacienda, $20 millones para que el MAG abastezca agromercados y centrales de abasto, y $20 millones para construir o mejorar escuelas. Los fondos del MAG fueron incorporados a la Dirección General de Vinculación Territorial y Abastecimiento del MAG.

El exdiputado pedecista y abogado Guillermo Antonio Guevara Lacayo falleció la madrugada de este miércoles a sus 81 años, debido a causas naturales, informaron fuentes familiares.

Los restos del exdiputado serán velados desde este miércoles en Capillas Memoriales, en el salón Las Gardenias, en San Salvador. El viernes, será trasladado posteriormente a la que fue vivienda de sus padres frente al parque central Luciano Hernández, en el distrito de Sensuntepeque, municipio de Cabañas Oeste, de donde era originario; se realizará una misa de cuerpo presente en la iglesia Santa Bárbara y será sepultado el viernes a las 3:00 de la tarde en el cementerio general junto a los restos de sus padres, don Antonio Guevara Alfaro y Doña Mercedes Lacayo de Guevara.

Guillermo Antonio Guevara Lacayo, abogado, fungió como diputado constitucionalista por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y se desempeñó como secretario de la comisión que redactó la Constitución de la República en 1983. Fue presidente de la Asamblea Legislativa en el periodo 1989-1991.

Nació el 29 de abril de 1944, en Sensuntepeque, Cabañas, estudió en el Liceo Salvadoreño de donde egresó como bachiller en 1961 y se graduó como doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales.

Guevara Lacayo, quien en 2016 también era asesor de la fracción del PDC en la Asamblea Legislativa, era crítico de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que permitió los diputados no partidarios, algo que según el exdiputado constituyente requería reforma constitucional.

En una entrevista realizada en diciembre de 2020 realizada en el programa “Foro Legislativo” de la Asamblea Legislativa, Guevara Lacayo relató cómo fue elegida la Asamblea constituyente en 1982 y que culminó su labor en diciembre de 1983.

El político también se había pronunciado a favor de no modificar las cláusulas pétreas de la Constitución. “Lo que pensamos es que podían hacerse reformas a la Constitución menos al sistema de gobierno democrático, representativo, pluralista, partidista y la alternabilidad en el ejercicio del poder, que es una cuestión básica”, dijo.

En esa ocasión, Guevara Lacayó aseguró que “los gobiernos del PCN eran gobiernos militares, no eran malos en sí, el problema que tuvieron es la falta de legitimidad democrático” y les llamaban a los diputados “chivitos” porque a todo decían que “siiií”. “En el pleno legislativo, todos veníamos armados, era una cosa terrible”, dijo en esa ocasión el exdiputado que también reveló que estuvo 21 días detenido en la Policía de Hacienda cuando había “abusos de poder del régimen”.

El Índice Global de Tortura 2025 lanzado este miércoles por la

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) clasificó a

El Salvador “como de muy alto riesgo de tortura y malos tratos” y sugirió “la urgente necesidad de supervisión internacional” en el país.

El estudio se realizó con datos recopilados en 2023 y 2024 en 26 países con casi 80 organizaciones diferentes.

Asevera que en

El Salvador “los métodos de tortura empleados con frecuencia por las autoridades incluyen palizas brutales, humillación sexual, desnudez forzada, privación del sueño”, “especialmente durante interrogatorios para obtener información o confesiones”.

Según el informe de país, dichas conductas son sistemáticas.

A ello, suma la imposición de duras medidas disciplinarias por personal penitenciario “como castigos corporales y colectivos, restricciones a las visitas familiares y privación deliberada de alimentos y agua”, aislamiento rutinario de detenidos, falta de acceso oportuno a abogados y de comunicación confidencial con familiares, falta de asistencia o reportes médicos oportunos de posibles torturas, con el consiguiente incumplimiento del Protocolo de Estambul.

“En un caso, una reclusa de 26 años en la prisión de Apanteos fue obligada a realizar 1,200 sentadillas y luego colgada de las muñecas durante casi dos horas en represalia por defender a una compañera de prisión”, indica el informe de país.

Según el

mapa interactivo, de un grupo de 26 países evaluados, El Salvador es uno de los seis países con riesgo muy alto junto a Libia, Etiopía, Rusia, Bielorrusia y Baréin; 13 países se encuentran en “alto riesgo”, entre ellos Colombia, Honduras y México; cuatro en considerable riesgo, entre estos Argentina; tres países en riesgo moderado, entre estos Italia y España; y ninguno en bajo riesgo.

La situación de El Salvador se agrava, según el

informe de país, por el hacinamiento en las cárceles que supera el 160 % y ha alcanzado hasta un 300 %, un régimen de incomunicación carcelario, capturas arbitrarias, pésimas condiciones carcelarias, muertes bajo custodia, especialmente entre jóvenes detenidos y falta de un mecanismo nacional de prevención contra la tortura.

“Una vez que las personas son enviadas a estas cárceles, es difícil saber qué les sucede. El acceso a las personas encarceladas es casi inexistente, y los informes de graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, son generalizados”.

Informe de país del Índice de Tortura 2025.

“Política e institucionalmente, El Salvador muestra un compromiso mínimo con la prevención de la tortura y la protección de los derechos humanos”, indica el estudio de país, al señalar que no ha ratificado el

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura ni aceptado la competencia del Comité contra la Tortura para examinar denuncias individuales. Agrega que “el presidente Nayib Bukele y otros funcionarios han justificado públicamente el trato cruel a los detenidos, socavando la prohibición absoluta de la tortura”.

Se señala que el informe del gobierno salvadoreño al

Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas “lleva más de tres años de retraso” y “no existe un diálogo efectivo entre las autoridades estatales y la sociedad civil sobre la implementación de las Observaciones Finales del Comité”.

El lanzamiento del Índice se dio de manera virtual este miércoles en desde Ginebra, Suiza. El índice asigna puntuaciones de 0 a 100 a los países y los clasifica en cinco niveles de riesgo distintos: muy alto, alto, considerable, moderado y bajo.

El

riesgo alto presenta “graves deficiencias en la defensa de los derechos humanos y la implementación de las garantías contra la tortura, lo que sugiere desafíos significativos”. El riesgo “

muy alto”, en donde se encuentra El Salvador con otros cinco países, que “se caracteriza por violaciones sistemáticas de la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos, con garantías muy débiles para prevenir y proteger de casos de tortura y malos tratos”.

En medio de las constantes redadas y deportaciones de migrantes en Estados Unidos, dos expertos migratorios salvadoreños consideran que es «difícil» que el gobierno del presidente Donald Trump adopte reformas migratorias que den fin a la problemática situación agravada desde enero de 2025.

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Reynaldo Alvergue, de SOS Inmigración Internacional, aseguró a Diario El Mundo que ve «difícil» que el gobierno estadounidense promueva reformas migratorias aunque no lo ve «imposible».

«Sería una excelente noticia que el presidente Trump diera una reforma migratoria» dijo.

Una posible reforma es «el sueño anhelado por todos», enfatizó Alvergue, quien considera que posibles cambios legales en las reglas migratorias son algo que se ha «esperado desde hace años». Recordó que las últimas reformas migratorias fueron impulsadas por el expresidente Ronald Reagan.

«Ese es el sueño anhelado por todos, ¿verdad? Que se dé una reforma migratoria, la venimos esperando desde hace años… Muchas personas creen que está difícil que se llegue a dar, pero no imposible». Reynaldo Alvergue, experto migratorio de SOS Inmigración Internacional.

Alvergue estima que se beneficiaría a mucha de la comunidad de migrantes cuyo objetivo es estar legalmente en los Estados Unidos y tener sus documentos en orden. «Es difícil, no imposible, ojalá se pueda», reiteró.

«Imposible» por «narrativa política»

En el otro extremo, Óscar Landaverde, excónsul salvadoreño, afirmó en Radio YSUCA, que «durante la administración de Donald Trump es imposible que haya una reforma migratoria», tomando en cuenta que considera que al política anti inmigrante de la administración es contenido de una narrativa política.

«No sería posible, le doy cero posibilidades», expresó.

Landaverde opinó que, desde su punto de vista, todo gobierno autoritario «busca un adversario débil» para mantener una narrativa política que en este caso es «una narrativa contra los inmigrantes».

El exdiplomático considera que la única posibilidad de una reforma migratoria sería que en la elección del próximo año los demócratas ganaran la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes.

«Hay cero posibilidades de que haya una reforma migratoria durante esta administración. La buena noticias es que no todo dura para siempre y que posiblemente tan pronto como el próximo año pueda haber un cambio en el Senado y en la Cámara de Representantes».

Óscar Landaverde, excónsul salvadoreño.

Sostiene que sola una mayoría demócrata podría abrir las «posibilidades de leyes adecuadas para los inmigrantes», mientras tanto, «con la administración de Donald Trump, eso es imposible», reiteró durante su intervención.

Durante los encuentros de alto nivel de los gobiernos estadounidense y salvadoreño, no se ha conocido que las autoridades discutan medidas sobre las deportaciones de salvadoreños. Según el reporte de Witness at the Border solo en mayo se disparó la cantidad de vuelos a 17 vuelos con deportados, sumando 59 vuelos desde que inició la administración Trump.

La «Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)» carnetizará a los menores de edad extranjeros que cruzan por Morazán hacia El Salvador y cuya permanencia no supera los tres días, porque residir en la zona fronteriza.

Las autoridades dicen que buscan permitirles una movilización «segura y ordenada».

Migración detalló que el proyecto de carnetización está dirigido a los menores de 18 años que «cruzan frecuentemente entre El Salvador y Honduras» pero que no se quedan por más de tres días y a quienes viven en las zonas fronterizas entre ambos países, especialmente en los «distritos de Perquín y Arambala, en El Salvador, y Nahuaterique, en Honduras».

El trámite será gratuito y estará habilitado para los menores que cumplan los requisitos.

Quienes cumplan los requisitos podrán realizar el proceso de carnetización el sábado 12 y el domingo 13 de julio de 2025 en las instalaciones del puesto fronterizo de «Perquín, departamento de Morazán», a partir de las 8:00 de la mañana. El trámite es gratuito para los menores.

«Para carnetizarse se debe presentar:»

• Fotocopia del documento de identidad de uno de los padres del menor.
• Certificación de partida de nacimiento del menor, la cual, debe ser original y legible.
• Documentos que comprueben el lugar de residencia del menor, puede ser un recibo de luz, agua o teléfono.

La entidad migratoria no detalló cuántos son los menores qué buscan carnetizar, ni los fondos que serán destinados para este programa. Tampoco se conoce si los carnés serán entregados el mismo día que se tramitan o luego. El anuncio del proyecto fue dado a conocer a través de la página web de Migración.

El «Ministerio de Relaciones Exteriores» y el «Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN)» también carnetizaron a pobladores de seis zonas delimitadas entre El Salvador y Honduras por la «Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1992». Para ese proyecto, la Cancillería salvadoreña destinó al menos $4,200.00 para identificar a 18,000 personas que incluía a menores y adultos.