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Las instituciones del gobierno central, descentralizadas y empresas públicas han erogado desde enero hasta julio del año 2025 un total de $50.32 millones en indemnizaciones, la mayor parte por el gobierno central, de un total de $71.1 millones programados para ello.

En los ministerios del Gobierno Central salvadoreño se registra un total de $37.03 millones usados en indemnizaciones, de un total de $49.9 millones programados para todo el año.

Los mayores montos de indemnizaciones han sido programados y devengados en el Ministerio de Educación, con $17.89 millones; $5.3 millones en Salud Pública; $2.6 millones en Seguridad Pública y Justicia; $1.7 millones en la Procuraduría General de la República y $1.4 millones en Agricultura y Ganadería.

En el ramo de Educación, en el presupuesto general del Estado se programaron inicialmente $3,535 para indemnizaciones, pero se realizó una modificación para aumentar dichos fondos a $17,898,400.82, de los cuales se han ejecutado $17,881,624.55, según el Portal de Transparencia Fiscal.

Los mayores montos fueron erogados para indemnizaciones en el sector educativo durante los meses de abril y mayo.

En las instituciones descentralizadas, el monto programado para indemnizaciones pasó de $13.66 millones a $24.57 millones luego de modificaciones, de los cuales se han usado $11.37 millones.

Las descentralizadas con mayores montos programados para las compensaciones son: Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) con $1.15 millones no ejecutados a julio; Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), con $986,290 programados; el Hospital Nacional Rosales, con $920,193.58; el Fondo Solidario para la Salud (Fosalud), con $798,121.40; el Hospital Nacional Benjamín Bloom, con $491,291.34 programados, entre otras.

Las empresas públicas tienen programados $878,000 para indemnizaciones pero el presupuesto destinado para ello se ha modificado a $2.6 millones, de los cuales se han ejecutado $1.9 millones.

El monto erogado durante el presente año aún no supera los montos destinados a las indemnizaciones de 2021 a 2024, año en que se erogaron $271 millones en indemnizaciones.

Reducción estatal: FMI

El Estado redujo su planilla en 14,330 plazas durante el año 2024, año en el que cerró con 161,453 empleados públicos, 8 % menos.

El Ministerio de Hacienda ha previsto continuar en los próximos dos años un ajuste para reducir la masa salarial como parte del programa de $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para disminuir el gasto público como parte de un ajuste fiscal de 3.5 % del producto interno bruto (PIB) entre 2025 y 2027.

Siguiendo el acuerdo de El Salvador con el FMI, el gasto público debería reducir 1.4 % del PIB en 2025; 2.2 % en 2026; y 2.8 % en 2027.

Estados Unidos ocupa el primer lugar del ranking de los 10 países de destino de los salvadoreños que decidieron emigrar en la última década según los resultados del VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado en 2024.

Estos son los 10 países donde los salvadoreños residen ahora luego de emigrar de su país de nacimiento.

1. Estados Unidos: ocupa el primer lugar de los destinos de los emigrantes salvadoreños, con un 85.9 %.

2. España: el 4.03 % de los salvadoreños que han emigrado tienen como país de residencia a España.

3. Italia: es el tercer destino de los salvadoreños emigrantes, con un 1.97 %.

4. México: es el cuarto país de destino de los emigrantes salvadoreños, con un 1.76 %.

5. Canadá: muy distante de Estados Unidos, Canadá ocupa el quinto lugar de destino como residencia permanente de los salvadoreños que deciden emigrar. Un 1.12 % respondió que su familiar emigrante reside en ese país de Norteamérica.

6. Guatemala: el 0.65 % de los salvadoreños emigrantes residen en el vecino país centroamericano.

7. Costa Rica: un menor porcentaje, 0.49 %, reside en Costa Rica.

8. Honduras: un 0.21 % de la migración salvadoreña se ha ido a Honduras durante los últimos años.

9. Belice: un 0.12 % de los salvadoreños emigrantes residen en Belice.

10. Australia: un 0.10 % de los salvadoreños que se han ido recientemente residen ahora en Australia.

El Consejo Directivo de la Caja Mutual del Abogado de El Salvador (Camudasal) separó del cargo de presidente a Rey Joaquín Nóchez Peña por denuncias de acoso laboral y amenazas contra directivos y empleados de la institución, informaron fuentes del Consejo Directivo.

Una fuente del Consejo Directivo informó que la separación del cargo y el nombramiento de Esmeralda Azucena García Martínez como nueva presidenta de Camudasal fueron decisiones tomadas mediante votaciones unánimes el mismo viernes.

Poco antes, por la tarde de este viernes, veintiún personas, entre colaboradores y directivos de Camudasal, presentaron un escrito al Consejo Directivo en donde solicitaban la destitución del presidente de Camudasal y que se decretara la vacancia del cargo.

“Ratificamos lo expresado en la audiencia que nos concedió este día el Consejo Directivo donde expresamos las conductas de acoso laboral y amenazas”, indica el escrito.

Una de las personas afectadas firmante del escrito, quien pidió no publicar su nombre por temor a represalias, detalló que las amenazas son “de despido”. “Nos grita, nos humilla, nos maltrata”, indicó.

El Consejo Directivo sometió a votación la separación del cargo del abogado y emitió condiciones para que no se acerque al personal, nombrando como nueva presidenta a Esmeralda García.

El abogado y también militar retirado fue nombrado como directivo de Camudasal como delegado por la Federación de Abogados de El Salvador (FEDAES) para el periodo de marzo de 2025 a febrero de 2030, nombramiento que fue impugnado el Círculo de Abogados Salvadoreños (CAS), que consideró que no se verificaron si los nombramientos realizados en ese momento cumplían con requisitos.

Nóchez Peña aparece como procesado sin detención por el Juzgado Especializado de Instrucción “B” según un comunicado de la Fiscalía General de la República del 14 de junio de 2018 acusado de agrupaciones ilícitas, falsedad ideológica y denuncia o acusación calumniosa, en un proceso originado por información anónima dentro de la Fuerza Armada sobre un grupo de militares que supuestamente funcionaba como “grupo de exterminio”.