Categoría: Politica

  • Diputada de Nuevas Ideas explica los derechos suspendidos en el régimen de excepción

    Diputada de Nuevas Ideas explica los derechos suspendidos en el régimen de excepción

    La diputada Evelyn Merlos, de Nuevas Ideas, explicó el martes cuáles son los derechos constitucionales suspendidos por el régimen de excepción en El Salvador, al buscar aclarar que no es cierto que «están suspendidas todas las garantías constitucionales» que podrían suspenderse.

    Merlos dijo que las “garantías que sí están suspendidas” son: el artículo 12 inciso segundo de la Constitución “que se refiere a que la persona que ha sido detenida tiene derecho a saber por qué ha sido detenida, también a no ser obligada a declarar, a contar con un defensor, a que la orden de detención sea por escrito.”

    Agregó que también está suspendida la garantía “establecida en el artículo 13 inciso segundo, la cual se refiere a que la detención administrativa no excederá de 72 horas.”

    “También tenemos las contempladas en el artículo 24, la cual se refiere a que la correspondencia de toda clase es inviolable, además de que se prohíbe la interferencia e intervención en las telecomunicaciones”, añadió la diputada de Nuevas Ideas.

    El artículo 29 de la Constitución también permite suspender también otras garantías contenidas en los artículos 5 (libertad de entrar, permanecer y salir), 6 inciso primero (libertad de expresión) y 7 inciso primero (derecho de asociación).

    Según la legisladora, el régimen de excepción es necesario para garantizar el “alto nivel de operatividad y combate contra las estructuras criminales y las pandillas” pero no lo consideró suficiente, sin otras estrategias del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

    En noviembre de 2024, el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, aseguró que el régimen de excepción solo afecta dos garantías constitucionales en El Salvador y que únicamente afecta a “las personas perfiladas como miembros de las estructuras criminales”.

    «En este momento, el estado de excepción solo afecta dos garantías constitucionales y una es que la detención administrativa tiene que ser por tres días, nosotros la hemos extendido a 15 días, hay una excepción, para poder detener a una persona antes de pasarla al juez; y, la segunda, la inviolabilidad de la correspondencia… Son solo esas dos y son solamente para las personas que están señaladas, perfiladas como miembros de las estructuras criminales, no es para todos los salvadoreños», expresó Ulloa en la Conferencia Internacional sobre Estado de Derecho y Democracia.

    El decreto original que creó el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022 suspendió el derecho de asociación; sin embargo, en la prórroga aprobada el 16 de agosto se excluyó la suspensión del derecho contenido en el artículo 7 de la Constitución de la República referido al derecho de libre asociación. Desde entonces, las prórrogas han aclarado que las disposiciones de la Constitución que están suspendidas son artículo 12 inciso segundo, artículo 13 inciso segundo y artículo 24 de la Carta Magna.

    Organizaciones no gubernamentales como Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario y el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas» han denunciado capturas arbitrarias, torturas y muertes dentro de centros penales durante el régimen de excepción.

  • Directivos de federaciones podrán no estar vinculados al deporte: reforman Ley de Deportes

    Directivos de federaciones podrán no estar vinculados al deporte: reforman Ley de Deportes

    Con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa reformó este martes la Ley General de los Deportes para permitir que los directivos de las federaciones o asociaciones deportivas puedan ser personas no vinculadas al deporte.

    La reforma también permite que el Comité Directivo del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) pueda, en caso de que las federaciones internacionales no respondan ante reportes de violaciones de estatutos o irregularidades, emitir acuerdos de funcionamiento de federaciones deportivas.

    La propuesta eliminó también la «segunda convocatoria» de las elecciones de las directivas de las federaciones cuando los directivos no logran la mayoría simple para su primera reelección o el 75 % que exige la ley para su segunda reelección.

    El INDES queda facultado para auditar la gestión de las federaciones si estas no les presentan sus estados financieros en el primer semestre de cada año o no le rinden la información adicional que el INDES les pida; y también estará facultado a aprobar auditorías para «fiscalizar la utilización de fondos públicos».

  • Panel de tres miembros sancionará dopaje en deportistas: aprueban ley contra el dopaje

    Panel de tres miembros sancionará dopaje en deportistas: aprueban ley contra el dopaje

    Un «Panel Independiente de Audiencia de Primera Instancia» compuesto por tres miembros, dos abogados y un médico, conocerá las infracciones a las normas antidopaje para los deportistas en El Salvador, según la nueva «Ley de protección de la salud en el deporte y lucha contra el dopaje» aprobada el martes.

    Los miembros del Panel serán nombradas por el gerente general de la nueva Organización Nacional Antidopaje de El Salvador, que será creada como el «máximo órgano técnico nacional» con competencias en la prevención, control y sanción del dopaje en el deporte practicado dentro del país.

    Con la ley, serían sancionadas la presencia de la sustancia prohibida, si el deportista renuncia al análisis de la muestra y esta no se analice, el uso o intento de uso; rechazar la obligación de someterse a la recogida de muestras; localización fallida del deportista, la posesión de sustancia prohibida por el deportista o persona de apoyo, tráfico, entre otras.

    La ley aplicará a todos los deportistas, su personal de apoyo y todas las personas que participen en actividades relacionadas con la prevención, el control y la sanción del dopaje.

    Esta Organización Nacional Antidopaje estará compuesta por:

    1. Un Comité Supervisor (dos representantes del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), uno de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, uno de la Comisión Nacional Antidrogas y uno del Comité Olímpico de El Salvador).

    2. Un gerente general designado por el Comité Supervisor.

    3. Un Panel Independiente de Audiencia de Primera Instancia (tres miembros nombrados por el gerente general).

    4. Una comisión de atletas.

    El INDES tendrá en su presupuesto una asignación presupuestaria para la Organización. «Cada deportista es personalmente responsable de: asegurarse de que ninguna sustancia prohibida aparezca en su organismo» y que «no será necesario demostrar intención, culpabilidad, negligencia o uso consciente» para determinar la infracción, dijo.

  • Francisco Lira pide reformar régimen de excepción: sin votos

    Francisco Lira pide reformar régimen de excepción: sin votos

    El diputado Francisco Lira, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió este miércoles introducir una pieza de correspondencia para modificar el decreto 333 que establece el régimen de excepción, poco después de que la Asamblea Legislativa prorrogara el régimen de excepción.

    “El régimen de excepción es un mecanismo claro que se ha convertido en una política de seguridad ciudadana en nuestro país de carácter permanente. Y de acuerdo a la información proporcionada por este gobierno, ha dado importante reducción al índice de homicidios… Pero además dichas acciones del régimen han privado de libertad a muchas personas inocentes y una gran cantidad de ellas ya cuentan con cartas de libertad”, planteó Lira.

    El diputado de Arena mencionó que fue el presidente de la República quien, en una entrevista con una revista internacional, “ante la pregunta «¿es sostenible la seguridad, puede existir sin un estado de excepción?, él respondió: “Sí, es sostenible, sí puede existir sin un estado de excepción”.

    Con este contexto, el legislador pidió una reforma para restablecer los derechos y garantías suspendidas por el decreto.

    “Esto vuelve prioritario, reformar el decreto 333, para crear una comisión de alto nivel que pueda estar conformada por un representante del Ministerio de Justicia, un representante de la Fiscalía General de la República, un representante de la Procuraduría General de la República, uno de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y uno de la academia, y un representante de la sociedad civil, para ir adoptando las medidas necesarias, para garantizar el respeto a los derechos humanos y la pronta liberación para que aquellas personas inocentes que dentro del régimen han sido privadas de libertad y volviendo paulatinamente a un estado de derecho”, expuso Lira.

    El presidente del Legislativo, Ernesto Castro, sometió al pleno la modificación de agenda, solo obtuvo tres votos, dos de Arena y el voto de Vamos; “por tanto no hay resolución”, dijo.

    El diputado explicó que, con su solicitud, la comisión buscaría «resolver las 20,000 cartas de libertad de personas que no salen libres». «Nosotros estamos claros que no estamos defendiendo a ningún pandillero, pero se necesita resolver ese error de las capturas arbitrarias”, expuso.

    Lira dijo que ya preveía la falta de apoyo de Nuevas Ideas, ya que esta “Asamblea Legislativa se ha caracterizado por no tomar en cuenta las iniciativas de la oposición».

    «Siguen siendo sumidos apretando el botón, diciéndole no a una solicitud que no viene de Francisco Lira, sino una solicitud que viene de las comunidades, de personas inocentes que están pagando un pecado que no han cometido”, criticó.

    Según esta última prórroga del régimen, desde el 27 de marzo se han capturado a más de 85,000 personas. Hace un mes, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunció que al menos 366 privados de libertad han muerto bajo la custodia del Estado salvadoreño y de ellas, según los datos de la organización, el 94 % de las personas fallecidas no tenían relación con estructuras criminales.

  • Aprueban 36a. prórroga del régimen de excepción y cumplirá tres años este mes

    Aprueban 36a. prórroga del régimen de excepción y cumplirá tres años este mes

    El régimen de excepción en El Salvador cumplirá tres años el próximo 27 de marzo luego de que la Asamblea Legislativa aprobara este martes su 36ª prórroga, con un informe oficial de más de 85,000 individuos capturados.

    El régimen implica la suspensión de tres derechos constitucionales en el país por 30 días más, del 7 de marzo hasta el 5 de abril de 2025.

    Con esta aprobación, continúan suspendidos tres derechos constitucionales regulados en los incisos segundos de los artículos 12 y 13 y el artículo 24 de la Constitución de la República relacionados a las garantías de defensa, período máximo de detención y privacidad de las telecomunicaciones.

    El gobierno mantiene el argumento de que es necesario seguir prorrogando el régimen de excepción por 30 días más a partir de este 7 de marzo.

    «Se ha logrado determinar que a estos grupos criminales, en su intento por sobrevivir, han adoptado nuevas estrategias, entre ellas, el reclutamiento de niños, niñas o adolescentes, especialmente en instituciones educativas intentando que resurjan las pandillas; también se ha detectado que están evitando el uso de vestimenta distintiva de estos grupos y tatuajes que los identifiquen», advirtió el gobierno en su petición.

    Durante la aprobación, la diputada Evelyn Merlos, de Nuevas Ideas, explicó que son tres los derechos constitucionales suspendidos con el régimen de excepción, reiterando que el primero tiene que ver con el derecho a saber la razón de la detención, a no estar obligado a declarar y a tener un defensor; el segundo con el límite de detención hasta 72 horas; y el tercero, con la privatización de las telecomunicaciones.

    La prórroga fue aprobada con 57 votos a favor de Nuevas Ideas, Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC); los diputados de Arena se abstuvieron; y la diputada de Vamos votó en contra.

    El 1 de diciembre de 2024, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dijo que “probablemente pronto podamos relajar las medidas, no creo que haya necesidad de endurecerlas, más bien creo que se van a poder relajar”.

  • Educación podrá adjudicar obras para escuelas sin licitación y Estado participará dice diputado de NI

    Educación podrá adjudicar obras para escuelas sin licitación y Estado participará dice diputado de NI

    En la sesión plenaria de este martes, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto de disposiciones transitorias que permitu00e1 que el Ministerio de Educación adjudique los proyectos de construcción o remodelación de escuelas a contratistas, sin tener que pasar por un proceso de licitación y con la sola aceptación y comunicación con el contratista seleccionado.

    Las disposiciones transitorias tendru00e1n una vigencia de dos años, en las que el Ministerio de Educación podru00e1 elegir de «una lista corta», según palabras del ministro Mauricio Pineda, a los contratistas para que modifiquen o reconstruyan centros educativos en mal estado.

    El titular de Educación había explicado a los diputados de la Comisión de Hacienda, este lunes, el objetivo de reducir los tru00e1mites administrativos y saltarse al proceso de licitación.

    El objetivo es simplificar y agilizar los procedimientos relacionados con las intervenciones en infraestructura educativa, la adquisición de bienes y servicios esenciales para estos fines, y fortalecer el sistema educativo.”
    Mauricio Pineda, ministro de Educación.

    Este martes, los diputados de Nuevas Ideas estuvieron de acuerdo en dar su aval al dictamen favorable.

    Según el diputado Mauricio Ortiz, de Nuevas Ideas, el decreto busca “quitar algún tipo de requisitos o procedimientos burocráticos” en las contrataciones de remodelación y construcción de escuelas; pero reveló que también buscan que el Estado participe en la construcción.

    “Sabemos que existen algunas escuelas que ya se entregaron pero también sabemos que hay algunas que se han detenido”.
    Mauricio Ortiz (Nuevas Ideas).

    El diputado reconoció que han tenido atrasos de ocho y hasta de un año en las intervenciones de las escuelas y lo atribuyó al incumplimiento de contratistas. «Algunos casos se encuentran en la Fiscalía. Esos contratistas deben responder por su incumplimiento en el contrato”, dijo.

    “Nos vamos a poner como competencia en el mercado de infraestructura, de remodelaciones de obras, a la par de la empresa privada también, como Estado salvadoreño, vamos a mejorar los requisitos para eliminar temas burocráticos y por supuesto aquellas personas, contratistas, que incumplan, se les va a terminar su contrato y no se van a atrasar los procesos, y de alguna u otra manera vamos a agilizar las adjudicaciones futuras en cada uno de los trámites”, reveló el diputado.

    Al final, los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados votaron a favor con 57 votos; los dos diputados de Arena votaron en abstención y la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votaron en contra.

  • Presupuestan $157.7 millones de préstamo para Aeropuerto en oriente: «Acto de justicia», dice William Soriano

    Presupuestan $157.7 millones de préstamo para Aeropuerto en oriente: «Acto de justicia», dice William Soriano

    Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa incorporó este martes $157,745,589 del préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) a la ley del presupuesto general del Estado de 2025 para las primeras obras en el Aeropuerto del Pacífico, ubicado en el cantón Loma Larga, distrito de Conchagua, municipio de La Unión Sur, departamento de La Unión, El Salvador.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

    El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, calificó la obra como «parte de un acto de justicia» para los salvadoreños que tuvieron que dejar El Salvador y que, dijo, «están regresando no solo a hacer turismo a El Salvador, chequeos médicos, sino también a invertir sus ahorros».

    Añadió que serán recordados como «aquel grupo no solo de gobernantes sino también de legisladores que transformaron el destino del departamento de La Unión para siempre».

    «Si queremos dotar a los departamentos de los activos necesarios para poder hacer crecer sus economías, yo creo que es una excelente oportunidad para que todos podamos aportar nuestros votos, independientemente de la fracción que sea», afirmó.

    El diputado Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, se refirió al Aeropuerto de Ilopango: dijo que incorporan $11.3 millones para rehabilitar y construcción de hangares en la pista del Aeropuerto de Ilopango, que según el legislador tiene 400 operaciones mensuales, 5,000 vuelos anuales y 40,000 usuarios al año.

    Los $157.7 millones contenidos en la reforma presupuestaria solo serían parte de la primera fase del Aeropuerto del Pacífico, que proyecta tres fases de construcción, y solo cubren obras programadas hasta diciembre de 2025.

    Según el Gobierno, la tercera y última fase del proyecto sería entregada en el segundo semestre de 2027, con 18 puertas de abordaje con 3,000 metros de pista 40,000 vuelos al año y cinco millones de pasajeros al año. El presidente Nayib Bukele prometió un ingreso $300 millones en oriente solo el primer año del Aeropuerto, ya que cada pasajero internacional generaría un promedio de $1,000 y serán 300,000 pasajeros en la primera fase.

    Los números proyectados del Aeropuerto del Pacífico, La Unión

    Fase 1 del Aeropuerto del Pacífico: 300,00 pasajeros al año, 2,000 vuelos al año, 2,400 metros de pista, 2 puertas. La primera fase se destinaría en un inicio para vuelos comerciales y, luego de terminar la construcción de la fase 2, la fase 1 se destinará para vuelos privados. El presidente prometió que generarán más de 10,000 empleos directos indirectos en esta fase.

    Fase 2 del Aeropuerto del Pacífico: 1,000,000 pasajeros al año, 8,000 vuelos al año, 3,000 metros de pista, 8 puertas adicionales.

    Fase 3 del Aeropuerto del Pacífico: 5,000,000 pasajeros al año, 40,000 vuelos al año, 3,000 metros de pista, 8 puertas adicionales.

  • Acuerdo con el FMI compromete al Gobierno a nueva reforma de pensiones en 2026

    Acuerdo con el FMI compromete al Gobierno a nueva reforma de pensiones en 2026

    El acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) comprometió al gobierno de El Salvador a hacer una nueva reforma de pensiones a partir del año 2026 que tenga «una base sólida» y que contenga costos fiscales y deudas contingentes, según el documento «Solicitud de ampliación del acuerdo en virtud del Servicio Ampliado del Fondo (SAF)» publicado el 3 de marzo.

    Al finalizar esta evaluación y con la asistencia técnica del FMI, la propuesta de reforma deberá ser publicada el 10 de febrero de 2026 y adoptada a partir del año de 2026 «para poner el sistema de pensiones sobre una base sólida al tiempo que se contienen los costos fiscales y los pasivos contingentes».

    En el documento sobre el acuerdo con El Salvador, el FMI detalló que «en concreto existe el compromiso de contener los posibles costos fiscales asociados a la reforma de las pensiones de 2022».

    El Fondo señala que la reforma de 2022 «desvinculó» los beneficios del sistema de los saldos que tienen acumulados los cotizantes en sus Cuentas de Ahorro Individuales para Pensiones (CIAP) y «dispuso que los ahorros de pensiones del sistema privado financiaran lo que queda del sistema público de reparto anterior».

    La reforma de 2022 aumentó un 30 % a las pensiones por vejez tanto del sistema público como del sistema privado, aumentó la cotización aportada por el empleador y estableció una nueva reforma para continuar tomando prestados los ahorros de los cotizantes a una tasa del 7 % anual para pagar pensiones de jubilados del sistema previsional público, que no tiene fondos.

    El gobierno también se comprometió a reanudar evaluaciones periódicas de sostenibilidad del sistema de pensiones, a publicar una evaluación actuarial independiente a finales de julio de 2025.

    El FMI recordó que el Sistema Público de Pensiones (SPP), que tiene 88,000 beneficiarios y solo 2,300 contribuyentes, administrado por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), enfrenta «déficits crónicos» financiados por bonos y transferencias, déficits que aumentarán del 2 % del PIB en 2025 a 2.7 del PIB en 2027, lo que provocará un aumento de las transferencias del 0.5 % del PIB al 1.1 % del PIB, con lo cual la deuda de pensiones llegaría al 28.3 % del PIB en 2027.

    Por otra parte, el Fondo explicó que el Sistema Privado de Pensiones, operado por las dos AFP, Crecer y Confía, administra cuentas individuales de capitalización (CIAP) y una cuenta solidaria (CGS), pagan pensiones a unos 128,000 jubilados y reciben contribuciones de 950,000 trabajadores, en donde «los ahorros del sistema privado de pensiones son la principal fuente de financiamiento del ISP».

  • Alcaldía de San Salvador Este aprueba $70 millones en títulos valores para pagar deudas

    Alcaldía de San Salvador Este aprueba $70 millones en títulos valores para pagar deudas

    La alcaldía de San Salvador Este aprobó a inicios de año $70 millones en títulos valores para el pago de deuda adquirida por la comuna.

    La deuda incluye un monto para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de Responsabilidad Limitada (Cosavi, de R.L).

    Le puede interesar: Alcaldías deben $21.7 millones a COSAVI: ¿quiénes son los acreedores de la deuda municipal?

    El concejal del FMLN en San Salvador Este, Cayetano Cruz, aseguró a Diario El Mundo que el concejo municipal aprobó el 28 de enero la emisión de títulos valores para el pago de deuda. Cruz indicó que la aprobación se logró con los votos de Nuevas Ideas y Cambio Democrático (CD).

    El concejal Cruz detalló que los $70 millones en títulos valores serían emitidos así: $15 millones serían usados en un plazo de cinco años y otros $65 millones en otros 15 años. Agregó que con los fondos se pagará deuda adquirida con proveedores de servicios y productos y, la deuda con Cosavi.

    «Estos $70 millones solo es para pagar deuda, que es casi la misma cantidad que se debe con proveedores de servicios y productos; $15 millones son para cinco años y los $65 millones restantes para 15 años».
    Cayetano Cruz. concejal de San Salvador Este.

    Hasta septiembre de 2023, Ilopango tenía una deuda de $1.3 millones y Soyapango de $1.9 millones con Cosavi. Durante la conferencia de prensa semanal del FMLN, el concejal Cruz criticó la emisión de deuda. «Qué bueno fuera que para obras, pero no, es para deuda», señaló.

    San Salvador Este está conformado por los distritos de San Martín, Ilopango, Soyapango y Tonacatepeque. Cruz aseguró a El Mundo que la deuda de $70 millones fue adquirida durante los períodos de varios alcaldes en las anteriores alcaldías que desde el 1 de mayo de 2024 conforman el nuevo municipio.

    En total, se estima que las alcaldías salvadoreñas deben al menos $21.7 millones. Otras alcaldías deudoras serían San Ramón, Cuscatlán; Comasagua, Santa Tecla y Nuevo Cuscatlán en La Libertad; San Luis La Reina. San Miguel; Santa Ana; Acajutla, Armenia y San Julián, en Sonsonate.

  • Presidente del INDES defiende nueva Ley contra el dopaje

    Presidente del INDES defiende nueva Ley contra el dopaje

    El presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) Yamil Bukele, presentó y defendió ante los diputados de la Comisión de Niñez e Integración Social la necesidad de crear la Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje y también un pliego de reformas a la Ley General de los Deportes.

    En contexto, Bukele indicó que El Salvador ratificó el 26 de junio del 2008 en todas sus partes la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, (hecha en París, el 19 de octubre de 2005) y que eso tuvo que haber dado inicio a la creación de una ley para también crear el Organismo Nacional Antidopaje de El Salvador.

    “La WADA (Agencia Mundial Antidopaje) ha sido muy condescendiente con El Salvador, porque desde el 2008 a la fecha, han pasado muchos años y no nos han suspendido y esta suspensión no es sobre uno o dos deportes, sino que nos inhabilitaría de que El Salvador pueda participar de toda eliminatoria, de cualquier evento internacional deportivo. Nosotros hemos mantenido dos vías de comunicación, una con la Unesco y otra con al WADA y hemos venido elaborando de manera seria y eficaz la Ley que ustedes ya tienen en su poder, para que ninguna de las federaciones tengan problemas en participar”, explicó el presidente del INDES.

    Destacó la importancia de tener todo el marco legal en orden por lo que “de esta manera le pedimos a la Comisión que le dé dictamen favorable, ya que tenemos hasta el 20 de este mes, para que pueda ser aprobada por esta Asamblea”.

    Respecto a las modificaciones que han propuesto a la Ley General de los Deportes se limitó a decir que son para “dar mayor gobernanza” a las federaciones.

    El diputado Raul Chamagua preguntó sobre el alcance que tendría la Ley Antidopaje, “hasta donde abarca, porque tal vez pensemos que puedan hacer pruebas para futbolistas, que es leporte más común, pero quiero saber si aplica a todos o algunos deportes en específico.”

    El presidente del INDES le respondió que con la nueva Ley Antidopaje se busca prevenir y que las personas tengan el conocimiento de “todas las sustancias prohibidas” que existen y que el alcance va desde educar a la población, identificar la disuasión, la detección y ser vigilantes que se cumpla la ley y que todos tengan el derecho de defenderse sobre los cargos.

    El proyecto de ley explica que su ámbito de aplicación será en todo el territorio nacional y sus disposiciones son obligatorias para todos los deportistas, el personal de apoyo a los deportistas, así como para todas las demás personas, naturales o jurídicas, que participen en actividades relacionadas con la prevención, control y sanción del dopaje en la República de El Salvador.

    Luego de las explicaciones del presidente del INDES los diputados votaron y emitieron de forma unánime dictamen favorable para ambas iniciativas.